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JURISPRUDENCIACobro de pesos. Heredero. Administración de un bien del acervo. Carácter ganancial
Se revoca el fallo recurrido, haciendo lugar a la demanda por cobro de pesos contra el demandado, quien habría administrado diversos contratos de locación de un inmueble integrante del acervo sucesorio, y tampoco acreditó que se tratara de un bien propio de la causante.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 2 días del mes de junio de 2017, hallándose reunidos los Señores Vocales de la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a fin de entender en el recurso de apelación interpuesto en los autos: “GUTIERREZ Y URQUIJO, María Leonor contra PESCE, Antonio sobre Cobro de sumas de dinero. Ordinario”, habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden del sorteo de estudio la Dra. Lidia Beatriz Hernández dijo:
I.- La cuestión litigiosa.
La actora inicia demanda por cobro de la suma de $ 84.243 contra Antonio Pesce. Alega que al fallecimiento de su padre heredó al igual que su hermana Nubia Gutierrez Urquijo de Pesce el 25 % del patrimonio ganancial del causante. El otro 50% correspondía a su madre en carácter de partícipe en la comunidad de ganancias. Agrega que el 23 de enero de 1999 fallece su madre, por lo que la herencia se dividió por mitades con su hermana.
Considera que el demandado, cónyuge de su hermana, sin su consentimiento, intervino en diversos contratos de locación del inmueble de la calle Billinghurst …, bien integrante del acervo sucesorio, administrando contra su voluntad y recibiendo las sumas de dinero del pago de los arriendos que no le fueron abonadas en la proporción correspondiente.
Por su parte, el demandado aduce que el inmueble era un bien propio de la madre de la actora y que él nunca intervino porque siempre lo administró la causante.
La sentenciante rechaza la demanda pues considera que el inmueble en cuestión no era un bien ganancial integrante de la comunidad de ganancias de los padres de la actora.
Apela la parte actora, quien expresa agravios a fs. 541/544 los que fueron contestados por el demandado a fs. 557/560.
Al contestar los agravios el demandado solicita se declare desierto el recurso por no constituir el escrito de la actora una crítica razonada de los fundamentos de la sentencia. Cabe recordar al respecto que el escrito de expresión de agravios debe contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considera equivocadas, conforme al art. 265 del Código procesal, por lo que el contenido de la impugnación se relaciona con la carga que le incumbe al apelante de motivar y fundar su queja señalando y demostrando los errores en que se ha incurrido o las causas por las cuales el pronunciamiento se considera injusto o contrario a derecho (CNCiv. Sala A, 1998-02-24, Tolabac. Bianchi, La Ley 1999-C-777, J.Agrup. caso 13.807).
En este sentido considero que el escrito de fs. 541/544 resulta suficiente para fundamentar los agravios en cuanto en ellos se cuestiona la valoración que se hiciera en la sentencia de la prueba producida y en consecuencia de sus conclusiones sobre el carácter del bien.
La actora se agravia de la sentencia: 1) Porque ha errado en la calificación del bien ganancial considerándolo propio; 2) Por la inadecuada valoración de la prueba; 3) Por la incorrecta imposición de costas.
Debe aclararse que cuando en la expresión de agravios el apelante ataca la totalidad de lo resuelto en la anterior instancia, peticionando la completa revocación del fallo, es resorte del tribunal de alzada conocer respecto de todas las argumentaciones esgrimidas por las partes, hayan o no sido tratadas por el sentenciante de grado, asumiendo así la jurisdicción en plenitud. Es que, en tales términos, el efecto de la apelación importa la sumisión integral del proceso a la Cámara, quien conoce ex novo sobre todas las cuestiones controvertidas, con poderes idénticos, en su extensión y contenido, a los del juez de grado (CNCiv. Sala H, feb. 29- 1996, Papelera S.A. v. Gamupel S.A., J.A. 1997-II-síntesis, Lexis 1/16854).
Asimismo, habiéndose agotado las consecuencias de los actos que fundamentan el reclamo durante la vigencia del Código civil, corresponde aplicar sus disposiciones.
II.- El bien adquirido por la mujer.
