Tiempo estimado de lectura 45 minutos
Mis documentos Documentos Relacionados
JURISPRUDENCIA
En la ciudad de Azul, a los diez días del mes de Julio del año Dos Mil Trece, reunidos en Acuerdo Extraordinario el Señor Juez de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctor Jorge Mario Galdós, el Sr. Juez de la Sala I, Dr. Ricardo César Bagú y el Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial N° 4, Dr. Jorge Raúl Cataldi, con quienes se integró la Sala debido a las excusaciones de los Dres. Víctor Mario Peralta Reyes (conf. fs. 6291) y María Inés Longobardi (conf. fs. 6292), para dictar sentencia en los autos caratulados «BARNETCHE PEDRO S/ SUCESIÓN» (Causa N° 57494), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Doctores GALDÓS, BAGÚ y CATALDI.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-CUESTIONES-
1ª.- ¿ Corresponde decretar medidas ordenatorias?
2ª.- ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 3507/3510 ?
3ª.-¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-VOTACION-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Galdós, dijo:
I. En el marco del proceso principal (el juicio testamentario de Pedro Barnetche) la materia ahora sometida a decisión constituye una cuestión incidental (la determinación de la validez y eficacia jurídica de la intervención del doctor J.M.T. en su alegada condición de albacea testamentario del causante; arts. 175, 177, 184 y concs. C.P.C.) Por ello, y dada la cantidad de cuerpos que integran el expediente (treinta), el tiempo transcurrido desde la presentación inicial, la naturaleza de las cuestiones principales deducidas y los trámites pendientes, corresponde adoptar medidas instructorias y ordenatorias tendientes a simplificar, concentrar y ordenar la prosecución de la causa, con la mayor economía de trámites, evitando que la resolución de temas conexos incidan desfavorablemente en el curso del proceso (arts. 34 inc. 5. ap. a), e), 36 inc. 2 y concs. C.P.C). En tal sentido, y aunque resulte sobreabundante mencionarlo, los deberes-poderes del Juez como director del proceso (Díaz de Vivar, Elisa en Highton Elena- Areán Beatriz (Dir) «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación» T I pág. 549) comprenden también sus facultades ordenatorias en las cuestiones incidentales (Arazi-Bermejo-de Lázzari-Falcón-Kaminker-Oteiza-Rojas «Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires» TI pág. 80).
Por consiguiente: 1) procédase por Secretaría a la formación de una pieza separada incidental (caratulada Incidente del doctor J. M. T.) para lo cual deberán desglosarse algunas fojas y extraerse fotocopias de las principales piezas vinculadas con el tópico en discusión (que se certificarán también por Secretaría). A esos fines deberán: 1.1. desglosarse las fojas siguientes: 4/15, 16/23, 3507/3510, 4141/4156, 4242/4246; 1.2 agregar fotocopias, que se señalan como necesarias e importantes de fs. 4/15, 19/35, 36/40, 41/44, 47/52, 108/109, 143/144, 145/146, 158/163, 4252/4257, 3473/3474, 3492/3496, 3503/3505; 2) ponerse estas actuaciones de manifiesto en Secretaría por el plazo de cinco días para que las partes, de entenderlo conveniente, individualicen otras fojas o piezas documentales que integren el precitado incidente. El desglose de las piezas originales se efectuará dejando en autos copias certificadas. 3) Cumplido remítase sin más trámite a Primera Instancia el proceso principal (arts. 34 in 5 ap. a), e); 36 inc. 2 y 175. 177, 178, 184, y concs. C.P.C.).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Bagú y Cataldi, y por sus mismos fundamentos, adhieren al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor GALDÓS, dijo:
I. 1. Con fecha 08-9-06 el doctor J.M.T. promovió el juicio sucesorio testamentario de Pedro Barnetche, denunciando a tales fines que había tomado conocimiento que el causante había fallecido el día 06-9-06 en la ciudad de Bolívar. Fundó su legitimación en su designación de albacea contenida en la cláusula décima del testamento por acto público otorgado por Barnetche con fecha 25-9-87 por ante el notario L.M.S., que en copia simple luce agregado a fs. 5/9 (fs. 16/18vta.). Cabe destacar que dicho letrado también acompañó dos testamentos posteriores otorgados en fecha 27-5-88 y 19-01-89, modificatorios del primero pero que mantenían -con ciertas variantes- su designación como albacea (confr. copias de fs. 10/12 y 13/15). En dicha pieza inicial el letrado requirió del Juzgado una serie de medidas tendientes a determinar la composición del patrimonio relicto. Y, pese a haberlo indicado en el acápite del encabezamiento intitulado «Documentación Acompañada», omitió agregar el certificado de defunción del causante, documentación que luego le fue exigida por el Juzgado en dos oportunidades como recaudo previo a proveer lo solicitado en el escrito inicial (fs. 19 y 23).
En tal estado de cosas, a fs. 36/37vta. compareció Graciela Altamirano invocando su condición de legataria con sustento en las copias certificadas de los testamentos por acto público otorgados con fechas 02-5-06 y 16-5-06 por ante el escribano H.S.P., que se glosaron a fs. 27/30 y fs. 31/31vta. Justificó el deceso del causante con la copia certificada del acta de defunción de fs. 32/32vta. A partir de esa documental solicitó la apertura del juicio sucesorio testamentario de Pedro Barnetche, petición que fue favorablemente receptada mediante la resolución de fs. 38, que la tuvo por presentada, parte en el carácter indicado y declaró abierto el juicio sucesorio del causante. A fs. 41/43 el doctor T. agregó copia certificada del acta de defunción de Barnetche.
Ponderando que los testamentos presentados a fs. 5/15 habían sido otorgados con anterioridad al obrante a fs. 27/30, la resolución de fs. 44 postergó la declaración de validez de dichos instrumentos para cuando se agregue el informe del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Sin perjuicio de ello, y luego de reputar al doctor T. como parte interesada, resolvió hacer lugar a las medidas de conservación de bienes peticionadas en el punto 4 de su presentación de fs. 17 y ordenó librar los mandamientos y oficios del caso. Dicha resolución fue impugnada por la legataria Graciela Altamirano mediante los recursos de revocatoria con apelación en subsidio (fs. 108/109vta.), cuya sustanciación se ordenó a fs. 110, siendo contestado a fs. 158/163vta.
