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JURISPRUDENCIADaños y perjuicios. Mala praxis médica. Odontólogo. Historia clínica. Responsabilidad médica. Deber de información
Se hace lugar a la demanda por daños y perjuicios -mala praxis- iniciada por el actor contra los odontólogos demandados. Para decidir de este modo, se advirtió una actuación negligente por parte de los médicos al haber realizado la práctica odontológica sin haber puesto en conocimiento de la actora la grave situación física que padecía en su aparato bucal -pérdida ósea-, y que condicionaba cualquier tratamiento que emprendiera mediante la colocación de implantes en reemplazo de las piezas dentarias.
En Buenos Aires, a 11 días del mes de abril del año 2018, hallándose reunidos los señores Jueces integrantes de la Sala “H” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a los efectos de dictar sentencia en los autos: “R., M. O. c/ Idea Implantes dentales Estética y Arte y otros; s/ Daños y Perjuicios – Resp Prof. médica. Ordinario” y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, la Dra. Abreut de Begher dijo:
I- Vienen los autos a este Tribunal con motivo de los recursos de apelaciones interpuestos por la parte actora a fs.276 y por los demandados a fs. 269, los que son contestados a fs. 282 y fs.286, contra la sentencia de grado que hizo lugar a la demanda de responsabilidad por mala praxis profesional odontológica contra los accionados por la suma de $ 105.000, más intereses y costas del juicio.
Los demandados Claudio Romero y Javier Romero, por sí y como integrantes de la sociedad de hecho que gira bajo el nombre comercial de “Idea Implantes dentales estética y arte”, y la aseguradora Sancor Coop. de Seguros Ltda., expresaron agravios a fs.269/274.
Se quejan de la atribución de responsabilidad dispuesta por el a quo por los problemas que tuvo la actora con la colocación de tres implantes (dos premolares y uno molar). Dicen que la colocación de dos o tres implantes estaba sujeta al criterio profesional, por lo que tal aspecto no puede ser cuestionado; que las coronas que tenía colocadas no eran las originarias que colocaron los demandados, y que existió un abandono del tratamiento, en tanto fue asistida por otros profesionales. Reseñan los problemas dentales de la actora que impactaron en los implantes y la falta de seis piezas dentales; por lo que solicitan que se revoque el decisorio de grado.
A su vez, se agravian por la aceptación del rubro daño emergente y su cuantificación; al igual que el daño psicológico; e indican que toda vez que las cifras indemnizatorias fueron fijadas a valores actuales no corresponde aplicar la tasa activa desde el momento del hecho, sino un interés puro del 8%; de modo que solicitan la modificación de la sentencia en el sentido reseñado.
La actora cuestiona los montos fijados en concepto de daño emergente, daño psicológico y daño moral, por considerarlos exiguos.
II- Antecedentes.
a- La actora manifiesta que a mediados del año 2008 concurrió al consultorio de los accionados -con motivo de la publicidad televisiva de su ejercicio profesional-, y se convino el reemplazo de piezas dentarias mediante el pago de $ 5900 en dos veces.
Se colocaron los implantes de las piezas dentales 46, 47 y 48, lo que a su entender tuvo deficiencias por ubicarse “apiñados” por falta de espacio, provocándole serios inconvenientes posteriores. Dice que se sitúan fuera de línea, que no se colocó en forma inmediata una “prótesis provisoria”, y que la falta de plaqueta inicial contribuyó a que la perforación no fuera centrada adecuadamente. Que la colocación de las coronas 9 meses después, dejó espiras al descubierto, poco espacio interoclusal, haciendo que se produjera la “mordida de mejilla”, y que se tragara un implante.
En diciembre de 2009 consulta a otros profesionales para que le solucionaran las deficiencias, siendo atendida primero por la Dra. Vázquez, quien observa que el implante en P46 presenta movilidad, y que tenía que ser evaluada por un implantólogo.
