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JURISPRUDENCIAMarcas y designaciones. Indumentaria. Ropa. Falsificación. Marca notoria. Auto de procesamiento. Derecho de propiedad
Se confirma el procesamiento de los imputados por encontrarlos, prima facie, autores del delito acuñado en el artículo 31, inciso d), de la ley 22362, es decir, venta de productos con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada. Para así resolver, el tribunal dijo que la falsificación, presentación u ofrecimiento al público de productos con marca registrada falsa, aun cuando se llegue a descartar que el consumidor haya sido inducido a engaño, produce de todas formas un daño al titular marcario, siendo punible en virtud de las normas penales que tutelan las marcas registradas.
San Martín, 12 de junio de 2019.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Los recursos de apelación deducidos por las defensas de N. G. R., V. A. M. A., E. G. M., Y. E. C. Q., X. T. V. V., R. I. C. R., M. Á. C. C., P. P. D., K. N. P. D., U. R. M., M. I. C. S. y M. F., contra los autos del 19 de diciembre pasado y 8 abril del corriente año, que ordenaron sus procesamientos, por hallarlos prima facie autores del delito acuñado en el Art. 31, inciso “d”, de la ley 22.362. Al último de los nombrados reiterado en diecisiete hechos (Cfr. Fs. 950/56Vta., 960/4 y 965/8 del presente legajo de apelación y Fs. 2647/55VTa. 2698/705 de los autos principales).
II. Cabe destacar que conforme surge de Fs. 2771/75 el día 6 de junio de 2019, el Juzgado Federal N° 1 de San Isidro, Secretaría N° 7, resolvió declarar extinguida la acción penal por prescripción en la causa 32008965/2011, de M. F. en relación a los hechos por los cuales se ordenara su procesamiento del 8 de abril pasado, dictándose en consecuencia su sobreseimiento. Teniendo en cuenta que la citada resolución se encuentra firme, la cuestión aquí debatida deviene abstracta respecto del nombrado.
III. Los hechos que se le imputan a los demás encausados fueron investigados a partir del 30 de octubre de 2014 con motivo de la denuncia presentada por M. E. I. C., apoderada de las firmas “Nike Innovate C.V”, “Quiksilver y DC”, “Kevingston”, “Strauss & Co” y de “Tommy Hilfiger”, en la que daba cuenta que en el paseo de compras “Alto Saavedra”, ubicado en la Avenida Maipú N° 70 (sin numeración visible, lindera a la 68) de la localidad y partido de Vicente López, se comercializaban productos en infracción a los Inc. b) y d) del Art. 31 de la ley 22.362 (Fs. 1395/8).
Como consecuencia de ello, se efectuaron tareas investigativas sobre el lugar, identificándose finalmente los locales (N° 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 33, 38, 39, 45 y 46), siendo que el 7 de julio de 2016, se procedió a sus allanamientos, secuestrándose en todos ellos principalmente productos de indumentaria que ostentaban marcas registradas, que a través de los peritajes efectuados, se determinó eran apócrifos (Fs. 1812/16, 2074/80, 2163/64, 2344/46, 2508/13 y 2544/51).
Cabe destacar aquí, que esta denuncia motivó originariamente la formación del expediente FSM 59860/2014 y luego, su acumulación el 20 de abril de 2016, a la presente FSM 32008965/2011 (Fs. 1587).
IV. SITUACIÓNES PROCESALES DE V. A. M. A., E. G. M., Y. E. C. Q., X. T. V. V., R. Y. C. R., M. Á. C. C., P. P. D., K. N. P. D. Y U. R. M..
Puesto a decidir sobre el objeto en debate y en lo que respecta al planteo de atipicidad -único argumento introducido por las recurrentes en relación a ellos- fundado en que no se ha probado el perjuicio para el titular, o que haya tenido incidencia en su giro comercial, cabe resaltar en forma liminar, las múltiples funciones que cumple la marca, como la de conocer el origen del objeto, distinguir el producto o servicio de otros, garantizar una calidad uniforme en ellos, así como la publicitaria. De ahí que el distinguir un producto o un servicio con una marca hace a la esencia del sistema marcario y a su efectiva protección.
En ese orden, se ha dicho que la marca es la garantía de las actividades económicas a que se refiere contra la competencia desleal en la producción o circulación de la riqueza y ampara el esfuerzo del hombre, individualizando sus productos, sus fábricas o sus establecimientos, para cimentar su responsabilidad, su mérito y su legítimo beneficio (Fallos: 163:5), así como que la finalidad primordial de la legislación marcaria, consiste en la protección de las buenas prácticas comerciales y también la buena fe del adquirente (Fallos: 253:267; 259:282; y 258:249).
