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JURISPRUDENCIAMedida cautelar. Cobertura integral. Medida cautelar innovativa. Requisitos. Peligro en la demora. Derecho a la salud
Se hace lugar a la medida cautelar solicitada por la amparista, y en consecuencia se ordena al Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba que arbitre los medios para que, en un lapso de cinco días, se pongan a disposición los fondos pertinentes para posibilitar el comienzo de los trámites de importación de la aparatología necesaria para poder intervenir a la actora en la fecha programada. Para así decidir, el Tribunal consideró acreditada la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora en la salud de la menor discapacitada.
RIO CUARTO, 20/05/2015.
AUTOS Y VISTOS:
Estos autos caratulados: “B, E. G. EN REPRESENTACIÓN DE SU HIJA M. B. C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA – MINISTERIO DE SALUD.PROFE- PROGRAMA INCLUIR SALUD – AMPARO” (Expte. 2293073), puestos a despacho de estos Vocales a fin de resolver acerca del nuevo pedido de medida cautelar innovativa formulado por la amparista en la presentación de fojas 36/42.
Y CONSIDERANDO:
I) Que la actora, se presenta nuevamente ante el Tribunal y en función de lo oportunamente proveído ante el pedido de cautelar que fuera formulado al interponer la acción, expresa que, “…resultando óbice -según el criterio de VE- para el progreso de la medida cautelar solicitada en el escrito introductorio de la demanda la fecha de vigencia del presupuesto de los aparatos solicitados y la fecha tentativa de intervención quirúrgica…” viene a acompañar “…nuevo presupuesto de la firma Tecnosalud SA que se encuentra vigente y certificado médico con fecha probable de intervención respetando los días de demora que insumirá el proceso de importación…”.
En virtud de ello, e invocando “la urgente necesidad de asegurar la eficacia del tratamiento indicado” solicita que se ordene a la accionada que en forma inmediata, en un término perentorio de 24 horas y sin más dilación, otorgue la cobertura total y absoluta en forma gratuita del tratamiento indicado por el Dr. F. R. O. consistente en el implante coclear cuyas características describe -a lo que nos remitimos-, cuyo costo asciende a la suma total de … dólares estadounidenses (U$S …), cuyo pago, afirma que debe hacerse previamente a la Empresa Cochlear Americas por transferencia bancaria a los fines de iniciar los trámites de importación.
II) Ante el nuevo pedido formulado por la actora, y dado que se encuentra vencido el término acordado a la accionada para que practique el informe que prescribe el art. 8 de la ley 4915, sin que hasta la fecha lo haya efectuado, corresponde a este Tribunal, según lo indicado en el decreto de fojas 27/vta., efectuar una nueva valoración de la situación, particularmente en función, además, de la documental ahora agregada.
En tal rumbo, consideramos que con los nuevos elementos acompañados se encuentran acreditados, en el caso, tanto la verosimilitud en el derecho como el peligro en la demora para la procedencia de la cautelar que se peticiona.
En cuanto al primero de los recaudos señalados, este Tribunal entiende que con los informes de fojas 6, 7/11 y 13/17 se encuentra a prima facie acreditada la situación de discapacidad de la menor involucrada en virtud de la patología que la afecta, como asimismo que el tratamiento cuya cobertura se persigue sería “la única alternativa para que la niña alcance los niveles del habla y comunicación adecuados” (conf. fojas 6).
En cuanto al segundo de los requisitos mencionados, el cual, en materia de salud se encuentra configurado por el hecho de que, de no ser admitida la tutela, el enfermo podría ver vulnerado su derecho a la salud y a su integridad física, los cuales se encuentran receptados en nuestra Constitución Nacional, Constitución Provincial y demás instrumentos internacionales a los que se les ha otorgado jerarquía constitucional, somos de la opinión que el mismo resulta de lo anteriormente señalado, y de que, de no hacerse lugar a la cautelar que se solicita se correría el riesgo de que la menor no pueda ser intervenida en la nueva fecha para la cual la cirugía ha sido reprogramada (esto es: 25 de agosto próximo, según certificado de fojas 31), debiendo tenerse en cuenta fundamentalmente, y esto en orden a la verosimilitud mencionada en primer término, que el nuevo presupuesto acompañado lo es con una vigencia hasta el 12 de junio del corriente año (fojas 32/33), y sobre todo que la reprogramación de la intervención ha sido efectuada teniendo en cuenta la demora de los trámites de importación, lo cual posibilitaría contar con la aparatología necesaria para que la misma pueda ser realizada en la fecha indicada, teniendo en consideración que obran sendos informes (fs. 6 y 7/11), en los cuales se da cuenta, en principio, no solo de la viabilidad de la intervención y su conveniencia para la menor, sino también la posibilidad concreta de su realización (ver certificado de fs. 31).
