Se rechaza el recurso de casación interpuesto por la defensa contra la decisión que no hizo lugar a la solicitud de suspensión del proceso a prueba, por entender que el causante desempeñaba funciones al servicio del Estado (agente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) y que, en el ejercicio de su desempeño funcional, habría participado en el delito objeto de juzgamiento; por lo que resulta de aplicación la exclusión prevista en el art. 76 bis -séptimo párrafo- del Código Penal.
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