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JURISPRUDENCIA
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 26 días del mes de Febrero de Dos Mil Trece, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: “MONTES, AMELIA ISIDORA Y OTRO C/ SCARDINO, FRANCISCO Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, respecto de la sentencia de fs. 265/269, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?
Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores BEATRIZ AREÁN – CARLOS ALFREDO BELLUCCI- CARLOS CARRANZA CASARES –
A la cuestión planteada la Señora Juez de Cámara Doctora Areán dijo:
I. La sentencia de fs. 265/269 hizo lugar a la demanda, condenando a Francisco Scardino y a Virginia del Carmen Stahlberg a pagar a los actores la suma de $ …, con más sus intereses y las costas del proceso. Difirió la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes.
Contra dicho pronunciamiento se alzaron los demandados, siendo concedido el recurso a fs. 276.
Expresaron agravios a fs. 292/301, los que fueron respondidos a fs. 304/305. Se quejan porque consideran que la juez de grado efectuó una valoración absurda de la prueba. No indica cuáles son los daños que manda indemnizar. No se probaron porque la pared está reconstruida. No se demostró la relación de causalidad. Al no existir daño no corresponde pagar intereses y en todo caso deben limitarse hasta el momento de reparación de la pared. No se acreditó el daño moral y su monto es exagerado, al extremo de duplicar el correspondiente a daños materiales.
II. Los demandados no se presentaron a controvertir la litis, lo que determinó que fuera declarada la rebeldía.
La falta de contestación de la demanda produce una presunción favorable a la pretensión del accionante, la que será plena si no hay otra prueba o si la producida es coadyuvante. Por el contrario, dejará de tener valor si se demuestra que el demandado tiene razón. Si éste no sólo no contestó la demanda, sino que ni siquiera se apersonó, rige el art. 60 (Conf. Colombo, Carlos J., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Anotado y Comentado”, Tomo III, pág. 303).
Precisamente, en caso de rebeldía del demandado, dispone dicha norma en su párrafo tercero, que «la sentencia será pronunciada según el mérito de la causa y lo establecido por el art. 356, inciso 1º)». Agrega que «en caso de duda, la rebeldía declarada y firme constituirá presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por quien obtuvo la declaración».
Es decir que la ley consagra una presunción favorable a la parte que se beneficia con la rebeldía de su contraria, pero es posible que exista contradicción entre los hechos presumidos y otras constancias del juicio. Si éstas producen plena convicción en el juez, tendrá que atenerse a ellas, pero en caso de duda, habrá de pronunciarse a favor de quien obtuvo la declaración de rebeldía de la otra parte (Conf. Fenochietto, Carlos E.-Arazi, Roland, «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado y concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires», Tomo 1, pág. 241).
Si estas constancias producen plena convicción en el juez, tendrá que atenerse a ellas, pero, en la duda, habrá que pronunciarse a favor de quien obtuvo la declaración de rebeldía de la otra parte.
Sostiene nuestro más alto Tribunal que las consecuencias legales imputadas a la rebeldía, en tanto resulten de la propia incuria procesal de los litigantes por ella alcanzados, no plantean problema alguno de índole constitucional. La solución es distinta, cuando la aplicación de las normas procesales excede, en forma irrazonable, los límites de su función reglamentaria de la garantía de la defensa o, manifestado en otros términos, excede los límites de su función reglamentaria de la citada garantía (Fallos: 262:459; 294:127, 324:2946; etc.). La condena pronunciada en base a las normas procesales referentes a la rebeldía y con total exclusión de la evidencia contraria al derecho de los actores que surge de las constancias de la causa, comporta un exceso ritual manifiesto y la adopción de una actitud judicial contradictoria que destituye el fallo recurrido de fundamento suficiente para sustentarlo (Conf. CSJN, 8-9-65, Fallos, 262:460).
El art. 356 del Código Procesal dispone que en la contestación opondrá el demandado todas las excepciones o defensas de que intente valerse y deberá, además reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda, la autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyeron y la recepción de las cartas y telegramas a él dirigidos cuyas copias se acompañen. Su silencio, sus respuestas evasivas, o la negativa meramente general podrán estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se refieran. En cuanto a los documentos se los tendrá por reconocidos o recibidos, según el caso.
