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JURISPRUDENCIADaños y perjuicios. Defensa del consumidor. Protector solar defectuoso. Parálisis facial. Deber de garantía. Relación de causalidad
Se revoca el fallo que rechazó la demanda de daños deducida contra el laboratorio, pues resulta un indicio ineludible que una menor sin antecedentes padeciera la parálisis facial a la fecha de utilizar el protector solar fabricado por la demandada, que no era apto para su uso, motivo por el cual fue retirado del mercado por la autoridad de aplicación.
En Buenos Aires, a 19 días del mes de abril del año 2018, hallándose reunidos los señores jueces integrantes de la Sala “H” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a los efectos de dictar sentencia en los autos: “Carruega Yasmin Elizabeth c/ Laboratorios Andrómaco S.A.I.C.I. s/ Daños y perjuicios”, y habiendo acordado seguir en la deliberación y votado el orden de sorteo de estudio, el Dr. Fajre dijo:
I.- La sentencia de fs. 414/417, rechazó la demanda entablada por Yasmin Elízabeth Carruega, por sí y en representación de su hija menor G. A. C. Contra dicho pronunciamiento se alzan la actora y la Defensora Pública de Menores. La primera, expresó sus agravios a fs. 444/446, los que fueron respondidos por la demandada a fs. 450/454, y la segunda adhirió a estos a fs. 456/457.
El Sr. Fiscal de Cámara dictaminó a fs. 461/462.
II.- La queja se centra en que el dictamen producido por la perito médica, ha omitido considerar que el producto que se le aplicara a la menor había sido retirado del mercado. Entiende que resulta relevante el hecho que la ANMAT haya confirmado la prohibición de comercializar, en virtud de haberse denunciado casos de dermatitis y alergias relacionados a su utilización. Alega que si bien las estadísticas dominan las muestras de mercadeo que realizan las empresas, lo cierto es que no todas las personas responden en forma idéntica forma ante determinados factores externos, y menos aún cuando dichos factores inciden en forma directa sobre nuestro cuerpo. Resalta que al contestar su demanda, el laboratorio reconoció que el producto tenía una finalidad cosmética y que podía causar alergias.
III.- La coactora Yasmin Elizabeth Carruega, en su escrito de demanda (fs. 35/45) relató que el día 9 de enero de 2014, aproximadamente a las 18 hs., se dirigió a la farmacia S.A.O.S. ubicada en la calle José León Suarez …, de la localidad de Los Polvorines, Provincia de Buenos Aires, y adquirió un bloqueador solar, ya que al día siguiente comenzaba sus vacaciones junto a su hija.
Comentó que adquirió el producto “Dermaglós Solar FPS 70”, protector solar con muy alta protección UVA y UVB, Lote N° 0012, con fecha de vencimiento el mes de julio de 2016.
Expuso que el día 11 de enero, ya en la localidad de Colón, Provincia de Entre Ríos, donde se dirigieron para pasar sus vacaciones, aproximadamente a las 15 hs., por ser un día soleado, le colocó a su hija menor -coactora en autos- el protector solar adquirido en el cuerpo y en el rostro. Por la noche notó que los movimientos de la cara de la menor al reírse o al hablar no eran normales. Prosiguió, contando que, al día siguiente su hija amaneció con el rostro hinchado y con una gran coloración roja, y que a medida que pasaron las horas su cara fue perdiendo movilidad al gesticular, manifestándose también problemas para pestañar en uno de sus ojos.
Agregó que el día 14 de enero, ya habiendo regresado de sus vacaciones, y al haberse agravado el cuadro, concurrió con su hija a la Clínica Bessone, de la localidad de San Martín. Allí, la médica tratante le prescribió la aplicación de un corticoide, y le explicó que la reacción alérgica que sufría la menor era consecuencia de la utilización del protector solar, que según le había informado telefónicamente el laboratorio, había sido retirado de circulación.
Explicó que dos días después, y no habiéndose producido mejoras en el cuadro de la niña, concurrió nuevamente a ese centro de salud, donde fue atendida por su médica pediatra, quien ratificó el diagnóstico, y le explicó que la menor sufría un cuadro de parálisis facial y la derivó a especialistas en dermatología, neurología y oftalmología. Los que confirmaron el diagnóstico, y recomendaron tratamientos de rehabilitación, los que se extendieron por 30 días.
El laboratorio demandado, Laboratorio Andrómaco S.A.I.C.I., en oportunidad de contestar esta acción, señaló, en primera medida, que los protectores solares, no se categorizan como medicamentos, sino como un producto cosmético, que son aquellas preparaciones constituidas por sustancias naturales o sintéticas o sus mezclas, de uso externo, con el objeto exclusivo o principal de perfumarlas, cambiar su apariencia, protegerlas o mantenerlas en buen estado. Admitió que estos productos cosméticos, pueden en un limitado número de casos llegar a producir reacciones alérgicas a las que genérica y clínicamente se conoce como dermatitis por contacto.
Desarrolló también las diferencias entre la dermatitis irritativa por contacto y la dermatitis alérgica por contacto, explicando las características de cada una.
Rechazó el reclamo de la actora, al referir que de la historia clínica de la menor no surge que el cuadro diagnosticado pueda haber sido ocasionado por la utilización del bloqueador solar.
Entendió que la parálisis facial, que no habría sido detectada en la primera consulta, debió desencadenarse por el padecimiento de un herpes simple, y que por ello, en la consulta posterior se le indicó un tratamiento específico para esta enfermedad (aciclovir).
Dedujo que la actora, habiendo tomado conocimiento del retiro del producto del mercado, indujo a la médica de guardia al error de pensar que la reacción alérgica era consecuencia de su aplicación.
Negó en consecuencia el nexo de causalidad, entre la alegada aplicación del producto, y la reacción que sufriera la menor.
También aseveró que, el producto cumplió con su principal función, vale decir, la de proteger al usuario de la acción del sol. Lo que no se encontraría en duda, y fue ratificado por la ANMAT y por los diversos estudios realizados.
Subsidiariamente, detalla que los riesgos del desarrollo son aquellos inconvenientes menores que, a la luz de los conocimientos científicos y técnicos, no pueden ser descubiertos en el momento de ponerse en circulación un producto. Por ello, las supuestas reacciones irritativas que se habrían producido de manera aleatoria en algunos consumidores eran imposibles de determinar de manera anticipada, ya que no se evidenciaron reacciones en los tests y pruebas realizados. Agrega que esa circunstancia configuraría una eximente de su responsabilidad.