El 16/11/2009 el Dr. Wessolovsky le pide una radiografía panorámica que demuestra que los implantes tienen una reabsorción ósea de 3 o 4 espiras, pilares cortos, y considera realizarle un puente. En igual sentido se pronuncia la Dra. Sabbatini en su informe del 1/12/2009.
El Dr. Castagna produce un informe fechado el 16/2/2010 que indica que los implantes tienen óseo-integración, que hay espiras en la cavidad bucal, que en los implantes hay emergentes y tornillos con desgaste pronunciado y poco espacio interoclusal como para realizar una prótesis fija definitiva, y que a esa altura era mejor realizar coronas atornilladas, debiendo desembolsar por ello $ 6.260.
b- El juez de grado analizó la relación contractual que unía a las partes, y dijo que el odontólogo, al igual que el médico, asume una obligación de medios, no de resultado, debiendo aplicar sus conocimientos a favor de la salud del paciente. Indicó que el factor de atribución es subjetivo, ya sea por impericia o negligencia.
Luego de analizar la prueba, en especial el dictamen de la perito odontóloga, Dra. Raquel María Huchan, y la informativa del Dr. Castagna, arribó a la conclusión que los demandados incurrieron en mala praxis profesional. Que podrían haberse efectuado solo dos implantes, en vez de tres, de acuerdo al espacio que existía para su colocación; que los implantes no se encuentran orientados en la línea media, y que en consecuencia, las piezas se ven apiñadas, lo que trae también una alteración de la articulación témporo-mandibular lado izquierdo, especialmente durante la masticación, más un trauma oclusal del lado derecho. Tuvo en cuenta que la actora presenta pérdida ósea o reabsorción ósea en un 50% en la zona de los implantes, y no se conserva mayor cantidad de reborde alveolar. Que la falta de solución de los profesionales demandados, hizo que la buscara a través de otros odontólogos, que colocaron una prótesis fija en porcelana con coronas atornilladas. Por tal motivo condenó a los accionados al pago de $ 15.000 por daño emergente; $ 60.000 por daño psicológico; y $ 30.000 por daño moral, más intereses conforme tasa pura del 8% anual desde la mora hasta la sentencia, y luego conforme la tasa activa del Banco Nación.
III- Analizaré en primer término la responsabilidad por la mala praxis médica odontológica atribuida a los accionados.
Tomaré las principales líneas argumentales de los demandados para dar respuesta a esos planteos: 1) que la colocación de dos o tres implantes estaba sujeto al criterio profesional, 2) que las coronas que tenía colocadas no eran las originarias que colocaron los demandados, por lo que la perito no tuvo presente esa circunstancia. 3) que existió un abandono del tratamiento, en tanto fue asistida por otros profesionales; y 4) que los problemas de base de la actora no se relacionan con el accionar médico.
La perito odontóloga dijo que estaba sujeto al criterio profesional la colocación de dos o tres implantes (contest. preg. g) puntos de pericia actora, fs.138); por lo que considero que nada más cabe agregar a esa lapidaria apreciación.
No debemos olvidar que cuando se trata la responsabilidad de los agentes de salud, la culpa médica solo comienza cuando se terminan las discusiones científicas (conf. Vázquez Ferreira, “Prueba de la culpa médica”, pág. 154/156 y jurisprudencia que recepta idéntica postura, esta Sala in re “Gorza, Facundo Nicolás c/ Sanatorio Anchorena S.A. y otro s/ daños y perjuicios (resp. prof. médicos y aux.)” del 7/12/2009; CNCivil Sala K, in re “C., L.M. y otro c/ S., J.B. y otros, s/ daños y perjuicios” del 7/10/2004). Por ello, si estaba sujeto al criterio del profesional colocar dos o tres implantes, nada puede achacárseles a los accionados en este sentido.
Ahora bien, es cierto que las coronas actuales no fueron colocadas por los accionados; pero debemos observar los antecedentes para establecer cual era el cuadro clínico de la actora en fecha cercana a la intervención, y como fueron los pasos que se siguieron para dar solución a su problema.
