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JURISPRUDENCIAObra cinematográfica. Referencia a un apellido. Acción de amparo deducida por familiares
Se desestiman las excepciones de falta de legitimación activa opuestas por los codemandados, y se rechaza la acción de amparo contra actos de particulares iniciada a fin de que se disponga la supresión de cualquier referencia que en relación a la familia Martínez de Hoz se hace en una obra cinematográfica de la productora demandada.
Buenos Aires, 01 de diciembre de 2015.-
Y VISTOS: Estos autos caratulados “Martínez de Hoz José Alfredo y otro c/ Macanudo Films s/ Amparo” para dictar sentencia definitiva, de los que,
RESULTA: I.- Que a fs.219/223 solicitan los actores José Alfredo Martínez de Hoz (h) y Alejandro Martínez de Hoz se dicte medida cautelar en los términos de los arts.230, 232 y concordantes del Código Procesal contra la empresa productora Macanudo Films, Osvaldo I. Bayer, Mariano Aiello y Felipe Pigna, a fin que se disponga la supresión de cualquier referencia tanto oral como escrita, imágenes y/o sobreimpresos que en relación a la familia Martínez de Hoz se hace en la obra cinematográfica denominada “Awka – Liwen”, así como el inmediato cese de su exhibición, comercialización y cualquier otro tipo de difusión, hasta tanto las tareas de edición para la exclusión de dichos pasajes no hayan sido íntegramente completadas.
Sostienen que las manifestaciones de los autos e intervenientes en el film lesionan gravemente sus sentimientos como miembros de la familia Martínez de Hoz, en tanto son hermanos de José Alfredo Martínez de Hoz y nietos de José Alfredo Antonio Martínez de Hoz, ex Ministro de economía de la Nación entre los años 1976-1981.
Indican que “Awka – Liwen” pretende ser -según la visión de los Sres. Bayer y Aiello (autores del guión y libreto cinematográfico)- la historia de las matanzas ocurridas en la República Argentina contra los indígenas, con la consiguiente expulsión de dichos pueblos de sus tierras y la apropiación de las mismas por descendientes europeos, y -según su opinión- la historia de la aún vigente cultura del racismo y discriminación contra los aborígenes.
Pero fundamentalmente se aquejan de que en el documento fílmico, los autores endilgan a su familia haber usurpado ilegítimamente territorios aborígenes, como consecuencia de haber financiado la llamada “Campaña del Desierto”, a través de la suscripción de un bono público emitido por el Gobierno Nacional bajo la ley 947 de fecha 5 de octubre de 1978.
En particular apuntan a varios pasajes del film. En primer término a la mención que realiza el historiador Felipe Pigna, al sostener que mediante “La Ley Avellaneda, que es la que financia con un bono que suscriben principalmente los integrantes de la Sociedad Rural Argentina, entre ellos José Martínez de Hoz … compra él solo 2.500.000 hectáreas a precio vil … Una campaña feroz de aniquilamiento. Además viciada de corrupción”.
Luego al relato de Osvaldo Bayer (coautor del guión del documental), quien afirma allí que: “José Martínez de Hoz, el primer presidente de la Sociedad Rural Argentina y bisabuelo del Ministro de Economía de Videla, obtuvo de esta forma 2.500.000 hectáreas. Un territorio más grande que la República del Salvador, en la cual viven casi seis millones de personas”.
También se refieren a la imagen que cierra las locuciones y que en forma de sello sobre el mapa del territorio patagónico remata: “José Martínez de Hoz – ha 2.500.000”.
Se agravian, a su vez, que a modo de parodia se incluye en el documental un antiguo material fílmico que mostraría a quien sería “José Alfredo Martínez de Hoz – Terrateniente”, pero sobre quien los actores afirman no pertenecer a su familia.
Sostienen que todo lo allí expuesto en cuanto a sus familias es falso y agraviante, que desnaturalizan la verdad por vía de una fabricación total de los hechos, y su inclusión constituye un ilegítimo, arbitrario y malicioso intento de deshonrar la reputación familiar.
Fundan tales argumentos en que ni José Alfredo Martínez de Hoz, ni ningún otro antepasado de su familia suscribió bono destinado a financiar la “Campaña del Desierto”, ni resultó adquirente de tierras en Argentina a través de dicho mecanismo de financiación, que nunca su familia fue propietaria de 2.500.000 hectáreas de tierras, que a la época de la sanción de la Ley Avellaneda y de la Campaña del Desierto (entre 1878 y 1885) no existía ninguna persona llamada José Martínez de Hoz, y que el más contemporáneo de sus antepasados a la fecha de la Ley Avellaneda, José Toribio Martínez de Hoz, falleció antes de su dictado, en 1871.
