LEY 25284

DEPORTES

Entidades deportivas con dificultades económicas. Régimen especial de administración. Fideicomiso de administración con control judicial

sanc. 6/7/2000; promul. 25/7/2000; publ. 2/8/2000

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de ley:

RÉGIMEN ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN
DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS
CON DIFICULTADES ECONÓMICAS.
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN
CON CONTROL JUDICIAL

Sujetos comprendidos

Objetivos de la ley

Art. 2.- Esta ley tiene como objetivos:

a) Proteger al deporte como derecho social.

b) Continuar las actividades que desarrollan las entidades referidas en el artículo precedente, a los efectos de generar ingresos genuinos en beneficio de los acreedores y trabajadores de las mismas, mediante un accionar prudente y económicamente sustentable.

c) Sanear el pasivo mediante una administración fiduciaria proba, idónea, profesional y controlada judicialmente.

d) Garantizar los derechos de los acreedores a la percepción de sus créditos.

e) Superar el estado de insolvencia.

f) Recobrar el normal desempeño institucional de la entidad.

Ámbito de aplicación

Art. 3.- Esta normativa producirá efectos sobre la totalidad de los bienes que integran el patrimonio de los deudores, salvo las exclusiones legalmente establecidas respecto de bienes determinados.

Juez competente

Art. 4.- El juez que entienda en los casos de quiebras decretadas o aperturas de concursos a las entidades mencionadas en el art. 1, será competente para la aplicación de la presente ley.

Quiebras decretadas: aplicación de oficio

Art. 5.- En los supuestos de entidades deportivas con quiebras decretadas, encuadradas en el art. 1, las disposiciones de la presente ley, se aplicarán de oficio, cualquiera sea el estado del proceso, siempre y cuando la autoridad judicial merituare “prima facie” la existencia de patrimonio suficiente para la continuación de la explotación.

Concursos preventivos: opción.
Legitimación. Efectos

Art. 6.- Tratándose de entidades deportivas en concursos preventivos, comprendidas en el art. 1, las autoridades de las mismas estarán legitimadas para ejercer la opción de continuar el trámite bajo las disposiciones de la presente ley. Dentro de los 60 días deberán presentar, ante el Juzgado interviniente, la ratificación por la asamblea de asociados.

Desplazamiento de funcionarios y órganos. Publicación de edictos

Fideicomiso de administración
con control judicial

Art. 8.- Institúyese el fideicomiso de administración, a los efectos de administrar a las entidades referidas en el art. 1. Estará a cargo de un órgano fiduciario, conformado por tres miembros. Sus integrantes, actuarán en forma conjunta y controlados judicialmente.

Dicho órgano deberá estar integrado por un abogado, un contador y un experto en administración deportiva.

Las decisiones se tomarán por mayoría simple, con opiniones fundadas y circunstanciadas que constarán en actas suscritas por los mismos integrantes y sujetas a la aprobación judicial. El magistrado interviniente podrá apartarse de las decisiones del órgano fiduciario, siendo la misma apelable al sólo efecto devolutivo.

Comité asesor honorario

Art. 9.- El órgano fiduciario estará facultado para conformar un comité asesor honorario, constituido por asociados de las entidades, de no más de cinco miembros, a quienes podrán solicitarse opiniones fundadas y por escrito, cuando aquél lo estimare oportuno.

Dichos miembros no deberán haber integrado las últimas tres comisiones directivas de la entidad.

Designación. Requisitos

Art. 10.- La designación de quienes compongan el órgano fiduciario, la realizará el magistrado que entienda en los respectivos procesos concursales. La misma se realizará por sorteo, conforme nómina de postulantes inscriptos en registros especiales, llevados a cabo, a tales efectos, por la Secretaría de Deportes y Recreación de la Nación o autoridades competentes en cada Jurisdicción.