En síntesis, si bien la suerte del juicio no se encuentra sellada definitivamente, lo cierto es que la ley consagra una presunción favorable a la parte que se beneficia con la rebeldía de su contraria. Sin embargo, ella no exonera al demandante de la carga de la prueba ni produce la inversión de dicha carga, es decir que la declaración de rebeldía no entraña sin más el reconocimiento ficto, por parte del rebelde, de la verdad de los hechos alegados por la otra parte como fundamento de su pretensión, ni constituye causal para tener por configurada una presunción “iuris tantum” acerca de la verdad de esos hechos. Puede suceder que exista contradicción entre los hechos presumidos y otras constancias del juicio. Si estas constancias producen plena convicción en el juez, tendrá que atenerse a ellas, sólo en la duda, habrá que pronunciarse a favor de quien obtuvo la declaración de rebeldía de la otra parte.
Anticipo que en el caso no tengo ninguna duda en cuanto a la verdad de los hechos expuestos en la demanda, así como en lo atinente a la autenticidad de las fotografías acompañadas.
El 23 de febrero de 2006, siendo aproximadamente las 8 horas, los actores advirtieron que una máquina excavadora, que estaba siendo utilizada en la finca lindera a la de … de esta ciudad para la excavación de un pozo, comenzó a golpear contra la pared divisoria y a socavar los cimientos de la vivienda. Scardino fue advertido, se le pidió que cesara en la tarea, pero se negó a detener la obra, sosteniendo que no existía ningún peligro. A la noche, alrededor de las 1,30 horas, cayó una copiosa lluvia, produciéndose de inmediato el derrumbe de la pared, quedando su propiedad de los actores desprotegida y expuesta.
Atento la naturaleza de la cuestión debatida en autos, cobra especial relevancia el análisis de la prueba pericial, aun cuando el perito ingeniero civil designado haya debido cumplir el cometido encomendado cuatro años y medio después de ocurrido el hecho.
Afirma que a la fecha de constituirse en el lugar, la obra de la demandada se encontraba en etapa de terminación. La medianera está reconstruida, por lo que no subsistían los daños.
De todos modos, sostiene el experto que, en base a las fotografías agregadas en autos por los actores -cuya autenticidad descarto-, se evidencia la ocurrencia del derrumbe denunciado. El tramo pertinente coincide con toda la extensión de la obra. El que tenía apuntalamiento originario del lado de la actora no cayó, el derrumbado es aquel que no lo tenía de ese lado y en el que se debilitaron los cimientos del muro medianero por las excavaciones para sótano y cimientos.
La pared tiene revoque y pintura de reciente data, con remiendos, que coinciden con el derrumbe que exteriorizan las aludidas fotografías.
Concluye el experto a fs. 187 afirmando que existió un deficiente apuntalamiento en la obra de la demandada para garantizar la estabilidad.
Los tramos extremos de larga data tienen deterioros en revoque y pintura, por lo que no existía uniformidad previa al derrumbe.
Ninguna de estas terminantes y claras conclusiones periciales motivó la impugnación de los demandados, quienes sólo se limitaron a cuestionar los montos estimados para atender a las reparaciones, por lo que caen estrepitosamente todos los pretendidos agravios relacionados con la falta de prueba, la ausencia de daño, de la relación de causalidad, etcétera.
En base a todo ello, a fs. 189 indica el experto que debe retirarse y reemplazar el piso de mosaicos calcáreo del patio con material nuevo de similar calidad en el departamento 1 y similar aunque no necesariamente nuevo en el departamento 2.
Establece el costo de las reparaciones en $ …, según cotización de la Revista Vivienda de setiembre de 2010.
Agrega que también debe ejecutarse pintura de muros exteriores de pasillo de patio del departamento 1, de comunicación con el departamento 2 y continuación en pared transversal de patio hasta jamba izquierda de puerta exterior de habitación; y pintura de chapas acanaladas de cubierta de galerías.