Mantienen sus afirmaciones por medio de la prueba documental que acompañan, consistente, entre otras, en copias de los documentos de los accionantes, el árbol genealógico de la rama familiar directa, partidas de nacimiento de los reclamantes y de su padre, copias de dos publicaciones que hacen referencia a José Toribio Martínez de Hoz, y cuenta particionaria y liquidación de su sucesión testamentaria de la que -afirman- no surge que fuera propietario de inmueble alguno en la Patagonia y que no tuvo ningún hijo llamado José o José Alfredo; trabajos de investigación histórica que incluyen el listado de personas y familiares que adquirieron por suscripción pública el bono emitido bajo la Ley Avellaneda y un plano catastral de la República Argentina editado en el año 1901 en el que se describe y reproduce cartográficamente las tierras de todas las provincias, de los que no surgiría la presencia de ningún antepasado como propietario de tierras en la Patagonia.
Con ello, afirman, se encuentra debidamente acreditada tanto la legitimación activa como la verosimilitud del derecho invocado; mientras que el peligro en la demora se configuraría por la continuación de la exhibición del film con falsedades en salas de cine y otros medios de difusión, así como la presentación del documental en escuelas, como se daría a conocer en el sitio web “Awka – Liwen”, bajo la voz “documental histórico”.
II.- A fs.224/227 tras encuadrar la pretensión como una medida cautelar innovativa, se decide desestimar el pedido cautelar, considerando principalmente que los valores en juego exceden el ámbito de decisión de una medida cautelar de despacho interino de fondo.
III.- Apelado dicho decisorio el tribunal de alzada resuelve a fs.246/248 reconducir la pretensión de medidas precautorias en amparo contra actos de los particulares a fin de bilateralizar la pretensión en la forma que allí se indica con más la aclaración de fs.251, lo cual se provee a fs.252.
IV.- A fs.253 los actores ofrecen nueva prueba.
V.- A fs. 284 se decreta la rebeldía de los codemandados Felipe Pigna, Osvaldo Bayer y Mariano Aiello, las que se dejan sin efecto a fs.332 y fs.448.
VI.- Sorteadas distintas nulidades de notificación y planteos de recusación, a fs. 521/523 el codemandado Mariano Aiello contesta el traslado conferido a fs.252.
Indica y transcribe las fuentes utilizadas para sostener los puntos referidos a la adquisición de bonos de la Ley Avellaneda y posteriormente la adquisición de las 2.500.000 hectáreas en la Patagonia.
Para el caso de las imágenes expresa que además de ser auténticas y ser copia original de la colección Martínez de Hoz del Archivo General de la Nación, tienden a demostrar el estilo de vida de una clase social en contraste con los pueblos originarios, y que es un ejercicio legítimo de su libertad de expresión.
Solicita por ello el rechazo de la acción, con costas.
A fs. 771/775 aporta nueva documentación.
VII.- A fs.761/770 contesta el traslado Felipe Isidro Pigna.
Plantea como excepción la falta de legitimación de los coactores, quienes afirman ser los nietos choznos de José Toribio Martínez de Hoz, pues sólo acreditan con partidas de nacimiento ser los nietos de José Alfredo Martínez de Hoz (h), agregando un árbol genealógico carente de valor legal, asumiendo una representación de ese conjunto vincular sin haber sido designados con tal objeto.
Manifiesta que la referencia hecha en la película corresponde a José Martínez de Hoz y no a José Toribio, no existiendo identidad acreditada entre uno y otro; y que los actores confunden familia con parentesco, conceptos que son diferentes. Entiende por ello que si hubiere derecho a accionar en defensa del honor de un antepasado, sólo correspondería a sus sucesores inmediatos vivos, señalando que sería difícil para José Alfredo -el abuelo vivo al momento de la presentación- salir en defensa del honor familiar al encontrarse procesado y con prisión preventiva por secuestro extorsivo y ser responsable del incremento ilegal de la deuda externa argentina durante el período 1976 a 1983.
Realiza una negativa genérica y particular de los párrafos del escrito inicial y agrega que el hecho que no existiese ningún Martínez de Hoz en los trabajos y publicaciones agregadas en autos, no permite la afirmación contraria en cuanto a que ninguno de sus antepasados hayan adquirido 2.500.000 hectáreas, pues el listado de propietarios no indica a qué Provincia y Partido se refiere y sólo se citan algunos pocos nombres de los principales terratenientes y no se afirma la inexistencia de otros.
Respecto al material fílmico informa que su participación estuvo circunscripta al aporte de datos históricos, sin ser guionista de la película.