2. La resolución de fs. 3507/3510 (ver cuerpo 18) admitió la revocatoria impetrada, a cuyos fines valoró: que la intervención del albacea presentado a fs. 16/18 y a fs. 22 y 43 careció de eficacia y efectos jurídicos atento a que el testamento en que funda su designación (de fs. 5/15) había sido revocado expresamente por el testamento posterior que la recurrente agregó a fs. 36/37 en su carácter de legataria; que en razón de esta última presentación a fs. 38 se abrió el juicio sucesorio; que por ello, la resolución posterior de fs. 44 no podía dotar de validez al testamento de fs. 16/18, ya que en ningún momento se atacó al testamento posterior de fs. 27/31 o se declaró que fuera compatible con el precedente; que refrenda lo expuesto la circunstancia de que el albacea recurrido se presenta a dos días de haber fallecido el causante y sin tomar los recaudos indispensables para la apertura del sucesorio como la presentación del certificado de defunción; que teniendo en cuenta que los testamentos que presentó eran de fecha 25-9-1987 y 27-5-1988, no era aconsejable actuar con tanta celeridad en cuanto al inicio de la sucesión, sin antes haber requerido información al Registro de Testamentos, máxime reparando en la cantidad de testamentos otorgados por Barnetche; que el art. 3828 del Código Civil modificado por Ley 17.711 dispone que el testamento posterior revoca al anterior; que no sólo existe imposibilidad por incompatibilidad de cumplimiento simultáneo de los testamentos acompañados por el doctor T. y los agregados por Graciela Altamirano, sino que también en el último testamento el testador expresamente revocó todo testamento anterior; partiendo de la base de que el albacea testamentario sólo excepcionalmente puede promover el juicio sucesorio -cuando los herederos instituidos son remisos o median razones de urgencia en relación a los bienes que integran el patrimonio relicto- el intento de promover el presente sucesorio a dos días de acaecido el fallecimiento y sin que se verifique ningún motivo que lo justifique o disposición legal que lo fundamente, determina que la presentación del doctor T. de fs. 16/18 y fs. 22 carezca de eficacia y efectos jurídicos. Por ello no puede darse validez a dicha presentación ni a las medidas que requirió a fs.17 ni tampoco a sus sucesivas intervenciones en autos. Con fundamento en las consideraciones mencionadas, el a quo hizo lugar a la revocatoria impetrada dejando sin efecto el segundo párrafo de la resolución de fs.44, e impuso las costas al peticionante de fs.16/18 en su condición de vencido, difiriendo la regulación para el momento en que se regulen honorarios a los demás letrados intervinientes en el sucesorio, una vez aprobado el cuerpo de bienes.
3. La aludida sentencia fue apelada por el doctor J.M.T. (fs.4132/4133vta., cuerpo 21), quien fundó su recurso con el memorial agregado a fs.4141/4156vta. (cuerpo 21), que se ordenó sustanciar a fs. 4157 (cuerpo 21) y fue contestado a fs.4242/4246vta. (cuerpo 22) por los albaceas H.S.P., R. E.C. y J.C.F. patrocinados por los doctores G. M. y M.A.F. y a fs. 4252/4257 (cuerpo 2) por el doctor G. H. M. en su carácter de apoderado de Graciela Altamirano y patrocinado por el doctor A. F. (arts. 242, 245, 246 y ccs. del C.P.C.C.).
En la pieza recursiva de fs. 4141/4156vta. el apelante adujo que la resolución atacada lo agravia porque hace lugar a la revocatoria interpuesta por la legataria de cosa cierta Graciela Altamirano, y le impone las costas (difiriendo la regulación para el momento de aprobación del cuerpo de bienes o acervo hereditario). Estima que los agravios se vinculan a los siguientes aspectos del decisorio: a) que considera su intervención invocando la condición de albacea como carente de validez y eficacia; b) que considera que inició el sucesorio sin que exista un motivo justificante o una disposición legal que lo fundamente; que no existió premura y que omitió adoptar recaudos indispensables; c) que implícitamente declaró la existencia del derecho de la legataria de cosa cierta a iniciar el sucesorio e impugnar una decisión judicial que no afecta el objeto de su legado, como así también que ese derecho resultaría preferente al del apelante; d) la imposición de costas por la promoción del sucesorio y la solicitud de medidas.
El apelante critica la resolución apelada que considera que su intento de promover el presente sucesorio en base al testamento que lo designara albacea carecía de validez y efectos jurídicos debido a que tal instrumento fue revocado por otro más reciente y agregado al proceso con posterioridad por la legataria. Entiende que dicho argumento no constituye un fundamento válido del decisorio recurrido y justifica su revocación, desde que no comprende cómo un acto que ostenta todos sus requisitos esenciales puede carecer de validez o, menos aún, de eficacia jurídica. Entiende que así como el testamento posterior sólo sustituye para el futuro su actuación como albacea, la legataria carece de toda investidura que la legitime para promover el sucesorio. Considera que el reconocimiento de su parte del nuevo testamento y la aceptación de los albaceas en él instituidos, ocasiona su sustitución procesal y la ausencia de todo interés en formular una impugnación a la validez del testamento. Estima -más adelante- que la sentencia apelada eventualmente podrá dar andamiento al recurso previsto en el art. 14 de la ley 48, endilgándole -con el fin de abonar el terreno para un eventual remedio ante el Máximo Tribunal Federal- un sinnúmero de motivos que desde la faz doctrinaria y jurisprudencial avalan el acceso a la Corte (v. gr. prescindencia del de texto legal, vulneración de la división de poderes, abuso o arbitrariedad en el tratamiento de las constancias comprobadas de la causa y de las normas a ellas aplicables, omisión de tratar cuestiones esenciales, etc.). En ese orden de ideas afirma que el decisorio apelado omitió analizar la naturaleza jurídica y la legitimación de la promotora del sucesorio -legataria de cosa cierta-, porque hubiera concluido que Altamirano carece de legitimación para promoverlo. A partir de allí entiende que el a quo asimiló el legatario de cosa cierta con un sucesor a título universal o con un heredero instituido, lo que deviene inadmisible. Que desconoce su legitimación para promover el sucesorio en su condición de albacea testamentario y ante la inexistencia de herederos legítimos o instituidos, omitiendo tratar la validez de ese accionar que no se ve afectado por la presentación de un testamento posterior. Refiere que el decisorio apelado omite considerar que no existió controversia que le pueda ser atribuida, y que sin fundamento le impone las costas. Continúa sosteniendo que la resolución atacada omite considerar que se lo consideró desde un inicio parte interesada y se proveyeron las medidas que solicitó, se le confirieron diversas intervenciones, que luego se consideraron ineficaces. Puntualmente sostiene que el fallo, por un lado, reputa inválida, ineficaz y carente de efectos a todas sus presentaciones y del otro, en cambio, reconoce el derecho de Graciela Altamirano a promover el sucesorio sin otro argumento que el de haber acompañado un testamento posterior, admitiendo así su legitimación. Afirma que toda vez que la resolución de apertura del sucesorio no tiene por efecto reconocer o declarar derechos, carece de virtualidad para legitimar o deslegitimar a determinado sujeto, por lo que el a quo incurrió en un error sustantivo al confundir el concepto de legatario de cosa cierta con el de heredero y a partir del equívoco que le endilga no discriminó la legitimación de un heredero de la de un legatario de cosa cierta, al que le niega todo derecho a promover el sucesorio excepto que se verifique una inactividad de los que sí están legitimados y que medie una previa intimación. Pese a esas consideraciones, prosigue, el sucesorio tuvo su apertura formal debido a la promoción instada en su carácter de albacea legitimado por el testamento a tales fines. Agrega que la ineficacia es una consecuencia natural e inevitable