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JURISPRUDENCIAUsurpación de títulos u honores. Absolución. Atipicidad. Omisión. Lesión. Bien jurídico protegido. Administración pública
Se revoca la sentencia apelada y se absuelve a la imputada por el delito de usurpación de títulos y honores (art. 247 del C.P.), puesto que la firma de un informe como licenciada en Trabajo Social cuando aún tenía el título en trámite no constituye un delito, dado que no se advierte la lesión al bien jurídico tutelado (administración pública). Por ello, la acción deviene atípica.
ACUERDO
En la ciudad de San Isidro, partido homónimo, Provincia de Buenos Aires, a los 10 días del mes de septiembre de dos mil quince, reunidos en acuerdo ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental, Dres. Ernesto A. A. García Maañón, Duilio Alberto Cámpora e integrada por la Dra. Celia Margarita Vazquez, bajo la presidencia del primero de los nombrados, con el objeto de resolver, los recursos de apelación interpuestos por el señor Defensor Particular de N. S., Dr. Silvio Ramón Duarte, y por el Dr. Luis Carvallo D`Onofrio, representante del particular damnificado, en los incidentes Nro. 13.704 y 13.705 del registro interno de la secretaría de este Tribunal, caratuladas «S., N. s/ apelación de sentencia» y «S., N. s/ apelación de sentencia interpuesto por el particular damnificado». Practicado el sorteo que establece la ley, resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: CÁMPORA – GARCÍA MAAÑÓN y VAZQUEZ, para el caso de disidencia.
En el modo precedentemente dispuesto, los señores magistrados se abocaron al estudio de los siguientes:
ANTECEDENTES
I. Llegan los autos a consideración del Tribunal como consecuencia de los recursos de apelación interpuestos por el señor defensor particular de N. S., Dr. Silvio Ramón Duarte y el letrado del particular damnificado, Dr. Luis Carvallo D`Onofrio, ambos contra el veredicto y la sentencia dictados por el señor Juez titular del Juzgado en lo Correccional Nro. 4 Departamental, Dr. Juan Facundo Ocampo, quien con fecha 6 de noviembre de 2014, condenó a N. S. a la pena de un mes de prisión, de ejecución condicional, con costas, por considerarla autora penalmente responsable del delito de usurpación de titulos y honores (art. 45 y 247 párrafo primero del Código Penal).
II. El Magistrado entendió que N. S. resultó ser autora del hecho imputado por el Ministerio Público Fiscal, a saber: «…que el día 10 de mayo de 2000, en la IPP 48.209 de trámite por ante la ex Unidad Funcional de Instrucción nro. 2 Departamental, la aquí imputada N. S. se arrogó el título de Asistente Social, en el informe que en copia luce a fs. 8/11, sin poseer el título que la habilitaba para ello, estampando su firma donde reza «S., N., LIC. TRABAJO SOCIAL UBA», siendo que la nombrada obtuvo título habilitante para el ejercicio de dicha profesión el día en que fuera expedido a su nombre el título de Licenciada en Trabajo Social, ello en fecha 31/10/00…»; entendiendo que no tenía el permiso legal exigido para poder actuar dentro del ámbito de su profesión, ya que, a su criterio, se es trabajador social cuando se puede ejercer la profesión.
III. Contra dicha resolución se alzaron tanto el defensor particular como el letrado del particular damnificado, por las razones consignadas en sus libelos impugnativos.
III. El sentenciante concedió a fs. 37/vta. del incidente Nro. 13.705 el recurso al defensor particular de S.; y a fs. 49/vta. del incidente Nro. 13.704, concedió el recurso al particular damnificado, por ante esta Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental, de conformidad con lo normado en los arts. 433, 439, 441, 442 y ccdtes. CPP, quedando radicadas las actuaciones por ante esta Sala, conforme se desprende del auto de fs. 57 del incidente 13.704 y el mantenimiento de dicha radicación a fs. 44 del incidente 13.705; y celebración de la audiencia regulada por el art. 41 del Código Penal -conf. fs. 69-, la causa se encuentra en condiciones de ser resuelta, por lo que los señores Jueces decidieron plantear y votar las siguientes:
CUESTIONES
Previa: ¿Corresponde dar tratamiento conjunto a ambos recursos? Primera: ¿Son admisibles los recursos?