En el caso de autos y según surge de la escritura de compraventa cuya copia se encuentra glosada a fs. 90/93 del cobro de pesos, el 3 de agosto de 1966 Nubia Leonor Fleitas de Gutierrez Urquijo, casada en primeras nupcias con Guillermo Nicanor Gutierrez Urquijo, de profesión docente, compró bajo el régimen de la ley 13.512 de propiedad horizontal el departamento o unidad funcional designada como número dos, ubicada en la planta baja del edificio situado en la calle Billinghurst … esquina Charcas …, de esta Ciudad.
En el texto de la escritura la mujer dejó constancia que «el dinero con que se efectúa esta operación es propio proveniente de su profesión de docente». También consta en la escritura de venta que la compradora efectúa la compra con dinero proveniente de un préstamo que le otorga el Banco Hipotecario Nacional.
Pues bien, basándose en la mención que la compradora hace en la escritura sobre el origen del dinero del precio de la compra, la juez a quo considera que se trata de un bien propio, pues la actora no ha acreditado el carácter de bien ganancial.
La apelante se agravia por la valoración de la prueba que hiciera la sentenciante y porque considera que se trata de un bien ganancial.
Adelanto desde ya que haré lugar a los agravios y propondré al acuerdo la revocación de la sentencia, cuyos fundamentos resultan erróneos respecto de la calificación del inmueble en cuestión como propio.
La escritura de compraventa se suscribió en el año 1966. En ese año regía el original art. 1246 del Código Civil modificado por la ley 11.357, pues a partir de su vigencia la mujer podía adquirir los bienes por sí misma.
Cabe recordar que antes de la ley llamada de los derechos civiles de la mujer casada, ésta no podía adquirir bienes inmuebles y de acuerdo al art. 1246 cuando el marido comprara para la mujer con bienes propios de ella debía hacerlo con su consentimiento, expresándose así en la escritura de compra, y designándose como el dinero le pertenece a la mujer.
También el art. 1247 extendía la solución a la permuta de un bien propio expresándose así en la escritura el origen de los bienes para que se produjera la subrogación real.
Como se advierte estas disposiciones adquieren sentido en el régimen de comunidad con administración marital, que Vélez adoptó en el Código Civil. El Codificador se basó en el régimen de reinversión del Código francés, que reputaba ganancial todo bien adquirido durante el matrimonio por cualquiera de los esposos a título oneroso. De tal manera consideraba gananciales los bienes adquiridos con bienes propios sin reinversión, surgiendo una recompensa a favor del cónyuge aportante (arts. 1401 y 1436 del Code Civil) (Hernández, Lidia B. Código Civil y normas complementarias, análisis doctrinario y jurisprudencia, com. art. 1247, T 3 C, p. 114).
Como se advierte, en los arts. 1246 y 1247 se previeron reinversiones a favor de la mujer. Para que la subrogación tuviera lugar, el marido, administrador de los bienes propios de la mujer, debía en caso de compra o permuta con dinero o bienes propios de la mujer contar con el consentimiento de la ella y dejar constancia en la escritura de cómo el dinero o los bienes pertenecían a la mujer.
Como dice Zannoni se trataba de una inversión facultativa para la mujer, ya que la norma no la imponía; por el contrario podría ser que el marido adquiriese con dinero de la mujer sin su consentimiento, o no dejando la debida constancia en la escritura; entonces el bien adquirido sería ganancial por efecto de la presunción general que surgía del art. 1271 del Código civil (autor citado, Derecho de familia, 2 ed. 1989, t I, p.430 n° 358).
No obstante en este último caso entre los cónyuges o sus herederos siempre era posible la prueba para desvirtuar la presunción de ganancialidad.
Con la vigencia de la ley que da derecho a la mujer de adquirir sus propios bienes se reconocía que cuando se trataba de inmuebles adquiridos por compra o permuta para que conservaran ese carácter la mujer debía dejar constancia en la escritura del origen del dinero o de los bienes propios dados en cambio. (Belluscio, Augustto César, Manual de Derecho de Familia, TII, p. 74. Ed. Depalma, quinta edición actualizada). Precisamente porque así lo disponían los arts. 1246 y 1247 todavía vigentes.
El cumplimiento del requisito de los arts. 1246 y 1247 sólo era indispensable frente a terceros para acreditar el carácter propio del bien inmueble, pues entre las partes, o sea el otro cónyuge y sus herederos era posible acreditarlo con motivo de la liquidación de la sociedad conyugal (Conf. Plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, del 14 de julio de 1972 (LL 148-163).
