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JURISPRUDENCIADaños y perjuicios. Filtraciones. Prueba de peritos. Cuantificación
Se mantiene el fallo que hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios deducida a raíz de las filtraciones ocurridas en la unidad funcional de la actora.
Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 4 días del mes de Septiembre de dos mil diecisiete, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “B”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: “Knopoff, Marcelo Adrián y Otro c/ Turk, Mariano Elian y Otro s/ daños y perjuicios” respecto de la sentencia de fs. 993/1007, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores: CLAUDIO RAMOS FEIJOO – ROBERTO PARRILLI – MAURICIO LUIS MIZRAHI -.
A la cuestión planteada el Dr. Claudio Ramos Feijóo, dijo:
I. La sentencia de fs. 993/1007 resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Marcelo Adrián Knopoff y Claudia Marcela Raimondo. En consecuencia, condenó a Mariano Elián Turk y a Anahí Liftenegger a pagarle a la parte actora, en el plazo de 10 días, la suma de $90.000 con más sus intereses -conforme lo expresado a f. 1006/vta. en el cons. “3“. En cuanto a la imposición causídica dispuso que las mismas sean soportadas en el orden causado, habida cuenta la suerte corrida por cada uno de los planteos argüidos por los accionantes (v. cons. “4“, f. 1006vta.).
II.Contra dicho pronunciamiento apelaron tanto la parte actora (v. f. 1009) como la parte demandada (v. f. 1011).
III.A fs. 1025/1030vta. expresaron agravios los accionantes. Cuestionaron: a) el importe de condena fijado en concepto de reparación de los daños materiales determinados en la pericia de la ingeniera Piñeiro, el que consideran insuficiente; b) el rechazo del resarcimiento por pérdida de luminosidad; c) el rechazo del resarcimiento por daño moral; d) la imposición de costas en el orden causado.
Dicha pieza fue contestada por los accionados a fs. 1041/1044.
IV.A fs. 1032/1036 hacen lo propio los encartados tipificando sus quejas en razón del importe de condena fijado en concepto de reparación de los daños materiales y de la tasa de interés establecida. Sobre esta última solicitan se aplique la misma respecto del monto indemnizatorio fijado al 8% anual desde la fecha de finalización de las obras (marzo 2008) hasta el efectivo pago.
A fs. 1037/1040 luce agregada la contestación de agravios de la parte actora.
V.Pasaré a examinar los agravios expresados, en la inteligencia que en su estudio y análisis corresponde seguir el rumbo de la Corte Federal y de la doctrina interpretativa. De modo previo al tratamiento de los agravios, ante la inconsistencia de numerosos capítulos de la expresión de agravios, los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi Yañez, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado, T° I, pág. 825; Fenocchieto Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado, T 1, pág. 620). Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (art. 386, in fine, del ritual; Fallos: 274:113; 280:3201; 144:611).
VI.Daños Materiales
En lo que hace a la mencionada partida indemnizatoria, la Juez de grado considero acertado fijar la suma de $90.000 (monto expresado a valores de la fecha de aquel pronunciamiento -conf. f. 1004- ).
Como fuera manifestado, ambas partes se quejan por la suma otorgada por el presente acápite. Así, mientras la parte demandada considera elevada la misma, los accionantes sostienen que aquella resulta exigua para enjugar el daño producido.
Surge del escrito inicial de la parte actora que los pretensores reclamaron la suma de $21.864,70 en concepto de “reparaciones a realizar en nuestro inmueble por daños producidos a raíz de la construcción lindera ($18.070 + IVA)” (v. f. 67).
El agravio esbozado por los peticionantes se sitúa principalmente en el reemplazo de la membrana asfáltica. En este sentido, aducen que “…si sólo se remplaza una parte ella, subsiste existente el resto dañado a la vez que ese cambio parcial posibilita la filtración de agua por las juntas que unen lo cambiado a lo preexistente…” (v. 1026 vta.).
Por el contrario, la parte demandada fundó su queja centrándose en el informe de su consultor técnico y en los fundamentos vertidos en la impugnación a la experticia de fs. 897/907.
