A pesar de que el kirchnerismo se haya esmerado en tergiversar la historia, la realidad es que Juan Domingo Perón, «Isabelita», José López Rega, Italo Lúder y Antonio Cafiero empezaron la represión y las desapariciones forzadas desde 1973.
Como todos los 24 de marzo, se conmemora el “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, en referencia a las víctimas de la última dictadura cívico-militar en Argentina, que llegó al poder a partir de un golpe de Estado ese mismo día en el año 1976.
Como se difundió en los medios, tanto el kirchnerismo como una parte del radicalismo se movilizó en Plaza de Mayo con motivo de la fecha, junto a otros sectores políticos ligados al peronismo y a la izquierda. Pero estos grupos que hoy se movilizan, probablemente difundan una versión distorsionada de la historia, la versión que se obstinaron a instalar durante sus años en el poder.
Esta versión no solo omite deliberadamente los actos de terrorismo de la guerrilla perpetrados por grupos revolucionarios en los años previos al golpe, sino que ignora completamente que la represión, el combate a la guerrilla y los desaparecidos comenzaron antes del 24 de marzo, durante el gobierno del propio Perón.
El historiador Juan Bautista Yofre lo sintetizó en su aparición en LN+ esta tarde, cuando aseguró que Perón volvió al país en 1973 para «terminar con los putos y aventureros que gobernaban con Cámpora«.
Eso generó fuertes rispideces internas en el entonces gobierno peronista. Perón era fuertemente rechazado por la izquierda y por un grupo de peronistas que veían en el expresidente en una persona que llevaría nuevamente hacia la derecha al movimiento, y esto llevó a una exacerbación de la violencia.
«Perón le dice a su doctor que volvía al país porque Cámpora le había llenado su gobierno de izquierdista«, y en el mismo vuelo hacia Ezeiza, el líder popular le dice a su secretaria: «No se equivoque, yo vuelvo con el apoyo de los Estados Unidos para terminar con el populismo«.
La historia que pretenden olvidar
La lucha contra la subversión, a la que los peronistas y kirchneristas le achacan a la última dictadura, comenzó en realidad durante un gobierno peronista elegido por la voluntad popular. La represión no apareció de un día para el otro el 24 de marzo del año 1976 por los hombres de gorra, sino que tiene sus antecedentes en el tercer gobierno peronista, comandado por el mismísimo Juan Domingo Peron a la vuelta de su exilio.
Para contextualizar, el primer punto de esta historia comienza en el año 1973, unos tres años antes del golpe. La Argentina se encuentra gobernada por Peron, quien en elecciones libres había ganado su puesto después de años en el exilio y proscripciones militares. En ese gobierno, una de las figuras claves va a ser José López Rega, un ex agente de la policía, vinculado a la extrema derecha y guardaespaldas de la esposa de Peron, que ocupaba el puesto de Ministro de Bienestar Social.
La figura de López Rega va a ser clave, ya que con él se da pie a un furiosa lucha contra la subversión para terminar con los “marxistas infiltrados” en el peronismo, a tal punto que su cartera fue catalogada como el “Ministerio de la Muerte”. Todo esto tres años antes de que Videla aparezca en escena.
Asi, a partir de la conduccion de López Rega y el aval del presidente Peron, el «tercer gobierno peronista» realiza una brutal ofensiva contra la subversion de escala mucho mayor que los anteriores gobiernos militares. Entre otras cosas, se crea la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), una fuerza parapolicial que empezó con la desaparición de personas, se reforma el código penal para poder realizar arrestos con menos burocracia y se prohiben los periódicos de varios grupos subversivos, incluido Montoneros.
El 1ro de julio de 1974, muere Perón, y asume la vicepresidente que a su vez era su esposa, Estela Martínez de Perón, más conocida como “Isabelita”. Bajo el mando de la señora de Perón, López Rega se convierte en el presidente de facto y toma control sobre todas las funciones de gobierno.
Estando a dos años del golpe todavía, López Rega establece como prioridad terminar la subversión y para esto decide atacar directamente a los militantes de la Juventud Peronista (JP), semillero de los grupos armados revolucionarios como FAR, FAP, y Montoneros.
Llegando a 1975, Isabelita hace un pedido de licencia y deja a Italo Lúder, presidente provisional del Senado, como presidente interino de la Nación. Lúder, uno de los principales líderes del peronismo, inmediatamente firma y ejecuta los famosos «decretos de aniquilamiento«, donde faculta a todas las fuerzas del orden a matar que buscaban aniquilar a la subversión.
