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JURISPRUDENCIADaño moral. Extravío de cadáver. Hospital de Clínicas. Deber de control
Se confirma la sentencia que hizo lugar a la demanda por daño moral incoada contra la Universidad de Buenos Aires -Hospital de Clínicas J. de San Martín-, al encontrarse acreditado que el cuerpo de la madre de los actores fue entregado en forma equivocada a otra persona y que, conforme surgía del procedimiento para el ingreso y egreso de cadáveres a la morgue, se debió verificar que coincidieran los datos que aportó el familiar con los registrados en el cadáver, situación que debió ser efectuada por un dependiente de la demandada. Así las cosas, se concluyó que el Hospital de Clínica incurrió en una grave omisión de control a través de sus dependientes y era responsable por los daños ocasionados.
En Buenos Aires, a los 17 días del mes de mayo de 2019, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor Eduardo Daniel Gottardi dice:
I.- A fs. 40/42vta. se presentaron los Sres. A. A. C. y A. R. C., a los efectos de interrumpir la prescripción y promovieron demanda por daños y perjuicios (daño moral) contra el Hospital de Clínicas “J. de San Martín”, dependiente de la Universidad de Buenos Aires y contra “Antigua Casa Sepelios Acosta” (Sepelios Acosta). Respecto de esta última co-accionada, la parte accionante desistió a fs. 51.
Señalaron que su madre -Doña M. F. S.- fue internada por derivación de su obra social -PAMI- en el Hospital de Clínicas dependiente de la Universidad de Buenos Aires, donde finalmente falleció el día 31 de mayo de 2010 a las 17:30hs.
Continuaron diciendo que, por razones procedimentales contenidas en el protocolo de disposición de cadáveres, todo traslado de la morgue del Hospital a la Cochería o Cementerio que los deudos designen se debe practicar entre las 08:00 y las 19:00 horas. Así las cosas, y en razón del horario, debieron concurrir al día siguiente -1° de junio-. Que se presentaron poco después de las 08:00hs. en la morgue del Hospital de Clínicas, sito en Avda. Córdoba 2351 de esta Ciudad, junto al personal de una casa funeraria que habían contratado para poder retirar el cuerpo de su difunta madre.
Relataron que en la morgue tomaron contacto con un empleado que les informó que el cuerpo de su madre no había tenido ingreso y que además desconocía en dónde se encontraba. Que frente a la desesperación, intentaron ingresar al recinto donde se hallan depositados los cuerpos pero fueron impedidos por personal de seguridad, y les informaron que debían aguardar una respuesta en breve.Que pasado el tiempo, y encontrándose en un estado de desesperación y de nerviosa ansiedad, siendo ya las 10:00hs. de aquél día, y sin presentar señales de parte del personal del Hospital se comunicaron con el “911” de la Policía Federal Argentina.
Refirieron que cuando se presentó el móvil policial, luego de tomar conocimiento de los hechos acaecidos, procedió a dirigirse a la dirección de la institución hospitalaria universitaria junto al co-actor Sr. A. A. C., mientras que A. R. C. aguardó en la entrada de la morgue dónde el Director del Hospital se avocó a averiguar lo sucedido.
Afirmaron que tras mucho esperar, el Director recibió la información de la posibilidad que el cuerpo de su madre haya sido remitido con la identidad de otro fallecido el día anterior para su velatorio. Comentaron que al rato, se hizo presente, por haber sido convocado, una persona que resultó ser hijo de la persona fallecida que sí debía ser llevada por la Cochería Antigua Casa de Sepelios Acosta. Que efectuaron el reconocimiento del cuerpo que había quedado en la morgue, y que efectivamente lo reconoció como su padre, con lo cual se llegó a la conclusión de que fuere altamente probable que el cuerpo llevado por la Cochería indicada fuera el de la madre de los aquí reclamantes.
