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JURISPRUDENCIAAcción de amparo. Medida cautelar. Discapacidad. Menor. Cobertura médica. Obra social
Se hace lugar a la medida cautelar solicitada por los representantes legales de una menor y, en consecuencia, se ordena a la obra social demandada que brinde a la menor discapacitada la cobertura integral e inmediata del estudio genético de secuenciación de exoma, conforme indicación del médico tratante. Para así decidir, se dijo que la mera alegación de la falta de inclusión en el PMO de las prestaciones requeridas no resulta suficiente, al menos en la etapa cautelar y a la luz de la ley 24.901, para revocar la medida en cuestión que ordenó su cobertura.
General Roca, 27 de abril de 2017.
VISTO:
El recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs.34/36 contra la resolución de fs.26/29 que admitió la medida cautelar, requerida en el escrito de inicio;
Y CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo establecido en el art.26 del decreto-ley 1285/58, es facultad de las cámaras de apelaciones dictar sus resoluciones por voto de los magistrados que las integran, por lo que en esta ocasión cada uno de los miembros de este tribunal emitirá su opinión en la forma que sigue.
El doctor Mariano Roberto Lozano dijo:1. El Señor Miguel Ángel Mancilla Winkler solicitó el dictado de una medida cautelar contra la Obra Social Unión Personal, a fin de que la demandada brinde a su hija menor de edad A. N. M. T., la cobertura integral e inmediata del estudio genético de secuenciación de exoma, conforme indicación del médico tratante de la menor, en razón de que ésta padece displasia opticoseptal y anormalidades de la marcha y la movilidad.
Expuso que su hija A. tiene dieciocho meses de edad y que atento a la enfermedad que padece, conforme el diagnóstico antes indicado, posee certificado de discapacidad vigente.
2. El juez de grado otorgó la medida precautoria requerida a fs.26/29, al tener por configurada la verosimilitud del derecho en función de la afiliación de la menor a la obra social demandada, de la discapacidad mental que padece y del certificado de discapacidad vigente, aunado a la normativa aplicable al caso.En cuanto al peligro en la demora, lo entendió aquilatado a partir de los certificados médicos acompañados que dieron cuenta de la necesidad y urgencia de la prestación requerida.
3. Ese pronunciamiento fue apelado a fs.34/36 por la accionada, que expuso dos motivos de queja.
En primer lugar, manifestó que el estudio requerido está fuera del plan médico asistencial de Unión Personal, y que la cautelar implica a su juicio una violación a la ley vigente, quebrantando con ello los legítimos derechos del universo de beneficiarios de la obra social.
En segundo lugar, afirmó que no se encuentran reunidos los requisitos de verosimilitud del derecho y el peligro en la demora.
4. Ya en tren de resolver el recurso, advierto que no se encuentra discutida la condición de discapacidad de la niña -cuyo certificado vigente obra a fs.4, del presente incidente-, ni la enfermedad que padece.
Sí está en debate, en cambio, la obligación de la demandada de cubrir el estudio denominado “secuenciación de exoma”.
Para dar respuesta a ello debo recordar que este cuerpo ha sostenido invariablemente que la cobertura de prestaciones básicas para la habilitación y rehabilitación integral de personas con discapacidad se encuentra a cargo de las obras sociales, en virtud de lo dispuesto por la ley 24.901.
Y sobre la aplicación de dicha norma nada dijo la demandada, lo que resultaría suficiente para mantener la decisión provisoria, al menos hasta el dictado de la sentencia definitiva (este cuerpo en “Muñiz, Aldanza Agostina c/ Galeno Argentina S.A s/ ley de discapacidad s/ inc. apelación” (FGR16205/2016/CA1, sent.int. del 3 de febrero de 2017, entre muchos otros).
Por ello, la mera alegación de la falta de inclusión en el PMO de las prestaciones requeridas no resulta suficiente, al menos en esta etapa cautelar y a la luz de la ley 24.901, para revocar la medida en cuestión que ordenó su cobertura.
5. Por lo expuesto, propongo rechazar el recurso de apelación, con imposición de las costas de alzada a la demandada, vencida con el responde de fs.44/45 (art.68, párrafo primero del CPCC).
Los honorarios de alzada deberían establecerse, en mérito a la cantidad y calidad de las labores cumplidas y lo dispuesto en el art.14 de la ley 21.839, en el …% para el patrocinio de la parte actora y en el …% para la representación de la parte demandada, ambos de los estipendios que oportunamente se regulen en la instancia precedente por la faena de esta incidencia.
El doctor Richar Fernando Gallego dijo:
Comparto las conclusiones que anteceden y me pronuncio de la misma manera.
El doctor Ricardo Guido Barreiro dijo:
Adhiero a la propuesta del primer voto y me expido en el mismo sentido.
Por lo expuesto, EL TRIBUNAL RESUELVE:
I. Rechazar el recurso de apelación de fs.34/36;
II. Imponer las costas a la recurrente y regular los honorarios profesionales de acuerdo a lo dispuesto en la parte final del primer voto;
III. Registrar, notificar, publicar y, oportunamente, devolver.
Fdo. Mariano Roberto Lozano, Richar Fernando Gallego y Ricardo Guido Barreiro, jueces de cámara. Ernesto J. García Rojas, secretario.
Ley 24901 – BO: 05/12/1997
018848E