Estima el costo de estos arreglos a igual fecha en $ ….
A mayor abundamiento, cabe destacar que a fs. 229 informa la Dirección General de Registro de Obras y Catastro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que los planos de obra nueva con destino a vivienda multifamiliar y estacionamiento fueron debidamente registrados el 11 de abril de 2006, interviniendo como único profesional el arquitecto Fabián H. Elías.
Esta prueba, que tampoco mereció observación alguna en los términos del art. 403 del Código Procesal, demuestra palmariamente que la demolición fue emprendida con anterioridad, estos es, sin contar con la pertinente autorización.
III. Como ya lo he sostenido al votar en primer término en los autos “Bastián Hernán José c/ Alma Construcciones S.R.L. y otros s/ daños y perjuicios” (Libre Nº 507.899), las relaciones de vecindad entre fundos pertenecientes a diferentes propietarios traen como necesaria consecuencia poner en conflicto sus derechos respectivos, el que sólo puede ser conciliado a través de ciertas limitaciones impuestas al ejercicio de las facultades naturalmente inherentes a la propiedad.
Modernamente, se sustentan tales restricciones en la tesis del riesgo creado y en la de las inmisiones.
Esta última teoría se vincula con la realización de actos que determinan una invasión del fundo vecino, ya sea mediante el envío de sustancias sólidas, líquidas o gaseosas (inmisiones materiales), o simplemente por la propalación de ruidos, vibraciones, luminosidades, olores, etc. (inmisiones inmateriales).
El propietario de un fundo no debe desarrollar actividades que invadan a los vecinos, si bien en algunos casos y sólo con respecto a ciertas inmisiones, se permite la invasión cuando no es posible evitarla, pero el afectado tiene derecho a ser indemnizado para compensarlo por las molestias o perjuicios que sufre.
Tal es la situación aprehendida por el art. 2618 del Código Civil, toda vez que las relaciones de vecindad imponen tolerar ciertas molestias, ya que no se debe olvidar que el dueño puede ejercer las facultades inherentes a su derecho aunque privare a terceros de ventajas o comodidades o aunque les ocasione algunos inconvenientes (art. 2514).
Por ello el legislador fija un tope hasta el cual deben soportarse las molestias: no deben exceder de la normal tolerancia. Si el acto sobrepasa ese límite habrá que distinguir según sea posible o no reducir la molestia. Si se la pueda disminuir y se omite hacerlo, hay un acto ilícito. Si por el contrario ello no es factible, habrá un acto excesivo que es objetivamente lícito. Sólo que el juez está facultado para ordenar la cesación de las molestias o la indemnización de los daños.
Por otra parte, el dueño, ejercitando las facultades materiales que integran el contenido de su derecho, puede realizar toda clase de obras, trabajos o instalaciones que considere convenientes o necesarias para la mejor utilización o aprovechamiento de su propiedad.
Como corolario de ello dispone el art. 2620 del Código Civil: «Los trabajos o las obras que sin causar a los vecinos un perjuicio positivo o un ataque a su derecho de propiedad, tuviesen simplemente por resultado privarles de ventajas que gozaban hasta entonces, no les dan derecho para una indemnización de daños y perjuicios».
Concuerda esta disposición con el art. 2514 antes citado y que no permite restringir las facultades del dueño aunque privare a terceros de ventajas o comodidades, poniendo como único límite que su ejercicio no sea abusivo.
Sin embargo, esta amplitud de facultades cede en ciertos casos, cuando su actuación pueda ocasionar a los vecinos un perjuicio positivo o un ataque a su derecho de propiedad. Por ello el legislador impone una serie de restricciones al dominio, dentro de las que aparecen figuras que se pueden agrupar como relativas a obras, trabajos e instalaciones que puedan perjudicar a los vecinos.
Así, el propietario de un fundo no puede hacer excavaciones ni abrir fosos que puedan causar la ruina de los edificios o plantaciones existentes en el fundo vecino, o producir desmoronamientos de tierra (art. 2615).
