Se hace lugar a la acción de amparo interpuesta por la actora -madre de una menor discapacitada- y se ordena al Consejo General de Educación demandado a que realice la construcción de una rampa de acceso para que la estudiante pueda ingresar al edificio del establecimiento educativo. Para resolver de este modo, el tribunal dijo que la existencia de barreras arquitectónicas que dificultan el acceso al establecimiento y la carencia de medios esenciales que permitan el normal desarrollo del aprendizaje resultan una vulneración del derecho a la educación, por un lado, a la vez que revelan el incumplimiento del Estado de los compromisos asumidos convencionalmente.
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