Los implantes fueron efectuados en la zona 45, 46 y 47. No hay historia clínica aportada por los accionados, pero en la radiografía panorámica de 2009 ya estaban colocados. Allí se observa una reabsorción ósea y pérdida ósea en la zona de los implantes, sin coronas.
Los implantes tenían solo un 50% de integración ósea, y también como dato relevante las coronas actuales no se encuentran orientadas en la línea media, por lo que a consecuencia de ello, se ven más apiñadas las piezas dentales, lo que provoca alteración témporo- mandibular lado izquierdo, especialmente durante la masticación.
La impugnación de la parte demandada y citada en garantía de fs.198 es respondida a fs.204, sin despejar claramente las dudas que presenta el tema. En efecto, la actora termina el tratamiento con otros profesionales, y no hay razón suficiente que lo justifique.
Fue acreditada la autenticidad del informe de fs.4 realizado por el odontólogo Castagna fechado el 24 de marzo de 2010 (ver fs.144), pero lo cierto es que no fue extraída esa información de sus registros, como el resto de las facturas que reconoció, sino de su propio dictamen, por lo que debió haber sido citado a una audiencia testimonial, con facultades de repreguntar de la parte contraria. Observo una evidente sustitución de prueba. Más allá de ello, lo cierto es que este profesional realiza un informe casi dos años después de la colocación de los tres implantes.
La odontóloga Sabattini reconoció que en diciembre de 2009 concurrió a su consultorio la actora para que le diera un presupuesto para la colocación de coronas sobre implantes realizados por otro profesional, indicando existencia de espiras con falta de hueso y pronóstico desfavorable, tal como surge de la documental acompañada (fs.120).
En la audiencia fijada por esta Alzada para que la perito brindara explicaciones, nuevamente la experta dijo que conforme la radiografía panorámica de 2009 la actora presentaba una pérdida ósea del 50%, y que para la colocación de implantes exitosos no debe haber pérdida ósea o ser ésta mínima, y que el hueso de la actora tenía un nivel que estaba en el límite entre la corona y la raíz. Esa pérdida ósea ya debió existir antes de los implantes. Expresó que “Frente a esa pérdida ósea que presentaba la actora, con un tejido óseo que no presenta mayor cantidad y calidad, el profesional debe explicar como será el acto quirúrgico y las consecuencias que ello puede traer, ya que la pérdida ósea incidirá en el anclaje, fijación y firmeza del implante”.
Dijo también que la realización de los implantes no estaba contraindicado, pero podían traer problemas posteriores.
Lo concreto es que la pérdida ósea fue anterior a los implantes y que ello era un hecho a tener en cuenta para la decisión médica. El dictamen pericial tuvo en consideración los antecedentes clínicos de la accionante.
Es sabido que la pérdida ósea (en este caso del 50%) puede causar cambios morfológicos, funcionales y estéticos, y que sólo un tratamiento hecho a tiempo (implantes dentales) puede lograr dar funcionalidad y estética de los dientes, y confianza en sí mismo al paciente (ver https://www.propdental.es/blog/implantes-dentales/causas-prevencion- la-reabsorcion-osea/, del 26/3/2018).
A esta altura, debe marcarse la importancia de la historia clínica, en tanto resulta ser un elemento valioso en los juicios de responsabilidad médica, y que en este caso no existe, o en el mejor de los casos no fue presentada por los galenos. La inexistencia de la historia clínica de la actora, quien fue atendida por los accionados en el consultorio de IDEA, constituye una presunción en contra de los demandados (ver Enzo F. Costa, La historia clínica: su naturaleza y trascendencia en los juicios de mala praxis, ED 168-962; Roberto Vázquez Ferreira, La importancia de la historia clínica en los juicios por mala praxis médica, LL 1996-B-807; conf. CSJN, del 4/9/2001, P. 120. XXXVI Recurso de hecho, in re «Plá, Silvio Roberto y otros c/ Clínica Bazterrica S.A. y otros»; entre otros).
