El Comité de Defensa de los 252 migrantes venezolanos privados de libertad y separados de sus familias en El Salvador solicitó la intervención del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
La solicitud fue entregada el pasado viernes mediante una carta a la sede del organismo en Ginebra, así como a la Misión Permanente de El Salvador ante las Naciones Unidas (ONU), expresando una profunda preocupación por las presuntas violaciones a los derechos fundamentales de los jóvenes retenidos.
El comité, integrado principalmente por familiares y juristas, denuncia que los privados de libertad en El Salvador se encuentran en “condiciones de reclusión sin garantías procesales ni información clara sobre su estado de salud o paradero”.
Los firmantes también explicaron que, además de la situación en los centros de detención salvadoreños, existen casos documentados de mujeres venezolanas detenidas en territorio estadounidense cuyos hijos han sido separados o institucionalizados, sin respetar el principio de unidad familiar ni brindar respuestas a sus parientes.
Jetzy Arteaga, integrante del comité, manifestó la angustia que viven: “Hoy vivimos una incertidumbre devastadora y es por ello que acudimos aquí, para luchar por nuestras familias”.
Marelys Casique, otra vocera del grupo, hizo un llamado directo al presidente salvadoreño Nayib Bukele, instándolo a reconsiderar la situación. “Considérelo, está a tiempo de corregir esta injusticia. Por favor, envíe a nuestros venezolanos a su país de origen y haga una justa revisión de sus casos”, imploró Casique.
Los familiares han apelado al respaldo humanitario de las agencias multilaterales para que se garantice el acceso a información y se revise el cumplimiento del debido proceso en cada uno de los casos.
Este artículo se publicó primero en Mendoza Today.