El Gobierno federal repartirá discrecionalmente un total de 295.000 hectáreas de tierras públicas y privadas, a cambio de generar una mayor dependencia económica y política sobre los beneficiarios del programa. El Estado también se adueñará de una parte de todo lo que se produzca en las nuevas tierras reasignadas.
Con la asunción del socialismo en Brasil a partir de enero del año pasado, se produjo un cambio radical en la política agraria. Se le pone fin a la concesión flexible de derechos de propiedad que emprendía la gestión Bolsonaro, y en su lugar la administración de Lula da Silva lanzó una nueva reforma agraria por decreto.
La reforma comprende el reparto de hasta 295.000 hectáreas de manera completamente discrecional, es decir, serán asignadas a dedo por el Gobierno dependiendo de algún criterio arbitrario por parte de las autoridades competentes.
Con esta maniobra, el PT busca engrosar su influencia sobre los estratos más débiles de la población rural, que ahora podrían verse sometidos a una relación clientelista con el Gobierno.
El reparto afectará tanto a tierras de propiedad estatal como tierras privadas, que serán deliberadamente expropiadas en caso de que se determine el “abandono” por parte de sus propietarios.
A la par de estos movimientos, el Gobierno también lanzará un esquema de créditos subsidiados (y artificialmente baratos) para financiar la adquisición de maquinaria y semillas, con el fin de abastecer la eventual producción agrícola en las nuevas tierras reasignadas.
La mayor parte de la agricultura prevista para estos campos será meramente familiar y de subsistencia, sin mayores dotes de productividad y sin la posibilidad de generar exportaciones o divisas al país.
Esto es evidencia de la pésima asignación de recursos implícita en la reforma agraria del socialismo. Se retienen recursos valiosos que podrían haberse utilizado en otras áreas de la economía para producir más eficientemente, creando puestos de trabajo mejor remunerados.
Pero pese a todo esto, la reforma agraria de Lula establece que el Estado podrá apropiarse de una parte de toda la producción realizada en esas tierras, dando forma a una incipiente colectivización de la producción agraria.
Reformas agrarias de esta índole fueron implementadas en diversas partes del mundo, como por ejemplo México (1917), Bolivia (1953), Guatemala (1951), Cuba (1959) y Chile (1962-1973), y todas ellas registraron pésimos resultados en materia de productividad y eficiencia asignativa.
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