México está en la antesala para renovar su Poder Judicial en una elección inédita. Los ciudadanos elegirán por primera vez, mediante el voto popular, a sus jueces, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y magistrados de todo el país.
Están en juego 881 cargos a nivel nacional que se dividen en nueve ministros de la SCJN, dos magistrados de las Salas Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 magistrados de las salas regionales del TEPJF, cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistrados de circuito y 386 jueces de distrito.
Elección sin precedentes
Esta elección sin precedentes ha despertado críticas por parte de expertos nacionales e internacionales y organizaciones civiles que advierten que amenaza la independencia judicial, no resuelve el problema de la corrupción, abre la puerta al crimen organizado y provocará un drástico cambio en el mapa institucional del país.
La elección de jueces, ministros y magistrados llega tras la controversial reforma constitucional del expresidente Andrés Manuel López Obrador bajo el argumento de democratizar al sector y evitar que haya corrupción en sus instituciones, una postura que ha sido respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
López Obrador dijo en septiembre de 2024 que, debido a la falta de legitimidad popular, el Poder Judicial era lejano al pueblo. “No representan al pueblo, sino que son los representantes de la oligarquía, de los potentados”.
En contraste, los críticos afirman que esta medida no terminará con la corrupción y que, en cambio, podría dar pie a que actores políticos, grupos económicos, organizaciones delictivas busquen influir en el Poder Judicial mediante el apoyo a candidatos.
“Lo que hacen es que la salida para combatir esa corrupción se plantea a través del voto, que no tiene una relación necesariamente lógica para combatirla, es decir, un supuesto en donde la corrupción se combate a través de las vías electorales en lugar de otros mecanismos de investigación, persecución o sanción de prácticas corruptas al interior de un poder”, dijo a CNN Luis F. Fernández, director ejecutivo de Práctica: Laboratorio para la Democracia.
La idea de acabar con la corrupción en el Poder Judicial a través del voto popular también es cuestionada por Ricardo Ortega Soriano, director del Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana: “Se dijo que, ante la falta de cercanía de jueces con el pueblo, había que humanizar al Poder Judicial y entonces se instrumentó esta idea de que la elección iba a actuar como una varita mágica que automáticamente iba a llevar a tener jueces que tuvieran una posición más cercana a la sociedad. Me parece que eso no es así.”
El interés de la ciudadanía
A pesar de lo inédito de estas elecciones, el Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de los comicios, prevé una participación de entre el 18 y el 20 % de la población, en contraste las elecciones presidenciales de 2024, que tuvieron una participación electoral superior al 60 %.
Una encuesta de Enkoll realizada entre el 18 y el 20 de mayo a 1.023 personas mayores de 18 años en México, reveló que menos del 50 % de las personas conocía la fecha exacta de las elecciones.
Cuando se les preguntó cuán necesaria consideraban una elección del Poder Judicial, el 72 % dijo que es “muy necesaria”, sin embargo, el 77 % no conocía o había escuchado quiénes son los candidatos a jueces, ministros y magistrados.
El foco de los sondeos, a diferencia de otras elecciones, no han sido sobre quién va a ganar, sino si la gente conoce el proceso y si saldrá a las urnas. Una medición previa de Consulta Mitofsky realizada entre el 29 de marzo y el 3 de abril resaltó que casi el 77 % de las personas sabía poco o nada sobre el proceso y solo el 39 % estaba interesado en conocer detalles de la elección.
Los candidatos se encontraron con limitantes importantes a la hora de darse a conocer. No tuvieron acceso a tiempos oficiales en radio y televisión y tampoco podían contratar esos espacios. Además, tenían prohibido recibir dinero público o privado, por lo que debían financiar sus campañas con su dinero.
Según los lineamientos del INE, podían usar volantes, redes sociales o participar en eventos, pero no tenían permitido pintar bardas ni otro tipo de publicidad y los partidos políticos no podían participar en la promoción de las candidaturas.
Candidaturas y el crimen organizado
En el desarrollo del proceso electoral se dieron a conocer candidaturas controvertidas por su relación con el crimen organizado o vinculados a otro tipo de delitos.
Un candidato a juez federal que fue condenado por delitos relacionados a las drogas; otro que se postuló como magistrado penal a pesar de haber sido destituido como juez por acusaciones de abuso sexual y corrupción; la exabogada de un renombrado exlíder de un cártel de drogas, son algunos de los nombres que generan polémica en el marco de estas elecciones.
Un análisis del Observatorio Electoral Judicial (OEJ), compuesto por organizaciones sin fines de lucro, también ha señalado a más de 130 candidatos con alta probabilidad de ganar en ausencia de candidatos opositores, y ha criticado problemas en el diseño de boletas complicadas que presentan cientos de nombres y pueden confundir a los votantes.
En respuesta a esta controversia, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Tribunal Electoral invalidar a los candidatos que tengan nexos con el narcotráfico.
“Desde mi particular punto de vista y veremos qué decide el Tribunal, podría, aunque ya esté en la boleta, poner una medida precautoria o en su caso descalificar a la persona”, dijo en su conferencia matutina el mes pasado.
Al ser esta la primera vez de este mecanismo electoral, lo que salga de este proceso podría servir como insumo para futuras elecciones. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), concluye en un análisis que el proceso actual brindará aprendizajes para mejorar las reglas y la logística del proceso electoral judicial para 2027.
Este artículo se publicó primero en Mendoza Today.