que opera a la hora de evaluar legitimaciones procesales, derechos y regular honorarios. Luego, destaca que el único aporte de la legataria en su presentación posterior podría haber consistido en la agregación de la partida de defunción (documentación que, afirma, le había sido extrañamente negada a él al momento de iniciar la sucesión), ya que la promoción y el derecho a hacerlo (legitimación) estuvo a cargo del albacea y sin perjuicio de la prevalencia que debe darse a la denuncia del fallecimiento, sus medios de acreditación y adjunción del testamento en su primera presentación y, posteriormente, la adjunción del certificado de defunción con fecha 12-9-06, previo a la presentación de los nuevos albaceas. Sostiene que el Código Procesal se refiere a cualquier documento que justifique la muerte y que la falta de partida no empece al inicio de la sucesión, admitiéndose en algunos casos pruebas supletorias. Precisamente al promoverse la sucesión se explicó el impedimento, la urgencia que mediaba para la promoción y se requirió la agregación de la partida de defunción mediante oficio, de modo análogo al ofrecimiento de prueba en poder de terceros o que no se encuentra a disposición de la parte. Continúa afirmando que para el caso de que no se comparta la interpretación en torno a la ineficacia del decreto de apertura para la determinación de derechos, legitimación y honorarios, plantea su nulidad a los fines de ser abordada con el recurso, y a la que tilda de absoluta e insubsanable. A la vez considera que no puede considerarse consentida por su parte esa resolución en atención a que dadas las particularidades del caso (la extromisión procesal frente a la aparición de nuevos albaceas), hubiera significado vulnerar los deberes del albaceazgo y sobreponer derechos particulares colocando al sucesorio en una situación de conflicto que, recién plantea ahora debido a la invalidación de su accionar por parte del a quo. En subsidio de la ineficacia, impugna de nulidad del decreto de apertura por ausencia de legitimación manifiesta de la legataria para promover la sucesión sin intimar previamente a herederos o albaceas, respetar el plazo legal y justificar la necesidad de accionar por sí. Finaliza el acápite llamando la atención de que, pese a haber sido presentado primero, su escrito de promoción del sucesorio fue proveído con posterioridad al presentado por la legataria. Entiende que no corresponde reputar inválidos y carente de efectos jurídicos la promoción del sucesorio de fs. 16/18, la incorporación de testamento y su modificación y la del certificado de defunción de fs. 22, pues resultaba plenamente legitimado para dicha iniciación y su intervención en autos solo cesaría en el devenir procesal, al presentarse un testamento posterior y aceptar el cargo los albaceas en él designados. Que fue precisamente esta circunstancia la que motivó su solicitud de concluir su intervención en autos, pese a lo cual continuó dando su opinión frente a traslados que se le conferían, respecto de la legitimidad de casos en que podía verse genéricamente afectado el sucesorio. Entiende que nunca se consideró la existencia de las razones invocadas por la legataria Altamirano con relación a la carencia de derecho o de legitimación del apelante para el inicio del sucesorio. Cita doctrina y jurisprudencia que -bajo ciertas circunstancias- conceden legitimación al alabacea y sostiene que su presentación inicial prevalece por sobre la de la legataria. Razona que si la legataria de cosa cierta carece de derecho para promover el sucesorio y si los actos que él desplegó son nulos, podría arribarse a la absurda conclusión de que el sucesorio no se habría iniciado aún, habida cuenta que los albaceas posteriores no incorporaron documentación idónea alguna para abrir el proceso. Seguidamente critica que el Sr. Juez a quo haya considerado que la legataria de cosa cierta Graciela Altamirano posea derecho para promover el sucesorio, y menos aún que el mismo sea preferente al de él mismo como albacea. En el capítulo que destina a la normativa aplicable menciona que el Código de fondo no prevé que la legataria de cosa cierta, de cuota cierta o a título singular posea facultad para promover o continuar un sucesorio, ya que su actuación se asimila a la de un acreedor particular. Sostiene que no existe obstáculo para que una vez promovido un sucesorio aparezcan circunstancias que demuestren que quien lo ha iniciado o tramitado no revestía la condición de heredero con vocación o, incluso, de albacea, por la existencia de otros herederos forzosos o instituidos que excluyan al promotor o de un testamento posterior que nombra un albacea distinto. Que ello no conlleva que las actuaciones resulten inválidas o ineficaces. Que la legitimación inicial para promover un sucesorio puede verse revocada luego ex nunc. Critica que se le hubieran impuesto las costas de la incidencia, a cuyos fines expone tanto las conductas asumidas por los diversos sujetos intervinientes como así también por el juez. Finaliza sosteniendo que resultó un válido promotor del sucesorio, ya que lo hizo como consecuencia del fallecimiento del causante denunciado en la presentación inicial, fundado en circunstancias y medios de acreditación hábiles, posteriormente ratificado por el certificado de defunción, todo ello previo a la presentación de otros sujetos potencialmente habilitados. En cuanto a la imposición de costas, entiende que constituye una derivación del decisorio impugnado, que también debe revocarse. Cita doctrina y jurisprudencia en abono de su postura, y hace reserva del caso federal.
4. En la contestación de fs. 4242/4246vta. los albaceas H.S.P., R. E.C. y J. C. F. patrocinados por los doctores G. M. y M. A. F., refirieron: que el doctor T. designado albacea en un testamento revocado hace más de quince años, carecía de legitimación para iniciar el sub-caso, sobre todo teniendo presente que el Registro de Testamentos informó que el causante otorgó con posterioridad más de veinte testamentos y que había sido revocada aquella designación primigenia; que el doctor T. inició la sucesión sin acompañar la partida de defunción, que es un requisito sine qua non para la apertura de cualquier sucesorio; que posteriormente Graciela Altamirano inició la sucesión acompañando la partida de defunción del causante y originando así la apertura del sucesorio; pero luego de ello, nuevamente se presentó el doctor T. y dio origen a un proveído consentido en cuanto a la iniciación por parte de Altamirano pero no en cuanto a las medidas pedidas por él; en conclusión, el doctor T. jamás inició el sucesorio y tampoco realizó gestión útil; quien sí lo inició fue Altamirano porque, a diferencia del apelante cuya actuación resultó inoficiosa, sí acompañó certificado de defunción; que la revocación del testamento agregado por el doctor T. debido a la existencia de testamentos posteriores incompatibles con aquél implica que carecía de la calidad de albacea al momento de presentarse al sucesorio; que, por lo demás, el doctor T. jamás realizó actividad útil para la masa ni para los legatarios; que el testamento de fecha 02-5-06 revocó expresamente el de fecha 25-9-87, inclusive en cuanto a la designación de albacea del doctor T.; que por ello toda actuación suya tuvo carácter inoficioso, aún en el hipotético caso de la agregación de la partida de defunción en tiempo y forma hubiera permitido la apertura por haberse declarado válido el testamento en cuanto a sus formas, pues el testamento posterior lo revocó; que la revocación del testamento que lo designó albacea determinó que el doctor T. carezca de aptitud procesal para cuestionar la legitimación de la legataria; que, en cambio, Graciela Altamirano sí estaba legitimada para promover el sucesorio en su carácter de legataria de cosa cierta; que como surge del mismo testamento la mencionada no es simplemente una legataria de cosa cierta; que la presentación del doctor T., por inoficiosa, no tuvo virtualidad alguna para provocar el inicio del sucesorio. Cita doctrina y jurisprudencia en abono de su postura.
