Se confirma la sentencia que ordenó al Instituto Provincial de Salud de Salta disponer la provisión y cobertura médica integral (en un 100 %) respecto de la prótesis indicada por el especialista tratante en favor de la actora, al no haber sido cuestionados el precario estado de salud de la amparista ni tampoco la situación económica invocada, que le imposibilitaban afrontar el elevado costo de los materiales protésicos que necesitaba para el tratamiento de su salud. Asimismo, se apreció que la exigencia del pago del porcentaje en concepto de coseguro en el caso concreto colocaba a la salud del accionante -bien supremo a proteger- en un estado de riesgo que no alcanzaba a repararse con la solución propuesta por la obra social, esto es, el reconocimiento del 80% del valor de la prótesis solicitada.
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