Segunda: ¿Corresponde hacer lugar a la audiencia solicitada? Tercera: ¿Son procedentes los recursos?
Cuarta: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión previa planteada, el Señor Juez Dr. Duilio Alberto Cámpora dijo:
Los recursos interpuestos se encuentran indisolublemente vinculados toda vez que la suerte del recurso interpuesto por el particular damnificado corre la de la impugnación de la defensa, en la medida en que, de ser exitoso éste, no existiría condena sobre la que pudiera recaer el reclamo de un mayor monto punitivo.
Así, razones de economía procesal aconsejan dar tratamiento conjunto a ambas impugnaciones.
Voto por la afirmativa.
A la misma cuestión planteada, el Señor Juez Dr. Ernesto A. A. García Maañón dijo:
Adhiero al voto del colega preopinante, en igual sentido y por sus mismos motivos y fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la primera cuestión planteada, el Señor Juez Dr. Duilio A. Cámpora dijo:
Además de cumplir con los recaudos de tiempo y forma que regulan su interposición, los recursos abastecen los requisitos de impugnabilidad tanto en los aspectos objetivos como subjetivos, puesto que se dirigen contra el veredicto condenatorio dictado en juicio correccional y los peticionantes se encuentran legitimados para su deducción, en tanto poseen interés directo en el fondo del asunto, habiendo indicado los motivos de agravio y los fundamentos en que se sustentan sus pretensiones, a partir de los que hacen una crítica razonada del auto en crisis (arts. 18, 31, 33 y 75 inc. 22 CN; 168 y 171 Const. Prov.; 421, 439 in fine, 442 y 446 a contrario sensu CPP). Voto por la afirmativa.
A la misma cuestión planteada, el Señor Juez Dr. Ernesto A. A. García Maañón, dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por sus mismos motivos y fundamentos (arts. 18, 31, 33 y 75 inc. 22 CN; 168 y 171 Const. Prov.; 421, 439 in fine, 442 y 446 a contrario sensu CPP).
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el Señor Juez Dr. Duilio Alberto Cámpora dijo:
En mi opinión, no corresponde hacer lugar a la audiencia para informar solicitada por la defensa en el marco del incidente Nro. 13.704, toda vez que la petición no se encuentra debidamente fundada.
El art. 442 del rito señala que las partes deberán manifestar fundadamente si informarán oralmente ante la Cámara de Garantías. Este requisito de fundamentación -del que sólo se encuentra exceptuado el Ministerio Público Fiscal-, no se encuentra abastecido en autos, toda vez que el Señor Defensor Particular no ha consignado los argumentos que sustentarían su petición, limitándose a indicar que «…como prevén los arts.442 y 447 del rito, a los efectos de informar oralmente ante la Cámara de Apelaciones ante la complejidad constitucional y legal que se plantea en este caso correccional, solicito se fije audiencia.», por lo que corresponde responder negativamente a esta cuestión (arts. 421, 442 segundo párrafo a contrario sensu, 446 y 447 CPP).
Voto por la negativa.
A la misma cuestión planteada, el Señor Juez Dr. Ernesto A. A. García Maañón dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, Dr. Cámpora, por sus mismos motivos y fundamentos (arts. 168 y 171 Const. Prov.; 106 CPP).
Voto por la negativa.
A la tercer cuestión, el Señor Juez, Dr. Duilio Alberto Cámpora, dijo: Comenzaré dando tratamiento a la impugnación deducida por la defensa, por las razones señaladas al plantear y votar la cuestión previa, en la medida que la suerte del recurso del acusador particular depende del éxito del recurso de la defensa.
