Entr el pago a Repsol en 2012, los intereses de esos bonos, la sentencia de la justicia de Nueva York y otros gastos llevan a un costo total de US$ 26 mil millones. La petrolera hoy vale apenas US$ 9.200 millones.
La desastrosa e ilegal expropiación de YPF, que impulsó el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, llevó a un juicio que luego de más de ocho años, ha resuelto que la Argentina deberá pagar una cifra que asciende al triple del valor total de la compañía, convirtiéndola en la estatización más cara de la historia.
La jueza Loretta Preska, quien está a cargo de una corte del Distrito Sur de Manhattan, falló en septiembre pasado en contra del país. Dictaminó que Argentina es culpable de una expropiación ilegal y la condenó a pagar la máxima pena calculada para el caso: US$ 16.000 millones de dólares.
Esa cifra multimillonaria, imposible de pagar para un país en crisis extrema y sin dólares, es solo una parte del costo total de la expropiación. Solo de intereses, ese juicio genera un costo de más de 2 millones de dólares por día, y desde 2012 y si se termina pagando la totalidad de las sanciones, el perjuicio total para el Estado trepa a más de US$ 26.000 millones de dólares.
Dado que la petrolera hoy vale US$ 9.200 millones de dólares, y solo gracias a un masivo repunte del precio del barril de petróleo por la guerra en Ucrania, apenas si podría cubrirse un tercio del costo total del juicio vendiendola íntegramente.
Pero cabe aclarar que el Estado, además, tiene el 51% de la empresa, por lo que si se vendiera el paquete accionario público, solo se podría cubrir dos de cada cinco dólares que tendrá que pagar la Argentina en todo el proceso judicial, producto de una serie de errores técnicos y estratégicos que se cometieron desde 2012.
El 16 de abril de 2012, la entonces presidente Cristina Kirchner envió al Congreso un proyecto de ley que declaraba de interés público la actividad hidrocarburífera y ordenaba expropiar el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de la española Repsol, desde la privatización de la petrolera en 1999.
La entonces mandataria habló de “recuperar la soberanía energética” y de “frenar la caída de la producción“, a pesar de que por esos años, el barril del petróleo transcurría valores muy altos a la media o a los que tendría en los años posteriores.
La realidad es que Aex Kicillof, quien oficiaba de vice de Hernán Lorenzino pero que asesoraba directamente a la Presidente en cuestiones de economía, le había vendido la idea a Cristina que si se mantenían esos valores internacionales del crudo, podrían conseguir enormes cantidades de dinero.
Sin embargo, el precio del barril cayó a partir de 2014 y la expropiación de YPF, que cayó en los desmanejos de La Cámpora, resultó ser extremadamente contraproducente, generando en realidad un gasto para el Estado, que se debió de hacer cargo de sus déficits operativos.
A Repsol se le pagaron US$ 5.000 millones de dólares por el 51% del paquete accionario, y luego unos US$ 4.500 millones en intereses por los bonos que poseía la empresa española. En total, en gastos directos, se desembolsaron US$ 9.500 millones de dólares, más de lo que hoy vale toda la compañía.
Pero los gastos no terminaron ahí, ya que luego de que los accionistas minoritarios iniciaran acciones legales contra el Estado argentino, argumentando que habían sido expropiados de manera ilegal, por lo que Argentina debió pagar US$ 300 millones en abogados, US$ 860 millones por intereses anuales y deberá pagar US$ 16.000 millones de dólares en concepto de multas por la expropiación.
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