Acaso esta decisión pudiera verse -en una primera mirada- como contradictoria con la adoptada por la mayoría de esta Cámara en la causa “Carpinetti de Suárez, Gabriela y Omar Rodolfo Suárez c/ Osecac – Amparo”(AI 122/2007), empero, ocurre que en la presente, a diferencia de aquella, a nuestros ojos, y con los nuevos elementos de juicio allegados, lucen más suficientemente acreditados los referidos recaudos de verosimilitud del derecho y del peligro en la demora, más aún teniendo en cuenta que, entre otras cosas, según se dijo en el proveído de f. 27, era necesario esperar el informe previsto en el art. 8, el que, al no haber sido producido, dota al caso de una plataforma fáctico-jurídica suficientemente diferenciada y más sólidamente expuesta (con la documentación ahora presentada) que la existente en aquel precedente y de allí que las soluciones, en cada caso, no sean coincidentes.
Por ello, bajo responsabilidad de la solicitante y la fianza de tres letrados de la matrícula, las cuales deberán ofrecerse y ratificarse en legal forma, corresponde que se haga lugar a la medida cautelar solicitada por la amparista, y en consecuencia, se ordene al Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba- Ministerio de la Salud de la Provincia de Córdoba – PROFE – PROGRAMA INCLUIR SALUD, que deberá arbitrar los medios para que en un lapso de cinco días se pongan a disposición los fondos pertinentes para posibilitar el comienzo de los trámites de importación de la aparatología detallada en el presupuesto de fojas 32/33, cuya copia -certificada por el Tribunal- deberá acompañarse al oficio respectivo. A dichos efectos, deberá oficiarse, siendo a cargo de la interesada la confección y el diligenciamiento del oficio.
Asimismo, y atento las constancias que surgen del expediente, en especial el estado del trámite, dispóngase que, una vez protocolizado el presente, los autos sean devueltos a la Secretaría del Tribunal a los fines de que se provea lo pertinente para la prosecución de la causa.
Por todo ello;
SE RESUELVE:
I) Bajo responsabilidad de la solicitante y la fianza de tres letrados de la matrícula, que deberán ser ofrecidas y ratificadas en legal forma, hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la amparista, y en consecuencia ordenar al Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba- Ministerio de la Salud de la Provincia de Córdoba – PROFE – PROGRAMA INCLUIR SALUD, que arbitre los medios para que en un lapso de cinco días se pongan a disposición los fondos pertinentes para posibilitar el comienzo de los trámites de importación de la aparatología detallada en el presupuesto de fojas 32/33, a cuyo fin líbrese oficio acompañando al mismo copia del referido presupuesto, siendo a cargo de la interesada su confección y diligenciamiento.
II) Disponer que, una vez protocolizado el presente, sea devuelto a la Secretaría del Tribunal a los fines de que se provea lo pertinente para la prosecución de la causa.
Protocolícese y hágase saber.
FDO. DRES. DANIEL GASPAR MOLA VOCAL, HORACIO TADDEI VOCAL, PABLA CABRERA DE FINOLA SECRETARIA.
CERTIFICO:| Que la resolución que antecede no es suscripta por el Dr. José María Ordoñez por haberse acogido el mismo a la jubilación a partir del día 1 de mayo pxmo. pdo. (conf. Ac. 223 Serie “A” del 23/4/15) según lo previsto, para estos supuestos, por el art. 382, ultimo párrafo, CPCC (reformado por ley 9129). Oficina, 20 de Mayo de 2015.
FDO. PABLA CABRERA DE FINOLA SECRETARIA.
Ll. V., L. A c/Swiss Medical SA s/prestaciones quirúrgicas – Cám. Fed. Córdoba – Sala B – 21/11/2014
002154E
