Se hace lugar a la medida cautelar solicitada por la actora y se ordena a la empresa de medicina prepaga demandada que dé cobertura integral de internación a la madre en la residencia solicitada. Para decidir de este modo, el tribunal tuvo en cuenta que la amparista es una persona mayor de edad y discapacitada. Por ello, de acuerdo a la doctrina de la corte, se tuvo presente que la atención y asistencia integral de la discapacidad constituye una política pública de nuestro país que, como tal, debe orientar la decisión de los jueces llamados al juzgamiento de los casos en que la salud de los sujetos que la padecen está en juego.
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