En cada registro se inscribirán los profesionales e idóneos que acrediten los requisitos que abajo se determinan:

a) Ser abogado o contador con diez años como mínimo de antigüedad en la matrícula o estar especializado en forma reconocida en organización, administración y gestión deportiva.

b) Tener ejercicio activo de la profesión.

c) Acreditar buena conducta con informes del Registro Nacional de Reincidencia y del Registro de la Propiedad Inmueble.

d) No haber integrado el gobierno de la entidad involucrada en las tres últimas administraciones, ni haber sido candidato.

e) No tener intereses económicos que puedan incidir en la toma de decisiones, en perjuicio de los acreedores y asociados.

f) Ser preferentemente asociado de la entidad, con una antigüedad mínima de diez años.

Alcances de la gestión. Remoción

Art. 11.- El juez determinará los alcances de la gestión del órgano fiduciario. Asimismo, dicho magistrado podrá remover de sus funciones, a cualquiera de los integrantes del órgano, por resolución fundada y aplicar, en su caso, las sanciones legales que pudieran corresponder. Esta resolución será apelable al solo efecto devolutivo.

Responsabilidad personal
de los fiduciarios

Art. 12.- Los fiduciarios deberán cumplir sus funciones con la prudencia y diligencia de un buen hombre de negocios, responderán ilimitada y solidariamente por los daños y perjuicios que causaren por su culpa grave y/o dolo. En todos los casos, el juez dispondrá como medida cautelar, la separación del cargo del o de los fiduciarios. La resolución será apelable con efecto devolutivo.

Consolidación del pasivo

Todas las acciones iniciadas o a iniciarse, en contra de las entidades mencionadas en el art. 1, serán atraídas por el juzgado interviniente, cualquiera sea el fuero o jurisdicción donde tramiten, para continuar ante aquél, las diligencias procesales que correspondieren.

Anotación de la constitución del fideicomiso
en los registros respectivos. Notificación

Art. 14.- A los fines del cumplimiento de los objetivos de esta ley, el juez ordenará la anotación de la constitución del fideicomiso de administración, en todos los registros donde deba inscribirse la titularidad de los bienes muebles, inmuebles y derechos correspondientes a las entidades mencionadas en el art. 1 de esta ley.

Dicho patrimonio será administrado a favor de los acreedores de las entidades para la cancelación de las deudas.

Asimismo, ordenará notificar la aplicación de la presente ley, al organismo estatal competente, encargado del control y fiscalización de las entidades involucradas.

Obligaciones del órgano fiduciario

Art. 15.- Las personas designadas tendrán las siguientes obligaciones:

a) Respetar en todas las gestiones los principios de prudencia, austeridad y racionalidad en los gastos conforme a los especiales intereses que les fueran delegados, sobre la base de la confianza y la buena fe.

b) Adoptar durante la gestión todas las medidas pertinentes, a fin de no generar nuevos pasivos, procediendo con la prudencia y diligencia de un buen hombre de negocios.

c) Prestar la dedicación necesaria y proceder, con conducta irreprochable en la representación de la entidad.

f) Individualizar cada uno de los bienes fideicomitidos y determinar el valor realizable de los mismos en oportunidad de cada distribución.

g) Elaborar el presupuesto anual de ingresos y egresos, no pudiendo apartarse del mismo, salvo que por razones de fuerza mayor o caso fortuito, el juez determinara hacerlo, a fin de no agravar la situación de los acreedores ni de la institución comprometida.

h) Designar al personal técnico y administrativo necesario para el funcionamiento institucional.

i) Realizar mediante licitación, toda contratación de servicio que supere el giro ordinario de la administración para el normal funcionamiento de la entidad.

j) Presentar al juez un informe trimestral sobre los avances de la gestión, bajo apercibimiento de ser considerado su incumplimiento, causal de mal desempeño del cargo. En el primer informe que se presente, deberán expedirse con respecto a todos los contratos pendientes, debiendo opinar sobre su continuación, resolución o renegociación.

k) Rendir cuenta al juez sobre el estado del patrimonio fiduciario, con la periodicidad que aquél fije, la que podrá ser también solicitada judicialmente por los acreedores y socios de la entidad.

l) Instruir sumarios administrativos, a las tres últimas administraciones de la entidad, siempre que existan presunciones de la comisión de actos u omisiones contrarios a las leyes, estatutos y reglamentos, de los cuales pueda derivarse un perjuicio contra la entidad involucrada, debiendo garantizarse en todos los casos, el derecho de defensa de los sumariados, conforme las leyes procesales vigentes en cada jurisdicción.

