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JURISPRUDENCIAMenores. Abandono. Interés superior del niño. Adopción
La expresión de agravios constituye para el apelante una verdadera carga procesal trascendente. En ella deben precisarse punto por punto los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones. Es decir, deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebren la decisión del a quo, a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento, no reuniendo las objeciones genéricas y las impugnaciones de orden general, los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación.
En la ciudad de Trelew, a los 12 días de febrero del año dos mil quince, se reúne la Sala “A” de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Marcelo J. López Mesa y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Natalia Isabel Spoturno y Carlos A. Velázquez, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: “G., J. S. s/ Violencia Familiar” (Expte. N° 364 – Año 2014 CAT) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?, y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 464.
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Presidente de la Sala, Doctor Marcelo López Mesa, dijo:
Que a fs. 391/402 el Señor Juez de grado declaró el estado de adoptabilidad de las niñas B. M. M. y E. d. C. V., con costas por su orden y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.
El magistrado de la anterior instancia tuvo por acreditado que ambos progenitores de las menores exhibían perfiles de conducta inconvenientes para las niñas, pudiendo poner en riesgo incluso su salud e integridad.
Que a fs. 405 el Sr. J. R. V., por derecho propio, apela dicho decisorio y a fs. 407 el mismo es apelado por la Srta. J. S. G..
Ambos recursos son concedidos a fs. 408, siendo fundado el recurso del Sr. V. a fs. 410/413 vta. y haciendo lo propio la Sra. G. a fs. 414/419.
En el recurso del Sr. V. luego de referir extensamente los antecedentes de la causa se realiza un breve cuestionamiento de la sentencia atacada. Los dos primeros párrafos de ese memorial en el punto III) de fs. 412 son directamente abstrusos. El resto del memorial oscila entre asumir errores del pasado del propio Sr. V., echar la culpa de la situación en que se encuentran sus hijas a entidades oficiales que, se dice, no han cumplido su trabajo y prometer cambios de conducta a futuro. En eso se consume el memorial sin que obren en el mismo fundamentos objetivos enderezados contra la sentencia en crisis.
El memorial de la Sra. G. es idéntico al anterior salvo que se agrega a él tres acápites (Nros. III, IV y V) en los cuales en el nro. III se realiza un abordaje teórico de las cuestiones de familia con meros atisbos al final del mismo de ingreso a constancias concretas de la causa; el punto IV es íntegramente teórico no vinculándoselo con aspectos concretos de esta causa y el punto V implica el compromiso de la progenitora de revertir la situación que dio origen a la sentencia de grado. Luego de ello continúa el recurso en los mismos términos que el del Sr. V..
Corrido traslado de ambos memoriales a la contraria a fs. 420 son contestados a fs. 423/427 vta., expresando el representante de la Asesoría de Familia de Rawson que los agravios del Sr. V.son insuficientes para rebatir la sentencia que cuestiona y en cuanto al memorial de la Sra. G. aduce que ella no ha hecho nada para reasumir el cuidado de sus hijas, conforme le fuera indicado hace quince meses. Ingresando al tema de la realidad de los hechos del caso el Asesor de Familia puntualiza diversos episodios documentados en esta causa que fueron jalonando el proceso que llevó a la toma de la decisión que ahora cuestionan los apelantes.
Afirma que los apelantes han hecho una simulación de compromiso de abordaje institucional de su problemática, lo cual ha quedado acreditado con el informe agregado a fs. 387/389. Cita el Asesor diversas piezas e informes obrantes en la causa y comparte la conclusión del ETI que las niñas correrían graves riesgos psicofísicos si el Sr. V. reasumiera su cuidado.
A modo de conclusión de su contestación de memorial el Asesor de Familia expresa que “No parece ajustado a derecho que los niños queden sujetos a los vaivenes de los tratamientos de sus padres. De esto se trata el nuevo paradigma sobre la protección integral, al tomarse a los niños como verdaderos sujetos de derecho… El maltrato infantil nunca es justificable…”.
Agrega luego que “En todo plan de abordaje para la rehabilitación de la función parental existe algo obvio, pero que muchas veces no parece serlo. Los padres tienen un deber de colaboración con el proceso, las medidas y sugerencias que allí les indiquen. Esta conducta es propia de la buena fe procesal y del interés subjetivo que deberían tener los progenitores de querer revertir las conductas perjudiciales que les achacan en perjuicio de sus hijos y, en definitiva, también de ellos mismos. Nunca puede tener éxito un abordaje programado para la rehabilitación parental, si los padres no se quieren ayudar acompañando las medidas ordenadas”.