Además la constancia del origen propio de los bienes sólo constituía una presunción iuris tantum, que los terceros podían destruir mediante la prueba de su falsedad. De igual manera el marido o sus herederos podían desvirtuar el origen propio del dinero si el primero no había comparecido dando su conformidad al celebrarse la escritura de compraventa (Belluscio, ob.cit. p. 74).
Desde la vigencia de la ley 11.357 la mujer podía administrar y disponer a título oneroso de sus bienes propios y de los gananciales, producto de su profesión, oficio, empleo, comercio o industria honestos.
En este sentido, el art. 3 inc. 2) in fine establecía que la mujer podía hacer constar en la escritura de adquisición que el dinero provenía de su trabajo personal, ello respecto de los bienes gananciales, importando una presunción iuris tantum. Nada dijo el artículo respecto de los bienes propios.
La ley 11.357, que facultó a la mujer para hacer constar en la escritura que el dinero provenía de su trabajo personal, no enervó la economía del art. 1246, en cuanto a que para el funcionamiento de la subrogación real de bienes propios de la esposa, se exprese en la escritura de adquisición que la mujer adquiere para sí, designando cómo le pertenece el dinero (Belluscio, Augusto César, Manual de derecho de familia, quinta ed. T II, p.74, núm.358; Fassi, Santiago y Bossert, Sociedad conyugal, T 1, com. art. 1246, p. 184).
Se advierte fácilmente que la facultad que la ley 11.357 le otorgó a la mujer de dejar constancia del origen del dinero en la escritura no tiene por fin la determinación del carácter del bien -a diferencia de los arts. 1246 y 1247 que se referían al funcionamiento de la subrogación real-, sino estaba dirigido a la libre administración por parte de la mujer de los bienes gananciales obtenidos con su trabajo personal.
Si bien con la ley 17.711 del Código Civil y actualmente con las normas del Código Civil y Comercial se ha modificado sustancialmente la situación de la calificación de los bienes y el régimen de administración de la comunidad de ganancias, lo cierto es que deberá analizarse el caso en estudio de acuerdo a las normas vigentes a la fecha en la cual se celebró la escritura de compraventa del bien de la calle Billinghurst …, el 3 de agosto de 1966, durante la vigencia de los arts. 1246 y 1247 de Código Civil y la ley 11.357.
En el año 1966 la causante compró un inmueble durante su matrimonio, a pesar de ello, se discute su carácter ganancial pues la madre de la actora dejó constancia en la escritura de compra que «el dinero con que se efectúa esta operación es propio proveniente de su profesión de docente».
Deberá analizarse si con esa sola mención se puede considerar al bien como propio, además de la carga de la prueba respecto del verdadero carácter del inmueble, pues como ya lo he mencionado no habiendo consentimiento del cónyuge sobre la constancia en la escritura en cuanto al carácter del inmueble, puede ser cuestionado por el cónyuge y en este caso por la heredera.
La doctrina tiene dicho que la mujer debe declarar en la escritura que adquiere el bien como propio, con dinero propio y consignando cómo ese dinero le pertenece. Este último aspecto es el que ofrece más dificultades.
Así, toda la doctrina entiende que se deben consignar datos lo bastante precisos como para posibilitar a quienes, en su momento pretendan discutir la veracidad de ese origen propio, remitirse a determinadas fuentes de constatación o afirmación, como por ejemplo registros, cuentas bancarias, protocolos, asientos en los libros, siendo primordial que el origen de los fondos ubique a éstos dentro de la categoría de propios (Fassi y Bossert, ob.cit. p. 187, Bossert JA 1971, Doctrina, p. 487; Diaz de Guijarro, prueba de la propiedad del dinero con que compra la mujer casada (art. 1246 del Código civil, JA 1943, II, sec. Doctrina, p. 20).
En el mismo sentido Belluscio afirma que esa constancia debe hacerse con la mayor precisión posible, y sostiene que en el caso de empleo de dinero propio, no habría bastado con decir que el dinero provenía de su trabajo personal sin otra referencia, pues tales trabajos podían ser tanto anteriores como posteriores al matrimonio (Autor citado, ob.cit. T II, p. 74, núm. 358).