La audiencia del día 5 de marzo de 2018 a la que fueron convocadas las partes, en presencia de la perito, como las explicaciones brindadas por la experta a fs.297/8, conjuntamente con el resto de las probanzas de la litis me permite observar una actuación negligente por parte de los odontólogos Claudio Romero y Javier Romero, al haber realizado la práctica médica sin haber puesto en conocimiento de la actora la grave situación física que padecía en su aparato bucal -pérdida ósea- y que condicionaba cualquier tratamiento que emprendiera mediante la colocación de implantes en reemplazo de las piezas dentarias.
Se advierte una verdadera omisión al deber de información que les correspondía a los profesionales. La obligación de informar (que incluye avisar, advertir y aconsejar) aparece como un deber jurídico implícito y accesorio de la obligación principal (ver Crovi, Luis, “El deber de informar al paciente. Origen, contenido y régimen leal”, en Revista Derecho Privado, Derechos del Paciente, Rubinzal, 2010-3, pág.108).
Existe una obligación de poner en conocimiento del paciente los aspectos relevantes del contrato -objeto de la información- que habilitan a la toma de decisiones compartidas y pertinentes, en beneficio de éste (ver Kraut, Alfredo, “Médicos y deber de información: responsabilidad civil en los casos de incumplimiento”, en Derecho Privado, libro homenaje a Alberto Bueres, Hammurabi, 2001, pág.1597).
Esa desatención, traducida en negligencia, los hace responsables de las consecuencias dañosas sufridas por la actora (conf. art. 512, 902, 1109 y cc C. Civil), por lo que propondré al Acuerdo de sala la confirmación del decisorio sobre este punto.
IV- Rubros indemnizatorios a- Daño emergente
Los accionados y la citada en garantía se agravian por la procedencia y cuantificación de este ítem en $ 15.000, mientras que la actora lo hace por considerar escasa su justipreciación.
La actora reclama bajo este rubro la repetición de las sumas abonadas por el tratamiento inconcluso que le hizo la accionada, más los derivados de prácticas odontológicas ulteriores para recomponer las secuelas resultantes, y las consultas a los diferentes profesionales.
La parte accionada expresa que si bien era opinable la intervención desarrollada por los odontólogos demandados, lo cierto es que era una práctica posible que estuvo justificada y respondió a las necesidades del momento. En relación a ello, debo señalar que los demandados no acercaron a estos actuados elementos que permitieran observar a ciencia cierta cual era la situación física de la paciente al comienzo del tratamiento, por cuanto solo tenemos una radiografía panorámica tomada un año y medio después de la práctica médica aquí cuestionada.
Se encuentra acreditado que se colocaron por medio de otro profesional tres coronas atornilladas sobre los implantes. En atención a las particularidades que reviste este caso, considero apropiado el monto fijado por el Magistrado, por lo que propicio su confirmación.
b- Daño psicológico
Los accionados y la citada en garantía se agravian por la cuantificación excesiva de este rubro y la actora por considerar exigua la cifra de $ 60.000.
Conforme la pericia realizada 6 años y medio después de la intervención odontológica (2014), observo que la actora tiene una personalidad de base de estructura neurótica, lo que le provoca sentimientos de inadecuación hacia el mundo, generando defensas tales como introversión y aislamiento; utiliza mecanismos de negación y represión. Tiene indicadores de ansiedad y depresión en sus verbalizaciones y técnicas. Es una mujer a la que se le habrían acentuado algunos rasgos de personalidad, como consecuencia de la práctica médica que vivió como un fracaso.
Indica la experta psicológa Lic.Aragomés que su incapacidad psíquica del 10% no es permanente, y que con un tratamiento adecuado podría reducirse en el tiempo (fs.185), por lo que propone sesiones de psicoterapia de una vez por semana por el plazo no inferior a los 6 meses, hasta un año (ver contestación impugnaciones fs.197).
Por lo tanto, considerando que la incapacidad psicológica no es permanente, y tomando como pauta la suma de $ 200 a $300 como el costo promedio de una sesión de psicoterapia, y multiplicado por 6 meses, propongo reducir el monto indemnizatorio a la suma total de $ 6.000 en concepto de tratamiento psicoterapeútico.
c- Daño moral
La actora y los accionados cuestionan el valor indemnizatorio de $ 30.000, una por bajo y los otros por alto.
