La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció el sábado que más de 80 personas detenidas por razones políticas en Venezuela no están recibiendo atención médica adecuada, a pesar de que muchas de ellas presentan condiciones de salud críticas.
La denuncia fue publicada a través de la red social X, donde la ONG advirtió sobre la inacción de las autoridades a pesar de los recursos legales introducidos por familiares y abogados.
“Pese a las múltiples solicitudes legales introducidas por familiares y abogados, las autoridades venezolanas han omitido su responsabilidad”, indicó la organización, que también señaló casos específicos que, a su juicio, evidencian el deterioro progresivo de la salud de los reclusos.
Uno de ellos es el de Rocío San Miguel, activista y presidenta de la ONG Control Ciudadano, detenida desde febrero de 2024.
JEP señaló que San Miguel presenta una fractura no atendida desde hace más de siete meses, y que su situación representa una “grave violación a los derechos humanos”, ya que no ha recibido atención médica especializada desde su reclusión. La organización advirtió que esta falta de atención “pone en riesgo su salud física y emocional, y puede ocasionarle secuelas irreversibles”.
El proceso judicial de San Miguel también enfrenta retrasos continuos. Según declaró a la agencia EFE la coordinadora general de JEP, Martha Tineo, su audiencia de juicio, prevista para el 31 de marzo, fue diferida por cuarta vez y reprogramada para el 26 de mayo, debido a la “falta de traslado” al tribunal.
En paralelo, familiares de personas consideradas presos políticos han intensificado en los últimos meses sus protestas públicas, exigiendo liberaciones, revisión de casos, la instalación de una mesa de diálogo, y atención médica “oportuna y especializada” para los reclusos.
Por su parte, la ONG Foro Penal reportó que actualmente hay 890 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela, de las cuales cinco son adolescentes. Tanto JEP como otras organizaciones han reiterado la necesidad urgente de garantizar condiciones mínimas de salud, integridad física y debido proceso a todas las personas privadas de libertad por razones políticas.
(Con información de EFE)
Este artículo se publicó primero en Mendoza Today.