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JURISPRUDENCIAAbogado. Ejercicio de la profesión. Retención de sumas de dinero. Sanción
Se aplica una multa por mal desempeño profesional a un abogado que ingresó a su caja de ahorro personal una suma de dinero percibida en el marco de la verificación en una quiebra del crédito del que era titular su representada. Ello, dado que tal conducta no encuentra justificación en el hecho de que la firma representada le adeudara una determinada suma de dinero en concepto de honorarios impagos, aseveración que, sin perjuicio de no haber sido acreditada, no resulta suficiente como para eximirlo de cumplir con sus obligaciones como profesional. Por el contrario, es precisamente por su condición de abogado que debía conocer que la retención del dinero de manera forzosa no era el medio adecuado para reclamar la supuesta acreencia que la empresa le debía por honorarios impagos.
Buenos Aires, 19 de febrero de 2015.
VISTO:
El recurso directo de apelación deducido a fs. 119/120 vta. por el actor contra la resolución obrante a fs. 108/115 vta.; y
CONSIDERANDO:
1º) Que, el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal inició actuaciones sumariales contra el abogado R.C.B., como consecuencia de la denuncia formulada por el doctor A.H.M. Cañas, en su carácter de apoderado de O. S.A.C.E.I., por el mal desempeño del referido profesional en el juicio caratulado “M.E.I. s/ Quiebra”, radicado ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 25, secretaria 50.
El denunciante manifestó que el letrado había sido contratado para que efectuara las gestiones judiciales necesarias con el objeto de verificar un crédito que la firma tenía con la fallida M.E.I. y que, una vez reconocida la acreencia y depositado el dinero en una cuenta a nombre del referido profesional, este nunca lo rindió a la empresa (v. fs. 21/25 vta., 34, 57/60 vta. y 62).
2º) Que, el 14 de agosto de 2014, la Sala II del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal resolvió imponer al mencionado letrado una multa de $ …, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45, inciso c, de la ley 23.187 (fs. 108/115 vta.).
Para resolver de ese modo, tuvo por cierto que:
a) “el 9 de febrero de 2012, en representación de la firma O. S.A.C.E.I. el Sr. B. detentando un poder vigente para ese entonces, percibió en los autos `M.E.I. s/ Quiebra’ la suma de $ …, dinero que fue ingresado a su caja de ahorro” (v. fs. 111 vta.).
b) El letrado “no lo hizo saber de manera inmediata al cliente” y retuvo “para si dichos importes hasta que no fuera satisfecha la deuda alegada por sus servicios profesionales” (v. fs. 111 vta. y 112 vta.).
c) “O. S.A.C.E.I, quien dio inicio al sumario aquí en despacho, negó la existencia de la mentada deuda con el Dr. B., posición que coincide con el intercambio epistolar y la declaración del testigo D.A.C.” (v. fs. 112).
d) El Sr. B. “no contaba con las facturas respaldatorias de la alega acreencia” (v. fs. 112).
e) “En la mediación por daños y perjuicios, promovida por la empresa O. para recuperar el dinero (v. fs. 19/20), el denunciado B. tuvo la posibilidad de reconvenir por cobro de pesos” y no lo hizo (v. fs. 112 vta.).
f) “El letrado no realizó ninguna acción pro-activa tendiente a peticionar su acreencia, simplemente se presentó en juicio en representación de su cliente y unilateralmente decidió retener para sí – hasta hoy – el dinero que cobró en nombre de la empresa que representaba, alegando la existencia de una deuda” (v. fs. 113).
Sentado lo expuesto, afirmó que el actor “violentó la confianza en él dispensada por su cliente” ya que “el ejercicio del mandato derivó en un actuar incompatible con la relación fiduciaria derivada de aquél, en tanto a través de ella sorprendió la buena fe de su instituyente” (v. fs. 113 vta.).
Agregó que “la buena fe prevista por el art. 1198 del CC no sólo debe estar presenta al tiempo de la celebración, sino durante su propia ejecución” (v. fs. 113 vta.).
Citó jurisprudencia del Tribunal de Disciplina que estimó aplicable al caso de autos.
Concluyó que “la falta de ética ha existido y se encuentra probada toda vez que se ha vulnerado la confianza depositada por la firma”.
Por consiguiente, sostuvo que con su accionar el letrado había infringido lo dispuesto por los artículos 6º, inciso e, y 44, incisos d, e, g y h, de la ley 23.187; y artículos 10, incisos a y g, y 19, incisos a, c, f y h, del Código de Ética, motivo por el que correspondía sancionarlo en los términos del artículo 45, inc. c, de la citada ley.