Pasado ello, concurrieron personalmente a la Cochería que se había llevado el cuerpo de su madre. En tal orden de ideas, imputaron que la Cochería no siguió el debido procedimiento por cuanto al retirar el cuerpo de la morgue no constató debidamente que se estaba llevando el cadáver que debía llevarse, máxime cuando se trataba de personas de diferente sexo.Agregaron, además, que el horario del retiro del cuerpo según consta en las planillas llevadas por el Hospital de Clínicas, denotan una serie de irregularidades que explican su negligente proceder.
Clarificaron que en la situación de autos, se le permitió a la Cochería Acosta retirar el cuerpo en un horario antirreglamentario, a las 21:27hs., mientras que a los actores se les indicó que debían volver al día siguiente en el horario establecido.
Refirieron que conforme las planillas del Hospital su madre no se encontraba registrada ni en el día 31 de mayo, ni en el día 1° de junio de 2010, que sólo figuraba la salida del cuerpo del Sr. G. M. que en realidad era el cuerpo de su progenitora.
Afirmaron que cuando constataron en la Cochería que habían retirado el cuerpo que en realidad era de su madre, faltaba solo una hora para su cremación, por lo que destacaron que de no haber insistido, jamás hubieran encontrado su cuerpo ni hubieran podido realizar las exequias en debida forma.
Puntualizaron que la Cochería Acosta devolvió el cuerpo al Hospital y éste más tarde se los entregó pudiendo así cumplir parcialmente con lo previsto en cuanto al velatorio y cremación del cuerpo de su madre a través de Sepelios Alvear.
Describieron los padecimientos sufridos durante esas largas horas.
Que esto se adicionó, sin justificación alguna, al dolor por el fallecimiento de su madre. Sostuvieron que les generaron sufrimiento por el desconocimiento del paradero de su cuerpo producto de la desaprensión de los empleados del Hospital Público y de los empleados de la Cochería que deberían haberse llevado el cuerpo de un masculino cuando en su lugar se llevaron el de su madre. Que esos momentos de desesperación, les generaron una mortificación espiritual de semejante incertidumbre por no poder rendir honra a su ser querido, y creyendo que nunca más la iban a poder encontrar.
Por último, fundaron su postura en derecho y ofrecieron los medios probatorios.
A fs.45/48, presentaron formal demanda, por la suma de pesos sesenta mil, y/o lo que en más o en menos resultare de la prueba a producirse en autos, con más los intereses y costas (ver punto I, objeto a fs. 45).
Reiteraron la reseña de los hechos ya descriptos ut supra, desarrollaron las consideraciones pertinentes en cuanto al daño moral padecido cuantificándolo en la suma de $30.000 para cada accionante. Fundaron su postura en derecho y ofrecieron prueba.
A fs. 54/57 modificaron demanda, instando la acción exclusivamente contra el “Hospital de Clínicas ´J. de San Martín´ dependiente de la Universidad de Buenos Aires” por las consideraciones descriptas anteriormente. Asimismo, reiteraron el daño moral reclamado, los accesorios, el derecho que asiste a su parte y los medios probatorios de los que intentan valerse.
II.- A fs. 66/67vta., se presentó mediante apoderada la Universidad de Buenos Aires -en adelante U.B.A.-, en virtud que el Hospital de Clínicas ´J. de San Martín´ es un nosocomio que carece de personería jurídica propia e integra la U.B.A. En este sentido, peticionó la ampliación de los plazos procesales, requerimiento que tuvo favorable acogida (ver providencia de fs. 68).
A fs. 149/155vta., opuso excepción de incompetencia y contestó demanda solicitando su rechazo con expresa imposición de costas.
En cumplimiento del imperativo procesal realizó la negativa de rigor respecto de los relatos de la parte demandante.
No obstante, dio su versión de los hechos:
Que con fecha 31 de mayo de 2010, siendo las 17:30hs. falleció en dependencias del Hospital de Clínicas la Sra. M. F. S., en tanto en la misma fecha en horas de la mañana feneció el señor Pedro G. M., siendo ambos cuerpos trasladados a la morgue para posteriormente proceder a la entrega de aquellos a sus familiares y que estos pudieran brindarle los honores que consideren pertinentes.
