Luego de la cartelización por parte de las prepagas de la UAS, bajo la conducción de Claudio Belocopitt, la Secretaría de Comercio dictó una resolución que ordena que los incrementos deben retrotraerse.
El gobierno de Javier Milei emitió este miércoles un pedido dirigido al 75% de las empresas de medicina prepaga que fueron identificadas como parte de la cartelización de Claudio Belocopitt. Tras su renuncia a la Unión Argentina de Salud (UAS), el Gobierno entiende que la estrategia de aumentos de precios ha llegado a su fin y pider retrotraer las cuotas a enero.
El Gobierno le pide a estas empresas que recalculen los aumentos que han aplicado desde diciembre, y que lo hagan utilizando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Desde enero a marzo se han registrado subas del 160% en las prepagas, cuando la inflación fue del 44,7%.
De manera simultánea, la Superintendencia de Salud ha presentado una medida cautelar ante la Justicia, solicitando que estas empresas reembolsen el dinero a los usuarios entre el valor con aumentos extraordinarios y el aumento que correspondería por inflación.
El ministro de Economía, Luis Caputo, justificó esta medida haciendo referencia a la importancia de que las prepagas compitan libremente libre de cartelización. En X, publicó que las “Prepagas deben retrotraer precios fuertemente de acuerdo al dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia“.
Y felicitó a su equipo que llevó a cabo las negociaciones: “Gran trabajo Juan Pazo y Pablo Lavigne en la Secretaria de Comercio, utilizando las herramientas institucionales como corresponde, y por supuesto un gran alivio para la clase media”.
Por otro lado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que “por disposición del Ministerio de Economía, un grupo de empresas de medicina prepaga, que representan alrededor del 75% de los afiliados, van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustada a partir de allí por IPC”.
El portavoz explicó además que las empresas “deberán aplicar como máximo el IPC para ajustar las cuotas por los próximos 6 meses”. La medida, explicó Adorni, se tomó a raíz de una denuncia “por presunta cartelización”.
El anuncio se da luego de la fuerte polémica por los exorbitantes incrementos que las compañías aplicaron desde diciembre del año pasado, muy por encima de la inflación general. El Gobierno identificó como máximo responsable de esta cartelización a Claudio Belocopitt.
Belocopitt tiene estrechos vínculos con Sergio Massa, por los millonarios subsidios otorgados a sus empresas durante la pandemia, con los cuales pudo comprar a la mayoría de su competencia y, cuando Milei liberó el mercado, quedó en una posición de poder monopólica. En consecuencia, el empresario terminó renunciando a la presidencia de la UAS el pasado martes 16 de abril.
La medida del Gobierno tomó por sorpresa a las empresas, que aseguraron no haber participado en ninguna negociación con el Gobierno y están evaluando qué acciones tomar. Desde el Ejecutivo, señalaron que aunque las compañías tienen la opción de apelar, la resolución ya está en vigor y su aplicación no se detendrá mientras se presente una apelación.
“El Gobierno del presidente Milei no va a convalidar maniobras especulativas bajo ningún punto de vista. La Argentina de la avidada se terminó el 10 de diciembre pasado”, añadió Adorni.
La resolución fue emitida por la Secretaría de Industria y Comercio siguiendo las recomendaciones de la Comisión Nacional de Defensa del Consumidor, que encontró “indicios múltiples de un posible acuerdo entre las principales empresas de medicina prepaga del país”, según lo informado oficialmente.
La medida preventiva, además de ordenar retrotraer precios, busca detener cualquier tipo de intercambio de información que involucre precios, servicios a proveer, costos u otra información comercial dentro de la UAS, acusada de cartelizarse bajo el mando de Belocopitt.
Adorni señaló que se espera una reducción considerable en los precios de las cuotas, y destacó que la Superintendencia de Servicios de Salud presentó una medida cautelar para que las empresas afectadas devuelvan a sus afiliados la diferencia entre los aumentos aplicados y los que deben aplicarse según la disposición oficial.
Tambien se resaltó que si bien la Superintendencia ya no controla los precios, sigue velando por la libre competencia y la libertad de elección en beneficio de los argentinos cuando hay una situación en la que una entidad o una empresa consigue una posición monopólica gracias a la ayuda del Estado.
De Kevin Frank para La Derecha Diario.
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