Dentro del plazo de noventa días deberá:

I. Dictar una resolución conteniendo los siguientes puntos:

I.I. Existencia o no de la irregularidad.

I.II. Carácter de la misma.

I.III. Identificación de los responsables.

I.IV. Apreciación del monto del perjuicio.

II. Iniciar las acciones penales y civiles que correspondan.

La enumeración precedente es meramente enunciativa.

Derechos del órgano fiduciario

Beneficio del pronto pago

Distribución del activo. Cancelación de deudas

Art. 18.- La distribución del producido por la realización de los bienes fideicomitidos, como así también del porcentaje de los ingresos generados a favor de los acreedores, podrá realizarse hasta dos veces en el transcurso de cada ejercicio.

Las sumas parciales a distribuir las determinará el juez, previo informe de los fiduciarios y de los peritos judiciales, de acuerdo a los bienes existentes y recursos percibidos durante la gestión.

Cada distribución tendrá efecto cancelatorio en la misma proporción que la relación existente entre monto a distribuir y el activo realizable. El efecto cancelatorio no podrá superar el sesenta por ciento, del valor nominal del pasivo.

Los beneficiarios del pronto pago, no se encuentran sujetos al presente régimen.

Emisión de los certificados

Art. 19.- La administración fiduciaria emitirá certificados representativos del pasivo consolidado, a favor de los acreedores definitivamente declarados como tales.

Los certificados deberán ser nominativos y podrán negociarse por vía de endoso. En ningún caso devengarán intereses.

Se deberá dejar constancia en los respectivos títulos, del régimen cancelatorio previsto en la presente ley.

La reglamentación establecerá las condiciones de emisión de los certificados y las enunciaciones necesarias para identificar el fideicomiso al que pertenecen, con breve descripción de los derechos que confiere.

Actos de disposición. Autorización
judicial

Art. 20.- Los actos de disposición del órgano fiduciario deberán ser autorizados por el juez Interviniente, quien se expedirá dentro de los cinco días de formulado el requerimiento. Las transferencias de los derechos federativos quedan comprendidas en dichos actos.

Peritos judiciales. Informes

Art. 21.- El juez nombrará a los peritos necesarios, conforme a las circunstancias del caso, pertenecientes a la oficina de peritos judiciales, a fin de que emitan a su requerimiento, informes periódicos sobre la marcha de la gestión administrativa, económica y patrimonial.

Deberán opinar, especialmente, sobre los resultados de las enajenaciones y otros actos de disposición concluidos y sobre el origen y aplicación de los fondos percibidos.

Plazo del fideicomiso de administración
con control judicial

Art. 22.- El fideicomiso tendrá una duración de tres años, renovables por resolución judicial, hasta el máximo de nueve años.

Liquidación de la entidad

Art. 23.- Cumplido el plazo de tres años, el juez analizará la continuidad del fideicomiso o su liquidación. Decidida esta última, determinará la forma de llevarla a cabo y designará a los encargados de dicha misión, que podrán ser los mismos fiduciarios.

Serán causales de liquidación, la no generación de recursos para atender el giro ordinario de la entidad o para conformar la masa a distribuir a favor de los beneficiarios.

Extinción del fideicomiso administrativo
con control judicial

Art. 24.- Son causales de extinción del fideicomiso:

a) El cumplimiento de los objetivos propuestos en el art. 2.

b) La imposibilidad de generar los recursos previstos en el párr. 2 del artículo anterior o el cumplimiento del plazo legal.

Efectos de la extinción

Art. 25.- Los efectos de la extinción son:

a) En el supuesto del inc. a) del art. 24 la autoridad jurisdiccional por medio de los fiduciarios dispondrá la elección de nuevas autoridades, en un plazo que no podrá exceder a los noventa días.

Disposiciones aplicables

Ley de orden público. Vigencia

Art. 28.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

PASCUAL – GENOUD – ARAMBURU – PONTAQUARTO.

Referencias: Ley de Contrato de Trabajo –L 20744 t.o.-: ALJA 19-A-128 – L 22315: 1980-B-1593 – L 24441: 199-A-49 – L 24522: 199-B-1547.