Concluye el Asesor que los progenitores del caso de autos son responsables de varias formas de maltrato infantil, descuido físico, falta de vigilancia, maltrato psicológico, agresión verbal, violencia física, etc., habiéndose constatado el desamparo moral evidente, manifiesto y continuo de las menores, por lo que auspicia la confirmación de la sentencia de grado.
Antes de ingresar al tratamiento jurídico de las cuestiones traídas a revisión de esta Sala, quisiera expresar que comprendo el drama humano que se encorseta en estas actuaciones: todo padre, siquiera por instinto, cree que sus hijos con nadie estarán mejor que con él; así ello no sea cierto, su sentir es ese y lo expresa todo lo fuerte y claro que pueda.
Después, que ese sentir se transmute en hechos concretos, en realidades cotidianas, en vivencias positivas compartidas, es otra cosa.
Claro que en temáticas de familia, donde están involucradas niñas menores, de escasos años de vida, no alcanza con pregonar intenciones, sino que ellas deben corresponderse con realidades concretas y tangibles, por cuanto un juez no puede apostar conscientemente con la vida y la integridad de menores, cuya situación tiene que proteger, en lugar de poner en juego.
Y si algo hemos aprendido en los años que en esta Cámara resolvemos cuestiones familiares y asistimos a audiencias relativas a ellas, es que la resolución de las cuestiones de derecho de familia, especialmente cuando hay menores involucrados, se resuelve en el día a día, en la calidad de vida de esas o esos menores, en la situación de su salud, en la posibilidad de realizar un proyecto de vida o verlo truncado, en si determinada situación pone en riesgo o no su salud, integridad y valores, etc.
Salvo casos de evidentes voluntarismos o direccionamientos de decisiones en base a predilecciones subjetivas del magistrado y al margen de las constancias de la causa, que cuando las hemos constatado han sido revocadas sistemáticamente, el juez antes que tomar la decisión que quiere, adopta la que puede, la que aprecia como más positiva o menos dañosa, de acuerdo a las circunstancias de la causa, la prueba acreditada en ella, y siempre, absolutamente siempre, anteponiendo a otras consideraciones la situación e interés de los menores. Eso es, en definitiva, el principio del interés superior del niño (art. 3, Ley 26061 y Convención de los Derechos del Niño).
De modo tal que una causa de familia, mayormente se resuelve en el día a día de los menores; el juez va encauzando la situación lo mejor que las circunstancias y su ciencia y percepción le permiten y cuando llega al momento de sentenciarla, la decisión muchas veces surge sola, emana prístina de las constancias de la causa, que muestran determinada foto, muchas veces incluso una película, con imágenes repetidas de abandono de menores, de falta de cuidados, de violencias explícitas o larvadas, de visualización por menores de episodios inconvenientes para su psique, que tornan necesaria, imprescindible, determinada decisión, aún cuando pueda ella ser dolorosa para alguna de las partes.
Por ello, si en derecho en general, son inconvenientes los preconceptos a priori o las predilecciones subjetivas, en derecho de familia lo son más aún, porque las circunstancias del caso concreto son las que marcan el norte a seguir. Por ello, debe apartarse uno de las racionalizaciones o teorizaciones excesivas o abstractas y ver con los ojos bien abiertos la realidad del caso.
El pensamiento racionalista clásico nunca advirtió que ni siquiera debería constituir una alternativa, la elección imposible entre el sistema conceptual y el problema a resolver, como centro del análisis y como motor de la solución. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, dicen los evangelistas (Evangelio de Marcos, 2:27-28). No se puede elegir entre mantener la coherencia de una idea y sacrificar la realidad a esa idea. Es una elección descabellada, imposible en sí misma.
Las ideas jurídicas son instrumentales, no constituyen un fin en sí mismas y deben ser aplicadas con tino y cautela. Por ende esgrimir ideas abstractas, sin relacionarlas concretamente con los hechos de la causa y sin demostrar cómo y por qué deben ser aplicadas al caso y que el resultado efectivo final que producen no sea inadmisible, habiendo menores involucrados en especial, no implica rebatir un pronunciamiento anterior desfavorable.