Por fundamentos sustancialmente análogos a los de los albaceas, en la pieza de fs. 4252/4257 Graciela Altamirano solicitó la confirmación del fallo apelado, con costas.
5. Llamados autos para sentencia, integrado el Tribunal ante las excusaciones de fs. 6291 y 6292, y firme ese llamamiento, el expediente se encuentra en condiciones de ser resuelto (fs. 6306/6308, 6309 y 6310).
II. El recurso es infundado.
1. Anticipo mi opinión en el sentido de que debe ser confirmada la sentencia interlocutoria de fs. 3507/3510 que admitió el recurso de revocatoria interpuesto y fundado por la legataria Graciela Altamirano, a fs. 108/109 vta., contra la resolución de fs. 44, segunda parte (en la que el Sr. Juez de Paz Subrogante tuvo por parte al doctor J.M.T. como albacea testamentario del causante, Pedro Barnetche) y la dejó sin efecto. Por consiguiente -y al ser privada de efectos jurídicos- devino inoficiosa la presentación del doctor T. que pretendió hacer valer su carácter de albacea en base a testamentos posteriormente revocados. Ello así, porque su presentación en el carácter mencionado resultó inoficiosa (por insuficiente, apresurada e inconducente).
Si bien el relato de los antecedentes vertidos en los resultandos de este pronunciamiento (conf. supra I) es suficiente para tener por reconstituidos los tramos esenciales de la cuestión a decidir, igualmente puntualizaré -reiterando- algunos de los aspectos de mayor relieve.
A fs. 16/ 18 vta., con fecha 8 de Septiembre de 2006, el doctor J.M.T. -con el patrocinio letrado de los Dres. L. I. A. E. y G. J. P. de V.- se presentó por derecho propio e invocando la calidad de albacea testamentario de Pedro Barnetche. Acompañó tres testamentos por acto público otorgados por el causante, todos ante el escribano L. M. S. titular del Registro N°16 de Azul: el primero de fecha 25 de Septiembre de 1987 (fs. 5/9; escritura pública N° …); el segundo de fecha 27 de Mayo de 1988 (fs. 10/12; escritura pública N°…) y el tercero del 19 de Enero de 1989 (escritura N°… a fs. 13/15). En el primero de ellos Barnetche, entre muchos actos de última voluntad, no teniendo herederos forzosos otorga legados a favor de: Alberto Larrinaga; Graciela Altamirano; Fernando Álvarez, Abel Alberto Leiva, Jorge Fernández e Isidro Azparren; Asilo de Ancianos Euskal Echea; Mercedes Ana Romo de Barnetche; Zahir Gustavo Rched; y otras instituciones de beneficencia de Bolívar. Asimismo instituye como único y universal heredero del resto de sus bienes a Alberto Larrinaga y, para el supuesto de que no lo sobreviva, en su reemplazo designa a su esposa María Angélica Manzo (cláusula 8ª). También nombró albacea testamentario «para que cumplan y hagan cumplir con las disposiciones de su testamento» a los citados Alberto Larrinaga y Zahir G. Rched para que «en forma conjunta, separada o alternativamente, intervengan en todo lo atinente a la distribución de los bienes legados como así también en la designación de las instituciones de beneficencia y en la cuotaparte de cada una de ellas» (cláusula 10ª). Igualmente designó albacea testamentario al doctor J.M.T. «para que entienda en toda la parte legal, asumiendo la representación de los legatarios de los autos sucesorios y asesorando jurídicamente a los co-albaceas». También dispuso que el Dr. T. asuma «la intervención en la disposición de los legados correspondiente» en caso de que cuando intervenga el Sr. Larrinaga como legatario y heredero instituido tenga conflicto de intereses con los restantes beneficiarios (cláusula 10ª). Finalmente decidió quiénes reemplazarían al Sr. Larrinaga como albacea en caso de que no lo sobreviva (cláusula 10ª; conf. testamento fs. 5/9). En los dos restantes testamentos Barnetche introdujo varias modificaciones, reemplazó a Alberto Larrinaga como legatario por Jorge De La Serna, mantuvo al doctor T. como albacea, y dispuso que el mencionado profesional «ha de asumir el lugar principal entre los tres albaceas designados, quedando facultado a tomar las decisiones principales y a resolver en caso de desidencia, por ser quien está verdaderamente compenetrado del pensamiento del testador» (fs. 14; cláusula 2ª).
Todos estos testamentos -como se dijo- fueron acompañados por el doctor T. en su presentación de fs. 16/18 vta. de fecha 8 de Septiembre de 2006, en la que manifestó que se enteró por los diarios del fallecimiento de Barnetche ocurrido el 6 de Septiembre de 2006. Esa presentación fue proveída por el Juez de Paz Letrado de Bolívar el mismo día (08/09/2006), requiriendo que se acompañe el certificado de defunción de Barnetche, omitido agregar, y las boletas de pago de aportes previsionales (fs.19). En la misma fecha (08/09/2006) se agregaron las boletas de pago del anticipo de aportes previsionales de los letrados, pero no así el certificado de defunción del causante, ya que -pese a lo que se manifiesta en el escrito respectivo- no se lo acompañó. (fs. 22). Por ello a fs. 23 se reiteró el proveído que dispuso que «acompañado que sea el certificado de defunción se proveerá» (sic fs. 23, del 08/09/2006).