Lúder, junto a Antonio Cafiero, por entonces Ministro de Economía, firma el decreto 2772/75, en el que se ordena a las Fuerzas Armadas y de Seguridad que “tomen todas las medidas necesarias para terminar con la acción de los elementos subversivos en el territorio nacional”.
No contentos con eso, el gobierno peronista establece a Jorge Rafael Videla, sin ser presidente todavía, como Comandante en Jefe del Ejército, quien dijo que “habrá tantos muertos como sea necesario para asegurar la paz en el país”. Todo esto hasta un año antes del 24 de marzo de 1976.
El peronismo, complaciente con la dictadura de 1976-1983
Esta historia tendrá su desenlace el 24 de marzo de 1976, cuando Isabelita, quien ya había retornado de su licencia, es depuesta por un golpe de Estado, que no hizo otra cosa que formalizar una situación que ya se estaba dando.
La entonces presidente no tenía más control sobre las Fuerzas Armadas, luego de perder a López Rega quien renunció junto a Celestino Rodrigo, y el Ejército operaba con independencia y en directa relación con Ítalo Lúder y Antonio Cafiero.
Videla tomaría control del país en cuestiones institucionales, pero la lucha contra la guerrilla continuaba exactamente igual. Este gobierno duraría hasta 1983 y se auto-catalogaría como “Proceso de Reorganización Nacional”.
Siete años después, nos encontramos en 1983. Una dictadura debilitada y cuestionada por la opinión pública a partir de los crímenes de Estado cometidos, pero no desde 1976, si no desde 1975. El presidente de facto, Reynaldo Bignone, se ve obligado a llamar a elecciones libres.
En ese escenario, dos candidatos de las fuerzas tradicionales, que siguieron gobernando sus municipios y sus provincias durante toda la dictadura (por eso cívico-militar). Así, compiten mano a mano el radicalismo (UCR) y el peronismo (PJ) por primera vez desde el choque de Perón y Balbín en 1973.
Justamente, el PJ elige a Lúder de candidato, quien había empezado la guerra contra la subversión años antes de la dictadura. Incluso, representó al peronismo en la Multipartidaria de 1981 y se encargó de transmitir un apoyo implícito a los militares, al asegurarles que no iban a ser perseguidos por los crímenes cometidos durante los últimos años.
El peronismo comandado por Lúder temía que se revisara la historia y que salgan a la luz las violaciones de los derechos humanos cometidos desde el tercer peronismo y en especial bajo el mando de Lúder y la señora de Perón. La gente dijo que no, y quien ganó con el 52% de los votos fue el radical Raúl Alfonsín.
La situación fue incluso más explícita cuando Alfonsín luego creó una comisión de investigación independiente con el objetivo de establecer la verdad sobre los desaparecidos, la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), y una gran parte del peronismo se negó a formar parte.
La razón de fondo era que Lúder quería una comisión parlamentaria de investigación, para poder controlar sus resultados y evitar cualquier referencia al terrorismo de estado cometido durante el ultimo mandato peronista. Finalmente la CONADEP, en este contexto de presiones por parte del justicialismo, se contentó con señalar en un paréntesis los 600 secuestrados durante el tercer mandato peronista, aunque fueron muchos más, y se negó a sumar a los muertos antes de la dictadura al número que dictaminó como 8.961 desapariciones forzadas.
Menem luego trataría de poner un final a la discusión con indultos a ambos lados del conflicto, y esto ayudaría a empezar a sanar las heridas que dejó la subversión y la posterior dictadura militar. Pero esto no le serviría a Néstor Kirchner, que reabrió la herida para ganar capital político con un sector de la sociedad.
El matrimonio “K” y si se quiere también Alberto Fernández, se encargó sistematicamente de ocultar y blindar al relato de todas las referencias del terrorismo de Estado cometido por el peronismo, y poner a los Montoneros como víctimas de la dictadura, y no del propio tercer Perón.
Así, los Kirchner armaron un cóctel explosivo que tiene como objetivo contar una historia distorsionada. Esta historia distorsionada silenció lo hecho por el peronismo y negó la violencia ejercida por los grupos subversivos.
El kirchnerismo tomó a los derechos humanos y los convirtió en una causa totalmente partidista y usada para sacar rédito electoral. Incluso se animaron a lucrar con el tema, basta ver lo que es la causa “Sueños Compartidos”, donde la justicia investiga un desvío multimillonaria de un plan de vivienda de la Fundación Madres Plaza de Mayo.
Por Lucas Bello para la Derecha Diario.
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