Por decreto, Javier Milei decidió meterse con las dos cajas centrales para Axel Kicillof y Juan Grabois. Los alcances de las medidas y la decisión inquebrantable de ajustar el gasto.
El Gobierno Nacional, con el presidente Javier Milei a la cabeza, decidió embarcarse en dos medidas que apuntan a terminar con jugosas cajas que manejaban Axel Kicillof y Juan Grabois.
El líder libertario deja en claro que el ajuste no se negocia. El presidente está yendo a fondo con las cajas que manejan distintos sectores de la política, para poder sanear las cuentas estatales. La decisión de seguir adelante con un plan ortodoxo de ajuste es inquebrantable y en ese proceso irán desapareciendo varias cajas que la política se ha acostumbrado a manejar.
Fondo de Fortalecimiento de la Provincia de Buenos Aires (FFPBA)
A través del decreto 192/2024, el gobierno decidió eliminar completamente eel Fondo de Fortalecimiento de la Provincia de Buenos Aires (FFPBA), una de las grandes cajas manejadas por el gobernador Axel Kicillof.
El fondo en cuestión había sido creado por el expresidente Alberto Fernandez en el 2020, usando el dinero de los porteños que les había quitado en concepto de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En su momento, el Fondo centralizaba todos los fondos que se le quitaron inconstitucionalmente al Gobierno de la Ciudad Autónoma, bajo la excusa de que permitía “sostener el normal funcionamiento de las finanzas” y pagar salarios de la Policía Bonaerense en la provincia.
El dinero que se le sacó a los porteños dejó un masivo agujero fiscal, que el entonces jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta suplantó introduciendo un impuesto a las tarjetas de crédito, expandiendo el infame impuesto a los sellos.
Los firmantes del decreto fueron el propio Javier Milei, Luis Caputo, ministro de Economía; y Nicolás Posse, jefe de Gabinete, quienes en el decreto justificaron con creces su decisión. Allí declararon que era facultad del ejecutivo tomar esta decisión y que la misma iba en línea con “un ajuste necesario a nivel nacional”.
Además, mencionaron que “el mencionado Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires afectó los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado nacional de recursos necesarios para el ordenamiento de las cuentas públicas”.
Y que “ningún gobierno nacional ha recibido una herencia institucional, económica y social tan crítica como la que recibió la actual administración, por lo que es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece, especialmente como consecuencia de un conjunto de decisiones intervencionistas”.
Así, el gobierno explica ante la sociedad la necesidad de hacer un ajuste y como la eliminación del FFPBA es esencial en ese camino. “Con la intención de solucionar la enorme cantidad de problemas derivados de la herencia que la administración saliente dejó a todos los argentinos, es necesario efectuar un ajuste fiscal en el Sector Público Nacional de cinco puntos del PBI y, al mismo tiempo, resolver la situación de los pasivos remunerados del Banco Central (…) no hay solución alternativa a un urgente ajuste fiscal que ordene las cuentas públicas”, dictaminaron.
Fondo de Integración Socio Urbana (FISU)
En segundo lugar, el Gobierno Nacional decidió modificar en otro decreto el impuesto PAIS para afectar la financiación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Este fondo también había sido creado en 2020 por Alberto Fernandez, y era financiado con el 30% del impuesto PAIS, destinados a esta herramienta fiduciaria que puso a cargo a personas de Grabois, que pasaron a controlar una caja multimillonaria.
En teoría, se utilizaba para la urbanización de barrios populares, pero en la práctica, funcionaba como la caja chica de los piqueteros vinculados a los movimientos sociales del ex candidato a presidente de Unión por la Patria.
Anteriormente, de la totalidad del impuesto PAIS, un 70% iba para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), mientras que un 30% se divida entre infraestructura económica, el FISU y el turismo nacional. Antes el FISU recibía el el 30% de esa repartija, ahora pasa a recibir solo el 1%.
Por Lucas Bello, para la Derecha Diario.
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