Art. 1.– La Nación Argentina afirma su derecho a transportar en buques de la propia bandera el cincuenta por ciento (50%) del total de su Comercio Exterior transportado por agua.

Art. 3.– La Marina Mercante Argentina que se desarrolle para el cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior actuará como instrumento de la política económica nacional, y deberá contar con el número y tipo necesarios de buques y la infraestructura conexa.

Art. 4.– El Poder Ejecutivo nacional promoverá el ordenamiento de los tráficos internacionales en los que el país participe mediante la concertación de convenios gubernamentales, bilaterales o multilaterales. Los primeros podrán asegurar participación en el tráfico a terceros países que brinden reciprocidad en sus propios convenios. Con esta finalidad la autoridad de aplicación queda facultada para realizar consultas directas con las autoridades marítimas de otros países.

Cuando aquellos convenios no existieran o como complemento a los existentes, dicho ordenamiento será realizado mediante acuerdos conferenciales entre empresas navieras. En los mismos, la posición a ser sustentada por la bandera argentina será establecida por la autoridad de aplicación.

Art. 5.– Todo acuerdo conferencial, sus tarifarios y otros accesorios que involucren aspectos del transporte por agua del comercio exterior argentino, deberán ser homologados por el Poder Ejecutivo nacional.

No se homologarán acuerdos que:

a) Establezcan alguna limitación al ingreso de armadores argentinos cuya participación en el tráfico haya sido autorizada por la autoridad de aplicación.

b) Asignen a la bandera argentina una participación inferior a la establecida en cada oportunidad por la autoridad de aplicación.

c) Perjudiquen el comercio exterior u otros intereses argentinos en virtud de sus niveles o estructuras de fletes, condiciones de transportes y demás estipulaciones.

Art. 7.– El transporte del cabotaje marítimo y fluvial nacional queda reservado a buques o embarcaciones de bandera argentina, con las modalidades que establezca la legislación pertinente.

Art. 8.– El Poder Ejecutivo nacional coordinará un sistema de transporte de cabotaje fluvial y marítimo que cumpla con lo establecido en las normas del anexo I de la presente y establecerá el régimen de los servicios de remolque maniobra.

Art. 9.– Facúltase al Poder Ejecutivo a dictar las normas de excepción a que se ajustará la importación de buques, de acuerdo con las necesidades de bodega y su urgencia en el tiempo. A tal efecto tendrá en cuenta la capacidad ociosa de la industria naval nacional, sus posibilidades técnicas y de financiamiento de construcciones en el país, así como los plazos de entrega.

Art. 10.– Sin perjuicio de los regímenes crediticios para promover la construcción naval con destino a armadores privados, facúltase al Poder Ejecutivo a implementar un régimen crediticio especial con destino a las empresas navieras de capital estatal, para promover y facilitar la construcción de buques en astilleros nacionales a fin de renovar o ampliar sus flotas, previendo costos y plazos de amortización compatibles con el tipo de explotación.

Dicho régimen preverá como aporte del Tesoro no reintegrable, la diferencia de precios entre la construcción nacional y la internacional que determine en cada caso la autoridad de aplicación.

Art. 11.– Las normas que se dicten o acciones que se adopten en relación con el desarrollo de la industria naval, deberán ajustarse a las siguientes bases:

a) Será considerada como naval la industria destinada a la construcción, alistamiento, reparación o modificación de buques y artefactos navales.

b) Las industrias concurrentes que, total o parcialmente, estén destinadas a fabricar elementos de uso exclusivo en buques y artefactos navales, estarán incluidas en el concepto enunciado en a), sólo en la parte afectada a la producción de elementos destinados a tal fin.

c) La industria naval, por sus características particulares, será considerada como industria pesada apta para la construcción o reparación de bienes de capital no necesariamente navales, o para el equipamiento de la Defensa Nacional, por cuya razón será acreedora a los beneficios y derechos que se asignan a dichas industrias en la parte proporcional correspondiente.

d) La exportación de unidades construidas en el país y la reparación de buques extranjeros, serán incluidas dentro del régimen de promoción de exportaciones de bienes y servicios no tradicionales.

Art. 12.– El Poder Ejecutivo nacional deberá estructurar un sistema básico de formación y capacitación del personal de la Marina Mercante y actividades conexas, con vistas a obtener el mejor aprovechamiento de los recursos humanos dedicados a la actividad, y a la existencia de una efectiva vinculación y coordinación de la tareas que realiza el personal a bordo y en los puertos, así como a la situación del primero como reserva naval de la Armada Argentina.

Art. 13.– Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a complementar económicamente a empresas navieras estatales que realicen servicios de transporte por agua que le hayan sido impuestos por la autoridad de aplicación, por razones de interés nacional, cuando por fijación de tarifas no retributivas o condiciones de mercado de fletes, la explotación económica de ese servicio resulte deficitaria.

Dicho régimen podrá hacerse extensivo a armadores nacionales privados cuando en las mismas condiciones anteriores le sea requerida la prestación del servicio.

Art. 14.– La financiación de obras de infraestructura portuaria provendrá de recursos de partidas especiales y específicas de los presupuestos de inversión de la Nación para los puertos nacionales, pudiendo ser complementada eventualmente con recursos provenientes de la entidad administradora de los puertos en la medida de sus necesidades y posibilidades. En los demás casos la financiación provendrá de:

a) Recursos especiales de reparticiones y empresas estatales cuando la obra portuaria se efectúe para el uso particular o específico de las mismas.

b) Recursos provinciales, municipales o del Fondo de Integración Territorial para el caso de puertos provinciales o municipales.

c) Recursos de empresas privadas cuando la obra portuaria se efectúe para el uso particular o específico de las mismas.

Art. 15.– La financiación de la instalación, ampliación, renovación y mantenimiento del utilaje portuario provendrá normalmente de recursos propios de la entidad administradora del puerto.

Dicha financiación deberá ser reemplazada con recursos de empresas privadas cuando los elementos sean para uso particular o específico de las mismas.

Art. 16.– La capacidad de dragado de reparticiones y empresas argentinas debe ser la suficiente para el mantenimiento de las profundidades en puertos y vías navegables, establecidas en la legislación pertinente. La reglamentación preverá la participación que deberán tener las estatales, la que deberá asegurar, por lo menos, el mantenimiento mínimo de las vías navegables.

Art. 17.– Apruébanse las Normas para la Marina Mercante Nacional, contenidas en anexo I, el que forma parte de la presente ley.

Art. 19.– Comuníquese, etc.

Lanusse – Gordillo – Wehbe

Anexo

NORMAS PARA LA MARINA MERCANTE NACIONAL

A. PRINCIPIOS GENERALES