Considera por ello que disponer la supresión de cualquier referencia de la familia Martínez de Hoz de la obra cinematográfica, así como ordenar el cese de su exhibición implica afectar el derecho a expresarse libremente y la garantía constitucional de publicar ideas sin censura previa.
Ofrece prueba y solicita el rechazo de la acción, con costas y multa por malicia procesal.
VIII.- A fs. 780 el codemandado Mariano Aiello acusa a la parte actora de conducta maliciosa y abusiva, cuyo traslado se dispone a fs.857.
IX.- A fs.882/892 contesta el traslado respectivo el codemandado Osvaldo Jorge Bayer.
Realiza una negativa general y particular de los hechos mencionados en el escrito inicial.
Plantea excepción de falta de legitimación activa, argumentando que los actores no se encuentran legalmente facultados para accionar. Indica que las personas presentadas afirman ser los choznos de José Toribio Martínez de Hoz, agregando para ello sólo un árbol genealógico elaborado por ellos que carece de valor; además asumen un representación familiar sin acreditar haber sido designados para dicho fin.
Y que aún asumiendo que la genealogía acompañada fuera real, resultaría que conforme a diversos trabajos -públicos y notorios- los antecesores directos de los actores han tenido conductas al menos polémicas. Que el primer Martínez de Hoz en la Argentina fue José, comerciante dedicado a la venta de mercaderías introducidas por contrabando y el mercado de esclavos negros, además fue ganadero y regidor del Cabildo porteño, Alcalde y militar; que su sobrino Narciso de Alonso Martínez continuó con los negocios de su tío y que en agradecimiento le agregó “de Hoz” a su apellido; que su hijo José Toribio fue fundador de la Sociedad Rural Argentina, entidad a la que adjudica intereses contrarios al pueblo argentino, salteando de allí y sin mencionarlo a quien fuera Ministro de Economía durante el período de facto de 1976 a 1983. Porque -agrega- no le pareciera que los actores se encuentren afectados por las imputaciones que se le hacen a alguno de sus antecesores del mismo apellido de haberse beneficiado con compras a precio vil de tierras fiscales arrebatadas mediante el despojo a los pueblos originarios.
Que respecto al film pone de relieve que no hay allí ninguna mención a la familia Martínez de Hoz, pues las referencias son respecto a José Martínez de Hoz, cuya existencia los actores niegan.
Ofrece prueba y solicita se dicte sentencia rechazando la acción, con costas y multa procesal.
X.- A fs.901/922 contestan los actores los traslados conferidos respecto de la documentación aportada por los codemandados y las defensas planteadas.
XI.- A fs.923/924 contestan los actores el traslado dispuesto a fs.857.
XII.- A fs.929 los actores desisten de la acción contra Macanudo Films.
XIII.- A fs.931 se difiere el tratamiento de las defensas de falta de legitimación activa para el momento de la sentencia y se fija audiencia en los términos de los arts.360 y siguientes del Código Procesal, pospuesta luego a fs.939 y 957, y dejada sin efecto a fs.976.
A fs.988/989 se provee la prueba y oportunamente producida a fs.1304 se clausura el período probatorio, providencia que a la fecha se encuentra consentida, colocando las actuaciones en condiciones de resolver.
Y CONSIDERANDO: 1°) En primer término corresponde decidir respecto de la excepción de falta de legitimación activa planteada por los codemandados Felipe Isidro Pigna y Osvaldo Jorge Bayer.
La defensa en cuestión, contemplada en el art.347, inc. 3 del Cód. Procesal, llamada también falta de acción, tiende a determinar si el actor o el demandado están envestidos de la “legitimatio ad causam”, esto es, si existe identidad entre la persona del actor y aquella a quien la acción está concedida o entre la persona del demandado y aquella contra quien se concede (conf. CNCiv., Sala “A” del 03/12/98, LL 1999-A-494, 41.211-S, íd. Sala “F” del 18/03/99, LL 1999-E-75, CNCom., Sala A, 24/04/98, LL 1998-E-411, entre otros) y “se configura cuando alguna de las partes no es la titular de la relación jurídica en que se sustenta la pretensión, con prescindencia de que ésta tenga o no fundamento” (CSJN del 16/02/99, LL 1999-E-454 y ED 183-482).
Pero dicho instituto también es de interpretación restrictiva, pues lleva aparejada la extinción del proceso, por lo que es presupuesto para su admisibilidad que revista carácter claro, indudable e inequívoco (CNCiv., Sala B, L.L.2002-E-578; CNFed. Civ. y Com., Sala I, L.L. 2000-A-84).
