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JURISPRUDENCIAContrato de emisión de programa de televisión. Pacto comisorio expreso. Falta de constatación de la incumbencia profesional de los invitados
Se confirma la sentencia que desestimó la demanda por incumplimiento del contrato de emisión de programa de televisión encontrando justificada la voluntad de resolver de la demandada con sustento en la falta de constatación de la incumbencia profesional de los invitados.
En Buenos Aires, a los 3 días del mes de octubre de 2017, reunidos en Acuerdo los jueces de la Sala I de esta Cámara para dictar sentencia en los autos mencionados, y de conformidad con el orden del sorteo efectuado, el J uez Ricardo Víctor Guarinoni, dijo:
I. El Magistrado de primera instancia, en el pronunciamiento de fs. 825/831 desestimó la demanda que por incumplimiento de contrato interpusiera MARIO BERNARDO SOCOLINSKY en nombre y representación de SERVICIOS DE PREVENCION S.A. contra el SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PUBLICOS S.E., imponiéndole al accionante las costas del proceso.
Para así decidir, tuvo por acreditado que entre las partes existía un contrato en virtud del cual, se acordó la emisión de un programa sobre el tema de la salud titulado “La salud de nuestros hijos”, que se emitía a través del canal administrado por Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. (LS 82 TV Canal 7), sus repetidoras y circuitos cerrados del interior del país que tomaran la señal, de lunes a viernes de 10.00 a 11.00 horas.
Que si bien el último contrato suscripto se extendería entre el 28 de octubre de 2002 y 30 de junio de 2003, la relación entre las partes había comenzado con anterioridad a través de sucesivos contratos que se fueron renovando hasta la confección del citado anteriormente.
Tuvo por acreditado que el canal estatal suspendió preventivamente la emisión del programa de la actora e instruyó actuaciones administrativas a raíz de la emisión de un programa periodístico llamado “Punto Doc” transmitido por LS 86 TV Canal 2 el día 24 de marzo de 2003, en el que se denunció la participación de una falsa médica (identificada como Dra. Sandra Guzmán), previo pago de una suma de dinero a un productor. Con posterioridad y como consecuencia de dicha circunstancia, la demandada resolvió el contrato, lo que originó una serie de intimaciones cruzadas y el inicio del presente proceso.
Para desestimar la pretensión esgrimida por la accionante puso de relieve que se tuvo por acreditada la participación de la falsa médica que se hizo llamar Sandra Guzmán, en “La salud de nuestros hijos” los días 24 de febrero y 21 de marzo de 2003, como así la denuncia pública sobre tal irregularidad formulada en el programa periodístico “Punto Doc”, en el que también se muestran imágenes de una persona vinculada a la accionante, percibiendo una suma de dinero para obtener la participación en el programa.
Señaló además que a raíz del informe emitido en el programa “Punto Doc”, se puso en duda la idoneidad y elección de algunos invitados, se hizo público además un video de una reunión entre el productor del programa y la falsa médica donde el primero percibiera la suma de $ 1.000 en la mesa de una confitería cercana al canal.
Estimó que como consecuencia del informe del programa periodístico, el canal estatal también quedó bajo un manto de sospecha, por lo que luego de realizar una investigación interna decidió el distracto objeto de la litis.
Agregando por último, que si la participación en el programa se obtuvo como consecuencia de la percepción de la suma de $1.000 en un marco de apariencia ilegal, bien pudo la sociedad demandada, considerar que se encontró vulnerado el límite máximo de publicidad y las cláusulas del contrato que prohibían la publicidad indirecta, facultando a resolverlo ante el incumplimiento de las cláusulas que lo integraban.
II. Alza sus quejas la parte actora a fs. 841/851, las que son contestadas por la demandada a fs. 855/861.
Obran asimismo apelaciones contra las regulaciones de honorarios las que serán examinadas al finalizar el acuerdo de corresponder.
Las quejas de la actora se refieren en apretada síntesis a que, a diferencia de lo dispuesto por el “a quo”, no se encuentra acreditado que hubo un pago para participar del programa sino que la reunión fue para abonar una publicidad. Que en consecuencia, la decisión impugnada confunde la venta de participación con la venta de auspicio de bloque. Que la demandada no decidió resolver sino rescindir el contrato y que resulta falso que hubo sospechas que se extendieran perjudicando al canal demandado.
Que existió una errónea valoración del contrato y del intercambio epistolar.