Dentro de la órbita de la responsabilidad contractual existe un criterio restrictivo en material de reparación del daño moral (conf.art.522 CC).
La nueva legislación -que en este conflicto se recurre como doctrina aplicable- no hace diferenciación entre responsabilidad contractual y extracontractual, en tanto la existencia de un daño extrapatrimonial justifica su aceptación (conf. art. 1737; art. 1740; art.1741; ver Alterini, Jorge, Código Civil y Comercial Comentado. Tratado exegético, Ed. La Ley, 2015, T VIII, pág.243; Lorenzetti, Ricardo L; Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Rubinzal Culzoni, 2015, T VIII, pág. 500).
Nuestro máximo Tribunal ha dicho que para la valoración del daño moral debe tenerse en cuenta el estado de incertidumbre y preocupación que produjo el hecho, la lesión a los sentimientos afectivos, la entidad del sufrimiento, su carácter resarcitorio, la índole del hecho generador de la responsabilidad, y que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste (conf. CSJN, Fallos 321:1117; 325: 1156; 318: 385; entre otros).
La cuantificación de este rubro tiene una función netamente satisfactiva para la víctima (conf. Pizarro-Vallespinos, Tratado de Responsabilidad civil, Rubinzal-Culzoni, 2017, Parte General, T I, pág. 185). Se trata de afectar o destinar el dinero a la compra de bienes o a la realización de actividades recreativas, artísticas, sociales, de esparcimiento, etc., que le confieran al damnificado consuelo, deleites, contentamientos para compensar e indemnizar el padecimiento sufrido, inquietud, dolor; en definitiva, para aminorar las repercusiones en la esfera no patrimonial de la persona (ver Lorenzetti, Ricardo, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Rubinzal-Culzoni, 2015, T VIII, pág.504, comentario art.1741).
Si bien el Código de fondo establece en su nueva redacción que debe fijarse una suma que procure las satisfacciones sustitutivas y compensatorias, deja al arbitrio judicial la determinación de las cuantías resarcitorias (conf. Alterini, Jorge, Código Civil y Comercial comentado. Tratado exegético, La Ley, 2015, T VIII, comentario art.1741, pág.254).
En consecuencia, considerando que la actora tenía deficiencias importantes en su aparato bucal, que le faltaban 6 piezas, que se le colocaron tres implantes, y que luego sobre ellas se colocaron tres coronas atornilladas, no encontrándose acreditado los motivos por los cuales dejó el tratamiento odontológico de los accionados, considero apropiado justipreciar este daño en una cifra menor a la fijada por el Magistrado, ello es en $ 20.000.
V-Intereses
Sostienen los accionados que en atención a que las cifras indemnizatorias fueron fijadas a valores actuales no corresponde aplicar la tasa activa desde el momento del hecho, sino un interés puro del 8%; de modo que solicitan la modificación de la sentencia en el sentido reseñado.
Desde el 01/08/2015 entró en vigencia el Código Civil y Comercial que en su art. 7 fija las pautas de derecho transitorio. Como los intereses son consecuencia de una relación jurídica existente, debe aplicarse la nueva ley (conf. Kemelmajer de Carlucci, “Las relaciones y situaciones jurídicas en curso de ejecución”, en Claves del Código Civil y Comercial, Rubinzal-Culzonni, 2015, pág.152; Roubier, Le droit transitoire (conflits des lois dans le temps), 2ª.ed. Dalloz-Sirey, París, 1960, n°42, pág.198 y n°68, pág.334).
Dispone el art. 768 del Código Civil y Comercial que: “Intereses moratorios. A partir de su mora el deudor debe los intereses correspondientes. La tasa se determina: a) por lo que acuerden las partes; b) por lo que dispongan las leyes especiales; c) en subsidio, por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central”.