IV.- Así las cosas, me referiré en primer término al marco normativo en el que corresponde encuadrar la cuestión a decidir.
Nos encontramos en presencia de una relación de consumo que vinculó a la actora y a la demandada, esta última en su calidad de productor del protector solar.
Ahora bien, es dable destacar que el hecho ocurrió el 11 de enero de 2014, fecha en la que se encontraba vigente la ley 24.240 de defensa del consumidor, ya reformada para ese entonces mediante la ley 26.361 – publicada en el Boletín Oficial el 7 de abril de 2008-.
El art. 7° del Código Civil y Comercial de la Nación dispone lo siguiente: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo”.
Al respecto, la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci explica que los hechos cumplidos están regidos por la ley vigente al tiempo en que se desarrollaron y, a su vez, que el nuevo ordenamiento no se proyecta atrás ni altera el alcance jurídico de las situaciones y consecuencias de los hechos y actos realizados y agotados en un momento bajo un determinado dispositivo legal. Asimismo, respecto a las normas del derecho del consumo, la mencionada jurista señaló que la regla se invierte en el sentido que, al contrato de consumo en curso de ejecución, le son aplicables las nuevas leyes supletorias que puedan sancionarse, siempre y cuando, obviamente, por fidelidad a un principio cardinal que informa la materia, sea más favorable al consumidor. O sea, las leyes de protección de los consumidores, sean supletorias o imperativas, son de aplicación inmediata. No dispone la aplicación retroactiva de la ley sino su aplicación inmediata a los contratos en curso de ejecución (Kemelmajer de Carlucci, Aída; La aplicación del Código Civil y Comercial a las Relaciones y Situaciones Jurídicas Existentes, 1ª edición, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2015, ps. 30/31, y 60/61).
Por ello, y dado que la relación de consumo entre la actora y la demandada se encuentra concluida, entiendo que se deben aplicar las normas vigentes a la fecha del contrato y del accidente, es decir la ley 24.240, reformada por la ley 26.361.
Efectuada dichas aclaraciones, diré que la relación jurídica de consumo es una definición normativa y su extensión surgirá de los límites que la legislación le establezca a sus elementos: sujeto, objeto, fuentes. Coincidimos en que debe definirse la relación de consumo “de modo que abarque todas las situaciones en que el sujeto es protegido: antes, durante y después de contratar; cuando es dañado por una ilicitud extracontractual, o cuando es sometido a una práctica del mercado; cuando actúa individualmente o cuando lo hace colectivamente. Siendo la relación de consumo el elemento que decide el ámbito de aplicación del derecho del consumidor, debe comprender todas las situaciones posibles. Si bien el derecho del consumidor regula fundamentalmente materia contractual, existe una buena cantidad de disposiciones que otorgan prerrogativas a los sujetos aún sin estar vinculados contractualmente con proveedores. De esta manera, una noción acotada de la relación de consumo no dejaría sin poder considerar estos supuestos expresamente contemplados por la legislación. Además, teniendo su fundamento principal en la normativa constitucional, esta amplitud de criterio es la que mejor se adecua a una correcta hermenéutica. Por su parte, el objeto de la relación jurídica de consumo es el que se configura por la operación jurídica considerada o los bienes a los cuales se refiere, que son los productos y los servicios (Wajntraub, Javier, “Los derechos de los consumidores”, en “Constitución de la Nación Argentina. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, Dirección de Daniel Sabsay, Editorial Hammurabi, Tomo 2, páginas 306/05).
De todas maneras, la relación que une a un consumidor con quien elabora un producto es típicamente de consumo, lo que la encuadra en los artículos 1 y 2 de la ley 24.240, y la responsabilidad del último frente a los daños sufridos por el primero se ubica en el régimen contractual. Esta relación contractual hace nacer una obligación objetiva de seguridad por resultado a cargo del laboratorio que fabrica el producto -en este caso el protector solar-, y el incumplimiento de esa obligación es generadora de una responsabilidad objetiva, de la que el fabricante sólo podrá liberarse demostrando que la causa del daño le ha sido ajena (art. 40 de la ley 24.240 -incorporado por ley 24.999-).
Esta sala ha sostenido que la normativa general prevista en los Códigos Civil y de Comercio sufre excepciones importantes cuando el contrato tiene por objeto una relación de consumo encuadrable en la ley 24.240. Las normas de esta ley son correctoras, complementarias o integradoras para el supuesto especial de tener que aplicarse al contrato para consumo y no sustitutivas de la regulación general contenida en los códigos y demás legislación vigente. Concretamente esta ley no contiene una regulación completa de los actos que puedan dar nacimiento a un contrato para consumo según sus previsiones, sino que trata de corregir y evitar los abusos a que podría dar lugar la aplicación de la legislación ordinaria general preexistente en perjuicio de quien actúa como consumidor, pues es la parte estructuralmente más débil de las relaciones de consumo (“Martins Coelho María Rosa c/Cía. de Transporte La Argentina SA y otros s/daños y perjuicios” de fecha 4/7/2008, R. 500.115, LL 2009-C, 155 y acumulado “Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo c/Compañía de Transporte La Argentina SA y otros s/daños y perjuicios”, R. 500.038, del 4/7/2008 y en “Nuñez, Norma Gladis c/ Metrovías S.A. s/ daños y perjuicios”, del 28/4/2009, R. 517.408).
En las relaciones de consumo la obligación de seguridad tiene en todos los casos el carácter de un deber de resultado, pues la ley hace garantes a los proveedores de bienes y servicios que comercializan que no dañen al consumidor. La mera presencia de un daño en el ámbito de la relación de consumo -naturalmente, por fuera de los que puedan ocasionarse mediante el incumplimiento de los deberes de prestación a cargo del proveedor- basta entonces para tener por incumplido este especial deber calificado, lo que obliga al proveedor a acreditar la existencia de una imposibilidad de cumplimiento objetivo y absoluta, causada por caso fortuito, para eximirse de responder (Picasso, Sebastián, “Requiem para la obligación de seguridad en el derecho común”, La Ley Online AR/DOC/2127/2015).