Que la actora nada tuvo que ver con la supuesta maniobra para cobrar participaciones espurias y que no se tuvo en consideración que la demandada coproducía el programa, ni que la actora fue víctima de una celada orquestada por un tercero “Punto Doc” que no posee vinculación con el contrato por el que se reclama en autos.
Por último se agravia de la imposición de las costas del proceso por exceder según sostiene el porcentaje previsto por los art. 730 del Código Civil y Comercial y 505 del Código Civil.
III. En primer término cabe señalar que el tribunal sólo se ocupará de aspectos decisivos de la controversia, sin entrar en consideraciones innecesarias, pues los jueces no están obligados a tratar cada una de las argumentaciones que desarrollan las partes, sino aquellas que sean conducentes para la solución del caso (Fallos 262:222; 278:271; 291:390; 308:584 y 331:2077). Siendo que además, los jueces no están obligados a seguir a las partes en cada una de sus argumentaciones, limitándose a expresar en tales casos, las razones de hecho y prueba y de derecho que estimen conducentes para la correcta composición del conflicto, metodología que la Corte Suprema de Justicia ha calificado de razonable (doctrina de Fallos: 278:271; 291:390; 294:466 entre otros) y que, en materia de selección y valoración de la prueba tiene específico sustento normativo en el art. 386, segunda parte, Código Procesal (confr. esta Cámara, Sala I, causa N° 4941/04 del 24/05/07; Sala II causas N° 748/02 del 02/07/08; entre otras).
El artículo 1197 del Código Civil, de aplicación al presente en atención a la fecha en que ocurrieron los hechos debatidos, dispone que las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma, de esta forma el artículo sanciona su fuerza obligatoria en concordancia con lo dispuesto en los artículos 53 y 944. Según el principio general establecido en el artículo 53, la fuerza obligatoria de los contratos está limitada por prohibiciones legales, sean específicas o de carácter general. A renglón seguido el artículo 1198, brinda elementos de interpretación al disponer que deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión.
Lo mismo que respecto a las leyes, se deben interpretar los contratos considerándolos como un todo integral, estableciendo el sentido de cada cláusula dentro y en función de ese todo. Debe atenderse al resultado de la interpretación y, en relación con las cláusulas dudosas, aparece el principio de conservación del contrato (“Código Civil Comentado, Anotado y Concordado”, Belluscio, Zannoni, Editorial Astrea, T. 5 pag. 899 y sus citas). En tal sentido, ha señalado reiteradamente esta Corte que cuando los términos o expresiones empleados en un contrato son claros y terminantes, sólo cabe limitarse a su aplicación, sin que resulte necesaria una labor de hermenéutica adicional (Fallos: 307:2216; 314:363).
De la cláusula primera del acuerdo de voluntades -que se reitera en las sucesivas renovaciones- surge que las partes acordaron la realización de un programa de salud, de lo que se extrae que existen obligaciones tácitas inherentes a la calidad de cada uno de los contratantes, así mientras la sociedad estatal garantiza un marco previsible en función de una política comunicacional que hace a los principios fundacionales y al rol que corresponde que ocupe en cuanto a la comunicación social, cabe pretender respecto de la accionante un mínimo decoro en el cumplimiento de las obligaciones que asumió, teniendo en cuenta también el andamiaje de obligaciones que se le impone al profesional de la medicina en el ejercicio de su función.
Sin perjuicio de que a continuación analizaré la diferencia semántica que se plantea respecto de la interpretación de la resolución contractual y la rescisión, y la posición de cada parte, creo saludable señalar que una de las partes contratantes es un profesional de la medicina y es válido presumir que éste fue un elemento fundamental a tener en cuenta a la hora de contratar dado el contenido del programa que se trataba.
En dicho orden de ideas, el Código de Ética Médica (Confederación Médica de la Rep. Argentina, año 1955) dispone en su art. 3ro que el médico debe ajustar su conducta a las reglas de la circunspección, de la probidad y del honor, será un hombre honrado en el ejercicio de su profesión, como en los demás actos de su vida. La pureza de costumbres y los hábitos de templanza son asimismo indispensables, por cuanto sin un entendimiento claro y vigoroso no puede ejercer acertadamente su ministerio, ni menos estar apercibido para los accidentes que tan a menudo exigen la rápida y oportuna intervención del arte de curar.
