Lo confirmó la ministra Sandra Pettovello, en una maniobra para eliminar cada vez más bajas de la política. Quedarán desvinculados hasta 600 empleados, y el Gobierno ahorrará recursos a cuenta de gastos de alquiler y transporte. Se sigue profundizando la motosierra sobre el Estado.
El Gobierno del Presidente Javier Milei continúa desarrollando el ajuste fiscal más importante de la historia de la democracia. La Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció una amplia maniobra de auditoría interna para poder racionalizar y limitar la estructura del sector público.
Como resultado de la evaluación que se llevó a cabo en los últimos meses, Pettovello confirmó el cierre de hasta 59 Centros de Referencia (CDR), hasta ahora dependientes del Ministerio. Estos centros se distribuían en diversos puntos del país, y su supuesta función fue la de “acercar a la población políticas públicas y promover los derechos sociales”.
Muy pocas veces sirvieron para algo verdaderamente útil, y en la práctica los CDR funcionaron como una red de cajas políticas administradas discrecionalmente. Una de las tantas funciones atribuídas a los CDR fue la consumación de trámites administrativos de manera presencial.
En gran su mayoría, las personas que acudían a estos centros para resolver trámites no lograban su cometido, y simplemente eran derivadas hacia otras unidades administrativas del Estado para continuar con el engorro regulatorio.
La auditoría del Gobierno relevó, además, una tasa de ausentismo cerca al 50% en la mayoría de los centros relevados. Esto fue señalado como un “evidente ejemplo de burocracia e ineficiencia estatal” según el propio comunicado oficial del organismo.
El Ministerio de Capital Humano anunció que todos los trámites cubiertos por los CDR serán reinventados en formato digital, para modernizar y eficientizar el sistema. También se abrirá una nueva línea telefónica (0800-222-3294) para todos aquellos trámites vinculados a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
Con el cierre de estos 59 centros, el Gobierno estima un ahorro de por lo menos $5.000 millones de pesos por año, recursos que podrán ser usados para profundizar la asistencia social sobre los sectores más vulnerables.
Cerca de $4.000 millones de pesos se dedicaban al pago de salarios sobre una planta de 600 empleados distribuidos en los CDR, la mayoría cumpliendo funciones prescindibles. Otros $88 millones de pesos se dedicaban a gastos de alquiler, y otros $20 millones adicionales para el traslado de una flota de 50 autos oficiales. Todo esto dejó de tener vigencia gracias a la auditoría que llevó a cabo la Ministra Pettovello.
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