Se confirman las resoluciones a través de las cuales se designó una tutora ad litem para resguardar los derechos de un niño, desestimó el cambio de institución educativa e intimó a la progenitora para que el menor concurra a esta bajo apercibimiento de imponerle una multa diaria. Ello así, en tanto la complejidad del vínculo parental justificaba la cuestionada designación para velar por lo que mejor convenía a los derechos del niño en resguardo de sus intereses y en su exclusivo beneficio, y en tanto la ausencia de este a clases se debió a la decisión unilateral de la accionada carente de justificación bastante que la avalase.
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