No puede perderse de vista que se trataba de un programa destinado a brindar información sobre la salud pública y que sin perjuicio de lo pactado entre las partes respecto de la atribución de responsabilidad en cuanto al contenido y los posibles daños que el mismo pudiera generar, resulta innegable que no puede escindirse la pérdida de confianza del público en general del contenido de un programa de televisión respecto del canal que lo emite, sabido es que el contenido de los programas definen el perfil del canal y en consecuencia la suerte de ambos se encuentra interconectada.
No se encuentra debatido que integrantes de la producción del programa “Punto Doc” organizaron una puesta en escena con una cámara oculta, mediante la cual una mujer se hizo pasar por una falsa médica, se reunieron con un integrante de la producción del programa “La Salud de Nuestro Hijos” en la mesa de un bar, e introdujeron el pago de la suma de $ 1.000.- en el portafolios de éste último.
La actora en sus agravios sostiene que se trató de una reunión mediante la cual se le vendió publicidad a quien luego participaría del programa, versión que no puede ser tenida en consideración por resultar evidente lo irregular de concertar una reunión de dichas características en la mesa de un bar sumado a la forma en que le fue entregado el dinero al dependiente de la actora -cuestión que tampoco se controvirtiera- arrojándolo dentro de un maletín sin siquiera efectuar un mínimo control, como así, las manifestaciones poco elegantes de éste último durante la conversación y además lo que tampoco se explica es por qué motivo, si se trató de una simple reunión de negocios, el productor fue desafectado inmediatamente después de la emisión de la cámara oculta.
La cláusula sexta del contrato que unía a las partes, dispone que la demandada se comprometía a brindar las prestaciones técnico-operativas necesarias del programa detalladas en un anexo que cita. A fs. 343/344 obra la declaración testimonial de Ruben María Virue, coordinador de asuntos jurídicos de Sistema Nacional de Medios Públicos quien relata que la modalidad de coproducción era la única posibilidad que tenía el canal público de poner al aire programas a raíz de la escasez presupuestaria -hasta mediados de 2004- y en consecuencia, se aplicaba la coproducción; en la que la empresa aportaba su organización instrumental y operativa y la coproductora definía bajo su exclusiva responsabilidad el contenido del programa, contrataba conductor, personal de producción y era la responsable última de lo que se emitía por la pantalla. En contraprestación se repartían los ingresos publicitarios generados por el programa y se le otorgaba a la coproductora placas de agradecimiento de promoción sin cargo. Aclarando expresamente que la organización instrumental y operativa se vinculaba con el aporte técnico y que la única restricción que la empresa le imponía al coproductor es que el contenido se adecúe a la ley de radiodifusión.
Ante la imposibilidad de desacreditar la reunión del productor del programa, el móvil de la misma y por aplicación del principio que establece la obligación del principal respecto de los actos de sus dependientes (art. 1113 primer párrafo del Código Civil y ccdtes.), como aquel que dispone que nadie puede venir contra sus propios actos, invocando inclusive su propia torpeza, intentando enervar propio accionar anterior (nemo auditur propriam turpitudinem allegans et nemo venire contra factum proprios potest), también corresponde descartar el agravio que se vincula a que la actora nada tuvo que ver con la maniobra para cobrar participaciones espurias.
Resta aclarar que si bien los términos “Rescisión” y “Resolución”, en el uso común tienen significados similares – deshacer, desligar, desatar-, desde el punto de vista jurídico, no son conceptos unívocos, dadas las diversas características que los diferencian y que por tanto, producen disímiles consecuencias sobre los efectos de los contratos de que se trate. Mientras que la resolución tiene su causa en un acontecimiento sobreviniente a la celebración del contrato, por ejemplo el incumplimiento, y opera “ex tunc”, la rescisión depende de una estipulación contractual, opera “ex nunc” y puede ser ejercida sin expresión de causa.
En dicho sentido, el artículo 1078 del actual Código Civil y Comercial de la Nación alude a tres formas distintas de extinción contractual por voluntad de una de las partes, rescisión, revocación y resolución, la rescisión unilateral y la revocación producen efectos solo para el futuro, la resolución produce efectos retroactivos entre las partes, y no afecta el derecho adquirido a título oneroso por terceros de buena fe (art. 1079 del mismo ordenamiento).
La actora sostiene en esta instancia que mientras la demandada exteriorizó la voluntad de rescindir el contrato, el a quo interpretó que se trataba de una resolución.
