Un chico de 11 años caminaba hacia la casa de su abuela cuando, al cruzar una cuneta en una calle de González Catán, partido de La Matanza, se tomó de un cable de acero sujeto a un poste de la red eléctrica de Edenor. Recibió una descarga que lo dejó adherido al cable. Los vecinos consiguieron despegarlo, le practicaron maniobras de reanimación y lo trasladaron primero a un centro de atención primaria y luego al Hospital de Niños de San Justo. Murió cuatro días después.
Casi seis años después del accidente, la Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la responsabilidad de EDENOR. Ordenó indemnizar a los padres y al hermano del niño y extendió la condena a su aseguradora, La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales.
La culpa de los vecinos y “falta de cuidado de los padres”, descartada
Los jueces Guillermo González Zurro y María Isabel Benavente consideraron que la empresa no logró demostrar que el accidente se hubiera producido por una causa ajena que la eximiera de responsabilidad.
El fallo destacó, en particular, que la última revisión de la instalación eléctrica donde ocurrió el episodio databa del 5 de junio de 2019, más de un año y medio antes de la muerte del chico.
La distribuidora había reconocido el accidente, pero sostuvo que el cable de acero que tocó el niño no pertenecía a su instalación reglamentaria y que había sido colocado por vecinos de la zona. También atribuyó el hecho a una falta de cuidado de los padres.
Para respaldar su postura, presentó un acta notarial realizada el mismo día del accidente. La escribana dejó constancia de que un ingeniero de Edenor le había informado que el cable no había sido colocado por la compañía y que algunos vecinos presentes manifestaban haberlo instalado. Sin embargo, esas personas no fueron identificadas y se negaron a firmar el documento.
La Cámara consideró que el acta no alcanzaba para probar el origen del cable. Si bien señaló que la falta de firma de los vecinos no le quitaba valor al instrumento, aclaró que la fe pública de la escribana no se extendía a la veracidad de las declaraciones de terceros.
Además, los vecinos que declararon en el expediente —uno de ellos había despegado al chico del cable, otro le practicó RCP y un tercero lo trasladó en su automóvil— no aportaron información sobre quién había instalado el elemento.
A eso se sumó la pericia que era “muy difícil que un vecino pueda subir a tanta altura, por un poste liso, sin ninguna ayuda externa” para sujetar un cable en su parte superior.
Responsabilidad de la empresa y “excusas”
El Tribunal advirtió que aun si se admitiera que el cable había sido colocado por un vecino, ese hecho no liberaba a Edenor de responsabilidad.
El argumento central estuvo en la falta de controles. Según la documentación que la propia empresa entregó al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), la última revisión de esa instalación fue el 5 de junio de 2019.
La compañía justificó la ausencia de inspecciones durante 2020 por la pandemia, pero el organismo regulador observó que ese mismo año había presentado revisiones de seguridad en otros expedientes y calificó esa explicación como una “excusa”.
El perito confirmó que la operación y conservación de las líneas eléctricas en la vía pública comprende el control y la revisión anual de postes, cables y accesorios.
“Un cable de acero sujeto a un poste de la distribuidora, en plena vía pública y en contacto con la línea de baja tensión, es precisamente el tipo de anomalía que esas revisiones están destinadas a detectar”, sostuvo el juez González Zurro en su voto.
Riesgo visible
No se trataba de un riesgo oculto dentro de una propiedad privada, sino de un elemento visible, tendido desde lo alto del poste hasta el suelo, remarcó la sentencia.
La demanda había sido presentada por los padres del chico y en representación de su otro hijo, quien luego alcanzó la mayoría de edad y continuó el reclamo.
La Cámara mantuvo las indemnizaciones por daño psicológico. El tribunal consideró que los cuadros persistían más de tres años después del accidente.
También confirmó las sumas por daño moral. Al describir las consecuencias de la muerte, el fallo recordó que el chico tenía 11 años, que había sido reanimado en la vereda por vecinos y que permaneció varios días en terapia intensiva antes de morir.
La pérdida del hermano
Su hermano tenía 15 años y compartía con la víctima habitación, los juegos y las salidas. Según una pericia, desde entonces su vida “ha virado” y su proyecto deportivo quedó detenido.
“Pocas pérdidas pueden concebirse más hondas que la de un hijo en la niñez, y la de un hermano no es una pérdida menor”, señaló la Cámara.
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Por otra parte, rechazaron el pedido de daño punitivo. Explicaron que, aunque la familia era usuaria del servicio de Edenor en su domicilio, el accidente había ocurrido varias cuadras más lejos, en la vía pública, y no como consecuencia de la prestación del servicio en la vivienda. Por ese motivo, consideraron que no se configuraba la relación de consumo necesaria para aplicar la multa civil prevista en la Ley de Defensa del Consumidor.
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