En esa linea, advierto de la compulsa de las actuaciones que el hecho materia de imputación fue recreado en el juicio conforme la prueba que se considera pertinente, producida en el debate, a saber: la denuncia de Luis Carvallo D`Onofrio, abogado de J. G. C., quien denunció a N. S. a raíz de su intervención en la confección de informes que fueron presentados en la causa que se le sigue a su asistido en orden al delito de abuso sexual agravado; fotocopias de las partidas de nacimiento de los involucrados en aquella causa; informes del Centro de Asistencia a la Niñez y Adolescencia de Vicente López de fs. 8/11, 12/13 y 316/319 firmados por la Dra. María del Cármen Berdinas y la licenciada en Trabajo Social, N. S.; declaración testimonial de N. S. de fs. 14/17, prestada el día 15 de junio de 2000, en la ex Fiscalía de Instrucción Nro. 2 departamental, en el marco de la causa seguida a G. C., por la posible comisión del delito de abuso sexual; fotocopias del informe confeccionado por D. S. P. d. A., en el cual realizó un análisis de la actuación de la señora N. S. en el caso y apuntó supuestos errores técnicos que, en parte, adjudicó a la falta de habilitación para el ejercicio de la Psicología y por la actitud parcial con que fue abordado el caso; fotocopias certificadas de la causa nro. 7913/613 del registro del Tribunal en lo Criminal nro. 5 departamental, caratulada «C., J. G. s/abuso sexual calificado por el vínculo» (fs. 58/296); fotocopias de resolución adoptada por el Tribunal en lo Criminal nro. 4 departamental en causa nro. 1216/1047 caratulada «A., C. A. s/corrupción de menores» en la cual se resolvió condenar a C. A. A. a la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas por la autoría del delito de abuso sexual, dos hechos que concurren realmente entre sí; copia el curriculum vitae de la sra. N. S.; fotocopias de la página Web del Colegio de Asistentes Sociales o Trabajadoras Sociales de la Provincia de Buenos Aires en la cual constan los requisitos para solicitar la matriculación en dicha colegiatura. Los requisitos son: D.N.I. y fotocopia, Título, domicilio real y legal en la Provincia de Buenos Aires, declarar no estar afectado por las causales de inhabilitación para el ejercicio de la profesión y abonar el derecho de inscripción en la matricula. Todo ello será tratado por el Consejo Directivo Distrital y el Consejo Superior; solo una vez aprobado se convocará al interesado para que se notifique.
Por su parte, se agregó fotocopia de la resolución nro. 579/86 del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación en la cual se fijaron para los títulos de Asistentes Sociales, Trabajadores Sociales, Licenciados en Servicios Social y Licenciados en Trabajo Social las incumbencias generales que se agregan como anexo; fotocopia del diploma de N. S. en la cual la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales certifica que la nombrada ha terminado sus estudios el día 18 de octubre de 1999, correspondientes a la carrera de Trabajo Social, por lo que en esa Casa de altos estudios se le expidió el Título de Licenciada en Trabajo Social el día 31 de octubre de 2000; fotocopia del analítico de N. S. en el cual se observa que la mencionada cursó y aprobó allí las asignaturas de la carrera, finalizando así el ciclo profesional; informe de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, en el cual se hace saber que N. S. es egresada de la carrera de Trabajo Social, que su diploma se encuentra registrado en el Libro de Grado …, folio …, número de registro … y con fecha de expedicióin 31 de octubre de 2000, diploma retirado el día 28 de octubre de 2001; y fotocopias del legajo de N. S. en la Municipalidad de Vicente López donde surge que fue designada por decreto 2201 de esa Municipalidad el día 21 de agosto de 1998 a cargo de talleres mensuales en el Centro Municipal de Asistencia a la Niñez, para tener a su cargo la atención y convalidación de diagnóstico de abuso sexual infantil.
Asimismo, por decreto 1059 del 28 de abril de 1999 se la designa como personal mensualizado desde el 1 de enero de 1999 hasta el 30 de junio del mismo año. Luego, por decreto 1961 se la dispuso en la Dirección del Centro de Asistencia a la Niñez y Adolescencia desde el 1 de julio de 1999 hasta el 31 de diciembre del mismo año.