De la compulsa de la contestación de demanda surge que la voluntad era hacer uso del pacto comisorio expreso, es decir resolver el contrato por el incumplimiento de las obligaciones de la actora (fs. 294 vta.), de lo que se deduce que consignar la palabra rescisión responde a un evidente error material en tanto y en cuanto de la totalidad de los actos exteriorizados en el marco del proceso del distracto se evidencia la voluntad de resolver.
Ello se desprende del contenido de los fundamentos puestos de manifiesto a fin de justificar la intención de finiquitar el acuerdo, distracto que además, encuentro justificado teniendo en cuenta que se encuentra acreditado que el dependiente de la productora Marín Rivero, cuyas afirmaciones la actora no desmintió, contrató con la falsa médica cinco apariciones en el programa “La Salud de Nuestros Hijos”, recibiendo un precio, las que luego ante el anoticiamiento de la falsedad fueron levantadas, haciéndolo de manera irregular -en la mesa de un bar y de manera excesivamente informal-. Lo que evidencia que en el programa no se constataba la incumbencia profesional de los invitados, que dicha falta de control derivó en la contratación de una la falsa médica, que ni Socolinsky ni su equipo de colaboradores verificaron la idoneidad de la persona que habría de exponer en su programa, máxime tratándose de un tema de importancia pública en tanto y en cuanto se hallaba en juego la salud general de la población transmitida a través del principal medio de comunicación estatal del país.
Por lo tanto, propondré al acuerdo que los agravios introducidos por la accionante respecto del fondo del asunto sean desestimados.
IV. Por último se agravia la actora respecto a la imposición de las costas sosteniendo que superan el límite establecido por el art.505 del Código Civil. El mencionado artículo, en su último apartado, establece que la responsabilidad por el pago de las costas de la primera instancia, incluidos los honorarios profesionales, no excederá del veinticinco por ciento (25%) del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Y agrega que si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias superan dicho porcentaje, el juez procederá a prorratear los montos entre los beneficiarios. Se ha interpretado pacífica y reiteradamente que el hecho de que la regulación definitiva haya sido establecida no resulta obstáculo alguno para que en la etapa de ejecución se requiera y se haga efectivo lo dispuesto por la norma aludida. La modificación introducida por la ley 24.432 al Cód. Civil no impide regular los honorarios por encima del porcentaje fijado, sino que limita la responsabilidad del deudor frente a la obligación de asumir las costas devengadas, lo que debe hacerse efectivo en la etapa de liquidación de la deuda, oportunidad en la que cabe prorratear la limitación de modo proporcional para ajustarse a ese tope. En definitiva, el aludido veinticinco por ciento (25%) legal no opera como un límite máximo al que deba someterse la cuantificación de los honorarios profesionales (lo que haría que al tiempo de la regulación debiese ser observado), sino que sólo prevé una valla respecto de la responsabilidad del deudor por el pago de las costas del juicio (conforme criterio expuesto en Incom., Sala A, 28/08/2008, LA LEY 2009-A-79; STChaco, Sala I en lo Civil, Comercial y Laboral, 30/11/2006, LA LEY Online; TS Córdoba, Sala Laboral, 15/06/2006; LLC, 2006-807; CNCiv., Sala M, 1/12/2011, “Medina, Miguel c. Cattaneo, Bautista s/ Daños y Perjuicios”, elDial.com, AE26CD; CNCom., Sala B, 29/03/2011, “Pegamentos Argentinos S.R.L. c. Provincia Seguros S.A. s/ Ordinario”, elDial.com AG206F, entre otros).
V. A mérito de lo expuesto y la forma en que se decide, considero que las costas de esta instancia deben ser soportadas por la actora por no hallar mérito para apartarme del criterio objetivo de la derrota.
Voto en consecuencia por la confirmación de la sentencia de fs. 825/831, con costas de ambas instancias a la actora vencida (art. 68 del C.P. C.C.N.).
Los doctores María Susana Najurieta y Francisco de las Carreras adhieren al voto que antecede.
En mérito de lo deliberado, y de las conclusiones del Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: Confirmar la sentencia de primera instancia en todo lo que fuera materia de agravios, con costas de ambas instancias a la actora.
Pasen los autos a despacho a resolver honorarios.
Regístrese y notifíquese.
María Susana Najurieta
Francisco de las Carreras
Ricardo Víctor Guarinoni
022320E