Las fotografías acompañadas como prueba documental se encuentran a fs. 217/238 y han sido consentidas por la demandada a f. 252.
La pericia traída a autos por el Ingeniero Civil Etcheverry en el marco de prueba anticipada obra a fs. 270/273vta. Se extrae de aquella que “…la membrana asfáltica colocada sobre el piso 1° del inmueble de la actora presenta deterioros y pérdida en su función de impermeabilidad (…) Lo aconsejable en este tipo de membranas impermeabilizantes es minimizar el tránsito sobre las mismas, más allá del momento de colocación y posteriores revisiones periódicas para verificar su estado de conservación…” (v. f. 271).
No desconozco que el mencionado informe fue impugnado oportunamente por ambas partes (v. fs. 275/277vta. y 340/343); empero considero que dichas presentaciones lejos han estado de constituirse en una verdadera «contraexperticia», siendo debidamente contestado el pedido de explicaciones de la parte actora a f. 330.
A fs. 278/316 luce agregado el informe realizado por el consultor técnico de la parte demandada. Contrariamente a lo destacado en la experticia, el auxiliar de parte manifestó: “…la membrana asfáltica se encuentra en estado normal, dado que no se hallaron anomalías que se correspondan con los deterioros observados en los ambientes del primer piso. Es dable de mencionar que no se observaron los globos de aire entre la membrana y la carpeta del solado que normalmente se forman en el lugar que ocupa el agua luego de filtrar hacia los ambientes ubicados bajo la azotea (v. f. 304) (…) Si bien la membrana no es transitable, en su superficie no se hallaron signos de caída de elementos pesados. Al respecto no se observaron fisuras en los cielorrasos de los ambientes, que presuman impactos de herramientas y/o elementos pesados. Cabe mencionar que las tareas de ejecución en la sobre elevación del muro no consisten en acciones directas sobre el solado cubierto con la membrana…” (v. f. 306).-
Respecto a la segunda experticia obrante a fs. 901/911, he de destacar que no advierto incoherencias con la que fuera practicada como prueba anticipada y explicitada con anterioridad.
Nótese que la Ingeniera Piñeiro sostuvo que “…la membrana no es transitable. Presenta acumulación de materiales de construcción en su superficie y debido a ello puede estar deteriorada como consecuencia de su caída y acumulación, dado que pueden dañar la superficie de la misma (aluminizada), dado que no está preparada para resistir el desgaste producido por el tránsito ni la caída / acumulación de materiales de construcción. Su terminación de aluminio es reflexiva, para lograr que los rayos del sol se reflejen en ella y así impedir el sobrecalentamiento de la superficie en azoteas no transitables como este caso, dado que la película de aluminio se deteriora fácilmente y por lo tanto su carácter de no transitable…” (f. 905).
Asimismo, respecto de la claraboya manifestó que: “…presenta igual situación que la membrana y debido al mismo origen, o sea acumulación sobre los vidrios de revoque producto de caída / salpicadura al realizar tareas de construcción en la propiedad que limita con el actor…” (f. 905).
Concluyó afirmando que “…la falta de protección a vecinos linderos durante la ejecución de la obra propiedad de los demandados ha generado la casi totalidad de los daños manifestados…” (f. 907vta.).
La mencionada experticia también fue impugnada por la parte actora a fs. 909/911 (y fs. 937/938vta. y 944/945) y por la demandada a fs. 914/919. Ésta última lo hizo en los mismos términos que los del precitado informe de su consultor técnico (v. fs. 278/316).
A fs. 927/933vta., 941/942 y 948/950 la idónea contestó los pedidos de explicaciones y amplío su dictamen.
En esta oportunidad, señaló que luego de haber observado los dos presupuestos de reparaciones acompañados con la demanda “…el valor total de lo presupuestado se ajusta a los trabajos de reparación a realizar. Ese valor al presente mes de Abril de 2015 sería de aprox. $60.000. Indicamos el valor total, no los valores parciales, dado que algunos ellos carecen de lógica. Tal es el caso, por ejemplo, del importe indicado en el presupuesto de foja 22 respecto a higiene, seguridad, fletes y aportes sociales que es muy bajo, pero que se compensa con el retiro y reemplazo de membrana que es muy alto, dado que solo es necesario reemplazar la parte de ella que se encuentra próxima a la pared medianera, etc…” (v. f. 927/vta.).