En el caso, no hay una tasa acordada entre las partes, y tampoco una establecida por leyes especiales. Por ende, solo resta acudir a tasas fijadas en alguna reglamentación del Banco Central.
Por otro lado, el art. 771 Cód. Civil y Comercial prevé que el juez debe valorar “el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación”. Esto significa que, en lo que aquí interesa, que desde el día de la mora el acreedor (víctima) se ha visto privado del capital al que tiene derecho, y que entonces se debe evaluar cuánto le hubiera costado el dinero si lo hubiera buscado en el mercado. Entiendo que para evitar la indeseable consecuencia de que el deudor moroso especule o se vea beneficiado por la demora del litigio, en desmedro de la víctima, la tasa de interés debe ser importante.
La fijación judicial de intereses para las deudas en mora procura resarcir al acreedor por la demora en percibir su crédito y castigar al incumplidor. La jurisprudencia ha resaltado el contenido disvalioso del incumplimiento y la necesidad de desalentarlo, conceptos que conviene recordar y tener presentes (véanse consideraciones de la mayoría en el caso “Samudio”).
Cuando se asigna a las deudas en mora una tasa menor a la que abonan -con arreglo a la ley, los reglamentos en vigencia y los pactos válidos- las personas que cumplen sus obligaciones con regularidad, se desplazan las consecuencias ya apuntadas de la morosidad hacia la sociedad y, en paralelo, se beneficia a los incumplidores.
Es sabido que el interés moratorio debe reparar, en principio, la pérdida de chance de aplicación de las sumas adeudadas a otro negocio redituable o en el detrimento temporal de la solvencia para afrontar deudas líquidas y exigibles por parte del acreedor afectado por la mora (ver Curá, José María, Código Civil y Comercial comentado, La Ley, 2da.ed. actualizada, 2016, T III, comentario art.768 CCC).
Esta Sala viene aplicando desde hace tiempo la tasa activa de interés, ya sea por aplicación de la doctrina del fallo plenario “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transporte Doscientos Setenta S.A.” del 20/4/2009, ya por considerar que no había motivos para cambiarla a partir de la vigencia del nuevo Código por una tasa pasiva u otra diferente. Sin embargo, un nuevo examen de la cuestión permite advertir que la tasa activa que aplica este tribunal no compensa al acreedor, para quien el costo del dinero es mucho más alto.
La tasa activa judicial conforme el plenario Samudio (tasa anual de 29,71% tomando del 1/9/2015 al 1/9/2016) resulta ser casi la mitad del impacto inflacionario anual -de público y notorio-, y mucho menor a las que se aplican en el giro comercial bancario (ej. Banco Nación Argentina, tasa de interés para préstamos personales con destino libre, T.E.A 58,60%).
Parece entonces que una tasa adecuada para estos casos sería la que surja de aplicar dos veces la tasa activa, pues su resultado, en definitiva, refleja el costo del dinero en el mercado para muchos usuarios.
No puede dejar de mencionarse que el artículo 16° de la ley 25.065, de Tarjetas de Crédito, prevé que «el límite de los intereses compensatorios o financieros que el emisor aplique al titular no podrá superar en más del 25%» a la tasa que aplique a las operaciones de préstamos personales en moneda corriente para clientes. Este límite, que fue convalidado por la Corte Suprema (“Proconsumer c/ Banco Itaú Buen Ayre S.A. s/ sumarísimo, del 17/05/2016, LA LEY 2016-D, 159, al no intervenir en el caso resuelto por la sala C de la Cámara Nacional en lo Comercial (fallo del 20/04/2012, publicado en el mismo lugar), es mayor – por el momento- a la tasa que en esta decisión se establece.
Se sigue entonces el criterio de nuestro Máximo Tribunal por el cual la determinación de la tasa de interés a aplicar -anteriormente conf. art.622 CC- queda ubicada en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa que interpretan los ordenamientos sin lesionar garantías constitucionales, en tanto sus normas no imponen una versión reglamentaria única del ámbito de la cuestión (conf. “Banco Sudameris c/ Belcam S.A.”, CSJN Fallos 317:507, ver La Ley 1994-C-30).
