Con carácter de medida preventiva se ordena a la demandada que cese de inmediato en la conducta que se reputa en infracción a la legislación de defensa del consumidor y normas complementarias, debiendo retrotraer los actuales valores de los aranceles de enseñanza y otros servicios educativos para todos los niveles de la institución a los vigentes al 30 de noviembre del año 2016, dado que no surge probado que hubiera recabado la conformidad individual, expresa y previa de los padres o responsables de los alumnos.
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