La Cámara Federal porteña ordenó profundizar la investigación de una denuncia por supuesto pedido de dinero a una empresa de seguridad a cambio de beneficiarla en una fiscalización de la AFIP.
Según la denuncia que presentaron los socios gerentes de esa firma, en el marco de una Orden de Intervención en trámite ante ese organismo y a través de su contador, un supuesto agente de la AFIP les habría pedido la “coima”.
“Logré darte ese margen de tiempo pero ya no tengo más…chiflame a ver cómo venís con la organización del campeonato si vamos a poder jugar los partidos o no”. Este audio de WhatsApp incorporado a la causa habría sido dejado al contador por quien pedía el dinero.
A su vez el contador trasladó lo que ocurría a los dueños de la empresa, quienes se negaron a pagar e hicieron la denuncia en el organismo. La AFIP la formalizó en la Justicia.
El organismo apeló ahora como querellante una decisión del juzgado federal 9 de Comodoro Py 2002 que cerró el caso con sobreseimientos a una decena de investigados por considerar que el hecho no pudo probarse.
Reapertura
El Tribunal de Apelaciones revisó esa resolución, la revocó y ordenó profundizar la investigación
El caso llegó a Comodoro Py 2002 por denuncia de la dirección de Integridad Institucional de la AFIP en 2019.
Allí, según se relató, se presentaron los dos socios gerentes de la empresa de seguridad para informar que “en el marco de una Orden de Intervención en trámite ante ese organismo les habían pedido dinero a través de su contador”
Los dos detallaron que en marzo de ese año les había enviado un audio vía WhatsApp de un supuesto agente de la AFIP en el que le solicitaba una definición sobre “los pasos a seguir porque logré darte este margen de tiempo pero ya no tengo más…”
“Chiflame a ver como venís con la organización del campeonato si vamos a poder jugar los partidos o no”, decía el audio que consta en la causa judicial.
En esa exposición los empresarios relataron una reunión en la oficina del contador con un presunto agente de la AFIP quien “sería quien recibiría el dinero requerido” para beneficiarlos en una supuesta fiscalización que había dispuesto el organismo.
Los empresarios se negaron a pagar y poco después hubo un procedimiento a 15 “puntos operativos” donde personal de la empresa prestaba servicios de seguridad.
Luego se denunció un segundo suceso, también desde la Dirección de Integridad Institucional de la AFIP
“Esta vez se trató de un pedido de dinero que los titulares de la empresa” habrían recibido para poder acceder a una reunión con una funcionaria jerárquica del organismo, en relación a la “orden de intervención en trámite”, según la causa.
Los representantes de la Administración Federal de Ingresos Púbicos -querellante-, apelaron la decisión de sobreseer a los investigados.
La consideraron “prematura” por dos motivos: la prueba que permitía arribar a un grado de sospecha suficiente para continuar la investigación y medidas de prueba pendientes.
Los jueces del Tribunal de Apelaciones Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi estuvieron de acuerdo.
En base a ello ordenaron reabrir la investigación y profundizarla.
” Las pruebas sugeridas por la apelante se presentan conducentes, a criterio del Tribunal, para clarificar los hechos objeto de la presente investigación” en particular el análisis de llamadas entre los involucrados que podrían confirmar o no la hipótesis de la denuncia
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