Luego, el 11 de Septiembre de 2006, a fs. 36/37 vta., se presentó Graciela Altamirano promoviendo la sucesión testamentaria de Pedro Barnetche en su carácter de legataria. Para ello agregó el certificado de defunción, de fecha 6 de Septiembre de 2006 (fs.31), un poder general de administración otorgado a terceros (fs. 24/ 26) y dos copias certificadas de testamentos otorgados en fecha 2 de Mayo de 2006 y 16 de Mayo de 2006 (fs. 27/30 y 31/31 vta.). Por el primero de ellos el testador revoca y deja sin efecto todas sus anteriores manifestaciones de voluntad (disposición décima primera), incluido un testamento no agregado en autos de fecha 17 de Abril de 2006, y otorga trece legados de cosa cierta: al INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria); a la Asociación Conferencia San Vicente de Paul (Asilo de Ancianos de Bolìvar); al Hogar de Niños de Bolívar «Mi Casita y/o la denominación que corresponda a dicha institución»; a la Sociedad Biblioteca Popular «Bernardino Rivadavia» del Partido de Bolívar; a la Asociación Cooperadora del Hospital Subzonal de Bolívar; a José Antonio Bucca; a Graciela Altamirano; a Abel Alberto Leiva y su legitima esposa, a Walter Tomás Díaz, Alicia Julia Godoy, Jorge Omar Fernández, Héctor David Alzueta, Rubén Oscar Noblias y José Luis Ocampo; al Asilo de Ancianos «Euskal Echea»; al Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires; a la Municipalidad de Bolívar; al personal de enfermería de la Clínica Modelo de Bolívar Sociedad Anónima (cláusula 5ª, fs. 27/29 ). Igualmente, y entre otros puntos, designó como albaceas testamentarios a Agustín Fal, Julio Cesar Fal, Rubén Eduardo Crespo y H.S.P. para que actuando conjuntamente: «1) intervengan en todo lo atinente a la ejecución y distribución de los legados, a excepción de los legados referentes a las salas de Primeros Auxilios y a la Cooperadora del Hospital que deberán ser controlados por el Dr. José Antonio Bucca, quien tiene los conocimientos médicos y de salud necesarios, pudiendo designar a otras personas para que colaboren con él; 2) exigir el cumplimiento de los cargos, todos los cuales fueran impuestos en propio interés del testador; 3) realizar un inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del testador y toda medida tendiente a asegurar los bienes; 4) realizar la venta inmediata de los bienes perecederos así como de aquellos bienes muebles o semovientes que existan al momento de su fallecimiento; 5) depositar judicialmente o en el lugar que se determine el dinero, alhajas y la documentación indispensables que cuenten en su poder; 6) abonar todas las deudas que fueran reconocidas judicialmente; y 7) realizar todas las ventas necesarias para la ejecución de los legados ….» (conf. fs. 29 y vta.). Finalmente en el último testamento de fecha 16 de Mayo de 2006 Barnetche modificó cuestiones atinentes a la cremación de su cuerpo (fs. 31 y vta.)
Ambos testamentos -del año 2006- fueron agregados por Graciela Altamirano (fs. 36/37 vta.; el 11/09/2006) en el escrito de inicio «de la sucesión testamentaria» que se proveyó el día siguiente (fs.38, el 12/09/2006). Allí se la tiene por presentada, en el carácter invocado y se dispuso la apertura del sucesorio «atento lo que resulta del certificado de defunción agregado a fs. 32/33». Sólo con posterioridad a ello, a fs. 41/43 el doctor T. glosó el certificado de defunción que dio lugar a la resolución ahora impugnada a fs. 44 en lo atinente a ser tenido por parte interesada (como albacea testamentario de Barnetche)
En efecto, a fs. 44, el 12 de Septiembre de 2006, se proveyó que: 1) atento que el testamento presentado por T. (fs. 5/15 y sus modificatorias) es anterior al obrante a fs. 27/30 debía postergarse la declaración de validez para cuando se agregue el informe del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires; 2) «que no obstante lo expuesto y lo dispuesto por el art. 725 C.P.C. resultando el peticionante (el doctor J.M.T.) parte interesada corresponde hacer lugar a las medidas de conservación de los bienes peticionados…» (sic fs. 44), cuestión que al ser más tarde impugnada por Graciela Altamirano (fs. 108/109 vta.) dio lugar al dictado de la resolución que hoy arriba apelada.
Luego, a fs. 47/48, compareció al proceso (el 13/09/2006) el albacea testamentario J. C. F. (designado en los últimos testamentos del año 2006, acompañados por la legataria Altamirano, a fs. 29/37 vta.) quien solicitó se ponga a todos los albaceas en posesión del acervo hereditario, se dispongan medidas de seguridad y de inventario y que se designe administrador, lo que fue proveído favorablemente (fs. 49 y vta.). Todo ello con sustento -insisto- en los dos últimos testamentos (del año 2006) agregados por la legataria Altamirano. En la misma fecha (13/09/2006) se presentaron los otros albaceas (H. S. P. y R. E. C.) deduciendo las mismas peticiones (fs. 50/51), también proveídas (fs. 52) simultáneamente con las restantes (19/09/2006; fs.49 y 52).
A fs. 108/109 vta. la legataria Graciela Altamirano dedujo recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el segundo párrafo del proveído de fs. 44 que tuvo por parte interesada en su carácter de albacea al doctor T.. Ello así -afirmó- porque no está legitimado para promover el juicio sucesorio, carece de derecho preferente para promover la sucesión, disconformándose con cualquier acto que hubiere pedido, solicitando, finalmente, se dejen sin efecto las medidas de conservación que solicitó (fs. 108/ 109). La sentencia interlocutoria de fs. 3507/3510 que hoy arriba impugnada por el doctor T., hizo lugar a la revocatoria deducida.
2. La secuencia temporal de los actos procesales cumplidos ponen de manifiesto, nítidamente, que la resolución judicial apelada se ajusta a derecho porque la presentación del doctor T. invocando la calidad de albacea para abrir la sucesión, resultó inicialmente insuficiente, apresurada e inconducente.