De este modo, desde la mora y hasta el 1/8/2015 correspondería la aplicación de la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina conforme el plenario “Samudio”(dado que hasta esa fecha y desde la mora, esta Sala entiende que la doctrina plenaria es obligatoria, como se ha sostenido en numerosos precedentes; ver “Nieto, Rubén Esteban c/ Cajal, Saúl Guillermo y otros s/ Daños y perjuicios”, Expte. 104.622/2011, del 12/06/2016; “Focaraccio, Georgina Vanesa y otros c/ Giménez, Ángel y otro s/ daños y perjuicios”, Expte. 95.334/2013, del 10/08/2008; “Medina, Daniel c/ Fernández Prior, Jorge s/ daños y perjuicios”, Expte. 100.900/2013, del 15/07/2016, entre otros); y a partir de allí y hasta el efectivo pago, el doble de la tasa activa premencionada. Sin embargo, en atención a que ello implicaría una reformatio en peius, corresponde confirmar el decisorio sobre este aspecto.
En relación al planteo formulado en el sentido que las cifras indemnizatorias fueron fijadas a valores actuales, por lo que solicitan los accionados que se imponga únicamente un interés puro, habré de señalar que conforme se estableciera en el fallo plenario del 16/12/58 “los intereses correspondientes a indemnizaciones derivadas de delitos o cuasidelitos se liquidarán desde el día en que se produce cada perjuicio objeto de la reparación” (Gómez Esteban c/Empresa Nacional de Transporte”).
Pues, la deuda de responsabilidad -cuyo incumplimiento constituye la fuente de los intereses- es previa con relación a la resolución jurisdiccional que la reconoce; y los daños cuya reparación se persigue por medio de esta acción judicial se han producido en forma coetánea con el hecho ilícito motivo de la litis; entonces, la obligación del responsable de volver las cosas a su estado anterior y de indemnizar los restantes perjuicios sufridos ha nacido a partir del momento en que tuvo lugar el obrar antijurídico.
En efecto, a poco que se observe que los intereses tienen por finalidad compensar al acreedor la indisponibilidad del uso de su capital, se advierte que si éste es debido desde el momento en que se produjo el daño (o lo que es lo mismo, desde que el damnificado se hallaba habilitado a reclamarlo), no existe motivo alguno para computar aquellos en forma diferente, por lo que debe ser rechazado este agravio.
VI-Colofón
Por las consideraciones precedentes, propongo al Acuerdo de Sala: I- Modificar las partidas indemnizatorias fijando en $6.000 el tratamiento psicológico, y en $ 20.000 el daño moral; II- Confirmar el resto que decide y fuera materia de agravios; III- Imponer las costas de Alzada por su orden, en atención a la forma de resolución del presente (conf. art. 68 CPCC).
El Dr. Fajre y el Dr. Kiper, por las consideraciones expuestas por la Dra. Abreut de Begher, adhieren al voto que antecede.
Con lo que se dio por terminado el acto firmando los señores Jueces por ante mí, que doy fe.
FDO. José Benito Fajre, Liliana E. Abreut de Begher y Claudio M. Kiper.
Buenos Aires, 11 de abril de 2018.
Y VISTO, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide: I- Modificar las partidas indemnizatorias fijando en $6.000 el tratamiento psicológico, y en $ 20.000 el daño moral; II- Confirmar el resto que decide y fuera materia de agravios; III- Imponer las costas de Alzada por su orden, en atención a la forma de resolución del presente (conf. art. 68 CPCC); IV- Difiérese la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes, hasta tanto se practique en autos liquidación definitiva. Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública, dependiente de la CSJN (conf. Ac. 15/13), notifíquese y, oportunamente, archívese.
FDO. José Benito Fajre, Liliana E. Abreut de Begher y Claudio M. Kiper.
G., C. R. c/R., E. L. A. s/daños y perjuicios – Cám. Nac. Civ. – Sala A – 07/08/2017 – Cita digital IUSJU021123E
028805E