En nuestra opinión, la opción entra la realidad y el sistema ni siquiera existe, es una falsa paradoja, porque el derecho no es una baratija ornamental; el derecho sirve para solucionar problemas concretos, o no sirve. Una visión que aparte la vista de la solución de los problemas para enfocar grandes objetivos o declamaciones ha errado el objetivo.
Tampoco puede perderse de vista que, entre de las dos éticas de Weber debe existir un equilibrio. Muchas personas sueñan con que a los demás se los juzgue por sus resultados y a sí mismos por sus circunstancias, lo que significaría una manifiesta desigualdad. Circunstancias personales y resultados conductuales efectivos no deben ser deslindados, como si se tratara de compartimientos estancos, sino que deben ser apreciados en conjunto, pues la candidez o el excesivo optimismo es incompatible con la toma de decisiones sensatas sobre problemas acuciantes.
Y soy de los que creen que, quienes tiene menores a cargo, deben ser juzgados por ambos extremos: sus circunstancias personales, pero también las consecuencias y resultados que pueden producir en las vidas de esos menores.
Este pórtico introductorio, nos lleva directamente al tratamiento de las cuestiones traídas a revisión de esta Sala. En primer lugar, cabe decir que los puntos III, IV y V del recurso de la Srta. G. son inaudibles en autos, como que se trata de teorizaciones que carecen de incidencia en la resolución de la litis, como que se han volcado párrafos generales, sin vincularlos con la problemática de la causa, ni relacionar concretamente lo que allí se dice con lo ocurrido en la litis o lo sostenido en la sentencia de grado.
Es decir, que tales alegaciones postreras, que no fueron introducidas a la litis en la faz postulatoria del proceso, además de contravenir el art. 280 CPCC, resultan abstractas, dado que no se aposentan sobre un plano de realidad determinado, sino que permanecen en el cielo de los conceptos, sin poderse visualizar cómo y por qué ellas afectarían la vigencia de la sentencia de grado.
En cuanto al resto de los recursos, básicamente iguales, se limitan a exhortar a esta Cámara a que revoque la sentencia apelada, pero sin dar fundamento alguno de peso que patentice los errores u omisiones de la misma.
Es más, la sentencia de grado es una prolija reseña de situaciones, varias de las cuales por sí solas ya ameritarían la resolución que finalmente se dictó y en conjunto componen un panorama difícil de rebatir. La sentencia de grado, se comparta o no por los padres, ha realizado un completo abordaje de las cuestiones a decidir en este caso y les ha dado una solución fundada, extensamente fundada, en rigor.
Frente a tal decisorio, los sendos recursos que se impetraron, no han logrado demostrar el desacierto de éste, quedándose en la queja sobre la situación de los padres, en la asignación de culpas a organismos estatales, como el Servicio de Protección de Derechos, por no haber acompañado al Sr. V. en su terapia, luego pasando a la autoinculpación, reconociendo el Sr. V. “sus deficiencias graves en el cuidado de sus hijas”, así como sus problemas de alcoholismo (fs. 412vta.), pero pretendiendo inmediatamente relativizar estas graves situaciones por sus circunstancias, y volviendo a asignar culpas al Estado, a diversos organismos, etc.
Todos los presuntos agravios no son más que autoexculpaciones, o asignaciones de responsabilidades a otros, inculpaciones de compromiso por errores pasados -que se relativizan y se afirma apodícticamente que se han revertido- o promesas y declaraciones de intenciones a futuro. Pero no luce en ninguno de los memoriales la refutación de afirmaciones centrales del a quo, que directamente han quedado como no contradichas y, por tanto, han llegado firmes a esta instancia.
Piénsese que los apelantes no han rebatido, ni siquiera lo han intentado, las siguientes afirmaciones del a quo:
1) Fs. 398 vta. “Tras la verificación de su bajísimo nivel de implicación y el resultado de las medidas implementadas en el restablecimiento del derecho de sus hijas, es incuestionable que los progenitores no pueden pretender que se postergue el dictado de esta sentencia a las resultas del nuevo plan de rehabilitación de la competencia parental ordenado a fs. 367, habida cuenta que el tiempo que insumen los inciertos avances que pudieran obtener con el nuevo esquema de acompañamiento institucional… sería excesivo para las necesidades de ambas hijas, si comprendemos que ese plazo también impacta de manera relevante en su proceso de desarrollo”.