3º) Que, contra dicha resolución, el sancionado dedujo recurso directo de apelación (v. fs. 119/120 vta.).
En esencia, reitera los argumentos vertidos en su descargo de fs. 66/70 vta. respecto de que la decisión de retener la suma depositada en favor de O. S.A.C.E.I, encontraba sustento en la deuda que dicha firma mantenía a su respecto, de aproximadamente $ … en concepto de honorarios impagos.
4º) Que, corrido en esta instancia el pertinente traslado al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, éste lo contestó solicitando el rechazo de la apelación deducida (fs. 141/144 vta.).
5º) Que, a fs. 146, emitió su dictamen el señor Fiscal General.
6º) Que, según el art. 265 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, “[e]l escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas…” debiendo entenderse por tal, la fundamentación y explicación lógica de por qué el juez ha errado en su decisión.
El citado precepto exige que los recurrentes motiven y funden su queja, señalando y demostrando los errores en que se ha incurrido o las causas por las cuales el pronunciamiento se considera injusto o contrario a derecho (cfr. esta Sala, causas “Coulin, Néstor Polidoro c/ CPACF”, sentencia del 21/10/09, “Aerolíneas Argentinas SA (ARSA) c/EN – Mº Planificación – Resol 1478/05-ST-Resl 3/05 s/Proceso de conocimiento”, sentencia del 31/3/2010, CNC-resol 632/05 (expte. 3926/04 c/Telefónica de Argentina SA s/proceso de ejecución”, sentencia del 13/06/13, entre otras).
Es decir, que el contenido del memorial debe consistir en una crítica precisa de los supuestos yerros que contiene la sentencia, sea en la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho y no puede constituir únicamente una mera discrepancia con lo resuelto por el juez. Y si bien la valoración de la expresión de agravios, a los fines de determinar si reúne las exigencias necesarias para mantener el recurso de apelación, no se debe llevar a cabo con injustificado rigor formal que afecte la defensa en juicio (cfr. esta Sala, “Promecor S.A. -TF 8331-A- c/A.N.A.”, sentencia del 26/2/98), es preciso que en ella se detallen concretamente los aspectos de la sentencia respecto de los cuales se disiente.
Asimismo es dable recordar que la mera reedición por las partes de los argumentos vertidos en las instancias anteriores o la remisión a aquéllos, no constituye una crítica concreta y razonada del fallo en los términos del mencionado artículo 265 (conf. Fallos 307: 2216 y esta Sala, en las causas “Firestone de Argentina”, sentencia del 3/10/91, y “CNC…” ya citada, entre otras).
En el caso, ese requisito mínimo no ha sido cumplido en atención a que la recurrente no logra desvirtuar las conclusiones a las que arribó el organismo demandado. En efecto, se limita a reiterar que su accionar se habría encontrado justificado en el hecho de que la firma O. S.A.C.E.I. le adeudaría una determinada suma de dinero en concepto de honorarios impagos, aseveración que, sin perjuicio de no haber sido acreditada, no resulta suficiente como para eximirlo de cumplir con sus obligaciones como profesional. Por el contrario, es precisamente por su condición de abogado que debía conocer que la retención del dinero de manera forzosa no era el medio adecuado para reclamar la supuesta acreencia que la empresa le debía por honorarios impagos.
7º) Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, 7°, 8° -modificado por el artículo 12, inciso e, de la ley 24.432-, 9°, 19, y lo preceptuado en los artículos 37 y 38 -por analogía- y concordantes de la ley 21.839, habida cuenta de la naturaleza del juicio, la importancia de la cuestión debatida -la sanción de multa impuesta al profesional denunciado- y la calidad y eficacia de la labor desarrollada ante esta instancia (conf. contestación de traslado de fs. 89/93 vta.), corresponde regular en la suma de … PESOS ($…) los honorarios del Sr. F.M. (Tº … Fº …), quien se desempeñó como letrado apoderado del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
Al respecto, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que el impuesto al valor agregado (IVA) integra las costas del juicio y que debería adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revistiera la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (Fallos 316:1533), más no frente a aquéllos no inscriptos, ya que a su respecto no es aplicable el método de liquidación del impuesto mediante la confrontación entre el crédito y el débito fiscal (Fallos 322:523).
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1) Rechazar la apelación deducida, con costas (art. 68 del C.P.C.yC.N.).
2) Regular en … pesos ($ …) los honorarios profesionales del abogado F.M. de conformidad con lo dispuesto en el considerando 7º.
Se deja constancia que el señor juez de Cámara Rogelio W. Vincenti no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
JORGE EDUARDO MORÁN MARCELO DANIEL DUFFY
Ley 23187 – BO: 28/06/1985
000152E