El art. 724 C.P.C. determina que quien solicita la apertura del proceso sucesorio debe acreditar, prima facie, su carácter de parte legítima «y acompañar la partida de defunción del causante», lo que el doctor T. no cumplimentó en sus dos primeras presentaciones de fs. 16/18 y fs. 22, por lo que se le requirió su agregación con carácter previo a proveer sus peticiones (fs. 19 y 23). Luego, cuando finalmente acompañó el certificado de defunción de Barnetche (fs. 41/43), la sucesión ya se encontraba abierta a instancia de la legataria Graciela Altamirano (fs. 38) a tenor del escrito de fs. 36/37 y los testamentos que agregó, que son de fecha posterior a los acompañados en su oportunidad por el doctor T.. Por ende, la insuficiencia de las dos primeras presentaciones del doctor T. resultan de la inobservancia de lo prescripto en el mencionado art. 724 C.P.C. que requiere como prius fáctico y jurídico la presentación de la partida de defunción (para ordenarse la apertura del sucesorio). Bien señalan Fenochietto y Arazi que «este instrumento público constituye un verdadero «hecho constitutivo» del proceso, pues no acreditado de conformidad con las disposiciones legales, no hay juicio sucesorio» (Fenochietto, Carlos Eduardo- Arazi, Roland, «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación» T. 3, pág. 355). «La comprobación del fallecimiento del causante» -dice Alsina- es «el primer requisito para la apertura del juicio sucesorio» (Alsina, Hugo «Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial» T. VI, pág. 674). En antiguo precedente, aplicable al caso, se resolvió que la comprobación de la muerte del causante constituye el primero de los requisitos de apertura del sucesorio «a punto tal que se ha considerado que sólo es escrito inicial aquel en el que la parte, además de otros requisitos, prueba el fallecimiento del causante con la partida de defunción (conf. C.N.Civ. Sala F, 06/09/73 «Amigo y Méndez Teolindo J. y otro Sucesión.»; ED T.52 p. 136 con reenvío a Fassi «Código Procesal», T.III, p. 331 N° 2811). En idéntico sentido, y más recientemente, se decidió que «quien promueve el sucesorio o solicita medidas conservatorias o de seguridad debe acreditar prima facie el carácter de parte legítima. Ello constituye un presupuesto básico y común a las distintas clases de procesos sucesorios; de ahí que quien invoca el carácter de hijo debe acreditar el vínculo mediante la agregación de la partida de nacimiento expedida por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, siendo insuficiente para ello el haber iniciado una acción de reclamación de estado» (C.N.Civ. Sala D, 28/02/2012 «W., S.M. s/ Sucesión ab-intestato»).
Por consiguiente, no medió actividad útil del doctor T. en sus primeras presentaciones máxime que «el albaceazgo comienza, en principio, desde la apertura de la sucesión» (Fassi Santiago «Tratado de los testamentos», T.2, pág. 245). Sin apertura no hay albaceazgo válido (arts. 3279, 3357, 3606, 3710, 3714, 3751, 3766, 3767, 3844, 3845, 3851, 3853, 3854, 3857 y concs. Cód. Civ.; arts. 724, 725 y concs. C.P.C.; conf. fs. 42/43 y proveído fs. 44). Luego, cuando agregó el certificado de defunción y el Juez de Paz subrogante proveyó su pedido, la sucesión ya estaba abierta a instancias de una legataria designada en otro testamento revocatorio del anterior (fs. 38).
Adquiere singular importancia recalcar que cuando agregó el certificado de defunción no sólo estaba abierta la sucesión testamentaria y ordenadas las medidas conducentes (publicación de edictos, oficio al Registro de Testamento, citación de los otros legatarios) sino que ya obraban en el expediente los dos testamentos del año 2006, que designaban otros albaceas y excluían al doctor T..
3. La presentación del doctor T. fue intempestiva, por apresurada. Se efectuó a los dos días de fallecido Barnetche (el 06/09/2006), con tres testamentos otorgados en los años 1987 (07/09/87, fs.5/9); 1988 (27/05/88, fs. 10/12) y 1989 (19/1/98, fs. 13/15) que habían sido revocados (en el año 2006).
Lo apresurado de esa presentación inicial -realizada apenas dos días después del fallecimiento del causante sin contar con el certificado de defunción correspondiente-, no encuentra respaldo en la naturaleza de las medidas allí requeridas, las cuales claramente carecían de la pretendida nota de urgencia desde que sólo tendían a establecer cuál era la composición del acervo hereditario. En otras palabras, las medidas solicitadas de ningún modo justificaban la premura con la que el doctor T. pretendió iniciar el presente sucesorio (conf. petición fs. 17 y vta. punto 4). Ese injustificado proceder hizo además caso omiso de la circunstancia de que el fallecido había cambiado varias veces de opinión (otorgando tres testamentos entre los años 1986 y 1989) y que conforme el tiempo transcurrido hasta el año 2006 no resultaba inverosímil que hubiera nuevamente modificado sus actos de última voluntad (como efectivamente ocurrió el 2 de Mayo de 2006 y el 16 de Mayo de 2006). En los tres primeros testamentos -luego revocados- el doctor T. intervino no sólo como albacea sino también como testigo del acto (confs. fs. 4/9, 10/12, 13/15) y por entonces Barnetche lo consideraba -como lo mencioné- el mejor intérprete de su «pensamiento» (fs. 14 vta.). Pero -evidentemente- había dejado de serlo conforme a los últimos testamentos.
4. La presentación no sólo resultó apresurada por la inmediatez de su concreción, el tiempo transcurrido desde el otorgamiento del testamento y los varios cambios de voluntad del testador, sino también porque Barnetche -en esos testamentos luego revocados- había instituido heredero a Alberto Larrinaga. Ello, en principio, excluye la habilitación legal del albacea para pedir la apertura del sucesorio. En efecto «el albacea no puede, en principio, promover el juicio sucesorio sino cuando hay inactividad por parte de los herederos, esto es que cuando formulado el requerimiento en tal sentido, aquéllos fueron remisos y más aún, si se han instituido legatarios y no aparece un pasivo que deba ser pagado con urgencia, ni cargas impuestas por el testador, siendo, por otro lado nula la actuación de quien carece de legitimidad y nulo todo lo actuado como consecuencia de aquélla» (C.N.Civ. Sala A, 30/07/85 «Calcagno de Mattioni, Elvira»; L.L. 1985-D, 133; DJ 1986-1, 722; AR/JUR/279/1985).
En otra sentencia se decidió concordantemente que «cuando se ha instituido herederos (en el caso y en la cláusula octava del testamento acompañado por T. se instituyó heredero a Alberto Larrinaga, fs. 14 vta.) el albacea no es propiamente un ejecutor testamentario, sino más bien un encargado de vigilar el cumplimiento de la voluntad del causante. En consecuencia, el trámite del juicio sucesorio corresponde a los herederos y sólo en caso de manifiesta inactividad puede actuar el albacea para acelerar el procedimiento» (C.N.Civ. Sala E, 17/02/84 «Martínez Haedo, Irene. Sucesión»; L.L.1984-D, 684). Y son herederos los legitimarios o los instituidos por testamento (Fenochietto Carlos Eduardo-Arazi Roland «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación» T.3, pág. 358 punto 2, a). No debe perderse de vista -se resolvió en otro precedente- que «las funciones del albacea, si hay heredero, se ven grandemente reducidas y deben interpretarse restrictivamente sobre todo cuando no existen deudas que pagar, legados que entregar ni mandos que cumplir: en tal caso, sus funciones son nulas y su intervención en la sucesión -verdadera corrupción-no debe admitirse» (Cám. 1ª Civ. y Com. Bahía Blanca, 31/05/78, «Boggan de Argal, Juana», AR/JUR/1252/1978). Es que el albacea «es un mandatario póstumo cuya misión es hacer cumplir y respetar la voluntad del testador… Sus funciones son de contralor y vigilancia, no pudiendo sustituir a los herederos, porque éstos son los verdaderos titulares de los bienes; de modo que aquéllas deben ser interpretadas restrictivamente. De ello resulta que cuando existen herederos la actuación del albacea es secundaria» (Alsina, Hugo «Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial», T. VI pág. 683 N° f).