A su vez, destacó que “…a juzgar por lo observado en el cielorraso el daño se presenta en la zona próxima a la medianera, a no más de dos metros de la misma, basándonos en que al momento de la verificación no se ha observado pérdida de agua a través del cielorraso, sí existencia de humedad en la zona próxima mencionada, y que las manchas que se observan -coincidentes con las viguetas que constituyen la estructura del techo- son de humedad por condensación como resultado de una deficiente y/o inexistente barrera de vapor en la losa que constituye la terraza, y que ocurrió con la ejecución de la misma en ocasión de la ampliación realizada en el inmueble de los actores. Es decir, cuando no se ejecuta el cerramiento horizontal con la aislamiento y localización de barrera de vapor necesarias, la humedad existente en el aire se condensa en el cielorraso de la misma forma que ocurre en el espejo y cerámicos del baño cuando una persona se ducha (…) Esto último no tiene correlación con la obra de los demandados…” (v. f. 928 vta.).
A lo que agregó que: “…se han presentado ‘falencias’ durante su ejecución, dado que se observa caída de materiales hacía el lindero actor (debería haberse colocado una pantalla/elemento protector de caída), existe un desagüe hacia la terraza del actor (no debería desaguar hacia el lindero actor) y falta completar el revoque en una zona de la pared, pudiendo generar filtraciones en los pisos inferiores de la pared compartida…” (v. f. 929). “…La caída de elementos (pesados y livianos) no debió haber existido…” (v. f. 932 vta.).
Por último, para finalizar el análisis del confronte aquí en debate entre la parte actora y la ingeniera civil designada de oficio, resalto que en su última presentación la ingeniera dejó en claro que “…si bien la membrana constituye una unidad, no lo es y puede ser reparada parcialmente, dado que se comercializa en rollos de 1m de ancho y se coloca, solapada y adherida completamente a la carpeta. A partir de allí, si debería configurar una unidad si la colocación es realizada correctamente…” (f. 948 vta.); razonamiento que echa por tierra el cuestionamiento de la actora y sella la suerte de este agravio.
Ahora bien, tal como lo señalaron los pretensores a f.1025 vta., el importe de $60.000 ha sido actualizado por la experta -en este último escrito de f. 948/vta.- al mes de Septiembre de 2015. Dicho presupuesto arroja como resultado la suma de $67.980 (sin IVA).
Una vez más, dejo en evidencia las incongruencias y contradicciones en las que incurrió el consultor técnico de la parte demandada en su ya referido informe respecto de las aludidas experticias (arts. 386 y 458 del CPCCN).
En este punto, es dable recordar que éste último constituye -en lo que hace al aspecto técnico de su actuación- una figura sustancialmente análoga a la del abogado, y por consiguiente, las razones que pueda exponer tienen efecto como si proviniesen de la parte misma (conf. F. Carnelutti: Instituciones del proceso civil, trad. Española, n° 109 y 111, Bs. As., 1973).
Por lo tanto, en materia de procesos de daños y perjuicios, la prueba pericial deviene relevante ya que el informe del experto no es una mera apreciación sobre la materia del litigio, sino un análisis razonado con bases científicas y conocimientos técnicos. En este sentido, deberá tenerse presente que la función de las experticias es de asesoramiento, pues se trata de cuestiones ajenas al derecho respecto de los cuales el Juez no tiene conocimientos específicos. La solvencia técnica que se desprende de cada profesión indica que los dictámenes de expertos es lo que resulta más adecuado; y ello es así porque es el fruto del examen objetivo de circunstancias de hecho, de aplicación a éstas de los principios científicos inherentes a la especialidad, y de los razonamientos que siguen para dar respuesta a los temas sometidos a su dictamen (CNCiv., Sala “D”, en autos «Quiros de Delgado, Nélida c/ Ferrocarriles Metropolitanos S.A. s/ daños y perjuicios»).