2) Fs. 400. “La intervención estatal en pos de procurar la unidad familiar y la continuidad de los niños con sus progenitores o en su caso con la familia ampliada, tiene un límite representado por el interés superior del niño. Al no verificarse mejorías sensibles en plazos razonables, la decisión debe inclinarse por declarar el estado de adoptatibilidad, para garantizar el derecho a la vida y al mejor desarrollo en una familia alternativa que pueda responder a sus necesidades, primero afectivas, luego de educación, cuidados y desarrollo (arts. 20 y 21 Convención sobre los Derechos del Niño)”.
3) fs. 401 “Si la presencia de algún integrante de la familia ampliada que pueda asumir con idoneidad la crianza de los niños obsta directamente al otorgamiento de la guarda con fines de adopción, debe examinarse en el caso concreto la habilidad y voluntad de tales parientes”.
4) Fs. 401 vta. “La improcedencia de insistir con un abordaje institucional que no arroja resultados por la falta de colaboración del núcleo familiar. Simplemente se trata de aprovechar el período de tiempo que se extiende desde el dictado de esta sentencia… hasta su confirmación o revocación por las instancias judiciales superiores…”.
Cada una de esas constataciones sentenciales de grado constituye una viga maestra de ese decisorio, teniendo aptitud para sostenerlo solo; y todas juntas, inatacadas, hacen que el mismo haya adquirido firmeza, incluso antes de llegar a esta instancia.
Más aún, cuando los agravios que analizo no constituyen otra cosa que cuestionamientos subjetivos, difusos, carente de precisión, que no conmueven las afirmaciones basales de la sentencia que pretende poner en crisis, sin lograrlo, con lo que ésta adviene firme.
Frente a tal panorama, no me queda más que aseverar que para que un recurso sea idóneo como tal, no bastan las frases enfáticas, sino que debe realizarse en él una ponderación razonada de la sentencia cuestionada, atacando la misma con fundamentos distintos a los expuestos en el fallo y no solamente con meras palabras que, en definitiva, no constituyen una exposición jurídica y lógica que demuestre que la sentencia es injusta y agraviante y no debe mantenerse (cfr. esta Sala, sentencia de fecha 22/10/08, in re “G., N. y otro c/T. S.A. s/Cobro de haberes e indem. de ley» (Expte. Nº 27- año 2008).
Es que, recurrir, si lo que se busca es la procedencia del ataque recursivo, requiere inexcusablemente demostrar con argumentos claros, patentes, el desacierto de la resolución recurrida, poniendo en crisis sus fundamentos, privándola de su apoyatura, para así hacerla caer (cfr. mi voto, en sentencia de esta Sala del 18/6/08, in re “V., L. N. y otro c/ L. ** d. J. S.C.T.T.L. s/ dif. de haberes e indem. de ley”, (Expte. Nº 22.389, Año 2007, registrada bajo el Nº 36 DE 2.008 – SDL; ídem, 12/11/08, “L., A. c/ S., R. s/ Cobro de pesos” expte. 117, año 2008).
El ataque recursivo debe ser frontal, preciso y completo, pues las aseveraciones subjetivas, los ataques parcializados, dejan incólumes las bases de sustentación de la sentencia atacada y, de rondón, producen que la misma adquiera firmeza, al quedar en pie bases suficientes para que ésta permanezca en vigor y con plenos efectos. Cuando una sentencia tiene varios argumentos que le sirven de puntos de apoyo, si el apelante no embate contra todos ellos o deja alguno sin impugnación adecuada y él es apto para sustentar por sí el decisorio, éste adquiere firmeza.
Lo que debe el recurrente realizar es un análisis preciso, orientado a la praxis y no a la argumentación teórica de por qué la totalidad de los argumentos empleados por el juez para justificar la solución del punto impugnado por el apelante son erróneos, o insuficientes o, incluso, farisaicos. Pero, bien entendido, que dejar alguno de ellos -con aptitud suficiente para sustentar debidamente el tópico- en pie, implica el naufragio de su recurso, que no está orientado a una puja de saberes abstractos sino a la demostración de vicios o yerros de gravedad que demuestren el desacierto o la incorrección grave y manifiesta de lo resuelto, al punto de mostrar al decisorio indigno de adquirir firmeza en ese punto.