Dice Fassi, en consideraciones parcialmente trasladables al caso, que «el albacea no puede sustituir a los herederos, ni incurrir en inexcusable apresuramiento» (Fassi, Santiago C. «Tratado de los testamentos», T.2 pág. 268). En otro precedente se decidió que «la presentación de los albaceas sin que las circunstancias lo justifiquen, solicitando la apertura de la sucesión de la causante a sólo seis días de su fallecimiento, importa una desconsiderada celeridad que caracteriza la conocida «carrera» por abrir el proceso …» (Cámara 1ª de Apelaciones en los Civil y Comercial de Bahía Blanca, 31/05/79 «Boggan de Argal Juana» AR/JUR/3519/1979; conf. Areco Juan Segundo «El albacea testamentario» pág. 36).
En base a lo prescripto por los arts. 3851 y 3863 Cód. Civ. y recogiendo la opinión de Goyera Copello, se sentenció que «para poder llegar claramente a la conclusión de si puede o no abrir la sucesión el albacea testamentario, se debe tener en consideración una circunstancia que ha de ser decisiva: la existencia o inexistencia de herederos legítimos o instituidos. Cuando no hay herederos, las facultades del albacea son amplias y tiene la de promover la sucesión, ya que el propio Código le confiere la posesión de la herencia (art. 3854 Cód. Civ.). Pero en cambio si hay herederos, sean legítimos o instituidos, (como en el caso en juzgamiento, conf. testamento fs.14 vta.), entonces las facultades del albacea se restringen y corresponde a aquellos y no a éste la apertura de la sucesión…» (C.Civ., Com. y Cont. Admin. San Francisco,26/11/2008, «Moriondo de Rubiolo Elidia s/ testamentario», MJ-JU-M-41328-AR; MJJ41328). Empero, y luego de analizar las dificultades interpretativas de la aplicación concreta de ese criterio, el fallo concluye señalando la improcedencia de «la admisión indiscriminada de los albaceas como parte legítima para la promoción del juicio sucesorio del causante» (C.Civ., Com. y Cont. Admin. San Francisco,26/11/2008, «Moriondo de Rubiolo Elidia s/ testamentario»; MJJ41328; Goyena Copello, Héctor «Tratado del Derecho de Sucesión» T. II pág. 388; conf. también Medina Graciela «Proceso Sucesorio», T.I, pág. 141/142). Acota Goyena Copello (citado en el precedente referenciado), en coincidencia con Borda, que «generalmente el fin perseguido con estas actuaciones, las más de las veces apresuradas, es lograr los honorarios que las leyes de arancel fijan por el sólo hecho de la apertura, y que se debe a ello la jurisprudencia y doctrina moralizadora que tiende a sujetar al albacea dentro de los cánones estrictos a que debe ajustar su actuación cuando existen herederos» (Goyena Copello, Héctor «Tratado del Derecho de Sucesión» T. II pág. 388 cit.). Y luego, ya con referencia a la tramitación del juicio sucesorio acota que «tampoco le compete al albacea la tramitación del juicio sucesorio, debiendo sujetar su actuación a la vigilancia del trámite del expediente en protección de los intereses de los legatarios, ni aun cuando una cláusula expresa le encomiende la tramitación del juicio, lo que sólo podrá hacer habiendo inactividad manifiesta por parte de los herederos» (aut. y ob. cit. pág. 388). En esta misma orientación se puntualizó que «la actuación del albacea se encuentra restringida aunque el testador haya conferido la facultad de iniciar la sucesión, en alguna cláusula testamentaria y ello dado que, además de no fundarse en ninguna disposición legal, excede las normales atribuciones de vigilancia y control del cumplimiento de la voluntad del causante, que le son propias» (C.N.Civ. Sala A, 30/07/85 «Calcagno de Mattioni, Elvira»; L.L. 1985-D, 133; DJ 1986-1, 722; AR/JUR/279/1985). En palabras similares «cuando en una sucesión existen herederos, las funciones del albacea se ven «grandemente reducidas» o «notablemente restringidas», y los actos que deba desempeñar deben interpretarse restrictivamente…» (Pesaresi, Guillermo Mario «Honorarios en sucesiones» pág. 114; conf. Areco Juan S. «El Albacea testamentario» cir. Pág. 36/37).
Con ello se quiere significar que aún considerando los testamentos acompañados por el doctor T. -luego revocados- dicho letrado carecía de derecho para iniciar el presente sucesorio juntamente porque, al haber instituido en ellos herederos, el pretendido albacea carecía de derecho para promover la sucesión.
5. En definitiva:
-las dos primeras presentaciones del doctor T. resultan insuficientes -y por consiguiente ineficaces- porque no acompañó la partida de defunción de Pedro Barnetche (fs. 19 y 23).
-el doctor T. acompañó el certificado de defunción sólo después de que se abriera el juicio sucesorio (fs. 38 del 13/09/2006), en base a la última declaración de voluntad del testador (testamentos del 12/05/2006 y 16/05/2006 de fs.24/26 y fs. 27) a instancias de una legataria de cosa cierta (fs. 36/37), quien además solicitó otras medidas que sí fueron ordenadas (fs. 38 cit.).
-Julio César Fal se presentó y aceptó la designación de albacea contenida en un testamento de fecha posterior al acompañado por el doctor T. (fs. 47/48), siéndole admitida dicha presentación a fs. 49 (19/09/2006) simultáneamente con la presentación de los otros dos albaceas (fs. 50/51 del 13/09/2006 y proveído fs. 52 del 19/09/2006).
-la presentación (efectuada el 08/09/2006 por el doctor T.) fue apresurada, a los dos días de fallecido Barnetche (06/09/2006), y se concretó cuando obraban en autos los dos últimos testamentos del año 2006 que revocaban a los de los años 1987, 1988 y 1989 invocados.
-los tres testamentos acompañados por el doctor T. tenían alrededor de 20 años de antigüedad (años 1987/1989), y el causante ya había modificado su voluntad, mientras que los dos últimos son de Mayo de 2006.
-el testamento invocado por el doctor T. instituía heredero a Alberto Larrinaga
-no puede considerarse que concurrían en el expediente circunstancias que requirieran se adoptaran diligencias urgentes, perentorias o excepcionales (distintas o adicionales a las que son propias y ordinarias de cualquier proceso sucesorio conf. escrito fs. 16/18 y fs. 44). En realidad las medidas tendientes a determinar la composición del acervo sucesorio que además no ameritan semejante premura (fs. 16/18; art. 725 C.P.C.), fueron enseguida asumidas por los albaceas testamentarios que formularon también otras peticiones conducentes y concretas (vgr designación de administrador de la explotación agropecuaria a quien estaba realizando esa tarea, con facultades para pagar los sueldos; fs. 47/48 y fs. 49).