Así, cuando se diga que tales ahorros del trabajo personal se acumularon antes del matrimonio, deberá decirse en qué estaban invertidos, o dónde estaban depositados al tiempo de la celebración de la escritura. De tal manera ante su omisión la enunciación resulta insuficiente, por falta de individualización del origen del dinero.
Sólo en el caso de una manifestación suficiente, como la denominan Fassi y Bossert, se crea una presunción juris tantum de que el bien es propio de la mujer (Borda, Familia, p. 250, n° 348). Y quien quiera desvirtuar esa presunción, los terceros acreedores, el marido o sus herederos deben demostrar su falsedad. Por lo que mediando una manifestación suficiente la carga de la prueba no pesa sobre la mujer, sino sobre el tercero que sostiene su falsedad (Borda, ob.cit. lugar cit.; Fassi Bossert, ob.cit. p. 190, del T I; Belluscio, ob.cit. T II, p. 72, n° 357; Zannoni, ob.cit. T I, p. 445, n° 336).
De todas maneras se ha afirmado como criterio orientador que la mujer no queda exenta de producir prueba, pues debe tenerse presente la conveniencia de hacer cargar la prueba sobre aquella parte que se encuentre en mejores condiciones de lograrla.
A mi criterio, la enunciación en la escritura de compraventa del bien inmueble de la calle Billinghurst … no resulta suficiente para cambiar el carácter del bien y por ende, para hacer cargar la prueba sobre la actora.
En primer lugar, como ya lo he señalado la causante debió haber individualizado donde tenía ahorrado o invertido el dinero propio proveniente de su trabajo como docente y además manifestar si se trataba de su trabajo personal anterior al matrimonio, máxime que el inmueble se compró en el año 1966, cuando llevaba más de 31 años de casada, habiendo contraído matrimonio siendo menor a la edad de veinte años.
En este sentido, nada se dijo por lo cual cabe presumir que se trató de bienes obtenidos de su trabajo personal durante el matrimonio, y que la manifestación no se referiría al requisito exigido por el art. 1246 del Código Civil sino al establecido en el art. 3 inc. 2 c) de la ley 11.357. Se trataría entonces de un bien ganancial de administración de la mujer.
Asimismo, surge de la escritura que el saldo se abonó mediante un préstamo hipotecario del Banco de la Nación (véase documentación y copia cancelación de hipoteca obrantes a fs. 5/9 de la sucesión intestada de Nubia Leonor Fleitas), por lo que en este sentido sin prueba que lo contradiga cabe presumir que el pago de la deuda del préstamo hipotecario se pagó durante la vigencia de la comunidad con dinero ganancial, como lo analizaré al volver sobre este tema.
Resta decir siguiendo a Fassi y Bossert que cuando la enunciación es insuficiente solo será eficaz frente al marido y a sus herederos, si aquél asistió al acto consistiendo las manifestaciones de su mujer. En todos los demás casos sea frente al marido, a sus herederos y a los terceros, las manifestaciones insuficientes no son eficaces para constituir una presunción juris tantum (ob.citada p. 194). De todas maneras, ante esta circunstancia la mujer podrá probar el carácter propio del bien.
Al tiempo de la muerte de los padres de la actora y de disolución de la sociedad conyugal estaba vigente el Código Civil. Durante su vigencia, es sabido que el art. 1271 del Código Civil establecía una regla de prueba respecto del carácter de los bienes existentes a la disolución de la sociedad conyugal. Los presumía, al igual que la legislación actual, gananciales y quien afirmara el carácter propio debía probarlo. Se trata, en consecuencia, de una presunción iuris tantum que puede ser desvirtuada por la prueba en contra, pesando ello sobre el cónyuge que pretendiera desvirtuar el carácter del bien presumido por la ley (Guaglianone, Disolución y liquidación de la sociedad conyugal, p. 213 y ss; Belluscio, Manual de derecho de familia, t II, p. 72, 5° edición; Zannoni, Eduardo, Derecho de Familia, t I, p. 483, n° 394 y ss.; Mazzinghi, Derecho de Familia, t II, n° 243; Méndez Costa, Efectos patrimoniales del matrimonio, en Derecho de familia, I, p. 346; Fassi, Santiago y Bossert, Gustavo, Sociedad conyugal, t I, p. 330 y ss). Tal es la regla general que rige frente a la insuficiencia de la enunciación de la mujer en la escritura sobre el carácter propio del bien.