También se la designó como jefa de división por decreto 1519 del 2000, desde el 1 de mayo hasta el 30 de junio y se amplió por decreto 1717 del 14 de junio de 2000, luego por decreto 2245 del 21 de julio de 2000 para el período del 1 de julio de 2000 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.
Finalmente, el Colegio de Asistentes Sociales o Trabajadores Sociales Distrito San Isidro, informó que la Señora S. se encuentra matriculada en ese Colegio Provincial con legajo nro. 7848 habiendo presentado para ello título de Licenciada en Trabajo Social con fecha 31 de octubre de 2000, habiendo sido expedida dicha matricula con fecha 3 de mayo de 2002.
La imputación jurídica fue construida con base legal en el artículo 247 párrafo primero del Código Penal, considerando la conducta de la imputada como constitutiva del delito de usurpación de títulos y honores.
En ese contexto, el defensor Defensor se agravia de una supuesta violación a la congruencia, en base a lo sostenido por la Fiscalía en ocasión de los actos regulados en los arts. 308, 335, 354 y 368 del CPP.
Ello, en la medida que si bien la conducta objeto de reproche coincide con la achacada en momentos de tomar declaración a tenor del art. 308 del CPP, como así también en el requerimiento de elevación a juicio y en los alegatos finales y no hubo modificación del objeto del proceso, se ha modificado el encuandre legal, lo que a su entender, con base en jurisprudencia de la CSJN que cita, se habría afectado la congruencia, solicitando la nulidad de la sentencia.
Sin embargo, el objeto de la discusión en el presente, no reposa en la reconstrucción histórica del hecho, ni la violación al principio de congruencia o si el Representante del Ministerio Público Fiscal debería haber utilizado la vía de la acusación alternativa, sino en el grado de incidencia que la modificación del encuandre legal pudiera haber tenido para el ejercicio regular de la defensa en juicio.
En este sentido, en función de la solución que se pretende -nulidad de la sentencia- corresponde primero verificar la existencia de un incumplimiento de las formas del acto y que ello haya implicado un perjuicio para la parte, como presupuesto necesario de la sanción procesal que se solicita, conforme doctrina consolidada de esta Sala.
Y, atendiendo a las particularidades de la sentencia recaída en estos obrados, dos son las razones que me llevan a rechazar la solicitud: (a) la descripción del hecho que le fuera intimada a S. en los distintos estadios procesales contiene la indicación de todos los extremos de la figura legal en la que, finalmente, tanto el Fiscal al momento de la discución final como el Juez al momento de dictar sentencia, subsumieron el hecho objeto del proceso; y (b) de esa situación no se derivó ni pudo derivarse perjuicio concreto para la parte, el que dicho sea de paso no fue alegado, argumentado y probado, sino que, al contrario, ha permitido entender en que consistía la acusación, a punto tal que al alegar indicó la modificación del encuadre legal que se habia mantenido hasta ese momento y ahora, en el recurso, reedita esos planteos, incluso reconociendo el sustrato fáctico sobre el que reposa la sentencia, al solo agraviarse de la significación jurídica.
Estas razones, más la solución definitiva que propondré, que resulta más beneficiosa para la imputada, me llevan a rechazar este aspecto del recurso. Sobre el segundo punto, que verdaderamente juzgo insuficiente e inconducente para saldar definitivamente la situación de la imputada, no habré de expedirme, en la medida que lo trascenderé con un argumento de fondo que desarticula la acusación.
En este sentido, haciendo uso de la facultad que a esta Alzada le acuerdan los arts. 434 y 435 del CPP, en cuanto limitan el conocimiento de esta Cámara a los motivos de agravios pudiendo excederlos en casos de advertir nulidades absolutas o cuando se permita mejorar la situación del imputado, entiendo que no se encuentra configurado el tipo en que fue subsumido el evento.
