Se hace lugar a la acción de amparo interpuesta por un alumno de una escuela privada secundaria que padece una discapacidad, y se condena a la escuela demandada a que extienda al amparista el correspondiente título oficial de finalización de sus estudios secundarios, obligando al GCBA a que lo legalice conforme a las normas administrativas. Asimismo, se decreta la inconstitucionalidad de la Disposición 25/DGEGP/2012 (conf. modificación de la Disposición 219/DGEGP/12 y los criterios establecidos en la DI-2011-00524745-DGEGP), en tanto impone al actor el cumplimiento de los contenidos mínimos del programa general de estudios como condición para la certificación final de sus estudios secundarios, sin tener en cuenta su condición y su derecho a una educación inclusiva.
Accion de amparo derecho a la educacion discapacidad estudios secundarios titulo oficial
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