La protección al consumidor o usuario del servicio queda resguardada por el deber de seguridad preceptuado por el art. 5º de la ley 24.240. La relación de consumo, como concepción más amplia que el contrato de consumo, “abarca todas las situaciones en que el sujeto consumidor o usuario- es protegido antes, durante y después de contratar, cuando es dañado por un ilícito extracontractual, o cuando es sometido a una práctica de mercado, cuando actúa individual o colectivamente” (Conf. Lorenzetti, Ricardo L. «Consumidores», Editorial Rubinzal Culzoni, Santa F, 2003, pág. 74). El art. 5° de la ley 24.240 se integra con las demás normas de nuestro sistema legal conforme se desprende del art. 3 de dicha ley, normativa que torna operativa la protección otorgada por el art. 42 de la Constitución Nacional a los consumidores o usuarios.
A mayor abundamiento, como ya dije, el art. 40 de la normativa mencionada prevé que “si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio… La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena”.
Entonces, el sistema de defensa al consumidor, pone en cabeza del proveedor una obligación de seguridad de resultado (art. 5), y complementa esa regulación disponiendo, en su art. 40, que si el daño resulta “del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio” la legitimación pasiva se amplía a todos los sujetos que han intervenido en la cadena de producción y comercialización del producto o servicio, quienes responden objetivamente y en forma solidaria. (conf. PICASSO, Sebastían, Ley de Defensa del Consumidor comentada y anotada, LA LEY, Buenos Aires, 2009, t. I, p. 162/163).
En consecuencia, para que resulte procedente su pretensión, la actora debe acreditar haber sufrido un daño, y que ese daño sea consecuencia de la utilización del producto, extremo que, de probarse debidamente, desplaza sobre la demandada la carga de alegar y probar la existencia de una causa ajena.
A partir de estos postulados, avanzaré en el análisis de los elementos reunidos en el caso de autos.
V.- a. En su agravio, la actora critica el rechazo de la demanda y señala que en el dictamen pericial en el que el magistrado de grado se basó para rechazar la demanda, la experta no tuvo en consideración que el protector solar que usara la menor había sido retirado del mercado.
Manuel Cuiñas Rodríguez, en su artículo “Responsabilidad por productos elaborados defectuosos” (La Ley 1996-C, 839), expresa que por producto elaborado “se entiende toda aquella cosa que es el resultado de la transformación de otras cosas por la actividad del hombre aplicada a [ellas] (Conf. Bustamante Alsina, Jorge, “Responsabilidad civil por productos elaborados en el Derecho Civil Argentino, La Ley, 143-870)”.
Este autor -y entrando al concepto de riesgo o vicio de la cosa-, también afirma que “el producto elaborado de que se trate, para ser considerado ‘defectuoso’, debe ser portador latente de un ‘vicio’ que determine su ‘potencialidad dañosa’ para la persona o los bienes del consumidor o usuario. Vicio será todo defecto oculto -desde la óptica del consumidor o usuario- de la cosa que la haga impropia para su destino”.
Haré un breve resumen de la prueba producida a fin de esclarecer como se sucedieron los hechos, y las consecuencias que acarrearon.
De las constancias de la historia clínica acompañada a fs. 325/343 por la Clínica Bessone, surge que la menor, G. A. C., fue atendida el día 14 de enero de 2014, en dicho nosocomio, allí se le diagnosticó “…reacción alérgica en rostro, por uso de Dermaglos F 70, cepas contaminadas”.
Unos días después, el 17 de ese mismo mes, ante una nueva consulta, se le diagnosticó “Reacción alérgica herpes”, además de detectarse la parálisis facial. Ese diagnóstico se repitió los días 18 y 21.
Finalmente, el día 28 de ese mes se asentó que la paciente ya había tenido total recuperación de la parálisis facial.
La perito médica dermatóloga, Dra. Irene Claudia Glikin, expuso en su dictamen de fs. 305/323 que “…la niña presentó luego de una exposición solar prolongada con fotoprotector, enrojecimiento facial, con edema, dolor, ardor en zona ocular derecha y parálisis facial derecha. A los 20 días de este episodio presentó lesiones vesiculares retroauriculares bilaterales, por referencia del paciente, de la madre de la paciente, y de la documental…”.
Explicó que la causa más frecuente de la parálisis facial periférica – aproximadamente 70% de los casos-, es la parálisis de Bell.
Sin embargo, destacó que la propia etiología de la entidad es desconocida, aunque la concepción actual es que es producida por un virus.
También refirió que la segunda causa corresponde a las traumáticas – aproximadamente un 15% de los casos- y en tercer lugar se ubican los casos causados por el herpes zoster ótico -con un 8%-.
Concluyó que “… del examen clínico de la paciente y de la historia clínica que consta en autos no se puede establecer una relación de causalidad entre la aplicación del fotoprotector y la parálisis facial…” (ver respuesta a pregunta 2, de fs. 319).
Agregó que “…es difícil pensar que la lesión herpética y la consecuente parálisis facial periférica hayan sido producidas por la aplicación de un protector solar. En todo caso, suelen asociarse a la reactivación del herpes diversos factores, entre ellos, la exposición solar. Otros factores posibles son: fiebre, stress físico o emocional, temperaturas extremas…”
También refirió que “… al momento del examen clínico la menor no presenta lesiones de la afección en cuestión. No se pudieron verificar limitaciones de tipo funcional en las zonas afectadas…”
Por otra parte, resulta relevante que la ANMAT informó a fs. 266/269, que a través de su disposición Nº 467, de fecha 16 de enero de 2014 prohibió la comercialización y uso, en todo el territorio nacional, de todos los lotes, en todas las presentaciones, del producto Dermaglós Protector Solar FPS Bebes Crema.
A su vez, en dicha comunicación, indicó que habiéndose analizado diferentes lotes del producto referido, mediante el ensayo de irritación primaria dérmica, se concluyó que el producto no es apto para el uso para el que se había propuesto, por resultar su formulación “mínimamente irritante”.
Ahora bien, como se dijo y se reafirma con lo informado por la autoridad administrativa de control, en el presente no se encuentra discutida la existencia de un vicio del fotoprotector.