Que el Sr. J. G. M.en su condición de hijo del fallecido reconoció el cuerpo de su padre a fin de retirarlo de dicha dependencia junto con personal de la cochería Acosta, y por dicha razón se entregó el cuerpo por él reconocido.
Que del hecho que el Sr. J. G. M. reconoció incorrectamente al cuerpo de su padre, provocó una serie de eventos desafortunados de los cuales -a su entender- su parte resulta ajena. En este sentido, argumentó que no existe nexo de causalidad entre el hecho ocurrido, su accionar y el reclamo que aquí se le efectuó, dado que quien intervino fue un tercero extraño por quien no debe responder la accionada.
Argumentó las razones del caso sosteniendo la improcedencia de lo requerido por los accionantes, y cuestionó la procedencia del rubro pretendido y los montos reclamados. Por último, fundó su postura en derecho y ofreció pruebas.
A fs. 163 el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 64 se declaró incompetente para entender en los presentes actuados, y a fs. 175 asumió la competencia el juzgado n° 3 de este Fuero.
III.- Tramitada la causa, y presentados los alegatos de las partes intervinientes, el magistrado de la instancia de grado dictó sentencia a fs. 291/296 haciendo lugar a la demanda deducida por los Sres. A. A. C. y A. R. C. contra la Universidad de Buenos Aires – Hospital de Clínicas ´J. de San Martín´-. En consecuencia, condenó a ésta última a pagarle, en la forma prevista por el art. 22 de la ley 23.982, a los accionantes la suma de $60.000, conforme la liquidación establecida en el considerando IV del referido pronunciamiento, con más las costas del proceso.
Para así decidir, el Dr. Cassinerio analizó la probanza de autos y encontró acreditado que el cuerpo de la Sra. M. F. S. fue entregado en forma equivocada al Sr. J. G. M. en lugar del cuerpo de su padre el Sr. Pedro G.M.; que conforme surge del procedimiento para el ingreso y egreso de cadáveres a la morgue, se debió verificar que coincidieran los datos que aportó el familiar con los registrados en el cadáver, situación que debe ser efectuada por un dependiente de la demandada. Así las cosas, juzgó que en el Hospital de Clínica ´J. de San Martín´ (U.B.A.) se incurrió en una grave omisión de control a través de sus dependientes y, por ende, es responsable de los daños ocasionados.
En este contexto, y en atención a que es innegable que la desaparición del cuerpo de la madre de los accionantes revistó suficiente entidad y gravedad como para acceder a la reparación del daño moral. En consecuencia, reconoció la suma de $30.000.- para cada uno de los actores. El magistrado, aclaró que, la suma que compone la indemnización fue fijada a valores actuales por lo que dispuso que devengará intereses desde la fecha de la sentencia hasta el efectivo pago conforme la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días.
IV.- El decisorio fue apelado por la Universidad de Buenos Aires (ver fs. 315 y auto de concesión de fs. 316) quien expresó agravios a fs.327/328, los que no merecieron réplica de la parte contrincante. También recurrieron la sentencia los co-actores (ver apelación de fs. 317/318 y providencia de fs. 322) quienes presentaron sus fundamentos a fs. 336/341vta., los que fueron contestados por la U.B.A. a fs. 354/358.
Median, además, recursos que se vinculan con la regulación de honorarios (ver fs. 319 y fs. 321), los que en caso de corresponder serán tratados por el Tribunal en conjunto a la finalización del presente Acuerdo.
La demandada presentó sus quejas a fs. 327/328.El escrito recursivo de manera muy sintética argumenta en dos párrafos que en autos no media relación de causalidad para imputarle responsabilidad a su parte y por otro lado esgrime que es excesivo el monto otorgado en concepto de daño moral.