Por ende, el cuestionamiento que debe intentarse a través de este recurso debe ser sustancialmente relevante y procesalmente correcto. Nada que no llene esos dos recaudos alcanza para la admisibilidad y procedencia del ataque.
De tal modo, no basta disentir con la interpretación dada por el juzgador sin fundar pormenorizadamente los errores u omisiones en que éste habría incurrido respecto de la valoración de los elementos traídos a juicio, en función de la significación de las normas que rigen en la materia (Morello – Passi Lanza- Sosa – Berizonce, Cód. Proc. Civil y Comercial comentado, T. III, p. 358). Y, en verdad, cuando se analizan las afirmaciones postreras de fs. 410/413vta. y 414/419 de los recurrentes, se aprecia que ellas carecen de detalle y poder convictivo, no logrando éstas acreditar siquiera mínimamente los presuntos errores que imputan al acto sentencial impugnado, en cuanto a la declaración de adoptabilidad de las menores tuteladas en autos.
Tampoco puede obviarse el informe de fs. 448/450 del Servicio de Salud Mental del H. S. Z. S. T., de Rawson, donde se constata que el proceso terapéutico de la Srta. J. G., madre de las niñas, ha logrado algunos avances, pero ellos son limitados y los esperables a corto plazo son acotados y puntuales y en la medida que continúe el tratamiento, el que ha interrumpido en diversas ocasiones.
Creo que todo ello patentiza la corrección sustancial del decisorio de grado y, paralelamente, la falta de rebatimiento adecuado de él por los apelantes, lo que basta para el rechazo de los recursos, lo que propongo al acuerdo.
Por tales fundamentos, habré de proponer a los colegas la confirmación del decisorio impugnado en cuanto ha sido materia de recurso y agravios, imponiéndose las costas de alzada en el orden causado, dada la problemática resuelta y las circunstancias del caso (cfr. art. 69 CPCC).
En cuanto a los estipendios profesionales, propondré la determinación de los de alzada correspondientes a las Dras. G. H. y P. N., letrados patrocinantes de los apelantes, en el …% de los honorarios que se le determinaran como honorarios de grado; y los del Dr. B. C., letrado de la Asesoría de Familia, en el …% de los honorarios que se le determinaran como honorarios de grado; tales porcentuales se corresponde con la importancia, mérito, trascendencia, calidad y resultado de las labores profesionales cumplidas en la alzada (arts. 5, 6, 8, 13, 18 y 46, Ley XIII N° 4).
Por los fundamentos expuestos supra, a la primera cuestión, VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A LA PRIMERA CUESTIÓN, la Dra. Natalia Isabel Spoturno dijo:
I. Los detalles esenciales del caso, la sentencia impugnada y los agravios expresados fueron suficientemente reseñados por el magistrado que me precedió en el voto. Para fundar en los hechos y el derecho mi voto individual, dando de tal modo cumplimiento a la manda constitucional, bastarán las consideraciones siguientes:
II. Luego de una atenta y detenida lectura de la causa y de la sentencia de primera instancia no puedo más que coincidir con el criterio expuesto por el magistrado ponente.
La sentencia de grado luce correcta, fundada de manera adecuada y, además, prolijamente documentada y respaldada en las constancias de la causa. La decisión tomada en el grado tuvo como norte el interés superior del niño y es ese mismo interés el que me lleva a coincidir con la propuesta efectuada por el Dr. López Mesa ya que entiendo que la solución más justa y que mejor se adecua a ese interés superior es justamente la confirmación del decisorio de grado (conf. art. 3 de la Ley 26061 in fine).
La atención principal al interés superior del niño a que alude el precepto citado apunta a dos finalidades básicas, cuales son la de constituirse en pauta de decisión ante un conflicto de intereses, y la de ser un criterio para la intervención institucional destinada a proteger al menor. El principio pues, proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los niños en el sentido de que la decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio para ellos. De esta manera, frente a un presunto interés del adulto, se prioriza el del niño (CSJN, Fallos 328:2870).
El niño tiene pues, derecho a una protección especial cuya tutela debe prevalecer como factor primordial de toda relación judicial, de modo que, ante cualquier conflicto de intereses de igual rango, el interés moral y material de los menores debe tener prioridad sobre cualquier otra circunstancia que pueda presentarse en cada caso concreto (CSJN, Fallos 328:2870).