No solo sus efectos nocivos fueron denunciados ante el laboratorio por diversos usuarios (conforme fuera expuesto en la contestación de demanda), lo que resultó en su retiro preventivo del mercado, sino que luego de realizarse los estudios correspondientes por el ente de control, se mantuvo dicha medida prohibitiva, alcanzando a todos los formatos en los que se comercializara el producto.
A la vista de ello, juzgo que resulta un indicio ineludible que una menor -quien de acuerdo a lo que surge de su historia clínica y la demás prueba colectada no tenía antecedentes de reacciones como la que sufriera el mes de enero de 2014-, padeciera la parálisis facial a la fecha de utilizar el protector solar fabricado por la demandada, que no era apto para su uso – por lo que fue retirado del mercado por la autoridad de aplicación-. La correspondencia temporal entre los síntomas que desarrolló la menor y la utilización del bloqueador solar, demostrado nocivo, son un indicio suficiente para tener por acreditado que los daños se produjeran por su utilización.
Si bien es cierto que la perito médica dermatóloga expresó que no se puede establecer la relación de causalidad, ello no implica que no exista, ya que ésta tampoco ha sido descartada.
Destaco en este punto que la experta basa sus conclusiones en referencias estadísticas de las causas que provocan la parálisis facial, y especifica que la etiología de la enfermedad no esta plenamente determinada.
Entonces, lo sostenido por la perito dermatóloga no alcanza, a mi modo de ver, para demostrar cual fue la causa de la patología de la menor, y que aquella no se relacionara con la utilización del protector solar.
Lo cierto es que dicha afirmación no resulta concluyente en cuanto a cuáles fueron las causas determinantes de la patología que sufrió la menor, que se encuentra acabadamente demostrada. Extremo que, a los fines de la eximición, debió ser acreditado por la demandada.
Cabe recordar que si bien el dictamen pericial carece de valor vinculante para el órgano judicial, el apartamiento de las conclusiones establecidas en aquel debe encontrar apoyo en razones serias, es decir, en fundamentos que objetivamente demuestren que la opinión de los expertos se encuentra reñida con principios lógicos o máximas de experiencia, o que existen en el proceso elementos probatorios provistos de mayor eficacia para provocar la convicción del juzgador acerca de la verdad de los hechos controvertidos. En estos términos, entiendo que las consideraciones que acabo de efectuar, basadas en los elementos de prueba obrantes en autos, son un fundamento suficiente para apartarme del informe pericial de la médica dermatóloga, pues no resultan eficaces a los fines de desentrañar el origen de la enfermedad que afectara a la menor.
No debe perderse de vista que la causalidad puede ser presumida sobre la base de indicios, cuando su prueba directa es dificultosa y su existencia aparece como razonable de acuerdo a las circunstancias de la causa (CNCiv, Sala A, 22/08/2012, “Rein, Flavio Eduardo c. Bayer S. A. y otros s/Daños y Perjuicios”, L. nº 584.026)
Como dije, acreditado el nexo de causalidad, la demandada debió probar la causa ajena. No resulta suficiente acreditar que en los laboratorios y en los estudios previos el producto, había superado los análisis y tests a los que fuera sometido, teniendo en cuenta los indicios ya mencionados.
Coincido, en ese sentido, con la apelante en cuanto al nulo valor probatorio de la pericia efectuada sobre las instalaciones de propiedad de la demandada donde se produce el bloqueador solar. La circunstancia que la perito farmacéutica, indicara que “…es un establecimiento habilitado para la elaboración de productos cosméticos y especialidades farmacéuticas, que cumple con los lineamientos generales de buenas prácticas de fabricación para elaboradores de medicamentos según disposición de ANMAT N° 2819/2004…”, resulta irrelevante en el marco de este proceso, si tomamos en consideración que el producto que fabricara, no resultó apto para su uso de acuerdo a los análisis realizados por la ANMAT, que tuvieron como consecuencia la resolución de fecha 16 de enero de 2014 que prohibió la comercialización del producto.
Todo lo hasta aquí expuesto me hace sostener que la demandada no ha cumplido con la carga de demostrar que la causa del daño le fue ajena, a fin de lograr eximirse de responsabilidad.
En síntesis, ante la demostrada patología que sufriera la menor (de 7 años de edad a la fecha del hecho) y su contemporaneidad con el uso del producto, la demandada no pudo demostrar que la utilización de dicho producto -que resultaba vicioso-, no influyó en el desencadenamiento del daño, por lo que habrá de soportar sus consecuencias.
b. En cuanto al riesgo del desarrollo, invocado en subsidio como defensa por el demandado, entiendo que no estamos frente a un supuesto que permita alegar tal extremo.
Se entiende por riesgo de desarrollo al que deriva del defecto de un producto que al tiempo de su introducción era considerado inocuo, a la luz de los conocimientos técnicos y científicos existentes a ese momento, resultando su peligrosidad indetectable, pero cuya nocividad es puesta de manifiesto por comprobaciones posteriores. Dicho de otro modo: “son riesgos de desarrollo los causados por un defecto de un producto que no era reconocible a la luz del estado de los conocimientos científicos y técnicos existentes en el momento de la comercialización del producto de que se trate”. (Pizarro, Ramón Daniel, Responsabilidad Civil por Riesgo Creado y de Empresa. Contractual y extracontractual. Parte Especial. Tomo II, La Ley, pág. 391y ss.).
Por su parte, Graciela Messina de Estrella Gutiérrez expresa que pueden describirse como los daños que no pudieron ser previstos por el responsable al tiempo en que la cosa riesgosa o viciosa fue puesta en circulación o la actividad ejercida, porque los conocimientos técnicos del momento impedían advertir su peligrosidad. Agrega que el tema adquiere relevancia en la responsabilidad por productos elaborados y en relación puntual a los farmacéuticos y medicinales: en muchos casos muestran su efectiva nocividad varios años después de su fabricación y puesta en el mercado. (Riesgo de la empresa. Responsabilidad civil del empresario, Lexis Nexis, pág. 113)
Más allá de si los riesgos de desarrollo pueden ser considerados como una eximente de responsabilidad, entiendo que en el caso no se encuentra configurado el supuesto de hecho que permita invocarlo.
Nótese que los estudios realizados por la ANMAT con posterioridad al retiro del producto, concluyeron que el producto no resultaba apto para su uso.