La parte actora fundó sus agravios a fs. 336/341vta. Los recurrentes peticionan que el monto reconocido en el decisorio apelado no se encuentra actualizado toda vez que si bien el juez a quo condenó a pagar la suma pretendida por los accionantes, estos sostienen que ello fue justipreciado al momento de interponer la demanda con fecha 15/06/12, por lo que peticionan la actualización monetaria del importe. Asimismo, peticionan que los accesorios sobre el capital de condena comiencen a regir desde que se produjo el daño y no desde la fecha de la sentencia.
V.- Ante todo, me interesa recordar que el Tribunal no está obligado a seguir todas las argumentaciones que se le presenten, ni a examinar cada una de las probanzas aportadas a la causa sino sólo las conducentes para resolver el conflicto.
Me atengo así a la jurisprudencia que considera que esta metodología de fundamentación de las sentencias judiciales es razonable, extremo que implica su compatibilidad con los principios y garantías constitucionales (conf. C.S. Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466, entre muchos otros).
VI.- Comenzaré por señalar que en atención a los agravios de los apelantes, y, por una cuestión metodológica, procedencia o no de la responsabilidad que media en autos. Pasado ello, y en caso de corresponder, continuaré con el desarrollo de las restantes quejas.
Me interesa destacar que las críticas que formula la demandada relativa al argumento de la imputación de responsabilidad en su contra, no me conmueven para modificar el criterio empleado por las razones que pasaré a exponer.En tal sentido, soy de opinión que el decisorio en crisis reúne un correcto tratamiento de la cuestión sometida a debate, la que resulta coincidente con los fundamentos que efectuaré a lo largo del presente voto.
Al respecto debe puntualizarse que la responsabilidad tanto contractual como extra-contractual, queda comprometida cuando se configuran los siguientes presupuestos: el incumplimiento o violación de la ley; su imputabilidad en razón de alguno de los factores de atribución de índole subjetiva u objetiva; el daño sufrido y la relación causal entre dicho incumplimiento y el perjuicio antes referido. Basta que uno de esos recaudos fracase para que el demandado quede exento de responsabilidad civil por las consecuencia de su actividad (conf. esta Sala, causas n° 2666/99 del 25/06/02; 8813/99 del 30/04/02; 13947/03 del 22/02/07; 8718/08 del 15/5/14, entre otras).
No obstante ello, aquello que el Juez debe valorar es el material probatorio que concierne al objeto del debate litigioso concreto. Va de suyo que no se trata únicamente que la prueba deba referirse a los hechos articulados sino que tales hechos, a su vez, se deben encuadrar en la acción que la pretensora ha deducido.
También, corresponde recordar, que tanto en doctrina como en jurisprudencia, se ha venido sosteniendo que las meras discrepancias o disconformidades con el criterio del Juez, sin fundamentar de manera adecuada la oposición o dar base a un distinto punto de vista, no constituyen una expresión de agravios en los términos del art. 265 del Código Procesal, debiendo en tales casos, declararse desierto el recurso (confr. FASSI- YÁÑEZ, “Código Procesal Civil y Comercial, comentado, anotado y concordado”, t. II, Págs.481 y ss.; esta Sala causa 1547/97 del 26.10.00; Sala I, causa 1250/00 del 14.02.06 y Sala III, causa 9276/05 del 3.4.07; entre muchas otras).
Además, la finalidad de actividad recursiva consiste en demostrar el desacierto de la resolución que se recurre y los motivos que se tienen para considerarla errónea. Como dicha suficiencia, se relaciona a su vez con la necesidad de argumentaciones razonadas, fundadas y objetivas, sobre los supuestos errores incurridos por el juzgador, son inadmisibles las quejas planteadas que sólo comportan la expresión de un mero desacuerdo con lo resuelto (confr. Sala I, Causa n° 1250/00 del 14.02.06).
