Se revoca parcialmente la sentencia apelada en cuanto ordenó a una obra social a brindar la cobertura integral de la escolaridad de un menor discapacitado en una escuela determinada, al concluirse que no se había aportado a la causa indicación médica alguna que hiciera referencia a la conveniencia y necesidad de la concurrencia a dicha institución (y no a otra); se apreció que se había solicitado la prestación de escolaridad (por medio del presente amparo) un tiempo después del ingreso del menor a la institución, y no se había intentado demostrar la inexistencia de oferta educacional estatal adecuada.
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