La materialidad del hecho y la intervención de la imputada en él, son aspectos que llegan firmes a esta alzada en función de no ser materia de agravio, y de haber sido, incluso, reconocidas en la instancia anterior por la acusada, de modo tal que se trata de un aspecto cuyo tratamiento se encuentra vedado a este Tribunal.
Lo mismo sucede, en mi opinión, con los aspectos relativos a la adecuación formal de la conducta de la imputada a la figura legal del art. 247 primer párrafo, en la medida que, a poco de verificar los extremos para su configuración, objetivamente, la imputada ejerció actos propios de la profesión de trabajadora social sin aún poseer el título expedido por la universidad en la que estudió y sin estar matriculada en el respectivo Colegio Profesional.
Sin embargo, entiendo que aún cuando la conducta resulta formalmente tipica no lo es materialmente, por lo que se impone el dictado de un veredicto absolutorio.
A efectos de formular un juicio de imputación normativa de la conducta al tipo, el primer elemento que debe valorarse es el relativo a la violación de la norma que se deduce de él y la lesión al bien jurídico que ella castiga, pues la intervención penal solo resulta habilitada frente a la existencia de un conflicto, aspecto que solo puede predicarse cuando además de la infracción a una norma, el bien jurídico aparece afectado y el hecho puede atribuirse como obra propia al agente.
Una pura infracción normativa sin lesión para nadie no es un conflicto sino una mera desobediencia, que no puede justificar la habilitación de poder punitivo, en la medida que se pretenda garantizar un estado de libertades propio de un estado de derecho.
Ahora bien, el bien jurídico cuya afectación la norma castiga es la facultad privativa del estado de expedir títulos habilitantes conforme las previsiones de cada profesión, pero garantizando que esa expedición obedece a que su beneficiario posee ciertos conocimientos para su desarrollo, pues lo contrario aparecería perjudicando, no solo la facultad estatal sino que tendría potencialidad de afectación a los particulares en la medida que permitiría la incorporación de personas no idóneas o calificadas para desarrollar profesiones en las que va el interés común.
Ello hace que la exigencia no resulte lineal, pues requiere, a la vez, como condiciones para lesionar el bien jurídico, no sólo que el agente carezca de título o habilitación, sino que resulte inidónea para la profesión.
En el presente, esas condiciones no se encuentran dadas, de modo que sólo podría formularse un imputación normativa de la conducta vaciando de contenido al bien jurídico y reduciendo la prohibición a una infracción meramente formal.
N. S. no tenía aún el título ni la colegiación necesaria para ejercer su profesión. Eso está fuera de discusión. Pero tenía su título en trámite, el que había iniciado dos años antes, habiendo concluído la carrera de grado que la hacía acreedora de él y habiendo sorteado satisfactoriamente las materias.
En este sentido, no se verifica en la especie la inidoneidad del sujeto activo que permita considerar abastecida la exigencia de afectación del bien jurídico de modo apreciable.
En este contexto, la punición de la conducta de S. no pasaría de ser una infracción administrativa a las reglas en materia de colegiación.
No hace mella a esta conclusión, el hecho de que en uno de los procesos en que intervino, haya, supuestamente, incurrido en error al dictaminar, conforme lo sostiene una de las testigos, quien adjudica el yerro a la falta de habilitación. Más allá que la conclusión de la testigo luce, al menos, impropia, en la medida que reconduce mecánicamente el supuesto yerro a la falta de habilitación para ejercer la profesión, lo que resulta elocuente, no advierto que esa circunstancia hubiera podido variar en caso de poseer el título «en la mano» y estar colegiada.
Una cosa no condiciona la otra y bien podría darse la situación de tener un fallo en el dictamen y poseer habilitación, o la contraria, no fallar y no estar habilitado. Aparece más como un juicio apresurado guiado por algún interés particular, que una conclusión con apoyatura en evidencia específica, en la medida que ningún dictamen ofrece conclusiones con certeza apodíctica y, por lo común, se basan en juicios de valor que, como tales, no son ni verdaderos ni falsos, sino válidos o inválidos y, por tanto, opinables.