Los protocolos acompañados por la encartada junto con su contestación de demanda (ver fs. 60/171) datan de los años 2012 a 2013, vale decir, solo un año antes de que el ente de control detectara que el producto no era apto para su uso (resolución 467/2014 del 16 de enero de 2014).
En ese sentido queda claro que la demandada no ha acreditado que el estado del conocimiento científico a la fecha de efectuar los análisis previos al lanzamiento del bloqueador solar al mercado hiciera imposible detectar sus efectos nocivos, atento al escaso tiempo transcurrido entre su salida al mercado y los análisis que finalmente dieron cuenta del vicio del producto.
Como ya he dicho, entiendo que en el caso nos encontramos ante un elemento defectuoso, sea que la falla se haya producido en el diseño de la fórmula o en su proceso de fabricación, lo cierto es que en ambos casos, no se ha probado la imposibilidad de conocimiento de su nocividad, la que fue demostrada meses después por la ANMAT.
Por ello, sostengo que esta defensa tampoco habrá de prosperar.
En definitiva, en virtud de lo hasta aquí expuesto, propongo al acuerdo de mis distinguidos colegas que se revoque la sentencia en crisis, y se haga lugar a la demanda, con costas.
VI.- Las accionantes reclamaron la suma de $ 15.000 para cada una de ellas, en concepto de daño psicológico, y la de $ 20.000 para cada una, por su tratamiento.
Se ha sostenido que el resarcimiento por incapacidad comprende, con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluso los daños de salud y a la integridad física y psíquica (Conf. esta cámara, Sala C, 15/09/2003, LA LEY 02/09/2004, 7).
La perito psicóloga designada, Lic. Silvina Claudia Gugliotta, expuso en su dictamen de fs. 349/355, realizó entrevistas con ambas coactoras.
En cuanto a la repercusión del evento de autos para el psiquismo de Yasmin Elizabeth Carruega, la experta narra que aquella le refirió, que el mismo la asustó, “…que se sintió con culpa por haber comprado ese protector, que tiene temor a que [la menor] sufra alguna consecuencia por su uso, o que la alergia le vuelva a aparecer. También que permaneció un tiempo dolida y con miedo…”, y que por ello, no volvió a salir de vacaciones.
Explicó que la citada coactora, tiene una personalidad de características neuróticas con rasgos de inmadurez, dependencia hacia las figuras parentales y búsqueda de afecto y contención.
Agregó que las características de personalidad, se corresponden con rasgos estructurales de su psiquismo, los cuales no se han visto modificados a raíz del evento de autos.
En cuanto a la menor, G. A. C., detalló que la entrevistada dijo tener muchos amigos, ser una buena compañera y tener buenas notas en el colegio, y al ser indagada respecto de su padre expresó que no le gustaría verlo, porque esta feliz con su madre. La experta puntualizó que la niña se cierra ante la posibilidad de continuar inquiriendo sobre esa figura paterna y que se percibe en ella un gran monto de ansiedad al respecto.
Refirió que de la aplicación del test de Bender, se observa una capacidad visomotora menor a la edad correspondiente a su edad cronológica. Destacó que si bien se la observa con facilidad para las relaciones interpersonales, buen rendimiento escolar, y adecuado rapport durante el examen psicológico; se infiere en su persona cierto monto de ansiedad y mal manejo de esta emoción. Esa falla del manejo de las defensas no debe interpretarse como consecuencia del hecho de autos, sino como relacionado a un evento anterior: el no reconocimiento de su padre, y su actual no vinculación con la niña.
Concluyó que ninguna de las actoras padecen daño psíquico asociado al evento de autos, en la medida que como consecuencia de este no se han visto modificados los mecanismos defensivos habituales de su psiquismo y no se han visto intensificadas las defensas. Agregó que los modos de tramitación a los que apelaron los psiquismos fueron eficaces en términos de ligar el evento de autos a la vida psíquica, no redundando en conformaciones de índole patológica.
Este dictamen no fue impugnado por las partes, por lo que entiendo que ambas han consentido su resultado.
En virtud de las conclusiones ya referidas, no existiendo daño psíquico a indemnizar, ni tratamiento a realizar, propongo al acuerdo que se rechacen las presentes partidas.
VII.- Las actoras solicitaron, asimismo, la concesión de una suma en concepto de daño moral, el que estimaron en $ 70.000, para Yasmin Elizabeth Carruega y $ 50.000 para G. A. C.
En primera medida, respecto al daño moral reclamado por Yasmin Elizabeth Carruega. La demandada plantea que aquella no se encuentra legitimada para peticionar, en virtud de lo dispuesto por el art. 1078 del Código Civil, que veda la facultad de reclamar esta partida a quienes no hayan sido damnificados directos.
Cuadra remarcar que atento al contrato de consumo que la actora celebrara al adquirir el bloqueador solar, la norma referida no resulta de aplicación, pues aquella esta prevista para supuestos de responsabilidad extracontractual.
En materia de responsabilidad contractual, de acuerdo con el art. 522 del Código Civil, el juez está facultado para condenar al responsable a la reparación del agravio moral, de conformidad con la índole del hecho generador de la responsabilidad y las circunstancias del caso.
En el ámbito contractual, no cualquier daño moral origina la responsabilidad del autor del hecho, sino un verdadero agravio.
Por ello, siendo excepcional, corresponde al actor la prueba de que verdaderamente hubo daño moral (Conf. Borda, Guillermo, «La Reforma del Código Civil-Responsabilidad Contractual», en E.D. 29-763); en otras palabras, es necesaria la acreditación de la existencia de una lesión a los sentimientos, afecciones o de la tranquilidad anímica, que no puede confundirse con las inquietudes propias y corrientes del mundo de los pleitos y de los negocios (Conf. Huberman, Carlos, «El daño moral en la responsabilidad contractual», en L.L. 149-522).
No obstante el criterio restrictivo en materia de reparación del daño moral en la órbita de la responsabilidad contractual, si un producto nocivo le causó daños a una menor, es indudable que ello provocó una lesión en los sentimientos del reclamante, así como en los de su madre, quien convive con ella, e intervino directamente adquiriendo el producto y colocándoselo.