Tal es lo que ocurre en este estadio procesal, habida cuenta que la demandada no se hace cargo del argumento central expuesto en el decisorio de fs. 291/296. Allí, el juez a quo luego de evaluar los presupuestos de la responsabilidad y la probanza de autos, determinó que se encuentra acreditado que la demandada -a través de su dependiente- entregó el cuerpo de la madre de los actores a la persona equivocada, sin que se hubiera acreditado alguna causal de exención de responsabilidad. Ello toda vez que se debió verificar la coincidencia de los datos al efectuarse el reconocimiento por parte del Sr. M. con los registrados en la Institución. Y no se hizo, lo que constituye una grave omisión en el control en que incurrió el Hospital de Clínicas ´J. de San Martín´ (UBA) a través de su dependiente, y que es responsable por el daño ocasionado (ver considerando III del decisorio en crisis).
Me interesa remarcar que la sola argumentación de que el Sr. M., al momento del reconocimiento del occiso cometió un error no basta para exonerarse de la responsabilidad reglamentaria que surge de la prueba informativa que luce agregada a fs. 225/230.De ella, se desprende que el personal de Admisión de pacientes baja a la morgue, el familiar reconoce al fallecido y los efectos personales que recibe, se verifica que coincidan los datos que aporta el familiar con los registrados en el cadáver, en el libro y la planilla de traslado y se asientan los datos y firma del familiar en el libro; si interviene una cochería con familiar que reconoce el fallecido se procede de igual forma y si interviene sin familiar se asienta el nombre de la cochería y los datos y firma del responsable -el subrayado me pertenece, ver informe referido, más precisamente a fs. 226-.
Sobre esta base, y aun aplicando el criterio amplio que invariablemente observa esta Sala a la hora fundamentación de las apelaciones, en el caso es evidente que la demandada se limita en dos escuetos párrafos de su expresión de agravios a plantear su disconformidad con este punto la sentencia con la que dice no estar de acuerdo.
Pero sin invocar fundamentos y/o pruebas capaces de desvirtuar tal decisión, limitándose a reeditar las mismas razones que ha venido planteando a lo largo del proceso para sostener su postura. En consecuencia, el memorial no alcanza a satisfacer las exigencias de la ley de rito, de modo que no cabe sino declarar desierto sobre el punto el recurso (confr. art. 265, 266 y 271 del C.P.C.C.N.).
VII.- Acreditada entonces la responsabilidad, corresponde abordar las quejas de las partes relacionadas con el resarcimiento otorgado en el decisorio atacado, toda vez que el rubro indemnizatorio ha merecido objeciones cruzadas de los intervinientes.
En lo que al reclamo por daño moral se refiere, debo señalar que, si la acción antijurídica ocasiona un menoscabo o lesión a intereses no patrimoniales, hay daño moral (conf., Zannoni, E., “El daño en la responsabilidad civil”, pág.232; Orgaz, A. “El daño resarcible”, pág.183, N°55 y citas en nota 5; Cám. Nac. Civil, Sala A, Valdez C. c/ Amparo S.A.s/ Daños y Perjuicios, E. D., F°32.992; ídem, Endrej, C. c/ Valverde, O.J., s/ Sumario, E. D., F° 32.876, etc.). Se tiende, aplicando la previsión del Art. 1078 del Código Civil vigente al momento del hecho por el que se reclama, a reparar el dolor que provoca el evento dañoso fuera del ámbito físico (conf., Borda, G.A., “Tratado de Derecho Civil, Obligaciones”, T. I., pág.190).
Es un daño que afecta al sentimiento -dolor, aflicción, pensar, conmoción de envergadura en el equilibrio habitual- y que es consecuencia de la privación de un bien jurídico sobre el cual el dolorido, el humillado, el afligido, etc., tenía un interés reconocido por la ley (conf., Zannoni, E., ob. Cit., pág. 232 y sus citas).
Siendo ello así, de lo que se trata es reconocer una compensación pecuniaria que haga asequibles algunas satisfacciones equivalentes al dolor moral sufrido. En su justiprecio, ha de recurrirse a las circunstancias sociales, económicas y familiares de la víctima y/o de los reclamantes, valoradas con prudencia para evitar un enriquecimiento indebido. La reparación del daño moral debe determinarse ponderando esencialmente la índole de los sufrimientos de quien los padece (conf. esta Sala, Causa 17292/95 del 17.10.1995, entro otras).