La razón de ser de la prohibición reside en evitar la inidoneidad del agente, de modo que caen dentro de la figura quienes sean inidóneos y no tengan título, como aquéllos que tengan título mal habido y no obtenido por carriles lícitos. Ese es el fin de la norma y no criminalizar sujetos que habiendo cumplido los recaudos exigidos, carecen aún del título.
Conforme lo expuesto, la conducta es atípica.
Pero aún si este argumento no conformara, existen otras razones que no pueden preterirse y que todos los actores del proceso, incluso el juez y la defensa, pasaron por alto.
Para ello, es relevante referir la génes del proceso en el cual intervino la imputada de autos. De allí que, para mejor decidir, haciendo uso de la facultad que acuerda el art. 443 del rito, se requirió la remisión a esta sede de la causa Nro. 613 del Tribunal en lo Criminal Nro. 5 Departamental, seguida a J. G. C.
De esas actuaciones, se observa que el proceso se inició por denuncia de la progenitora de las víctimas, formulada en la Comisaría Tercera de Tigre (fs. 1/1vta.), la que fue ratificada en sede de la Fiscalía (fs. 23/25), oportunidad en la que instó la acción penal contra su ex marido, solicitando posteriormente ser tenida como particular damnificada (fs. 19). Recién a fs.
Y es el hecho no menor de que los dictamenes emitidos por la imputada tuvieron lugar en el marco de las funciones que cumplía en el ámbito de la Municipalidad de Vicente López, donde tenía el correspondiente nombramiento, conforme los cánones legales.
Esa circunstancia, en la medida que no se encuentra corroborado que a ese tiempo la imputada cumpliera funciones como Trabajadora Social por fuera del ámbito público, puede haberla movido a error, creyendo que, en ese marco, el nombramiento administrativo la habilitaba a actuar en calidad de empleada municipal, con conocimientos especiales.
Esto no fue advertido ni recelado por la acusación, y tiene verdadera naturaleza eximente, a poco que se repare que constituiría un error de tipo – falsa creencia de que se tenía habilitación para actuar en el ámbito municipal conforme la finalidad para la que fue nombrada- que, aunque vencible, excluiría toda imputación, en la medida que no se encuentra prevista figura imprudente. Esta circunstancia no fue descartada, cuando, al menos, debió haber llamado la atención que, conforme la prueba producida y recabada en los largos años que llevó la investigación hasta la celebración del juicio, no se comprobó que ejerciera la profesión en forma particular y que, incluso, inició los trámites respectivos de colegiación, lo que resultaba francamente indicativo de una creencia de la posibilidad de actuar como Trabajadora Social en el ámbito público comunal.
Estas razones, en mi opinión, sellan la inocencia de N. S., en la medida que su conducta no encuadra en una figura legal.
En atención a la solución que propondré al Acuerdo con respecto al recurso de Apelación deducido por el defensor de S., he de proponer que que el recurso del particular damnificado ha devenido abstracto, no habiendo condena sobre la que pudiera recaer la pretensión impugnativa de la parte, y así lo propondré al Acuerdo.
A la misma cuestión planteada, el Señor Juez Dr. Ernesto A. A. García Maañón dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por sus mismos motivos y fundamentos (arts. 168 y 171 Const. Prov.; 106 CPP).
Voto por la negativa.
