El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró un nuevo estado de excepción en diez de las veinticuatro provincias del país debido a una “grave conmoción interna”. La medida, emitida mediante decreto ejecutivo, surgió como respuesta a las protestas indígenas por el alza en el precio del diésel que, según el mandatario, “se han tornado violentas”.
Las provincias afectadas son Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza.
La decisión de Noboa tuvo como objetivo “detener las situaciones de las medidas de hecho tomadas en las provincias [mencionadas], así como su radicalización”, buscando evitar una mayor afectación a la población.
El mandatario justificó la medida asegurando que durante las “violentas manifestaciones” se registraron agresiones contra policías y militares, quienes “incluso han sido secuestrados y vejados en su integridad”. Noboa afirmó que las protestas “han rebasado los límites del ejercicio legítimo de los derechos a la protesta y resistencia”.
Esta nueva declaración se produjo inmediatamente después de que la Corte Constitucional anulara el viernes el último estado de excepción que el presidente había decretado días atrás. Dicha medida se había tomado frente a las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
La Corte solo mantuvo la constitucionalidad de la medida en las provincias de Carchi e Imbabura, siendo esta última el epicentro de las manifestaciones iniciales.
Finalmente, el decreto presidencial dispuso la movilización de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional hacia las diez localidades. Esta medida tiene la finalidad de “prevenir acontecimientos de violencia, proteger la vida e integridad física de la ciudadanía, así como el derecho a la libre circulación y desarrollo de actividades económicas”.
Este artículo se publicó primero en Mendoza Today.