El maltrato infantil del que han sido víctima las niñas se encuentra suficientemente acreditado en autos. Se encuentra acreditado también que los responsables directos de este maltrato han sido los tres progenitores. Las niñas fueron víctimas de descuidos físicos, falta de vigilancia, desatención de sus necesidades básicas, falta de apoyo emocional y de amor.
En claras y certeras palabras, en un voto que parece escrito para la causa que nos ocupa, dijo el Dr. Pettigiani: “Así, cierto es que la maternidad no constituye una omnipotestad biológica que confiere impunidad para incursionar en experiencias abandónicas o desarraigantes que dejen secuelas irreparables a los hijos durante el resto de su vida, por lo que no pueden ir y volver sobre sus pasos impunemente. El necesario punto de inflexión debe encontrarse en el superior interés del menor, y en este aspecto aparece la posibilidad de que el niño sea pasible de adopción, no como consecuencia de una sanción al padre sino como un remedio para el hijo, resultando en definitiva irrelevante, en principio, el motivo por el cual se produjo el abandono o desamparo que lo coloca objetivamente en grave peligro material o moral. Es que, al lado de las obligaciones estatales asumidas en procura del respeto o tutela del derecho del menor a la preservación de su identidad y de sus relaciones familiares, velando porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, el mismo texto internacional prevé razonablemente que esto último debería ceder cuando la separación se presente como necesaria en el interés superior del menor, como por ejemplo cuando sea objeto como en el caso de descuido o abandono (arg. arts. 8, 9, 19, Convención sobre los Derechos del Niño)”. (R., G. I. s. Protección y resguardo – 17/06/2009 – Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires – RC J 1934/10).
La situación de descuido y abandono se encuentra corroborada por el informe del ETI obrante a fs. 52/56. Allí se destaca por ejemplo que la madre desconoce la frecuencia de alimentación que requiere Elena para su edad. Esta grave omisión en el cuidado tuvo como resultado el cuadro de desnutrición profunda referido en el informe de fs. 180/182. Otro dato relevante y que dejó al descubierto el abandono en que se encuentran las niñas fue observado en la entrevista domiciliaria efectuada por las profesionales del ETI. Se destaca en el informe que Brisa no se encontraba adecuadamente vestida para la temperatura, que su bolsa de colostomía no había sido retirada, que su madre no recordaba cuando fue la última vez que la había cambiado, etc. Surge de manera palmaria de los informes obrantes en la causa que la madre no percibe las necesidades de sus hijas y que en consecuencia no puede hacerse cargo de las mismas.
En cuanto al Sr. V., los informes son también contundentes. V. reconoció en la entrevista que no se hace cargo de los cuidados de la niña puesto que “le correspondían a ella” (refiriéndose a la Sra. G.). Asimismo surge del informe que V. no percibe los constantes peligros a los que expone a su hija, no se ocupa del cuidado de su salud ni de su alimentación. Surge también que el Sr. V. consume alcohol en exceso y que ejerce violencia sobre la niña y su madre.
Por los motivos expuestos, considero acabadamente probada la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las niñas cuyas vidas corren permanente peligro en manos de sus padres.
Tampoco puedo perder de vista al momento de decidir que fueron recomendados a los progenitores diversos tratamientos que sistemáticamente fueron abandonados. No resulta admisible cargar todas las culpas sobre el abordaje institucional (como hacen los demandados en los agravios) sin asumir las responsabilidades propias. Es que, un sistema de ayuda y contención institucional únicamente puede ser útil a sus fines con el compromiso de los progenitores. Si falta ese compromiso -tal el caso de autos- cualquier abordaje institucional resulta inútil.
Esa falta de compromiso se ve reflejada en el informe del ETI obrante a fs. 307/308. En este informe luego de detallar las situaciones de abandono y descuido físico a las que estuvieron expuestas las menores por parte de sus padres, se reafirma que al momento de la evaluación (septiembre de 2014) la madre no evidencia haber adquirido las competencias y habilidades parentales que le permitan otorgarles a sus hijas cuidados integrales para un desarrollo saludable. El informe asegura que “no se trata de una deficiencia materna ocasional (circunstancial y actual), sino persistente, ya registrada en la intervención pasada de este ETI y que no evidencia modificación al momento de la presente evaluación” y concluye diciendo: “que J. S. G. no reúne las condiciones necesarias para reasumir el cuidado de sus hijas E. y B….”.