Al respecto ha quedado despejado desde el inicio de la medida cautelar que la acción fue planteada por José Alfredo Martínez de Hoz y Alejandro Martínez de Hoz, por derecho propio sin invocar ninguna otra representación, por cuanto las manifestaciones de los autores de la película “Awka – Liwen”, que consideran falsas, agravian a todos los descendientes de la familia Martínez de Hoz en general y a ellos en particular, siendo hijos de José Alfredo Martínez de Hoz y nietos de José Alfredo Martínez de Hoz (ex Ministro de Economía de la Nación entre los años 1976-1981).
Además José Alfredo Martínez de Hoz en ocasión de absolver posiciones aclaró que la decisión de iniciar esta acción fue suya y de su hermano y que no fue tomada en una reunión familiar (fs.1231vta.); mientras que Alejandro Martínez de Hoz, en igual situación, informó el modo en que preparó la demanda junto a su hermano, relatando incluso la compra de la película que hiciera personalmente a Mariano Aiello (fs.1296).
Los codemandados sostienen que quien aparece en el film no se trata de José Toribio -apuntado por los actores como comprador de tierras en el Partido de Gral. Pueyrredón – Provincia de Buenos Aires, sino José Martínez de Hoz y respeto de quien debería probarse la vinculación con los reclamantes.
Así las cosas, aún considerando que no se encontraría corroborada, por medio del árbol genealógico glosado a fs.120, la descendencia de los actores con relación a las supuestas personas individualizadas en el film, y que por otro lado a la luz de los datos suministrados por la Academia Nacional de la Historia se desvirtuarían los nombres que se mencionan en el documental, en tanto José Martínez de Hoz -fundador de la familia en la Argentina- falleciera en 1819 y que el primer José Alfredo Martínez de Hoz que se ha podido ubicar nació en 1895; tengo como única situación cierta que en el film se alude reiteradamente al apellido familiar que poseen los actores, razón suficiente para considerar justificada su legitimación en la medida de la afectación personal que plantean.
Corresponde por ello desestimar la defensa opuesta por los codemandados Pigna y Bayer y analizar la cuestión de fondo.
2°) Compete al órgano judicial dirimir los conflictos que se suscitan en las distintas causas judiciales.
En el caso, mediante el instituto del amparo contra actos de particulares -tal la reconducción que tuvo la causa-, se otorga una via idónea a los particulares para el acceso a la justicia y lograr una tutela judicial efectiva superando ciertos escollos de orden institucional y procesal.
Ahora bien, una cosa son los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional y otra los procedimientos judiciales establecidos para su salvaguarda por las leyes que reglamentan su ejercicio, de conformidad a las distintas situaciones, aspecto éste que debe ser respetado por los magistrados so pena de exceder los límites de su poder jurisdiccional (CSJN 300-II-12963).
El art.43 de la Constitución Nacional establece que “toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente, lesiona, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidas por esta Constitución”.
En otras palabras, la figura del amparo es de aplicación sólo en situaciones de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta puesto que no todas las violaciones arbitrarias e ilegales a los derechos pueden encontrar tutela en el amparo, y además requiere la inexistencia de otro remedio judicial más idóneo para efectuar el reclamo o para subsanar el grave daño producido por vía de dicho acto u omisión.
Por lo que quien solicita tal protección judicial debe acreditar en debida forma la existencia de la inoperancia de las vías procesales ordinarias a fin de reparar el perjuicio ocasionado, o que la remisión a ellas producirá un gravamen serio insusceptible de reparación ulterior.
Pero lamentablemente, a pesar del largo trámite impuesto, la sustanciación ordenada a los fines de las medidas cautelares solicitadas y la prueba producida, nos encontramos aquí en la misma situación indicada al inicio del trámite no acreditándose la irreparabilidad del daño denunciado, en virtud de lo manifestado a fs.151vta. por los actores: “…en tiempo útil promoveremos la acción de fondo contra los Autores, reclamando la reparación integral de los daños y perjuicios irrogados (cuyo producido, adelantamos, donaremos en su totalidad a “Sol Naciente Asociación Civil”, y requiriendo la publicación de la sentencia en periódicos y/u otros medios de amplia circulación (art.1071bis C.C.), a costa de los Autores”.
Es que a pesar de la decisión del superior de reconducir las postulaciones ante “…la necesidad de una urgente bilateralización que permita decidir con mayores elementos…”, a al momento de la decisión definitiva no pueden eludirse los presupuestos sustanciales de admisibilidad del amparo y la existencia de otro remedio judicial más idóneo para efectuar el reclamo, en tanto la acción de fondo que se menciona que se promoverá -de asistir razón a los demandantes- permitirá subsanar tanto los daños producidos, como resarcir íntegramente las afecciones alegadas.