A ello se agrega la falta de prueba al respecto cuya producción cargaba quien sostiene el carácter propio del inmueble de la calle Billinghurst.
En cuanto a la deuda con garantía hipotecaria respecto del saldo del precio, cabe señalar que la presunción de ganancialidad también comprende las pérdidas sufridas y gastos y pagos efectuados durante la vigencia del régimen de comunidad por uno u otro cónyuge.
Es decir, que debe presumirse que todo pago o gasto realizado durante el matrimonio ha sido realizado en beneficio de la comunidad, por lo que constituye una carga común. Como se ha dicho impera aquí -como el anverso y reverso de una medalla- la idea asociativa, que hace del matrimonio una comunidad de adquisiciones, pero también una comunidad en el modo de soportar las cargas a las que se refiere el art. 1275 del Código Civil (Belluscio, en Código Civil y leyes complementarias, dirigido por Belluscio y coordinado por Zannoni, t 6, com. art. 1271, p. 135; Méndez Costa, María, Las deudas de los cónyuges, p. 215). Para estos autores es normal que los gastos realizados durante el matrimonio sean comunes y resulta ilógico exigir prueba del destino dado a los fondos, la que difícilmente se podrá suministrar, pues no es habitual que tales gastos se documenten.
De todas maneras si se trata de inmuebles, como en el caso de autos, la prueba de su carácter ganancial resultará en principio de su título de adquisición, que en el caso fue adquirido a título oneroso durante el matrimonio.
Entre cónyuges todo medio de prueba es válido para probar el carácter propio del bien. Así, dicen Fassi y Bossert que las pruebas de importancia cuando se discute a quien pertenecían los fondos con que se hizo la compra serán las que demuestren las posibilidades económicas de cada uno de los cónyuges al tiempo de la adquisición, el movimiento que tuvieron sus fondos, especialmente si se registran cuentas bancarias, sus disponibilidades conforme a las declaraciones juradas para el impuesto a los réditos, por ejemplo. (Autores citados, ob.cit. lugar cit).
Si bien fue la cónyuge en ese momento quien recibió el préstamo, lo cierto es que no se ha acreditado que haya sido la mujer con bienes propios quien pagó la deuda.
En otro aspecto, a fs, 16 de la sucesión testamentaria de Nubia Leonor Fleitas, madre de la actora fallecida en el año 1999 se encuentra glosada una copia del testamento ológrafo de la causante de fecha marzo de 1998, consta en la cláusula tercera que la madre de la actora dice: “Que todo lo que pude expresar con anterioridad delante o no de escribano quede sin efecto en la medida que contradiga lo presente”, y en la cláusula cuarta: “que el 50% de la renta del local de Billinghurst que se encuentra en custodia de Antonio Pesce deberá sin descuentos repartirlo entre mis dos hijas y que deberá consignar las sucesivas rentas desde 1984”.
También la testadora ha dejado constancia en el testamento el carácter de administrador del aquí demandado.
Como se advierte en el testamento la mujer está reconociendo también la ganancialidad del bien de la calle Billinghurst, al adjudicar a cada una de sus hijas el 25% de su participación en la herencia yd e los alquileres devengados por la locación de ese inmueble.
Corresponde entonces calificar como ganancial el inmueble de la calle Billinghurst, pues ante la insuficiencia de la constancia del origen del dinero y la presunción en cuanto al pago del préstamo hipotecario corresponde concluir respecto de su ganancialidad, como lo he explicado.
III.- La contestación de los agravios.
Reitera el demandado los argumentos que expusiera en la contestación de demanda en el sentido que fuera el bien propio o ganancial su parte carecería de legitimación pasiva, pues la actora debería haber reclamado a su madre, quien percibió los alquileres, incluso las sumas resultantes de la ejecución de alquileres, ya que su parte fue un simple intermediario, ni apoderado ni gestor, y por lo tanto no tiene obligación alguno respecto del reclamo de autos.