Por consiguiente, y conforme lo resuelto en la resolución impugnada, la presentación del doctor T., alegando revestir el carácter de albacea testamentario de Pedro Barnetche, es inoficiosa e ineficaz, la que así debe declararse, careciendo por consiguiente de derecho a la percepción de honorarios (art. 724 C.P.C.; arts. 3691, 3798, 3844, 3851, 3852, 3854, 3857, 3872 y concs. Cód. Civ.)
6. En otro agravio el recurrente aduce que Graciela Altamirano no está legitimada para promover el juicio testamentario, porque es legataria de cosa cierta y ese título es insuficiente. Este argumento no debe ser atendido porque al resultar el doctor T. ajeno al proceso, dado la ineficacia de su intervención, carece de legitimación e interés procesal para controvertir aspectos propios de un proceso judicial del que no es parte. Por lo demás, y a mayor abundamiento, la cuestión resultó superada porque comparecieron y tomaron intervención los otros albaceas y los restantes legatarios (conf. fs. 47/48, 50/51, 105/106, entre otros) teniendo particularmente presente que en los testamentos válidos existen legados y designación de albaceas -a diferencia del presentado por el doctor T.-Barnetche no instituyó herederos (fs. 27/31). Y todas estas actuaciones fueron consentidas y produjeron efectos jurídicos precluídos.
7. Finalmente acoto que los fundamentos y argumentos precedentes abordan todas las cuestiones esenciales deducidas en autos, dando cumplimiento al requisito constitucional y legal (arts. 168, 171 y concs. Const. Pcia. Bs.As.; arts. 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6, 164, 266, 272 y concs. C.P.C.). Digo esto porque las restantes cuestiones planteadas en la pieza de agravio quedan subsumidas o desplazadas por ese núcleo decisorio, toda vez que -conforme inveterada doctrina recientemente recordada por este Tribunal, en sentencia con primer voto del Dr. Peralta Reyes- «no resulta necesario examinar en su totalidad todos los argumentos de las partes, ya que corresponde ocuparse de los que aparecen relevantes en orden a la dilucidación del caso (C.S.J.N. Fallos 258:304; 262:222; 265:301, 272:225, entre otros; esta Sala causas N° 54764, 2/02/2011 «Larrumbe»; N° 55.997, 29/05/2012, «Calvo»; N° 57373, 18/06/2013 «Fauda Horacio A. c/ La Reja de Tandil SA s/ Cobro Sumario Sumas Dinero»). En definitiva: el examen y valoración de los puntos y capítulos abordados, por su entidad y gravitación, son suficientes e idóneos para abastecer el decisorio, con prescindencia de otras cuestiones anexas o complementarias (art. 168 Const. Pcia. Bs. As.; doct. S.C.B.A. Ac. 64422, 28/09/99; Ac. 72890, 19/02/2002, entre otras).
8. En autos no concurre ninguna razón valedera para apartarse del principio general de la derrota en juicio por lo que corresponde imponer las costas de ambas instancias al presentante perdidoso (art. 68 C.P.C.). En efecto se predica que «conforme el art.68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el principio general es la imposición de costas al vencido, y sólo puede eximirse de esa responsabilidad -si hay mérito para ello- mediante el pronunciamiento expreso acerca de dicho mérito, bajo pena de nulidad» (esta Sala causa N°53.704, 29/10/2009, «Giles, María Jaquelina Esther c/ Martínez José María s/Alimentos.»). En sentido similar Barbieri afirma que el principio general «consagra el criterio objetivo de la derrota en materia de costas, es decir, las mismas se imponen al vencido sin que se efectúe valoración alguna respecto de su conducta, lo que sí ocurre tratándose de sanciones procesales (arts.34, inc. 6° y 45, Cód. Procesal; Barbieri, Patricia en Highton Elena I.-Areán Beatriz A. «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación» T. 2 pág.54). En autos no concurren circunstancias objetivas que permitan apartarse de esos parámetros (arts. 68 y 69 C.P.C.).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Bagú y Cataldi, y por sus mismos fundamentos, adhieren al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
A LA TERCERA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor GALDÓS, dijo:
Atento lo acordado al tratar la cuestión anterior, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., corresponde: 1) disponer que por Secretaría se forme pieza separada incidental en los términos indicados en el ap. I, punto 1 de la primera cuestión y poner estas actuaciones de manifiesto en Secretaría por el plazo de cinco días para que las partes, de entenderlo conveniente, individualicen otras fojas o piezas documentales de que integren el incidente conforme lo resuelto (ap. I punto 2 de la Primera Cuestión); 2) confirmar la resolución apelada de fs. 3507/ 3510 que -en concreto- declara ineficaz e inoficiosa la actuación del doctor J.M.T. en su alegado carácter de albacea testamentario de Pedro Barnetche, con costas en ambas instancias, atento revestir el carácter de perdidoso (arts. 68 y 69 C.P.C.); 3) diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 51 ley 8904).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Bagú y Cataldi, y por sus mismos fundamentos, adhieren al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
SENTENCIA
Azul, de Julio de 2013.-
AUTOS Y VISTOS:
CONSIDERANDO:
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) disponer que por Secretaría se forme pieza separada incidental en los términos indicados en el ap. I, punto 1 de la Primera Cuestión y poner estas actuaciones de manifiesto en Secretaría por el plazo de cinco días para que las partes, de entenderlo conveniente, individualicen otras fojas o piezas documentales de que integren el incidente conforme lo resuelto (ap. I punto 2 de la Primera Cuestión); 2) confirmar la resolución apelada de fs. 3507/ 3510 que -en concreto- declara ineficaz e inoficiosa la actuación del doctor J.M.T., en su alegado carácter de albacea testamentario de Pedro Barnetche, con costas en ambas instancias, atento revestir el carácter de perdidoso; 3) difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE por Secretaría y DEVUÉLVASE. Fdo.: Dr. Jorge Mario Galdós – Juez – Cámara Civil y Comercial – Sala II – Dr. Ricardo César Bagú – Juez – Cámara Civil y Comercial – Sala I – Dr. Jorge Raúl Cataldi – Juez -Juzgado Civil y Comercial N° 4 . Ante mí: Dra. Agustina Macaluso – Auxiliar Letrado – Cámara Civil y Comercial – Sala II.
«Epelbaum, Claudia Beatriz c/Guillermón, José Horacio (sucesión)» – Sup. Trib. Just. Jujuy – 18/06/2012
Cita digital:
