Se confirma la sentencia que ordenó a la obra social demandada proveer a los amparistas el procedimiento médico de fertilización asistida de alta complejidad por ovodonación, en tanto este se halla expresamente previsto por la ley 26.862, con basamento en el derecho constitucional a la salud, pues ya no se discute que la infertilidad se trata de una enfermedad.
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