Es que el bien jurídico tutelado no descansa en la sola protección del público consumidor, garantizándole la calidad de origen o la legitimidad de cualquiera de los actos que integran la cadena de comercialización de los productos que le son exhibidos, sino que también protege al titular registral del uso que, sin su autorización, se haga de la misma. Ello así, pues el acto vulnera el derecho de propiedad industrial al dejar desamparado a quien cumplió con todos los requisitos que el Estado le exigió para otorgarle protección a su marca.
En consecuencia, la falsificación, presentación u ofrecimiento al público, de productos con marca registrada falsa, aún cuando se llegue a descartar que el consumidor haya sido inducido a engaño, produce, de todas formas, un daño al titular marcario, siendo punible en virtud de las normas penales que tutelan las marcas registradas (CCCFed. Sala II, Causa: “TELLERIA NAVARRO, Domingo”, Reg. N° 20370, del 24/10/02; Sala I, Causa: “OSORIO, Donato”, Reg. N° 586, del 10/7/03; y sus citas); es que cualquier puesta en venta, por su propia naturaleza, es apta para provocar un eventual perjuicio al titular del signo, de modo que, decididamente, afecta el bien jurídico protegido por la norma implicada.
Por último, resta destacar que, puntualmente, en otros casos en los que se planteó la ausencia de posibilidad de engaño del consumidor, por el supuesto carácter burdo de los productos que ostentaban las marcas falsificadas, se sostuvo que, teniendo en cuenta el ámbito protegido por la ley marcaria, no deviene en un planteo que habilite a concluir sobre la ausencia de afectación al bien jurídico tutelado (CFCP, Sala III, Causa N° 16.575, “Sánchez Sosa, Rolison Harley s/ recurso de casación”, Reg. N° 1912.12.3, del 28/12/12).
Ello, en consonancia al criterio del Máximo Tribunal en cuanto a que el engaño del comprador no es un requisito contemplado en la ley de marcas (Fallos: 312:1919).
En consecuencia, la Sala homologará la decisión de la juez de primera instancia en relación a los aquí imputados.
V. SITUACIONES PROCESALES DE M. I. C. S. Y N. G. R..
En cuanto a la primera entendió su defensa, que las explicaciones que brindara al deponer en indagatoria resultan atendibles, ya que dado los escasos días en que trabajó como empleada en el lugar, resulta perfectamente posible que ésta no reparara en que los elementos incautados no eran originales (Fs. 2700Vta/5).
Respecto de N. G. R., sostuvo su asistencia letrada, que la encartada negó la imputación que se le dirige al explicar en su descargo que el día del procedimiento se encontraba en el puesto de referencia solo como empleada, desconociendo mayores detalles acerca de la mercadería, que era la sexta vez que iba, no tenía dinero y aceptó para así poder mantener a su hijo.
Ahora bien, puesto a resolver sobre el objeto en debate, entiende el Tribunal que las constancias incorporadas al sumario indican que la queja de las recurrentes debe ser favorablemente atendida en la instancia. Ello así, ya que no ha podido determinarse suficientemente la responsabilidad de las encausadas en la maniobra ilícita investigada en el presente sumario.
La figura legal señalada, establece que “será reprimido […] el que ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada.” La actividad prohibida y aquí en principio reprochada, supone no sólo la tenencia de bienes con marca falsificada, sino su puesta a la venta, sabiendo de su ilícita situación.
Ahora bien, analizados las declaraciones de las imputadas y las tareas de inteligencia efectuadas, no es posible acreditar el conocimiento acerca del desarrollo de la maniobra ilícita que se llevaba a cabo en los puestos frente a los cuales se encontraban el día del allanamiento. Esto es N. G. R. en el local 46 y M. I. C. S., en el N° 33 (Fs. 1683/86Vta).
Es que conforme se desprende de sus descargos, ambas fueron contratadas para trabajar sólo unos días, aclarando que estuvieron al frente de los locales, sólo seis y cuatro días, respectivamente, por lo que desconocían el origen apócrifo de la mercadería ofrecida. A su vez, N. G. R. señaló que la dueña era la Sra. I. M. H., mientras que M. I. C. S. sindicó a “Roxana”, debiendo destacarse que la primera fue identificada llamativamente en el allanamiento del 5 de octubre de 2012 como encargada de un local dentro de la feria (Fs. 213/6, 2489/90, y 2634/36).
Por otro lado, las tareas de inteligencia que se efectuaron, en ningún momento sindican a las nombradas como encargadas de los puestos comerciales. Es más, en las fotografías que fueran incorporadas a la presente, se observa que en los dos locales había un masculino al frente de ellos, circunstancias que en principio corroboraría la versión de las encausadas acerca de que hacía poco tiempo que estaban allí (Fs. 1575, 1637 y 1641).
A partir de lo expuesto se advierte que, en el caso, no es posible inferir que hayan ejercido algún acto de comercio de la mercadería, ni que hubieran estado en condiciones de conocer la autenticidad de las prendas que se encontraban en el lugar, dado el escaso tiempo que se desempeñaron en los locales.