Sobre el punto, hay acuerdo en considerar que el daño moral es de difícil cuantificación, dado que las perturbaciones anímicas quedan en el fuero íntimo del damnificado; sin embargo, la magnitud del hecho y la índole de las lesiones constituyen elementos objetivos que permiten determinar una cantidad indemnizatoria, pero igualmente enfrenta al juzgador con la disyuntiva de evaluar cuánto sufrió la víctima; por ello se sostiene que la cuantificación del daño queda sometida más que en cualquier o tro supuesto al prudente arbitrio judicial y que la víctima debe arrimar elementos que convenzan al Juez de la existencia del daño moral, de la alteración disvaliosa del espíritu; del dolor, sinsabores o sufrimientos; amargura o desazones (confr.Jorge Mosset Iturraspe y Miguel Piedecasas, Código Civil Comentado, Doctrina -Jurisprudencia- Bibliografía, Responsabilidad Civil, arts. 1066/1136, Ed. Rubinzal Culzoni, 2003, pág. 113/113vta.).
En el caso, de las constancias testimoniales agregadas al expediente dan cuenta de la desagradable situación debieron soportar los accionantes. El testigo J. Peñalver, dijo que llegaron al Hospital de Clínicas para retirar el cuerpo de la mamá de los accionantes; que momentos más tarde se presentó gente de la funeraria; que no encontraban el cuerpo de la madre en el nosocomio; que la situación era muy complicada y que todos estaban muy nerviosos; que el personal de seguridad del centro médico no le permitió ingresar al co-actor A. para exigir una explicación sobre lo sucedido lo que motivó el llamado de éste último al 911; remarcó que toda la familia estaba muy nerviosa por la situación de autos, etc. (ver respuesta a pregunta número 6, y tercer repregunta -fs. 213vta./214vta.).
Así también lo afirmó la testigo Sra. G. S., quien declaró que fueron dos horas de una angustia terrible donde nadie decía nada frente a las preguntas que hacíamos al respecto; que hubo cierto maltrato del personal de seguridad del Hospital; que no les daban respuestas sobre dónde estaba el cadáver; que fueron más de cuatro horas de mucha angustia donde ya había venido el Director del Nosocomio, el comisario, habían entregado el cuerpo de la progenitora de los accionantes a otra persona; que estaban todos muy nerviosos, llorando, muy angustiados (ver respuestas número cuatro y cinco de fs. 215/215vta.).
No puedo dejar pasar por alto, en forma coincidente con lo expuesto por el Dr.Cassinerio -cuyo argumento comparto y hago propio en este acto- que no se puede desconocer la perturbación que significa la desaparición del cuerpo de la madre de los demandantes, sobre todo porque el culto a los muertos es un hecho jurídicamente relevante tutelado y que los parientes más próximos gozan derecho subjetivo de custodiar sus restos y perpetuar su memoria (ver considerando IV, primer párrafo, del decisorio recurrido y sus citas).
Así las cosas y en el caso de marras, no me cabe duda alguna que ha quedado plenamente configurado el supuesto que contempla la disposición citada y tomando en cuenta la circunstancias que derivan de autos, en aplicación de lo prescripto por el art. 165, in fine, del C.P.C.C.N. estimo justo confirmar el resarcimiento por el presente concepto en la cantidad de pesos treinta mil ($30.000.-) para cada uno de los accionantes.
VIII.- Corresponde abordar el agravio de la parte actora, referido el pedido de indexación del monto otorgado en concepto del daño pretendido en autos (ver agravios de la parte actora de fs. 336vta./338).
