Se confirma el fallo que hizo lugar a la demanda de daños -agregando además el daño punitivo-, pues surge probada la falta de cumplimiento del deber de información que cabría exigir al proveedor para poner en conocimiento del consumidor futuras modificaciones a fin de permitirle optar por la rescisión del contrato y, además, la continuidad en el cobro de la tarifa de un servicio que dejó de prestarse por negarse el consumidor a la modificación aludida.
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