El amparo no actúa como un procedimiento “comodín” que puede ser utilizado discrecionalmente por el justiciable para soslayar cualquier otro trámite o proceso judicial establecido por la ley para la adecuada determinación de su derecho; ni la encuadrada medida innovativa solicitada resultó a la postre el medio para obtener una declaración de certeza anticipada, tanteando de algún modo la suerte que pudiera depararle el acceso a la jurisdicción.
Es que, insisto, ante el reclamo de los actores por las supuestas falsas y agraviantes manifestaciones que en el documental Awka – Liwen se formulan contra la familia Martínez de Hoz, y haberse resuelto que “…la medida cautelar pedida evidentemente no tiene por objeto asegurar la eficacia de una sentencia a dictarse en un proceso principal, sino que es autónoma, lo que evidencia su inadecuación a lo normado por los arts.207, 230, 232 y concordantes del CPCC…” (fs.247vta.), debían irremediablemente recurrir a la vía ordinaria para reclamar la reparación perseguida; más aún cuando se encuentran en pugna distintos derechos y garantías de rango constitucional, como la honra, la dignidad, el derecho a la intimidad, la libertad de expresión y el derecho a expresar las ideas, sumado a un contexto de cuestiones históricas que evidentemente exceden el marco del presente.
Sobre una cuestión similar la Sala “M” de la Excma. Cámara del fuero decidió que “toda vez que la acción de amparo no introduce alteraciones en el régimen propio de las instituciones vigentes, no resulta admisible cuando existen recursos o remedios que permitan obtener la protección del derecho o garantía constitucional de que se trate. De allí que, por esta vía, no se pueden obviar las debidas instancias ordinarias, administrativas o judiciales. La existencia de procedimientos aptos para la efectiva tutela del derecho que se dice vulnerado, basta para el rechazo de la acción de amparo, máxime cuando el accionante no ha demostrado la ineficacia de las vías previstas por la ley o los estatutos para alcanzar la finalidad perseguida y, la cuestión planteada, no resulta de aquellas que podrían ocasionar un daño grave o irreparable. La hipotética lentitud que puede aparejar el trámite ordinario, no constituye, sin más, un argumento que justifique la procedencia de la vía sumarísima del amparo” (Gunawardana c/ Consorcio Combate de los Pozos 905 s/ Daños y perjuicios”, M181667).
En síntesis, no encuentro razones de mérito para el dictado de una sentencia de fondo en este proceso. No existe motivación alguna que supere la pretensión inicial, ni pronunciamiento que así lo habilite.
Por el contrario, de hacerlo -como se indicó anteriormente- excedería los límites del poder jurisdiccional y las garantías del debido proceso.
Por todo lo hasta aquí considerado, corresponde rechazar la acción entablada.
Las costas, en virtud de la particularidad del caso, la ampliación del trámite y la forma en que se decidió cabe imponerlas en el orden causado.
3°) En cuanto a las acusaciones de los codemandados respecto de la conducta abusiva y maliciosa de los actores, merece recordarse que resulta pasible de sanción aquélla conducta del litigante que traduce la actitud de quien deduce pretensiones o defensas cuya falta de fundamento no puede ignorar de acuerdo con pautas mínimas de razonabilidad, configurándose así la temeridad ante la conciencia de la propia sin razón.
A su vez, la malicia se tipifica como aquélla que consiste en la utilización arbitraria de las facultades procesales con el deliberado propósito de obstruir el curso del proceso o demorar su decisión (conf. L.L. 1994-D-459; L.L. 1997-D-835 y B, pág. 338).
Considero que ninguna de estas circunstancias se presentan en autos, y que las posiciones atacadas consistieron sólo en posturas y formas de presentación de las medidas precautorias y derechos cuya tutela se reclamara.
Por lo aquí considerado, RESUELVO: I) Desestimar las excepciones de falta de legitimación activa opuesta por los codemandados Felipe Isidro Pigna y Osvaldo Jorge Bayer.
II) Rechazar la acción reconducida como amparo contra actos de particulares iniciada por José Alfredo Martínez de Hoz (h) y Alejandro Martínez de Hoz contra Osvaldo Jorge Bayer, Mariano Aiello y Felipe Isidro Pigna, con costas en el orden causado.
III) Desestimar la aplicación de multa por malicia procesal requerida por los codemandados.
Difiérase la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para la oportunidad en que se encuentre firme o consentido el presente pronunciamiento.
Regístrese y notifíquese por Secretaría.
Eugenio Ricardo Labeau
Juez Subrogante
006396E
