Se rechaza la medida cautelar solicitada a los fines de obtener la suspensión del acto administrativo, pues la medida plasmada en la resolución 341/APRA/2016 no lucía -prima facie- desproporcionada con relación al objeto perseguido por la ley 3147, la reducción progresiva y posterior prohibición en la entrega de bolsas no biodegradables por parte de los comercios para contribuir con la minimización en la generación de residuos y disminuir el volumen de la disposición final de aquellos que no sean biodegradables. Es que, aun cuando se acepte que la medida adoptada pueda importar -en los hechos- una limitación a la actividad que desarrollan los actores, que afectaría en algún grado su derecho a ejercer industria lícita, ello no basta para concluir en su ilegitimidad, ya que nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentos, ni a la inalterabilidad de los mismos.
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