A la cuarta cuestión planteada, el Señor Juez Dr. Duilio A. Cámpora dijo:
Visto el modo en que ha quedado resuelta la cuestión precedente, preceptos legales citados, y en cuanto ha sido materia de recurso -art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- estimo que corresponde: I. Declarar admisibles los recursos de apelación interpuestos por el señor defensor particular de N. S., Dr. Silvio Ramón Duarte y del letrado del particular damnificado, Dr. Luis Carvallo D`Onofrio, ambos contra el veredicto dictado por el señor juez titular del Juzgado en lo Correccional Nro. 4
Departamental, Dr. Juan Facundo Ocampo, en el que, con fecha 6 de noviembre de 2014, condenó a N. S., a la pena de un mes de prisión, de ejecución condicional, con costas por considerarla autora penalmente responsable del delito de usurpación de titulos y honores (art. 45 y 247 párrafo primero del Código Penal); II. no hacer lugar a la audiencia para informar oralmente solicitada por la defensa, III. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el defensor técnico de la Sra. N. S. y revocar el veredicto y la sentencia apeladas y absolver libremente a N. S. por el hecho materia de imputación ocurrido el día 10 de mayo de 2000, en la IPP 48.209 de trámite por ante la ex Unidad Funcional de Instrucción nro. 2
Departamental; y IV. Declarar abstracto el tratamiento del recurso interpuesto por el particular damnificado, por entender que no sobreviene condena sobre la que pudiera recaer la pretensión impugnativa, y así lo propondré al Acuerdo.
Es mi voto.
A la misma cuestión planteada, el Señor Juez Dr. Ernesto A. A. García Maañón dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por sus mismos motivos y fundamentos (arts. 168 y 171 Const. Prov.; 106 CPP).
Es mi voto.
Con lo que terminó el acuerdo, firmando los señores Jueces, por ante mí, de lo que doy fe.
SENTENCIA
San Isidro, 10 de septiembre de 2015.
AUTOS Y VISTOS:
Los de la presente causa N° 13.704/I y 13.705/I del registro interno de la secretaría de este Tribunal, caratuladas «S., N. s/ apelación de sentencia»;
Y CONSIDERANDO:
Los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso (arts. 168 Y 171 Const. Prov.), el Tribunal
RESUELVE:
I. DECLARAR ADMISIBLES los recursos de apelación interpuestos por el señor defensor particular de N. S., Dr. Silvio Ramón Duarte y del letrado del particular damnificado, Dr. Luis Carvallo D`Onofrio, ambos contra el veredicto dictado por el señor juez titular del Juzgado en lo Correccional Nro. 4
Departamental, Dr. Juan Facundo Ocampo, en el que, con fecha 6 de noviembre de 2014, condenó a N. S., a la pena de un mes de prisión, de ejecución condicional, con costas por considerarla autora penalmente responsable del delito de usurpación de titulos y honores (art. 45 y 247 párrafo primero del Código Penal), de conformidad con los motivos expuestos al tratar la cuestión primera del acuerdo que antecede (arts. 18, 31, 33 y 75 inc. 22 CN; 168 y 171 Const. Prov.; 421, 439 in fine, 442 y 446 a contrario sensu CPP).
II. NO HACER LUGAR a la audiencia para informar oralmente solicitada por la defensa, de conformidad con los motivos expuestos al tratar la cuestión segunda (arts. 421, 442 segundo párrafo a contrario sensu, 446 y 447 CPP).
III. NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el defensor particular de N. S., Dr. Silvio Ramón Duarte, y REVOCAR el veredicto y la sentencia apeladas y ABSOLVER libremente a N. S. por el hecho materia de imputación ocurrido el día 10 de mayo de 2000, en la IPP 48.209 de trámite por ante la ex Unidad Funcional de Instrucción nro. 2 Departamental, de conformidad con los motivos expuestos en la cuestión segunda del acuerdo que antecede (arts. 1, 19 y 31 CN; 168 y 171 Const. Prov.; 106 CPP).
IV. DECLARAR ABSTRACTO el tratamiento del recurso interpuesto por el particular damnificado, por entender que no sobreviene condena sobre la que pudiera recaer la pretensión impugnativa.
Regístrese, notifíquese al Señor Fiscal General y devuélvase de conformidad al Acuerdo Extraordinario de esta Alzada Nro. 693, encomendando al señor secretario del Juzgado actuante la realización de las notificaciones restantes, sirviendo el presente de atenta nota de envío.
FDO: DUILIO A. CAMPORA – ERNESTO A. A. GARCÍA MAAÑÓN
Ante mí: BERNARDO HERMIDA LOZANO
Yallorenzi, Marcelo – Cám. Nac. Crim. y Correc. Fed. Sala V – 14/03/2006.
003890E