A fs. 549 del la causa penal 2449/2007 acompañada al presente y que tengo a la vista obra recibo suscripto por el demandado en su carácter de gestor de la causante que asciende a la suma de $ 33.000, de fecha 6 de mayo de 1996. Cabe recordar que en esa fecha hacía varios años que había fallecido Guillermo Nicanor Gutierrez, padre de la actora. De acuerdo a la declaratoria de herederos que consta a fs. 32 de su juicio sucesorio también agregado a los presente lo heredaron sus dos hijas sin perjuicio de los derechos de su viuda como partícipe de la sociedad conyugal disuelta por su muerte.
El demandado ha reconocido a fs. 165/168 que administró el bien y que no rindió cuentas a la actora sino que lo hizo a su madre y a fs. 703/706, reconoció también el recibo en el escrito que agregara a fs. 633, todas constancias de la referida causa penal.
En definitiva, si ya sucedida la muerte del padre de la actora e iniciada su sucesión el 16 de julio de 1976 (véase fs. 23 del proceso sucesorio de Guillermo Nicanor Gutierrez), en la cual una de las herederas era su cónyuge, no cabe duda que el gestor debió depositar el 25% de la cantidad recibida del locatario en la sucesión como perteneciente a la actora y no lo hizo.
Tampoco a mi criterio cabe considerar que la heredera ha consentido el carácter propio del bien. Entiendo que en el momento inicial no se ha agregado en esa sucesión el título de propiedad que permitiera presumir tal conformidad, recién años después en la sucesión de su padre la heredera acompaña una copia del título considerando al inmueble como ganancial.
IV.- El monto del reclamo.
La actora reclama la suma de U$S 33.000 más los intereses a la tasa activa desde el 6 de mayo de 1996.
Pues bien, conforme surge del recibo que la misma actora agrega en copia a fs. 2 y que fuera reconocido por el demandado en la causa penal acompañada por cuerda, éste recibió del inquilino la suma de $ 33.000 y no dólares, por lo que corresponde a la actora el 25% de dicha suma es decir la de $ 8.250.
De admitir el reclamo de acuerdo a la conversión del dólar a la cotización actual se estaría aceptando la desvalorización del signo monetario.
Es sabido partir de la ley 23.928, en 1991, quedó prohibida toda «indexación» por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, prohibición que ha mantenido el art. 4, vigente ley 25.561, denominada de emergencia económica. «En ningún caso dice esta última norma se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor».
De tal modo el capital de condena no es susceptible, hoy, de estos mecanismos de corrección monetaria, que en su origen fueron propiciados exclusivamente para las llamadas obligaciones de valor que se liquidan en dinero y que con la hiperinflación que azotó a nuestra economía durante décadas se generalizó a todas las obligaciones dinerarias.
V.- La tasa de interés.
En este aspecto, corresponde hacer lugar al reclamo aplicando la doctrina del acuerdo plenario de fecha 20 de abril de 2009 en autos “Samudio de Martínez, Ladislaa c. Transportes Doscientos setenta S.A. sobre daños y perjuicios”, obligatoria para el fuero civil de la Capital Federal, por la que se dejó sin efecto la fijada en los plenarios “Vázquez, Claudia Angélica c. Bilbao, Walter y otros sobre daños y perjuicios” del 2 de agosto de 1993 y “Alaniz, Ramona Evelia y otro c. Transportes 123 SACI, interno 200 sobre daños y perjuicios” del 23 de marzo de 2004 y estableció la tasa de interés moratorio correspondiendo aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, con cómputo desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido”.
En virtud de ello, debe establecerse para el cálculo de los intereses moratorios la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, con cómputo desde el inicio de la mora, o sea el 6 de mayo de 1996 y hasta el cumplimiento de la sentencia.
“Es por ello que, desde “el inicio de la mora”, ya sea que la obligación pertenezca a la órbita contractual o aquiliana “hasta el cumplimiento de la sentencia” quedó determinada una regla general: aplicar el cálculo de intereses moratorios (art. 622 del Código Procesal) a la tasa activa. Dicho aserto no admite cuestionamientos (conf. nuestro voto en el plenario “Samudio”).
