Milei prometió que este año presentará la eliminación de las jubilaciones de privilegio, elecciones libres en los sindicatos, convertir la emisión inflacionaria en un delito de lesa humanidad, y más.
El presidente Javier Milei abrió las 142° sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, donde tras una larga explicación técnica de la pesada herencia que recibió, explicó cuáles serán los proyectos de leyes que enviará al Poder Legislativo para que sean aprobados en el periodo legislativo que comenzó este 1ro de marzo y concluye el 10 de diciembre de este año.
Durante su discurso frente a los legisladores de la Nación, el mandatario mencionó todas las reformas que impulsó desde que llegó al Poder Ejecutivo y enumeró otra lista de medidas que entrarán en vigor a partir de hoy como parte de su decreto desregulador que firmó en diciembre pero que se reglamentó recién en las últimas semanas.
“Sin embargo, todos estos logros primerizos representan únicamente la superficie de los grandes cambios que venimos a implementar en Argentina”, planteó Milei antes de presentar varias de sus iniciativas. “Para profundizar en nuestra misión de terminar con los privilegios de la política y sus amigos estamos enviando al Congreso un paquete de leyes anticasta y quiero compartir con ustedes algunos de sus componentes”, comenzó presentando el mandatario.
Se trata de ocho iniciativas que Milei presentó como parte de un “paquete anticasta” ante la Asamblea Legislativa, que incluyen medidas específicas que permitirán materializar el ajuste a la clase política en favor de la clase media.
1. La eliminación de las jubilaciones de privilegio para Presidente y Vicepresidente.
Los máximos mandatarios y los jueces federales cobran una jubilación que es varias cientos de veces más altas que las jubilaciones ordinarias de los demás funcionarios públicos, incluso ajustando por sus salarios cuando estuvieron en funciones. Esta primer medida normaliza las jubilaciones para presidente y vice.
2. La obligación a los sindicatos a elegir a sus autoridades a través de elecciones periódicas libres y supervisadas por la Justicia electoral que limitará los mandatados a 4 años y establecerá un tope de una sola reelección posible.
“Vamos a terminar con esa locura de imponerle a la gente las condiciones laborales que define detrás de un escritorio un señor que no trabaja hace 30 años”, declaró el Presidente durante su alocución.
3. Los convenios colectivos específicos que realicen en asociación libre los trabajadores de una empresa o grupos de empresas primarán por sobre los convenios colectivos del sector.
En la gran mayoría de países de Occidente, los trabajadores se asocian colectivamente a nivel de compañía. En Estados Unidos, por ejemplo, existe el gremio de trabajadores de Ford, de Amazon, de Starbucks, y así. En Argentina, es muy diferente, ya que existen los gremios por rubros, por lo que se tienen sindicatos de automotrices, de camioneros o de comercio.
Esto es poco eficiente a la hora de negociar salarios, ya que se establecen medidas sin tener en cuenta las realidades de cada empresa. Además, estos sindicatos por sector tienen un poder extorsivo enorme ya que pueden declarar huelgas generales de todos los trabajadores de un rubro, incluso si hay trabajadores de una empresa particular que no quieren parar.
4. Las personas condenas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse como candidatos en las elecciones nacionales, y perderán todos sus beneficios.
La medida busca introducir el concepto de «Ficha Limpia» en la política argentina, muy común en otros países donde se requiere que los políticos que se presenten a elecciones no tengan causas firmes por corrupción. Además, todo ex funcionario público con condena firme en segunda instancia por delitos de corrupción perderá automáticamente cualquier beneficio que tenga por haber sido funcionario.
5. Reducir drásticamente la cantidad de contratos para asesores de diputados y senadores de la Nación.
La medida buscará poner un tope a la cantidad de asesores que puede contratar cada legislador en el ámbito legislativo. Milei lo presentó como “una práctica común de la política que los representantes del pueblo armen pymes de 30/40 asesores cada uno, dilapidando los recursos de los argentinos”.
6. Se descontará la jornada de trabajo a los empleados del Estado que hagan paro.
La medida ya está contemplada en el DNU 70/2023 que firmó en diciembre del año pasado, pero quedó suspendida por la Justicia Laboral. Milei busca reglamentarlo con fuerza de ley incluso antes de que llegue a la Corte Suprema. El concepto que se busca sostener es el de «el que para, no cobra».
7. Eliminar el financiamiento público de los partidos políticos.
Actualmente el sistema de financiación de la política es extremadamente corrupto: el Estado Nacional se encarga de financiar a los partidos políticos, asignándoles un dinero proporcional a los votos que obtuvieron en las últimas tres elecciones nacionales, mientras limita enormemente las donaciones privadas.
Esto lleva a que los grandes partidos tengan desproporcionalmente más dinero que los partidos más chicos, aunque haya un masivo apoyo popular y económico a las ideas que profesan las agrupaciones que quizás es de las primeras elecciones que se presentan.
8. Hacer delito de lesa humanidad la emisión monetaria que genere inflación.
En línea con su ideología libertaria, Milei buscará penalizar por ley al Presidente de la Nación, al Ministro de Economía, y a los funcionarios del Banco Central que ordenen emitir dinero para pagar gasto público del Gobierno Nacional. A su vez, se penalizará a diputados y senadores nacionales que aprueben un presupuesto que contemple financiar déficit fiscal con emisión monetaria.
Esto no será solamente un acto criminal, si no que será considerado un delito de lesa humanidad, una categoría reservada para la sistemización de la tortura, la desaparición forzada, el homicidio, la esclavización, y la deportación. Sin embargo, la propuesta de Milei estaría dentro del Estatuto de Roma, que declara como crimen contra la humanidad «un ataque general o sistemático contra civiles en tiempo de paz o de guerra».
Al respecto, desatacó: “Propondremos que esto esté a la altura de un delito de lesa humanidad de manera tal que se imprescriptible para que tarde o temprano paguen el costo de sus acciones».
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