Córdoba: tras aceptar una reparación al Estado por 210 millones de pesos, sobreseyeron a diez imputados del segundo tramo de la causa CBI Cordubensis

El Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba dispuso ayer el sobreseimiento de los diez imputados en el segundo tramo de la causa “CBI Cordubensis”, tras acordar una reparación al Estado por 201 millones de pesos. Los fondos serán destinados para combatir el fuego en la provincia y para sembrar árboles a través de una ONG con asistencia estatal. En el proceso, intervino el fiscal Carlos Gonella, que dio su conformidad a la propuesta que hicieron las defensas de los imputados en una audiencia oral que se llevó a cabo el 8 de noviembre. 

La medida alcanza a los exsocios de la financiera Eduardo Daniel Rodrigo, Aldo Hugo Ramírez, Julio Cesar Ahumada, Daniel Arnoldo Tissera, Oscar Américo Altamirano; el empleado administrativo Luis Carlos de los Santos; los empresarios Darío Onofre Ramonda, Darío José Ramonda y Alejandro Miguel Yacopini y el contador Javier Fernando Guevara Amado. Todos ellos habían llegado a juicio por cuatro hechos que incluían delitos de asociación ilícita, lavado de activos, estafas y evasión impositiva.

En la audiencia oral, las defensas de los imputados solicitaron la extinción de la acción penal por reparación integral, tal como lo establece el artículo 59 inciso 6° del Código Penal. A su turno, Gonella hizo lugar al planteo y aceptó la postura tras señalar que “el recupero de activos puede ser a través de condena o de salidas alternativas, ya que implica una forma de obtener para el Estado y aplicar a una finalidad social útil activos en investigaciones por delitos económicos o por delitos que generen activos, que es una de las estrategias para combatir la criminalidad económica”. En el caso en cuestión, el fiscal consideró que la extinción de la acción penal será “el camino más efectivo” ya que “se tendrá disponibilidad inmediata del dinero para aplicarlo a una finalidad social útil”.

El representante del MPF también hizo mención a que, de acuerdo al artículo 22 del Código Procesal Penal Federal, el Poder Judicial y el Ministerio Público deben procurar buscar la resolución del conflicto en función del equilibrio de intereses de sus protagonistas y el restablecimiento de la paz social. En ese sentido, tuvo en cuenta que el proceso lleva más de diez años, que los acusados tienen derecho “a la mejor respuesta para ellos contemplada en la ley” e hizo foco en los intereses estatales o inherentes a la función del MPF en materia de persecución de la criminalidad económica y acciones estratégicas en el recupero de activos. En ese sentido, Gonella destacó que se trata de una suma importante que se puede aplicar a una “finalidad social útil, tangible, inmediata y de impacto”. 

Los argumentos del tribunal

En su sentencia, los jueces hicieron lugar al artículo 22 del Código Procesal Federal Federal y señalaron que dicha norma “establece como directriz que los jueces y los representantes del Ministerio Público procuren resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social”. De esta manera, para los jueces la norma constituye “un cambio de paradigma del Estado en su política criminal” en pos de “la reducción de los tiempos procesales, el mejoramiento de la calidad de la respuesta judicial al conflicto, la disminución del uso de la prisión preventiva y de los costos del Estado”. 

Las juezas María Noel Costa y Carolina Prado y el juez Mario Martínez hicieron lugar a la conformidad prestada por el Ministerio Público Fiscal al entender que el proceso lleva diez años y que los acusados tienen derecho a la mejor respuesta para ellos contemplada en la ley. En ese sentido, manifestaron que “ha de tenerse en cuenta el tiempo que llevan los imputados en este proceso –casi diez años- y que la separación de la causa en distintos trámites supone que la mayoría de quienes hoy se encuentran acusados en los presentes autos hayan sido ya juzgado en la causa principal”.