En este sentido se ha dicho, entre los fundamentos que en el fuero laboral se dieron para la aplicación de la tasa activa a los créditos devenidos en dichos procesos: “Que, la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, pacíficamente empleada por los tribunales hasta el inicio del período en que se aplicara la indexación, es la más apropiada para su aplicación a los créditos judiciales, ya que equivale, al menos aproximadamente, al costo que el acreedor impago debería afrontar para obtener, en el momento del vencimiento de la obligación, el monto que el deudor moroso hubiese retenido, a la vez que pone en cabeza del deudor la responsabilidad por el resarcimiento de aquel costo, sea este real o equivalente en términos de postergación de consumos o privaciones en que el acreedor hubiese debido incurrir para hacer frente a la falta de pago oportuno de su crédito” (Acta del Plenario CNAT 2357, aplicable a procesos sometidos a conocimiento del fuero a partir del 1-1-2002).
En definitiva, de establecerse una tasa menor se estaría premiando al deudor por el tiempo transcurrido entre el hecho y la sentencia firme que decide su pago. Como ha señalado la Sala H en autos “Fragoso c/ Construred S.A. s/ daños y perjuicios” (22/04/03) “…una tasa inferior a la de plaza provoca un beneficio para el deudor moroso que aumenta a medida que el proceso se dilata, mientras que una tasa acorde a la del mercado constituye un estímulo que es el deseable, en tanto se ajusta a la garantía ínsita en el art 18 de la Constitución Nacional”.
VI.- Las costas.
Teniendo presente la forma en que se decide haciendo lugar parcialmente a la demanda, las costas deberán imponerse la demandado esencialmente vencido (art. 68 del Código procesal).
De acuerdo al art. 68 del Código Procesal, las costas se imponen conforme el principio objetivo de la derrota. En este sentido, la noción de vencido a los efectos del pago de las costas, debe ser determinado con una visión global del juicio y con independencia de la proporción en que prosperen las pretensiones articuladas. En definitiva, la fijación de las costas debe ser realizada con un criterio jurídico y no meramente aritmético (CNCiv. Sala H, 1999-3-17, Lisi Nicolás R. c. Chispa S.A; La Ley 2000-F-206; CNCom. Sala D, 2000-10-11, Chiappara, Ceccotti y Matuk y otros c. Peñaflor S.A, DJ 2000-3-1055; CNTrab. Sala I, 1999-11-30, Makaruk, B. c. Farmacia Gran Via SRL y otro, La Ley 2000-C-242).
Por las consideraciones expuestas, en caso de resultar compartido este voto propongo que se revoque la sentencia: En consecuencia, 1) El demandado deberá abonar a la actora la suma de $ 8.250, con más los intereses, en el plazo de diez días; 2) Se deberá determinar que los intereses deben calcularse desde la mora y hasta el efectivo pago, de acuerdo a lo establecido en el apartado VI, a la tasa activa (cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina); 3) Con costas de ambas instancias al demandado que resulta vencido (art. 68 del Código procesal.
El Dr. Ameal y el Dr. Álvarez por las razones y consideraciones aducidas por la Dra. Hernández votan en el mismo sentido a la cuestión propuesta.
FDO. LIDIA B. HERNÁNDEZ- OSCAR J. AMEAL- OSVALDO O. ALVAREZ- JAVIER SANTAMARIA (SEC.).
Buenos Aires, 2 de junio de 2017.
Y visto lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, por unanimidad de votos el Tribunal decide modificar la sentencia: En consecuencia, 1) El demandado deberá abonar a la actora la suma de $ 8.250, con más los intereses, en el plazo de diez días; 2) Se deberá determinar que los intereses deben calcularse desde la mora y hasta el efectivo pago, de acuerdo a lo establecido en el apartado VI, a la tasa activa (cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina); 3) Con costas de ambas instancias al demandado que resulta vencido (art. 68 del Código procesal.
Se difiere la regulación de honorarios para una vez aprobada en autos liquidación definitiva (art. 279 del Código Procesal).
Se deja constancia que la difusión de la presente resolución se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. En caso de su publicación, quien la efectúe, asumirá la responsabilidad por la difusión de su contenido.
Notifíquese y regístrese de conformidad con lo establecido con el art. 1° de la ley 26.856, art. 1 de su Decreto Reglamentario 894/2013 y arts. 1, 2 y Anexo de la Acordada 24/13 de la CSJN.
Fecha de firma: 02/06/2017
Firmado por: JUECES DE CAMARA,
Firmado por: OSCAR JOSE AMEAL, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: LIDIA BEATRIZ HERNANDEZ, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: OSVALDO ONOFRE ALVAREZ, JUEZ DE CAMARA
017957E