El art. 522 del Cód. Civil deja librado a criterio del juez en caso de incumplimiento contractual, la posibilidad de condenar a la reparación del agravio moral, según la índole del hecho generador y las circunstancias del caso. Es cierto -y de allí el carácter restrictivo de su aplicación- que esa facultad no puede ser ejercida en forma caprichosa o arbitraria, sino que debe otorgarse la reparación, cuando por el incumplimiento contractual aparece configurada una lesión de cierta importancia a los sentimientos de la víctima, o cuando es violado alguno de los derechos que protegen como bien jurídico a los atributos de la personalidad del hombre como tal, o cuando hay una lesión cierta a un interés no patrimonial reconocido a la víctima por el ordenamiento jurídico. En la especie, no es dudoso concluir que el hecho que el producto se encontrara viciado, y que de dicho vicio se derivara una patología que se prolongó durante diez días, produjo un detrimento espiritual que resulta evidente.
Para estimar pecuniariamente la reparación del daño moral falta toda unidad de medida, pues los bienes espirituales no son mensurables en dinero. Sin embargo, al reconocerse una indemnización por este concepto, no se pone un precio al dolor o a los sentimientos, sino que se trata de suministrar una compensación a quien ha sido injustamente herido en sus afecciones íntimas (Conf. Orgaz, Alfredo, «El daño resarcible», pág. 187; Brebbia, Roberto, «El daño moral», Nº 116; Mosset Iturraspe, Jorge, «Reparación del dolor: solución jurídica y de equidad», en L.L. l978-D648).
Por otra parte, la determinación del daño moral no se halla sujeta a parámetros objetivos, pues las aflicciones se producen en el ámbito espiritual de la víctima, por lo que su valoración debe efectuarse según la cautelosa discrecionalidad del juzgador ceñido a considerar la situación personal de aquélla (arts.163, inc. 5°, 165, 386, 456, 477 y concs., Cód. Procesal Civil y Comercial; arts.1078, 1083 y concs., Cód. Civil) (conf. esta sala, 18/10/2002, Suraniti, Juan S. c. Ranz, Mónica A. y otro, DJ 20031, 247; id. 07/11/2007, Conti, María Elvira c. Autopistas del Sol S.A. y otro s/daños y perjuicios, La Ley Online, id. “Mora de Zabala, Ana c. Lucero, Alberto s/daños y perjuicios”, 18/07/2008, ED Digital, (23/09/2008, nro 18251; id. “Martínez, Adriana Edith c. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/daños y perjuicios”, 23/06/2008, ED Digital, (04/09/2008, nro. 04/09/2008).
Además, la indemnización por este concepto tiene carácter autónomo y no tiene por qué guardar proporción con los daños materiales (conf. Sala G, 01/03/2000, Zalazar, Mario A. c. Transporte Metropolitanos General Roca S. A.).
Está acreditado que la niña sufrió una parálisis facial durante 10 días, la que luego curó plenamente. También surge de las entrevistas realizadas por la perito psicóloga, la angustia que sufriera su madre, aún cuando de esta no se derivara una incapacidad psicológica.
Desde esta perspectiva, considero que debe otorgarse la partida para responder a este rubro en función del dolor y la angustia que el episodio pudo haber provocado, tanto a la niña como a su madre, en la suma de $ 50.000 para la menor y la de $ 20.000 para su progenitora.
VIII. Las actoras reclaman la fijación de una multa civil en los términos del art. 52 bis de la ley 24.240.
Sostienen que esta medida se justifica por la gravedad del hecho y tiene por fin que el laboratorio demandado modifique su política respecto del tratamiento desaprensivo para con los consumidores perjudicados.
Los daños punitivos fueron caracterizados como sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a las víctimas de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que están destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro. (Ramón Daniel Pizzarro, “Daño Punitivo”, en Derecho de Daños, Editorial La Rocca, Buenos aires, 1993, 1ª ed., segunda parte, páginas 291/92).
Se trata, en otras palabras, de un plus que se concede al perjudicado, que excede el monto de la indemnización que corresponde según la naturaleza y el alcance de los daños.
Los daños punitivos tienen entonces un propósito netamente sancionatorio, y revisten particular trascendencia en aquellos casos en los que el responsable causó el daño a sabiendas de que el beneficio que obtendría con la actividad nociva superaría el valor que debería eventualmente desembolsar en concepto de indemnización de daños (Sebastián Picasso, “Los daños punitivos”, en Picasso y Vázquez Ferreyra, “Ley de defensa del consumidor comentada y anotada”, Editorial La Ley, Buenos Aires, 1999, 1ª ed., Tomo I, 593/4)
Es en el Derecho del Consumidor donde por primera vez se consagra legislativamente la figura del “daño punitivo”. A partir de la reforma de la ley 24.240 formulada por la ley 26.361, queda incorporado el artículo 52 bis que dispone: “Daño punitivo. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b de esta ley”.
Más allá del texto legal, no todo incumplimiento o ilícito civil llevará aparejada la imposición de una condena a pagar daños punitivos. Siempre se requerirá una conducta gravemente dolosa, una actitud absolutamente desaprensiva hacia los derechos del consumidor que amerite la imposición de una sanción, la que a su vez jugará un papel ejemplificador. Es que por su propia naturaleza los daños punitivos no buscan reparar el perjuicio causado al consumidor, sino imponer una sanción ejemplar al autor de la conducta antijurídica. Sanción que, para algunos, tiene el carácter de una multa civil, y para otros, de una típica sanción propia del Derecho Penal. De lo que no cabe duda es que no tiene naturaleza resarcitoria (Roberto Vázquez Ferreyra, “La naturaleza de los daños punitivos”, en Revista de Derecho de Daños -2011-2 Daño Punitivo, Editorial Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2011, 1ª ed., páginas 103/4).
En esta inteligencia, se ha afirmado que solo habrán de proceder frente a la existencia de daños graves ocasionados a consecuencia de un grave menosprecio por los derechos individuales o colectivos como así también en los casos en los que existen ilícitos lucrativos. En igual sentido la Dra. Kemelmajer de Carlucci ha sostenido que los punitive damages se conceden pasa sancionar al demandado por haber cometido un hecho particularmente grave y reprochable con el fin de disuadir o desanimar a acciones del mismo tipo (Graciela Lovece, De los daños punitivos a la sanción pecuniaria en el Proyecto de Código, La Ley del 2 de agosto de 2012, página 1).