En consecuencia, hasta tanto se incorporen algún elemento de cargo que contradiga lo expuesto, habrá de revocarse lo decidido en relación a N. G. R. y M. I. C. S. y dictar su falta de mérito.
Dada la forma en que se resuelve, no corresponde abordar el tratamiento de los restantes agravios incorporados por las recurrentes.
VI. Finalmente, merece destacarse que la causa FSM 32008965/2011 se inició el 24 de agosto de 2011 y el 5 de octubre de 2012 se allanó el paseo comercial “Alto Saavedra”, intervención que motivó el llamado a indagatoria y el dictado posterior del auto previsto en el Art. 306 del CPPN respecto de quince personas en los términos previsto en el Art. 31, inciso “d” de la ley 22.362. Luego, el 20 de abril de 2016, cuando ya la causa poseía auto de procesamiento firme, se procedió a acumular el expediente N° 59860/2014 de ese juzgado pero de otra secretaria, cuyos hechos vienen a estudio en esta oportunidad y que datan del 7 de julio de 2016 (Fs. 25/8, 213/16, 1266/75, 1302, 1587 y 1589).
Posteriormente, el 23 de octubre de 2018, se declaró extinguida la acción penal por prescripción respecto de los hechos acaecidos en 2012 (Fs. 2598).
Previo a esto último, el 23 de febrero de 2018, el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, secretaria N° 5, remitió la causa FSM 34003438/2013, como así los testimonios de la FSM 125181/2017, ya que los sucesos investigados (suscitados entre el 2 de mayo de 2013 al 6 de mayo de 2014), eran posteriores a los de la FSM 32008965/2011 y mediaba una conexidad subjetiva entre ellos. Cabe destacar que el expediente FSM 34003438/2013 ya poseía auto de requerimiento de elevación a juicio del 10 de julio de 2017.
Finalmente, conforme lo que se desprende de las causas FSM 34003438/2013 y FSM 125181/2017, el 9 de mayo de 2018, se procedió a acumularlas “jurídicamente” al expediente 32008965/2011 (Fs. 977 y 954, respectivamente).
Analizado lo expuesto, cabe destacar que las reglas de conexión prevén una excepción a la acumulación de expedientes, cuando determine un grave retardo para alguna de ellas, aunque en todos los procesos deberá intervenir un solo tribunal (Art. 43 del CPPN).
En el caso, tras una lectura integral de la causa y de los incidentes 125181/2017/1/CA1 y 32008965/2011/23, se advierte claramente, que las acumulaciones que fueran ordenadas -formales y/o jurídicas- implicó que se viera afectado el principio de celeridad procesal y el orden de las actuaciones que debe imperar en el marco de un debido proceso, circunstancias que atentaron contra la vigencia de la acción, tal como sucedió respecto de los hechos acaecidos en el 2012 y en relación a M. F. por los sucesos aquí imputados (2012-2016). Además, si bien varias de las personas involucradas coincidían en todos los expedientes, otras sólo fueron imputadas acerca de alguno de los hechos, por lo que en definitiva éstos se vieron perjudicados a obtener un pronunciamiento definitorio de su situación a la brevedad posible.
En consecuencia, se recomienda a la Sra. Juez a quo, que en lo sucesivo y en casos similares, observe estas consideraciones para procurar una pronta y mejor administración de justicia.
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:
I. DECLARAR ABSTRACTO el recurso de apelación interpuesto por la defensa oficial a Fs. 2698/2705 respecto de M. F..
II. CONFIRMAR PARCIALMENTE los puntos dispositivos I del auto del 19 de diciembre de 2018 y del 8 de abril de 2019, en cuanto decretan los procesamientos de V. A. M. A., E. G. M., Y. E. C. Q., X. T. V. V., R. Y. C. R., M. Á. C. C., P. P. D., K. N. P. D. y U. R. M., en orden al delito previsto y reprimido en el Art. 31, inciso “d” de la ley 22.362.
III. REVOCAR PARCIALMENTE los puntos dispositivos I del auto del 19 de diciembre de 2018 y del 8 de abril de 2019 y dictar la FALTA DE MÉRITO de N. G. R. y M. I. C. S., en orden al delito por el que fueran indagadas, sin perjuicio de la prosecución de la causa (Art. 309 del Código Procesal Penal de la Nación).
IV. RECOMENDAR a la Sra. Juez a quo observe las conside raciones señaladas en el punto VI.
Regístrese, notifíquese, hágase saber a la Dirección de Comunicación Pública de la C.S.J.N. (Acordada 15/13 y ley 26.856) y devuélvase.-
MARCELO DARIO FERNANDEZ
MARCOS MORAN
YANINA GROSSO
PROSECRETARIA DE CAMARA
040829E
