Entre enero y agosto de 2026 se registraron 135.744 embargos por un total de $285.391 millones. Las medidas alcanzaron a unas 42.100 empresas y encendieron la preocupación por su impacto sobre el pago de salarios, proveedores y otras obligaciones. El sector empresario reclama una suspensión de 180 días para las pymes.