El informe del ETI correspondiente al padre (fs. 387/389) refleja que no es capaz de discriminar cuales son las necesidades emocionales de sus hijas y de responder adecuadamente a ellas. Concluye asegurando que esta deficiencia colocaría a las niñas en situación de riesgo psicofísico cuyo impacto puede generar secuelas graves en las diferentes áreas del desarrollo infantil.
Por las razones expuestas y analizadas las constancias obrantes en la causa, coincido con la conclusión a la que arribó el juez de grado cuando dijo en su sentencia: “Al día de hoy, estos padres carecen lamentablemente de los recursos para funcionar en forma protectora y segura”.
Con relación a los agravios expresados por los progenitores observo que los mismos no logran conmover los fundamentos del fallo atacado. Esas vigas maestras – transcriptas por el magistrado ponente- arribaron firmes a esta alzada. Cada uno de esos pilares sobre los que se asentó la sentencia de grado alcanza para sostenerla. Sumados, estos fundamentos aparecen tan sólidos que las generalidades y teorizaciones plasmadas en los agravios no alcanzan para derribarlos.
La expresión de agravios constituye para el apelante una verdadera carga procesal trascendente. En la misma deben precisarse punto por punto los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones. Es decir, deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebren la decisión del a quo, a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento, no reuniendo las objeciones genéricas y las impugnaciones de orden general, los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación. (Oresti, Norma S. y otro vs. Zárate de Aquino, Delia y otro s. Acción reivindicatoria – 05/09/2007 – Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Sala I de Azul – RC J 2150/09).
Por lo expuesto, acompaño la propuesta del Dr. López Mesa de confirmar el decisorio impugnado, imponiéndose las costas de alzada en el orden causado (art. 69 2° párrafo CPCC). Esto así por tratarse de una cuestión de familia no patrimonial en la que no corresponde atenerse al principio objetivo de la derrota como base de la condena en costas.
En cuanto a los honorarios por las actuaciones en esta segunda instancia, considero ajustados a derecho los propuestos por el Dr. López Mesa por cuanto los mismos se corresponden con la extensión, mérito, calidad y resultado de las tareas cumplidas en la alzada (arts. 5, 6, 8, 13, 18, 29 y 46, Ley XIII N° 4).
Por los fundamentos expuestos, a la primera cuestión VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Presidente de la Sala, Doctor Marcelo López Mesa, dijo:
En vista del acuerdo arribado precedentemente, el pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente:
1) CONFIRMAR el decisorio impugnado en cuanto ha sido materia de recurso y agravios.
2) IMPONER las costas de alzada en el orden causado.
3) REGULAR los emolumentos de alzada correspondientes a las Dras. G. H. y P. N., letrados patrocinantes de los apelantes, en el …% de los honorarios que se le determinaran como honorarios de grado; y los del Dr. B. C., letrado de la Asesoría de Familia, en el …% de los honorarios que se le determinaran como honorarios de grado.
4) REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.
Tal mi voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, la Dra. Spoturno expresó:
Tal como lo he adelantado, comparto la resolución propuesta por el Dr. López Mesa en todos sus términos, votando en consecuencia en idéntico sentido. ASÍ LO VOTO.
Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por haberse logrado la mayoría (art. 8 Ley V -Nº 17).
Trelew, … de febrero de 2015.
En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala “A” de la ciudad de Trelew, pronuncia la siguiente:
SENTENCIA:
CONFIRMAR el decisorio impugnado en cuanto ha sido materia de recurso y agravios.
IMPONER las costas de alzada en el orden causado.
REGULAR los emolumentos de alzada correspondientes a las Dras. G. H. y P. N., letrados patrocinantes de los apelantes, en el …% de los honorarios que se le determinaran como honorarios de grado; y los del Dr. B. C., letrado de la Asesoría de Familia, en el …% de los honorarios que se le determinaran como honorarios de grado.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
MARCELO J. LOPEZ MESA
PRESIDENTE
NATALIA I. SPOTURNO
JUEZ DE CAMARA
REGISTRADA BAJO EL N° __________ DE 2015 – SDF. – CONSTE.
JOSE PABLO DESCALZI
SECRETARIO
Umpierrez Magnone, Fortunato y otros c/Colmeiro, Noemí Graciela y otros s/daños y perjuicios – Cám. Nac. Civ. – Sala D – 08/05/2014
000185E