Por ello, no es dable admitir cualquier clase de impugnación, sino sólo las fundadas objetivamente en la incompetencia de quien lo emite, en errores o en el uso inadecuado de los conocimientos técnicos o científicos en los cuales pudiese haber incurrido. Dicho acto procesal debe constituir una «contraexperticia» y, por ende, contener también como aquella una adecuada explicación de los principios científicos o técnicos en los que se la funde, y no una mera alegación de pareceres subjetivos o simples generalizaciones, sin sustento en otros elementos de juicio ciertos y serios arrimados al proceso (conf. esta Sala, expte. libre Nº 465.991 “Gago Joaquín Florencio c/ Transporte Ideal San Justo SA. s/ Daños y perjuicios” del 25/06/07).
Así corresponde aceptar y valorar las conclusiones de los expertos en los términos del artículo 477 del CPCCN.
La elección de la prueba es facultad privativa del juzgador, razón por la cual la preferencia de una respecto de otras no viola las leyes que la rigen. Asimismo, la circunstancia de hacer expresa referencia a las que han servido más decididamente para fundar la sentencia, no supone ni permite afirmar que las otras no hayan sido computadas. (CNCiv., Sala H, diciembre 11-996- Baigorria, Julio c/ Goyeneche, Alejandro).
A todo ello, cabe añadir que a fs. 770/773 prestó declaración la Sra. Magenta Gabriela Viviana, la cual si bien posee una relación de amistad con la parte actora, sus vivencias se condicen con lo antedicho (art. 456 del CPCCN). Surge de la misma que los actores habrían “…cambiado la membrana en el 2007…” (f. 770 vta.), que a partir de la construcción en la vivienda lindera “…empezaron a aparecer fisuras en las paredes (…) se cayo un tubo de hierro en la casa de ellos, en el lavadero, perforando el techo de policarbonato, caían cascotes sobre la membrana y material de cemento y la arruinaron…” (f. 770 vta.), que la humedad afectó “…el dormitorio principal, con manchas que en su momento fueron visibles junto con rajaduras, en el baño se les llenó…”, que “…dañaron una claraboya con los cascotes que cayeron (…) roturas de cerámicos en la cocina… (f. 771), y que “…se cayeron ladrillos del frente, la pared medianera quedo estéticamente mal…” (f. 771 vta.).
Recuérdese que la credibilidad de los testimonios depende de su verosimilitud, latitud, seguridad, conocimiento del deponente, razones expuestas y, en fin, de la confianza que inspiran; elementos que deben ser apreciados de conformidad con los arts. 386 y 456 del ritual (v. Rosa, Eliézer, “Diccionario de proceso civil”, Río de Janeiro, 1957, pag. 341; Couture, Eduardo J., en J.A. 71-80 y sgs.; Kisch, «Elementos de Derecho Procesal Civil», trad. de L. Prieto Castro, pág. 189, 1º ed., Madrid; CNCiv, Sala A, in re “Domínguez, Nelson N. c/ Gómez Eugenio s/ daños y perjuicios”, del 5/5/1998) (v. esta Sala: “Ojeda Luis Pedro c/ Transp. Aut. Riachuelo S.A. s/ daños y perjuicios” (expte. n° 33.424/06) con fecha 24/09/2014 y “Victo, Rubén Abelardo c/ Transportes Santa Fe SACI (Línea 39) s/ daños y perjuicios” (expte. n° 81.294/2007) con fecha 15/08/2014). Los testigos no se cuentan ni se pesan sino que sus dichos deben ser analizados conforme con las reglas del correcto entendimiento humano y teniendo en cuenta su fuerza y convicción de acuerdo a las circunstancias de persona, tiempo y lugar (CN.Civ. Sala H, “Baccaro, Alberto N. c/Georgina Lelia y Otro s/ ds. y ps.).
