Se mantiene el fallo en cuanto endilgó responsabilidad a la propietaria que ofreció la locación de su inmueble para una actividad comercial conociendo las construcciones clandestinas y que no se lograría la habilitación municipal, y también a la corredora -por el daño moral- por incumplimiento de su deber de poner en conocimiento de las partes las circunstancias relevantes para la contratación así como su deber de información, de modo que ninguna de ellas resulte dañada.
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