Entiendo que, más allá de la criticada técnica legislativa utilizada en la redacción del artículo 52 bis de la ley de Defensa del Consumidor, el “daño punitivo”, se revela como un instituto necesario a la hora de poner coto a las conductas ignorantes de los perjuicios que, en muchos casos, generan las grandes corporaciones, tanto a sus clientes como a quienes se constituyen en usuarios o se ven afectados por la utilización de los servicios que aquellas prestan.
Advierto que a fs. 175/176 y 177/178, la demandada acompañó copias certificadas de las solicitadas publicadas en los diarios La Nación y Clarín, ambas de fecha 18 de enero de 2014. En ellas, se puso en conocimiento de la población la decisión de retirar de circulación el bloqueador solar Dermaglós Solar FPS 70, en virtud de denuncias de cuadros de alergia de algunos clientes.
En ese marco, creo que la postura adoptada por el laboratorio demandado ha sido la correcta, y fue tomada en un tiempo prudencial. No puede alegarse válidamente que, el demandado tenía conocimiento del vicio del bloqueador solar, y aun así, continuó con su comercialización.
Distinta hubiera sido la solución si, ante las denuncias de los consumidores, el laboratorio hubiera hecho caso omiso, manteniendo el protector solar en el mercado, a sabiendas que no resultaba inocuo.
En virtud de esto, juzgo que debe rechazarse la multa solicitada.
IX.- Propicio que las costas de ambas instancias se impongan a la demandada Laboratorio Andrómaco S.A.I.C.I. atento al principio objetivo de derrota (art. 68 y 279 del Código Procesal).
X.- En cuanto a la tasa de interés, destaco que desde el 01/08/2015 entró en vigencia el Código Civil y Comercial que en su art. 7 fija las pautas de derecho transitorio. Como los intereses son consecuencia de una relación jurídica existente, debe aplicarse la nueva ley (conf. Kemelmajer de Carlucci, “Las relaciones y situaciones jurídicas en curso de ejecución”, en Claves del Código Civil y Comercial, Rubinzal-Culzonni, 2015, pág.152; Roubier, Le droit transitoire (conflits des lois dans le temps), 2ª.ed. Dalloz-Sirey, París, 1960, n°42, pág.198 y n°68, pág.334).
Dispone el art. 768 del Código Civil y Comercial que: “Intereses moratorios. A partir de su mora el deudor debe los intereses correspondientes. La tasa se determina: a) por lo que acuerden las partes; b) por lo que dispongan las leyes especiales; c) en subsidio, por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central”.
En el caso, no hay una tasa acordada entre las partes, y tampoco una establecida por leyes especiales. Por ende, solo resta acudir a tasas fijadas en alguna reglamentación del Banco Central.
Por otro lado, el art. 771 Cód. Civil y Comercial prevé que el juez debe valorar “el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación”. Esto significa que, en lo que aquí interesa, que desde el día de la mora el acreedor (víctima) se ha visto privado del capital al que tiene derecho, y que entonces se debe evaluar cuánto le hubiera costado el dinero si lo hubiera buscado en el mercado. Entiendo que para evitar la indeseable consecuencia de que el deudor moroso especule o se vea beneficiado por la demora del litigio, en desmedro de la víctima, la tasa de interés debe ser importante.
La fijación judicial de intereses para las deudas en mora procura resarcir al acreedor por la demora en percibir su crédito y castigar al incumplidor. La jurisprudencia ha resaltado el contenido disvalioso del incumplimiento y la necesidad de desalentarlo, conceptos que conviene recordar y tener presentes (véanse consideraciones de la mayoría en el caso “Samudio”).
Cuando se asigna a las deudas en mora una tasa menor a la que abonan -con arreglo a la ley, los reglamentos en vigencia y los pactos válidos- las personas que cumplen sus obligaciones con regularidad, se desplazan las consecuencias ya apuntadas de la morosidad hacia la sociedad y, en paralelo, se beneficia a los incumplidores.
Es sabido que el interés moratorio debe reparar, en principio, la pérdida de chance de aplicación de las sumas adeudadas a otro negocio redituable o en el detrimento temporal de la solvencia para afrontar deudas líquidas y exigibles por parte del acreedor afectado por la mora (ver Curá, José María, Código Civil y Comercial comentado, La Ley, 2da.ed. actualizada, 2016, T III, comentario art.768 CCC).
Esta Sala viene aplicando desde hace tiempo la tasa activa de interés, ya sea por aplicación de la doctrina del fallo plenario “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transporte Doscientos Setenta S.A.” del 20/4/2009, ya por considerar que no había motivos para cambiarla a partir de la vigencia del nuevo Código por una tasa pasiva u otra diferente. Sin embargo, un nuevo examen de la cuestión permite advertir que la tasa activa que aplica este tribunal no compensa al acreedor, para quien el costo del dinero es mucho más alto.
La tasa activa judicial conforme el plenario Samudio (tasa anual de 29,71% tomando del 1/9/2015 al 1/9/2016) resulta ser casi la mitad del impacto inflacionario anual -de público y notorio-, y mucho menor a las que se aplican en el giro comercial bancario (ej. Banco Nación Argentina, tasa de interés para préstamos personales con destino libre, T.E.A 58,60%).
Parece entonces que una tasa adecuada para estos casos sería la que surja de aplicar dos veces la tasa activa, pues su resultado, en definitiva, refleja el costo del dinero en el mercado para muchos usuarios.
No puede dejar de mencionarse que el artículo 16° de la ley 25.065, de Tarjetas de Crédito, prevé que «el límite de los intereses compensatorios o financieros que el emisor aplique al titular no podrá superar en más del 25%» a la tasa que aplique a las operaciones de préstamos personales en moneda corriente para clientes. Este límite, que fue convalidado por la Corte Suprema (“Proconsumer c/ Banco Itaú Buen Ayre S.A. s/ sumarísimo, del 17/05/2016, LA LEY 2016-D, 159, al no intervenir en el caso resuelto por la sala C de la Cámara Nacional en lo Comercial (fallo del 20/04/2012, publicado en el mismo lugar), es mayor -por el momento- a la tasa que en esta decisión se establece.
Se sigue entonces el criterio de nuestro Máximo Tribunal por el cual la determinación de la tasa de interés a aplicar -anteriormente conf. art.622 CC- queda ubicada en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa que interpretan los ordenamientos sin lesionar garantías constitucionales, en tanto sus normas no imponen una versión reglamentaria única del ámbito de la cuestión (conf. “Banco Sudameris c/ Belcam S.A.”, CSJN Fallos 317:507, ver La Ley 1994-C-30).