Respecto de esta cuestión a consideración del Tribunal, debo mencionar que este aspecto no integró la litis lo que impide abordarlo (art. 277 del Código Procesal), además debo mencionar que al tiempo del acaecimiento del daño ya regía la prohibición de actualizar que todavía se mantiene vigente (art. 7 de la ley 23.928 -B.O. 28/03/91- y art. 4 de la ley 25.561 -B.O. 07/01/00-).
En tal sentido, también, debe destacarse que la Cámara de Apelaciones tiene una jurisdicción determinada por el contenido de los capítulos propuestos a la decisión del magistrado de la instancia inferior (conf. Art. 277, C.P.C.C.N.) y, por ende, excede su jurisdicción si se pronuncia sobre cuestiones ajenas a ellos, con grave afectación del derecho de defensa en juicio (conf.Colombo, C.J.; Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Anotado y Comentado, Tomo II, pág. 576 y 577; y C.S.J.N. Fallos 247:109; 252:323, entre muchos otros).
Así las cosas, y en atención al escrito de fs. 45, punto I- rotulado “Objeto” y a fs. 47vta., punto VII denominado “Daños”, al momento de determinar el único rubro resarcitorio pretendido como consecuencia de los hechos de autos, nada se dice al respecto. Ver asimismo, fs. 54 punto I, y fs. 56vta. Por lo cual, corresponde rechazar el planteo de actualización pretendido en esta instancia.
IX.- Finalmente, cabe establecer lo concerniente a la tasa de interés aplicable y el punto de partida de los mismos, planteo que los accionantes reclaman.
Como he señalado en numerosos precedentes, los accesorios deben comenzar a correr desde el día en que se produjo el hecho generador del daño -en este caso el 1° de junio de 2010- pues fue en ese preciso instante en el que los daños aquí admitidos quedaron configurados como definitivos (conf. art. Causa 3387/96 del 05/07/2005 y sus citas, causa n° 7202/04 del 28/08/07).
Y en lo que respecta a la tasa de interés aplicable, en el caso de marras, el monto en esta instancia ha sido establecido a la fecha del evento dañoso, es decir son montos nominales a valores de la fecha del suceso generador del perjuicio. Ello, en razón de que el verdadero motivo por el cual los intereses deben ser calculados desde la fecha en que tuvo lugar el hecho dañoso por haberse configurado allí el incumplimiento de la demandada.
Ahora bien, respecto a la tasa de interés aplicable, soy de opinión que dichos accesorios serán fijados a la tasa promedio que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones habituales de descuento a treinta días plazo vencido (conf.causa “Grossi Juan Jose c/ CNAS, del 08/08/95 y precedentes de las Salas I y III allí citados, entre muchos otros).
X.- Por lo expuesto, propongo al Acuerdo confirmar el fallo de primera instancia, salvo en lo atinente al cómputo de los accesorios, los que se fijan a partir del 1° de junio de 2010, conforme lo expuesto en el presente voto.
Las costas de Alzada se imponen a cargo de la accionada perdidosa en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68, primera parte del C.P.C.C.N.).
Así voto.
El doctor Alfredo Silverio Gusman no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).
El doctor Ricardo Victor Guarinoni por razones análogas a las expuestas por el doctor Eduardo Daniel Gottardi, adhiere al voto que antecede.
En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Sala RESUELVE: confirmar el fallo de primera instancia, salvo en lo atinente al cómputo de los accesorios, que se fijan a partir del 1° de junio de 2010, conforme lo expuesto en el presente decisorio. Las costas de Alzada se imponen a cargo de la accionada perdidosa en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68, primera parte del C.P.C.C.N.).
Una vez que se encuentre firme la liquidación del crédito que se manda a pagar y sus intereses, vuelvan las actuaciones a efectos de proceder a fijar los honorarios correspondientes a ambas instancias (conf. art. 279, del C.P.C.C.N.).
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
EDUARDO DANIEL GOTTARDI
RICARDO VÍCTOR GUARINONI
S., S. A. y otro c/P., F. G. y otro s/daños y perjuicios – Cám. Nac. Civ. – Sala M – 12/11/2014 – Cita digital IUSJU223061D
040131E
