DECRETO 906/1991

PUERTOS

Concesiones y provincializaciones. Fiscalización y control. Regulación. Reglamento administrativo

del 9/5/1991; publ. 14/5/1991

El presidente de la Nación Argentina decreta:

DE LAS PROVINCIALIZACIONES

Art. 2.– Quedan alcanzados por lo dispuesto en el artículo anterior los puertos que fueron cedidos con anterioridad a las provincias, municipios y otras entidades, con permiso de uso precario.

Art. 3.– El convenio a firmarse con las provincias deberá incluir, entre otras, cláusulas referidas a:

a) Delimitación del puerto.

b) Inventario de bienes, equipos y materiales a transferir.

c) Personal de la Administración General de Puertos que se transferirá.

d) Concesiones, arrendamientos y convenios vigentes con relación al puerto cuya administración y explotación se transfiere.

e) Cargas tributarias a pagar, cuando así corresponda.

f) Pautas para la administración, explotación, fiscalización, control, fijación de tarifas, determinación del destino y carácter del puerto, realización de obras y dictado de normas para la protección del usuario.

Art. 4.– Una vez comprobada la falta de interés por parte de las provincias en un puerto, el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos propondrá su otorgamiento en concesión o el destino del mismo.

Art. 7.– Los puertos cuya administración y explotación se transfieran a las provincias establecerán un régimen tarifario, uniformando los rubros con el que se aplica en el orden nacional, fijando libremente los valores, debiendo informar a la autoridad portuaria nacional, en la forma que ésta determine, las tarifas aplicadas y el movimiento comercial de cada puerto.

Art. 8.– Los puertos cuya administración y explotación sean transferidas a las provincias administrarán, regularán, fiscalizarán y controlarán las prestaciones de los servicios comerciales portuarios, contemplando los intereses de los usuarios y la protección de los bienes del Estado.

Art. 9.– Las provincias asumirán las obligaciones y derechos de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado en los contratos, concesiones, arrendamientos y otros convenios que obliguen actualmente a cada puerto.

Art. 10.– Las provincias asumirán las cargas tributarias actuales o que se establezcan para cada puerto.

Art. 11.– Aquellos puertos cuya administración y explotación hayan sido transferidas a las provincias y que por su magnitud y grado de rentabilidad estén en condiciones de hacerlo, abonarán a la Nación el canon que se establezca destinado a permitir a la autoridad portuaria nacional la disponibilidad de recursos que favorezcan las inversiones necesarias para implementar la política portuaria nacional.

Art. 12.– Las provincias podrán disponer modificaciones, ampliaciones, construcciones, demoliciones y otras obras de la infraestructura portuaria y equipamiento, debiendo comunicar a la autoridad portuaria nacional el detalle de las mismas y obtener, cuando corresponda, la previa autorización de la Nación.

Art. 13.– La autoridad portuaria nacional podrá prestar, a requerimiento de las provincias, asesoramiento para la organización, administración y explotación de los puertos.

Art. 14.– La autoridad portuaria nacional y las provincias iniciarán los estudios necesarios tendientes a realizar oportunamente la transferencia del dominio de los puertos cuya administración y explotación hayan sido transferidas.

DE LA DESCENTRALIZACIÓN Y LAS CONCESIONES

Art. 15.– La administración de los puertos de Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca, Quequén, Santa Fe y Ushuaia, será ejercida por entes descentralizados, con participación de las autoridades nacionales, provinciales y municipales, así como de los usuarios y de los gremios portuarios.

Art. 17.– Tanto las provincializaciones como las concesiones deberán asegurar, como mínimo, las prestaciones inherentes a la naturaleza y destino asignado a cada puerto.

Art. 18.– En todos los casos deberá asegurarse la mayor eficiencia y calidad en las prestaciones de los servicios portuarios, teniendo como principio fundamental el mayor beneficio posible al comercio exterior e interior del país.

Art. 20.– La formulación de las políticas portuarias nacionales y el control de su cumplimiento estarán a cargo de la Subsecretaría de Transporte, con facultades de delegar dichas funciones hasta tanto se constituya la autoridad portuaria nacional.

Art. 23.– En los convenios a celebrarse con las provincias y en los pliegos para las licitaciones de las concesiones deberá preverse la confección de un inventario de los bienes estatales que se entreguen y su estado.

Art. 24.– En los convenios y pliegos a que se hace referencia en el artículo anterior deberán incluirse cláusulas que aseguren la responsabilidad por el buen mantenimiento de los bienes del Estado y las responsabilidades consiguientes en caso de que ello no ocurra.

DE LA PROTECCIÓN AL USUARIO

Art. 25.– Los estatutos de los entes de administración de los puertos descentralizados deberán prever mecanismos de solución de los reclamos de los usuarios, en forma ágil y económica.

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 27.– Hasta tanto se designe la autoridad portuaria nacional, las funciones que por el presente decreto se le asignan serán ejercidas por la Subsecretaría de Transporte. Una vez completado el proceso de provincialización y descentralización previsto en el presente decreto, la Subsecretaría de Transporte deberá proponer la creación de un organismo destinado a cumplir dichas funciones.

Art. 28.– El presente decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación.

Art. 29.– Comuníquese, etc.

Menem – Cavallo