La Clave Única de Registro de Población (CURP) se transformará en un documento obligatorio con datos biométricos para todos los ciudadanos mexicanos.
La reforma, impulsada por el Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como parte de un nuevo sistema de identidad nacional, ha sido presentada como una herramienta moderna y eficiente para fortalecer la seguridad y la prestación de servicios. Sin embargo, también ha encendido alarmas entre organizaciones de derechos humanos, colectivos de búsqueda y expertos en vigilancia digital.
Identificación con rostro y huellas
Desde su creación en 1996, la CURP ha servido como un número de identificación administrativa. La reforma, aprobada a finales de junio de 2025, convierte este código en un documento biométrico obligatorio, que incluirá datos como huellas dactilares, escaneo del iris e imagen facial.
Niños, adolescentes y adultos deberán registrar su información, que será almacenada en una Plataforma Única de Identidad, interconectada con dependencias del gobierno y entidades privadas.
La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha defendido la medida. “Es para construir un país seguro, en paz. La CURP ya era el número de identidad desde hace tiempo”, declaró en conferencia de prensa, negando que se trate de un mecanismo de espionaje. “No es cierto que se esté espiando a nadie”.
Espiar…
El argumento más repetido por las autoridades ha sido que esta CURP biométrica ayudará en la localización de personas desaparecidas. Pero esta justificación ha sido rechazada por las familias buscadoras.
El pasado 2 de julio, colectivos protestaron ante el Congreso con pancartas que decían: “Espiar no es buscar”. México registra más de 114 000 personas desaparecidas, según datos oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Otros colectivos temen por su seguridad. “Esto nos pone en mayor riesgo, porque podrán saber dónde estamos, qué hacemos, qué compramos. Hay madres buscadoras que han sido asesinadas”, denunció María Salvadora Coronado, quien busca a su esposo desde 2011.
Tendencia mundial
Varios países latinoamericanos han adoptado identificaciones biométricas, como Argentina, Brasil, Perú o Colombia. Pero en la mayoría de los casos, su uso es voluntario, limitado a ciertos trámites y sujeto a regulaciones más estrictas. En Uruguay, por ejemplo, los datos biométricos requieren consentimiento expreso y auditorías externas.
En México, el hecho de que sea obligatoria desde la infancia y la interconexión con todas las instituciones públicas y privadas convierte a la CURP biométrica en una de las bases de datos más ambiciosas de la región.
Este artículo se publicó primero en Mendoza Today.