La Justicia allanó a dirigentes piqueteros acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales

Las actuaciones judiciales apuntan a dirigentes del Polo Obrero, de Barrios de Pie y otros grupos, y se iniciaron por denuncias realizadas en la línea 134, habilitada por el Ministerio de Seguridad.

Dirigentes y militantes piqueteros están siendo investigados por la Justicia Federal, acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales para que participen en manifestaciones de la izquierda, a partir de testimonios brindados por las víctimas a la línea 134, habilitada por el Gobierno de Milei.

En la causa se han llevado a cabo hasta el momento unos 27 allanamientos. Estos procedimientos son el resultado de las investigaciones judiciales que comenzaron a raíz de una presentación ante el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.

Entre los acusados se encuentran Jeremías Canteros, Elizabeth Palma y otros tres dirigentes de apellidos Puppo, Delgado y Vásquez, quienes forman parte del Polo Obrero y otros grupos piqueteros que administraban comedores populares. También se está examinando la actuación del Movimiento Barrios de Pie y del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).

El listado de investigados también incluye a Giana Lucía Puppo, Cinthia Delgado, Gustavo Vásquez, Dina Iramain, Brisa Paucara, Ronald Vargas, Iván Candotti, Lorenzo Martelli, Mercedes Fossat, Manuel Alonzo, María Cecilia Cowper, Carlos Ignacio Fernández Kostiuk, Nilsa Elena Torres, Leslie Castillo, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Santa Jaramillo Morales, María Isolda Dotti, Gloria Estrada, Emmanuel Barriento y Tania Cassamello, según se indicó.

La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó un pedido de allanamiento y la intervención de líneas telefónicas dirigido a varios acusados por el delito de extorsión. Los acusados “habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’, conformando un total de 924 casos“.

De acuerdo con la instrucción del caso, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, “se reunieron los elementos de convicción suficientes para convocar a 28 personas y efectuar 27 allanamientos -en domicilios particulares de los requeridos, sedes de comedores populares como Rivadavia I, La Carbonilla, Mariano Ferreyra, Kuña Guapa y Caminos de Tiza, depósitos, oficinas, locales de organizaciones sociales y cooperativas vinculadas-, con el propósito de aprehender a los imputados para garantizar su comparecencia, secuestrar el producto del delito y recolectar elementos probatorios como planillas de asistencias a las movilizaciones o dispositivos celulares“.

“De las intervenciones efectuadas se desprende que las actividades de los imputados se orientaron a canalizar los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de ‘cooperativas’, desconociéndose el destino final de ese dinero“, según lo establecido por la decisión firmada la semana pasada por la Sala I de la Cámara.

El tribunal considera de suma importancia asegurar el secuestro de los dispositivos electrónicos pertenecientes a los imputados, ya que la mayoría de las exigencias coactivas y extorsivas se realizaban a través de estos medios. T

ambién se busca obtener planillas o cuadernos de asistencia o registro de pagos, documentación relacionada con los planes sociales, el funcionamiento de cada unidad de certificación o con entidades jurídicas que actúen como cooperativas o asociaciones civiles, comprobantes de pago de cápitas, cuotas, alquileres o mercadería, así como tarjetas bancarias o comprobantes de extracción de dinero en efectivo.

Según informó el Ministerio de Seguridad, se llevó a cabo el secuestro de estos dispositivos electrónicos, así como de millones de pesos, dólares, celulares, listados y planillas, entre otros elementos probatorios relevantes.

LA EXTORSIÓN TIENE CONSECUENCIAS

Esta es la primera vez en la historia en donde se allanan a las organizaciones —entre ellos, Jeremías Canteros, integrante de la mesa nacional del Polo Obrero— que extorsionaban a las personas para ir a las marchas.
Todo esto es información que… pic.twitter.com/4uxO5Yv8x8

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 13, 2024

Los chats condenatorios

Los operativos permitieron a la Justicia obtener acceso a “los chats de apriete” de las personas que realizaron las denuncias en el 134, quienes ratificaron sus acusaciones ante la sede fiscal y proporcionaron sus propios mensajes recibidos por WhatsApp. En estos mensajes se explicitaban las maniobras de extorsión para obligar a asistir a las marchas.

Según el análisis de las pruebas, se estableció que no existía una concurrencia espontánea a las movilizaciones por parte de los beneficiarios de planes sociales. Además, se pudo acreditar que desviaban los recursos destinados a los comedores, y que la comida proporcionada por el Estado era vendida y administrada en función del nivel de compromiso político de las personas a las que obligaban a participar. También se presentaron pruebas que revelan que aquellos que no podían asistir a una marcha debían justificarlo mediante certificados médicos.

El Gobierno ha implementado desde el inicio de su gestión una política de confrontación con las organizaciones sociales que tradicionalmente han tenido un papel intermediario en la distribución y gestión de la ayuda social. Esta confrontación se materializó en un protocolo elaborado por el Ministerio de Seguridad para prevenir los cortes de tránsito, así como en un cambio en la forma de gestionar los planes sociales, llevado a cabo por el Ministerio de Capital Humano, sin la participación activa de los grupos piqueteros, para poder eliminar la corrupción y la extorsión que llevan a cabo las organizaciones sociales en contra de los pobres.

A pesar de las manifestaciones periódicas llevadas a cabo por estas organizaciones, en defensa de sus intereses más oscuros, hasta el momento no han logrado ni lograrán obtener cambios significativos en la política implementada por la administración nacional.

De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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