En ese orden, los jueces marcaron que por el tiempo transcurrido desde el inicio de la causa y hasta tanto se resuelven los distintos recursos que se plantean en el marco del proceso y que forman parte del ejercicio de los derechos de las distintas partes, en la causa principal se resolvió declarar la prescripción del delito de intermediación financiera no autorizada agravada para Ramonda. 

Respecto al ofrecimiento de reparación del perjuicio en torno a que el destino final de los fondos vaya dirigido a la lucha contra el fuego o bien a la reforestación, el Tribunal entendió que la reparación “debe guardar un correlato con los bienes jurídicos en juego”. Para los jueces, en el caso en cuestión, el bien jurídico protegido es el orden económico y financiero y los delitos endilgados a los imputados “contribuyen de manera negativa en la economía y el bienestar social”, por lo que el destino buscado para los fondos no solo busca incorporar recursos a “una temática que supone una profunda preocupación generalizada para la sociedad por las insoslayables causas y las devastadoras consecuencias que los incendios, ocurridos año tras año en nuestra provincia, han tenido y tienen en nuestra provincia”, sino que además “se encuentra entrelazado con el bien jurídico en cuestión”. 

Los magistrados hicieron mención a diversos informes ambientales de los que se desprende que el fuego afectó el 57,9% de las sierras de Córdoba entre 1987 y 2018, y que Córdoba figura entre los 10 lugares del mundo con mayor índice de peligrosidad en cuanto a incendios forestales y es la provincia argentina con mayor cantidad de superficie arrasada en el último tiempo. En mayo de 2022, un decreto provincial declaró el Estado de Alerta Ambiental: en sus considerandos, se fundamentó esta medida en el hecho de que los incendios, además de los daños personales, provocan gravísimas consecuencias patrimoniales, afectando la producción, el turismo y otras numerosas actividades; como así mismo la destrucción de áreas naturales, el deterioro de flora y fauna, lagos, la desertificación y erosión del suelo. 

Con estos antecedentes, los jueces consideraron prudente el ofrecimiento de los acusados “ya que servirá para ampliar el nivel de inversión necesario para financiar las políticas integrales de manejo del fuego, tales como la educación y capacitación, prevención y alerta temprana, control, mitigación y restauración”.

Además, resaltaron la importancia de nuevas vías de resolución del conflicto “que dejan de lado la imposición efectiva de una pena privativa de la libertad y todas sus consecuencias, para adoptar una mirada superadora de los conflictos penales a través de una justicia restaurativa donde no se deja sin consecuencias a aquel que ha delinquido, sino que la sanción se traduce en otro tipo de obligaciones donde el eje pasa por la reparación como consecuencia del hecho, que no solo redunda en beneficios para la víctima sino también para la sociedad”. En ese entendimiento, consideraron que “cobra relevancia el recupero de activos en éste tipo de delitos, como herramienta de política criminal diseñada para atacar la criminalidad económica compleja”.

De acuerdo a la sentencia, al destinarse el dinero recuperado a fines sociales se cumple con los lineamientos que el nuevo código de procedimientos federal fija a los jueces y al Ministerio público Fiscal, en cuanto al modo en que los conflictos sociales derivados de hechos punibles deben resolverse, en consonancia con el bien jurídico protegido por las figuras involucradas. “El dinero ofrecido por los imputados puede cumplir acabadamente con la función reparadora del daño social causado por el delito. Del mismo modo se cumple con fines de prevención positiva dado que constituye un fuerte y claro mensaje a la sociedad en términos de que el quebrantamiento de las normas a través de las cuales se obtuvieron ganancias ilícitas se restablece devolviendo a la comunidad los beneficios económicos obtenidos”, detallaron los magistrados.

Fuente: https://www.fiscales.gob.ar/criminalidad-economica/cordoba-tras-aceptar-una-reparacion-al-estado-por-210-millones-de-pesos-sobreseyeron-a-diez-imputados-del-segundo-tramo-de-la-causa-cbi-cordubensis/