Un joven que había extraviado su Documento Nacional de Identidad comenzó a recibir, cuatro años después, reclamos por deudas que nunca contrajo. Se trataba de consumos con tarjetas de crédito, préstamos gestionados en plataformas digitales y operaciones bancarias que desconocía por completo. Desconcertado por la situación, radicó una denuncia penal y la investigación permitió reconstruir una operatoria de suplantación de identidad sostenida durante meses.
Más de 60 compras con tarjeta
Según se acreditó en la causa, el estafador utilizó ese DNI para realizar al menos 61 operaciones con tarjetas de crédito emitidas por distintos bancos a nombre de la víctima. También gestionó préstamos que luego eran transferidos a cuentas fraudulentas.
Los consumos incluyeron compras en supermercados, cadenas de comida rápida, cines y cafeterías, todas deudas que posteriormente fueron reclamadas al verdadero titular del documento.
El damnificado, cuando perdió el DNI, no realizó la denuncia policial y gestionó casi de inmediato un nuevo ejemplar. Ese dato resultó relevante, ya que durante años no hubo alertas formales sobre el uso indebido del documento. Recién cuando comenzaron las intimaciones por deudas tomó conocimiento de la situación y acudió a la Justicia.
La investigación también determinó que, en al menos uno de los trámites bancarios para obtener tarjetas de crédito, las firmas fueron falsificadas.
En otra entidad, el imputado logró abrir una cuenta a nombre de la víctima bajo el sistema denominado “beneficio universidades”, sin costo de mantenimiento, utilizando una constancia apócrifa de alumno regular. A partir de esa cuenta, tramitó una tarjeta de débito y realizó extracciones de dinero en cajeros automáticos en 36 oportunidades.
Causa penal y condena
Un tribunal tuvo por probado que el acusado montó un esquema basado en el ardid y el engaño. Para reforzar la maniobra, creó un correo electrónico con el nombre de la víctima y presentó documentación falsa con el objetivo de dar apariencia de legitimidad a los trámites realizados ante entidades financieras. De ese modo logró sortear controles y operar dentro del sistema bancario como si fuera el verdadero titular del DNI.
Las maniobras se desarrollaron entre agosto y noviembre de 2018, período en el que el imputado abrió cuentas, gestionó tarjetas y solicitó créditos que nunca fueron abonados, ya que el verdadero titular desconocía por completo su existencia.
La víctima debió enfrentar reclamos de distintas entidades financieras y atravesar un proceso de reconstrucción de su historial crediticio.
La causa fue resuelta mediante un juicio abreviado, un procedimiento que permite arribar a un acuerdo entre la fiscalía y la defensa cuando el imputado reconoce su responsabilidad penal. En este caso, el acusado admitió los hechos y aceptó la calificación legal, lo que evitó la realización del juicio oral. El acuerdo fue homologado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, previo aviso a la víctima, quien no expresó oposición.
El tribunal condenó al imputado a la pena de un año y ocho meses de prisión en suspenso. El estafador fue considerado penalmente responsable de los delitos de uso ilegítimo de documento nacional de identidad y estafa reiterada mediante el uso de tarjetas de crédito y débito obtenidas del legítimo emisor.
El fallo fue firmado por el juez del Tribunal Oral Federal 3 Andrés Basso y llegó casi ocho años después de los hechos.
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