De este modo, desde la mora y hasta el 1/8/2015 se dispone la aplicación de la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina conforme el plenario “Samudio”(dado que hasta esa fecha y desde la mora, esta Sala entiende que la doctrina plenaria es obligatoria, como se ha sostenido en numerosos precedentes; ver “Nieto, Rubén Esteban c/ Cajal, Saúl Guillermo y otros s/ Daños y perjuicios”, Expte. 104.622/2011, del 12/06/2016; “Focaraccio, Georgina Vanesa y otros c/ Giménez, Ángel y otro s/ daños y perjuicios”, Expte. 95.334/2013, del 10/08/2008; “Medina, Daniel c/ Fernández Prior, Jorge s/ daños y perjuicios”, Expte. 100.900/2013, del 15/07/2016, entre otros); y a partir de allí y hasta el efectivo pago, el doble de la tasa activa premencionada.
XI.- Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo de mis distinguidos colegas que de ser compartido mi criterio, revocar la sentencia de grado, haciendo lugar a la demanda incoada por Yasmin Elízabeth Carruega por sí y en representación de su hija menor G. A. C., fijar la suma de $ 20.000 y $ 50.000, en concepto de daño moral, respectivamente; e imponer las costas de ambas instancias del modo en que se dispone en el considerando IX de este voto.
La Dra. Abreut de Begher y el Dr. Kiper, por las consideraciones expuestas por el Dr. Fajre, adhieren al voto que antecede.
Con lo que se dio por terminado el acto firmando los señores Jueces por ante mí, que doy fe.
FDO. José Benito Fajre, Liliana E. Abreut de Begher y Claudio M. Kiper.
Buenos Aires, 19 de abril de 2018.
Y VISTO, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide: I. Revocar la sentencia de grado, haciendo lugar a la demanda incoada por Yasmin Elízabeth Carruega por sí y en representación de su hija menor G. A. C., condenando a LABORATORIOS ANDROMACO S.A.C.I., a abonar a las actoras, la suma de $ 20.000 y $ 50.000, en concepto de daño moral, respectivamente; e imponer las costas de ambas instancias del modo en que se dispone en el considerando IX;
II. En atención a lo dispuesto por el artículo 279 del Código Procesal, corresponde dejar sin efecto las regulaciones establecidas en la instancia de grado y fijar los honorarios de los profesionales intervinientes adecuándolos a este nuevo pronunciamiento.
En lo que se refiere a la base regulatoria, este Tribunal considera que, de conformidad con lo establecido por el art. 19 de la ley 21.839, debe considerarse como monto del proceso a los fines arancelarios al capital de condena con más los intereses reclamados y reconocidos en la sentencia (autos “Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA c/Medina Juan José y otros s/cobro de sumas de dinero” del 27/09/11).
A tales efectos, se tendrá en cuenta el objeto de las presentes actuaciones y el interés económicamente comprometido, naturaleza del proceso y su resultado, etapas procesales cumplidas, y el mérito de la labor profesional apreciada por su calidad, eficacia y extensión, considerando además lo dispuesto por los artículos 1, 6, 7, 9, 10, 19, 33, 37, 38 y concs. de la ley 21.839 -t.o. ley 24.432-.
En consecuencia, regúlanse los honorarios del Dr. Alejandro Ferrarotti, letrado patrocinante de la parte actora, en la suma de pesos veinticuatro mil ($ 24.000), por su actuación en la primera y segunda etapa del proceso.
Los de los Dres. Eduardo Enrique Represas, Agustín Francisco Danerio, María Lujan Gallego y María Victoria Imbelloni, letrado apoderado de la parte demandada, en la suma de pesos veintinueve mil ($ 29.000), en conjunto, por sus actuaciones en las tres etapas del proceso.
III. En cuanto a los honorarios de los peritos, se tendrá en consideración el monto del proceso conforme lo decidido precedentemente, la entidad de las cuestiones sometidas a sus dictámenes, mérito, calidad y extensión de las tareas, incidencia en la decisión final del litigio y proporcionalidad que debe guardar con los estipendios regulados a favor de los profesionales que actuaron durante toda la tramitación de la causa (art. 478 del CPCC).
Bajo tales pautas se fijan los emolumentos de los peritos: farmacéutica Liliana Graciela Betti, psicóloga Lic. Silvina Claudia Gugliotta y dermatóloga Dra. Irene Claudia Glikin en la suma de pesos diez mil ($ 10.000), para cada uno de ellos.
Respecto de la mediadora, Dra. María Verónica Ramírez, este Tribunal entiende, que debe aplicarse la normativa vigente al momento de la regulación (cfr. autos “Brascon, Martha Grizet Clementina c. Almafuerte S.A. s/ds. y ps.”, del 25/10/2013, Exp. 6618/2007, en igual sentido, “Olivera, Sabrina Victoria c/ Suárez, Matías Daniel y otro s/daños y perjuicios”, del 1/03/2016, Exp. 9.288/2015, ambos de esta Sala).
En consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto 2536/2015, Anexo I, art. 2°, inc. e) -según valor UHOM desde el 1/8/17-, se establece el honorario en la suma de pesos seis mil doscientos cuarenta ($ 6.240).
IV. Por la actuación cumplida ante esta alzada, que culminara con el dictado del presente pronunciamiento, los honorarios se regularán bajo las disposiciones de la 21.839, en el caso del Dr. Ferrarotti y de la ley 27.423 para la Dra. Gallego por ser las leyes vigentes respectivamente al momento que desarrollaron las tareas profesional.
En razón de ello, se regulan los honorarios del Dr. Alejandro Ferrarotti en la suma de pesos ocho mil cuatrocientos ($ 8.400), (art. 14 de la Ley 21.839). Los de la Dra. María Lujan Gallego en la suma de pesos ocho mil setecientos ($ 8.700), (Art. 30, ley 27.423).
Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública, dependiente de la CSJN (conf. Ac. 15/13), notifíquese y oportunamente, archívese.
FDO. José Benito Fajre, Liliana E. Abreut de Begher y Claudio M. Kiper.
031135E
