CONSIDERANDO:

Que mediante el texto legal mencionado en el Visto, se puso en vigencia un conjunto de normas de naturaleza legislativa, destinadas a conjurar el elevado número de accidentes de tránsito ocurridos en el territorio nacional.

Que en ese orden de ideas, deben mencionarse que de los diversos métodos de expendio y percepción de boletos, los de más bajo costo, tales como los de cospel, tarjeta de memoria o tarjeta electromagnética requieren de una tecnología desconocida en el territorio nacional, por no haberse aplicado nunca en la historia del transporte automotor.

Que consecuentemente resulta que -en razón de las circunstancias de tiempo, modo y lugar-, el texto incondicionado de la norma aludida no es de por sí operativo, por lo que no es posible su aplicación directa, sino en virtud de la reglamentación que lo torne viable.

Que, en otro orden de ideas, es concepto receptado por nuestra doctrina y jurisprudencia que el Poder Ejecutivo puede imputar funciones en favor de sus ministros, siempre que no transfiera las que son de carácter personalísimo o estrictamente político (Conf. Germán Bidart Campos, "Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino", Ediar, 1991, t. II, pág. 259 y ss.).

Que el poder o facultad de reglamentar las leyes se encuentra expresamente excluido de la naturaleza dinámica de esas funciones (Miguel S. Marienhoff, "Tratado de Derecho Administrativo", Ed. Abeledo Perrot, 1975, t. II, pág. 703 y ss.).

Que tal efecto no es -en modo alguno- consecuencia del espíritu que anima a la norma cuya reglamentación se efectúa por el presente.

Que resulta necesario que el proyecto de la reglamentación de las referidas disposiciones sean efectuados por los Ministerios de Economía y Obras y Servicios Públicos; de Trabajo y Seguridad Social y de Justicia con la participación de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, en razón de sus responsabilidades primarias.

Que al efecto, resulta conveniente fijar el plazo en el cual deberán los mencionados organismos dar cumplimiento a la aludida obligación de medios a su cargo, como así también aquel en que deberá encontrarse en ejecución el procedimiento establecido.

Por ello,

El presidente provisorio del Senado de la Nación en ejercicio del Poder Ejecutivo decreta:

Art. 3.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en forma conjunta con el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, elevarán para su aprobación por el Poder Ejecutivo nacional, en un plazo que no excederá de los treinta (30) días hábiles a partir de la publicación del presente, las normas reglamentarias y de procedimiento necesarias para poner en ejecución las disposiciones del anexo II con exclusión del párrafo mencionado en el art. 1 del presente la elaboración de cuyo proyecto de reglamentación y procedimiento le corresponderán en forma exclusiva al segundo de los ministerios nombrados.

Art. 5.- La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Presidencia de la Nación, elevará para su aprobación por el Poder Ejecutivo nacional en un plazo que no podrá exceder de los treinta (30) días hábiles a partir de la publicación del presente, las normas reglamentarias y de procedimiento necesarias para poner en ejecución las disposiciones de los arts. 10 del decreto mencionado en el artículo precedente y 31 primer párrafo; 33 y 46 inc. w) del anexo I del mismo.

Art. 6.- La aplicación de las normas reglamentarias y los procedimientos que se mencionan en los artículos que preceden, deberán en todos los casos, encontrarse en ejecución en el término improrrogable de sesenta (60) días, contados a partir de la expiración de los plazos mencionados en los artículos precedentes.

Art. 7.- Comuníquese, etc.

MENEM - DÍAZ.

Referencias: Const. Nac.: ALJA 18-9--3 - D 692/92: 19-A-299.