Corolario de lo expuesto, ponderando entonces lo informado por ambas experticias, los presupuestos acompañados y las demás constancias traídas a estudio de la presente, propongo al Acuerdo confirmar el monto indemnizatorio establecido por este concepto (arts. 163 incs. 5, 6, 377, 386, 477 del CPCCN).
VII.Pérdida de Luminosidad
La parte actora se queja por el rechazo del presente reclamo.
Sostiene que la a quo no ha considerado ni evaluado correctamente lo que surge de ambas experticias.
Si bien no escapa a mi conocimiento lo referido por la experticia en lo tocante a la iluminación (v. fs. 905 vta. respuestas n° “9)” y “10)”, 927vta., respuesta n° “15)”, 933 respuestas 9 “b)” y “c)” y 941vta. primer párrafo); lo cierto es que la construcción realizada por la parte demandada ha sido aprobada reglamentariamente y administrativamente por su ente regulador, el Gobierno de la Ciudad Autónoma; por lo que la misma constituye nada menos que el ejercicio regular de un derecho propio (conf. art. 1071 bis del Cód Civil).
A ello se agrega, tal como lo sostuvo la Jueza de grado en su pronunciamiento, que “…el amplio barrio de Villa Ortúzar, que si bien mantiene una notable tranquilidad, se encuentra en continuo crecimiento y avance, tanto en cuanto a lo comercial, a lo edilicio (…) el progreso no puede detenerse -más aún tratándose de la populosa ciudad de Buenos Aires- y los habitantes deben asumir tales modificaciones con todo lo que ello implica, mientras no resulte obviamente dañoso en sus personas y en sus bienes, con los límites que otorga el sentido común…” (v. fs. 1004vta./1005).
En función de lo delineado, compartiendo el resto de las consideraciones con la Magistrada que me precedió, se confirma el decisorio de grado en este aspecto.
VIII.Daño Moral
Nuevamente se agravian los pretensores por el rechazo de la presente partida.
Al interponer la demanda, la parte actora solicitó la suma de $10.000 por este concepto (v. f. 67).
Sobre el punto, no comparto el argumento de la Jueza de grado en cuanto sostiene que “…si bien no hubiera debido caer ningún tipo de material en la terraza no transitable de la propiedad de los actores, y ninguna persona hubiera debido apoyarse en sus pisos o paredes para hacer trabajos -sin la correspondiente autorización-, y si bien se han realizado todo tipo de denuncias en la época de la obra y a lo largo de los años, el lapso que insumió el emprendimiento no llegó a pasar los cinco meses, sin que se haya planteado un peligro grave, ni resultara herida ninguna persona, ni que existiera daño estructural alguno para la propiedad…” (v. f. 1005vta.).
De conformidad con el artículo 1078 del Código Civil, considero que se trata de un daño resarcible, ya que no tiende a sancionar al autor del hecho, sino a reparar los padecimientos físicos y morales que debió soportar la víctima como consecuencia del accidente, procurándole una satisfacción o compensación.
Es que no puede dudarse que los daños materiales causados en la vivienda familiar del actor perturbaron su tranquilidad y ritmo normal y habitual de vida (conf. art. 1078 del Cód. Civil).
A modo de ejemplo, se extrae de las experticias ya mencionadas que las reparaciones en el inmueble de los accionantes, demorarán por lo meno un plazo de cuarenta días para la realización total de los trabajos (v. fs. 272 y 905). Asimismo, surge de las mismas que “…La cantidad de días estimados es la total para la realización de los trabajos, no la efectiva. Es decir, los trabajos tardarán un total de 20/30 días efectivos. Lo cierto es que, entre los trabajos de preparación de superficies, sellado de fisuras, etc. y específicamente reposición de revoques deberán dejarse treinta días para el secado de los mismos previo a la pintura, por ello es que el tiempo total de aprox. dos meses…” (f. 932 vta.).
Ahora bien, a los fines de la fijación del quantum debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste (Fallos: 308:698; 318:1598; 321:1117; 326:847).
Por otra parte, no puedo pasar por alto la dificultad que representa en cualquier caso cuantificar el daño moral ya que están en juego vivencias personales de la víctima.
