Se casa la resolución impugnada y se dispone el cese de la medida tutelar dispuesta oportunamente respecto del niño, al concluirse que resultaba arbitraria pues no tuvo en cuenta precisamente que se encontraban interviniendo otros organismos. Es que una vez comprobada la minoridad del niño y la intervención de los organismos administrativos y judiciales que establecen la ley 26061 y la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, no resulta razonable continuar con la intervención tutelar por el juzgado penal en orden a la inconveniencia que se produce por esta superposición de intervenciones por parte de órganos estatales en la protección de los derechos del niño.
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