En consecuencia, no parece razonable, estando además el riesgo de violentar la congruencia (conf. esta Cámara, sala “G”, in re, “Piyuca, Miguel Darío c. Aguirre, Hugo Antonio y otros s/daños y perjuicios (acc. tran. c/les. o muerte)” del 25/09/2012; publ., en LLOnline cita AR/JUR/52722/2012; íd. Sala “D”, in re “Piva, Rodolfo Humberto c. Servigas S.R.L.” de 06/11/02, publ., en LLOnline cita AR/JUR/7721/2002), apartarse de la estimación que el propio recurrente hiciera al demandar.
En consecuencia, ponderando las características objetivas del menoscabo y sin descuidar el carácter predominantemente resarcitorio de la partida, estimo prudente que se haga lugar al agravio esbozado y se fije en concepto de daño moral la suma de $10.000 (arts. 163 incs. 5 y 6, 265, 386 del CPCC y 1078 del Código Civil).
IX.Costas
Se agravia la actora en cuanto a la forma en que fueran impuestas las costas en la instancia de grado.
La Jueza de grado dispuso que “…las costas del proceso se imponen en el orden causado, habida cuenta la suerte corrida por cada uno de los planteos argüidos por los accionantes, y lo dispuesto en el art. 71 del CPCCN…” (v. f. 1006vta.)
El art. 68 del Código Procesal consagra el criterio objetivo de la derrota, como fundamento de la imposición de las costas. Las mismas son un corolario del vencimiento y tienden a resarcir al vencedor de los gastos de justicia en que debió incurrir para obtener ante el órgano jurisdiccional, la satisfacción de su derecho. Estas deben ser reembolsadas por el vencido con prescindencia de la buena fe, de su mayor o menor razón para litigar y de todo concepto de culpa, negligencia, imprudencia o riesgo y de la malicia o temeridad de su contrario (conf., CNCiv., Sala A, E. D., 90-504; íd., Sala D, LL., 1977-A-433; íd., Sala F, J. A., 1982-I-173; íd. Sala H, “Arena, María c/Empresa Línea 47 S. A. s/Daños y perjuicios”, del 14/06/94).
En este sentido, se ha resuelto que ellas deben ser soportadas íntegramente por la parte que dio origen al reclamo e hizo necesario acudir a la vía judicial para el reconocimiento del derecho invocado. Por lo tanto, si la demandada resultó vencida toda vez que se hizo lugar a la demanda, las costas deberán ser soportadas por la perdidosa.
Sin embargo, el citado artículo 68 en su segunda parte dispone que el juez podrá eximir total o parcialmente de esa responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad. Así no puede soslayarse que la eximición que autoriza dicha norma procede, en general, cuando media “razón fundada para litigar”, expresión ésta que contempla aquellos supuestos en que, por las particularidades del caso cabe considerar que el vencido actuó sobre base de una convicción razonable acerca del hecho invocado en el litigio. Sin embargo, no se trata de la mera creencia subjetiva en orden a la razonabilidad de su pretensión, sino de la existencia de circunstancias objetivas que demuestren la concurrencia de un justificativo para eximirlo de las costas y sólo ha de disponérsela cuando existan motivos muy fundados, por la preponderancia del criterio objetivo de la derrota (conf. CNCiv., Sala E, “Becerra de Delgado c/ Delgado s/medidas precautorias”, del 26-12-97).
Habiendo resultado sustancialmente vencida la parte demandada, en virtud del principio objetivo de la derrota, propongo al Acuerdo que se admita la queja de los pretensores y se revoque este aspecto de la sentencia recurrida, imponiendo las costas en forma íntegra a los accionados (conf. art. 68 del CPCCN).
X.Tasa de Interés.
En lo atinente a la crítica referida por la parte demandada respecto al punto de partida de los intereses y a la tasa de interés fijada en la instancia de grado en la cual solicita se “….fije la tasa de interés aplicable sobre el monto indemnizatorio fijado al 8% anual desde la fecha de finalización de las obras (marzo 2008) hasta el efectivo pago…” (v. f. 1036), es dable destacar que esta Sala viene sosteniendo atento a la doctrina plenaria en autos “Samudio de Martinez, L. c/ Transportes Doscientos Setenta S.A.” s/ daños y perjuicios», que los intereses deben aplicarse a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina desde el momento del hecho y hasta el efectivo pago (art. 303 del CPCCN). Por otra parte, cabe destacar que en el caso se impone la vigencia del art. 303 del ritual, precepto que considero vigente en su redacción originaria conforme lo decidido por esta Sala (R. 621.758, del 30/08/2013, “Perez Horacio Luis c/ Banco Saez S.A s/ ejecución de honorarios, La Ley, cita online: AR/JUR/55224/2003).
El mentado plenario admite una solución diversa cuando acontezca “una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido”. Pero esa singular especie comporta una situación harto excepcional, que se aparta de la regla general, y que -para que pueda tener lugar- debe ser acreditada fehacientemente y sin el menor asomo de duda en el marco del proceso. A mi juicio no obran en la causa constancias que certifiquen que, con la aplicación de la tasa activa desde el día del evento, se configuraría el mentado “enriquecimiento indebido”; como tampoco existen elementos que siquiera lo hagan presumir.
En función de lo expuesto, y teniendo en cuenta que este aspecto del decisorio no ha sido recurrido por la parte actora, he de proponer al Acuerdo que se rechace las crítica vertida en materia de intereses por la parte demandada y se confirme el pronunciamiento de grado en cuanto dispone que los mismos “…deberán computarse desde que se ocasionó el perjuicio -fecha de la finalización de la obra- y hasta la data de este decisorio, a la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina, de acuerdo a lo previsto por el art. 8 del decreto 529/91 modificado por el decreto 941/91. A partir de este momento y hasta el efectivo pago de la condena, se liquidarán conforme la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días, del Banco de la Nación Argentina…” (v. f. 1006/vta.).
Asimismo, toda vez que la partida indemnizatoria denominada como “daño moral” ha prosperado en esta instancia, los intereses correspondientes a la misma deberán aplicarse a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina desde el momento del hecho y hasta el efectivo pago.
XI.Por lo hasta aquí expuesto, de compartir mi voto, propongo al Acuerdo: 1) revocar parcialmente la sentencia recurrida en lo que hace al rubro denominado “Daño Moral” el que prosperará en la suma de pesos diez mil ($10.000), con más sus intereses de acuerdo a lo explicitado en el último párrafo del considerando “X” de la presente; 2) modificar la imposición causídica conforme el considerando “IX”; 3) confirmarla en todo lo demás que fuera materia de agravios. Las costas de la Alzada se imponen a la parte demandada por haber resultado sustancialmente vencida (conf. art. 68 del CPCCN). Así lo voto.
Los Dres. Parrilli y Mizrahi, por análogas razones a las aducidas por el Dr. Ramos Feijóo, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.
Con lo que terminó el acto: CLAUDIO RAMOS FEIJOO – ROBERTO PARRILLI – MAURICIO LUIS MIZRAHI –
Es fiel del Acuerdo.-
Buenos Aires, 4 de Septiembre de 2017.-
Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se RESUELVE: 1) revocar parcialmente la sentencia recurrida en lo que hace al rubro denominado “Daño Moral” el que prosperará en la suma de pesos diez mil ($10.000), con más sus intereses de acuerdo a lo explicitado en el último párrafo del considerando “X” de la presente; 2) modificar la imposición causídica conforme el considerando “IX”; 3) confirmarla en todo lo demás que fuera materia de agravios. Las costas de la Alzada se imponen a la parte demandada por haber resultado sustancialmente vencida
Regístrese, notifíquese y, oportunamente publíquese (conf. Acordada 24/2013 de la CSJN).
Fecho, devuélvase.
DR. MAURICIO LUIS MIZRAHI , JUEZ DE CÁMARA
DR. CLAUDIO RAMOS FEIJOÓ, JUEZ DE CÁMARA
ROBERTO PARRILLI, JUEZ DE CAMARA
021431E