Además, debe mantener los edificios de modo que los materiales que se desprendan de ellos no dañen a los vecinos o transeúntes (art. 2616). Y si quiere hacer pozos, con cualquier objeto que sea, debe hacer un contramuro de treinta centímetros de espesor (art. 2624).
No puede construir cerca de una pared divisoria o medianera pozos, cloacas, letrinas, acueductos que causen humedad, establos, depósitos de sal o materias corrosivas, artefactos de vapor u otras empresas peligrosas para la seguridad, solidez y salubridad de los edificios o nocivas para los vecinos, sin guardar las distancias prescriptas por los reglamentos y usos del país (art. 2621).
Si bien puede considerarse que en el caso juegan de una manera u otra las cuatro disposiciones mencionadas, va de suyo que es el art. 2615 el que aquí cobra mayor relevancia.
Se ha dicho que la prohibición es absoluta: desde el momento en que las excavaciones o fosos puedan dar lugar a los efectos indicados, perjudiciales para el vecino, las obras no pueden ejecutarse, sin que tenga importancia la distancia que las separe de la línea divisoria con el fundo lindero. Sólo podrían llevarse adelante con autorización judicial, siempre que se tomaran las medidas necesarias para evitar desmoronamientos de tierra, siendo ésta una cuestión de hecho, librada a la apreciación de los jueces en cada caso particular (Conf. Salvat, Raymundo, “Derechos Reales”, Tomo I, Nº 1095, pág. 618).
Es obvio que no está prohibido excavar, pero puede hacerse siempre que se tomen las medidas necesarias, apuntalando el edificio vecino.
Desde el punto de vista de la responsabilidad civil, habiendo sido derogados los arts. 1133 y 1134 del Código Civil por la ley 17.711, la situación debe encuadrarse en el ámbito del art. 1113.
Por ello es suficiente que el trabajo se efectúe en forma negligente y sea susceptible de producir el resultado dañoso, basta el peligro. Una vez producido el derrumbe, la responsabilidad es objetiva, pudiendo exonerarse el propietario probando que el infortunio se produjo por un hecho extraño, en los términos de la última norma citada (Conf. Highton-Wierzba, en Bueres-Highton, “Código Civil y normas complementarias”, Tomo 5, pág. 480).
Ya en un antiguo fallo, frente a un caso parecido, se sostuvo que el propietario debe responder frente a la víctima en su calidad de dueño del inmueble colindante por las consecuencias del hecho dañoso, tratándose de una hipótesis de responsabilidad objetiva aprehendida por el art. 1113 (Conf. CNCivil, Sala F, 30/10/73, ED, 52-347).
Mucho más modernamente sostuvo la misma Sala que la empresa constructora que realizó excavaciones con miras a la realización de una obra nueva resulta responsable, en los términos del art. 1113 del Cód. Civil, por el derrumbe del edificio vecino, toda vez que no se ha acreditado que éste amenazara ruina ni tampoco se ha probado que se hubiera derrumbado aun cuando no se hubiesen realizado en el inmueble lindero aquellas fosas (Conf. CNCiv., Sala F, 13/02/2007, LL, 2007-C, 510).
Ha dicho la Sala que la primera medida efectiva antes de comenzar la excavación urbana, para no incurrir en negligencia, debe ser una inspección meticulosa de las construcciones contiguas, realizada por un profesional de primera categoría y el concurso, si fuera menester, de la fuerza pública; máxime si por la antigüedad atribuible al edificio vecino debió ser construido con técnicas y reglamentaciones de muchas décadas atrás (Conf. esta sala, G, 13/05/1987, LL, 1989-B, 619).
De acuerdo con el Código de la Edificación, cuando se realice una excavación, deben preverse los apuntalamientos necesarios para evitar que la tierra del predio lindero o de la vía pública, caiga en la parte excavada antes de haberse provisto los soportes o sostenes definitivos de los costados de la excavación. No debe profundizarse una excavación si no se ha asegurado el terreno en la parte superior (art. 5.2.2.2.). Además, no debe provocar en estructuras resistentes, instalaciones ni cimientos, situaciones no reglamentarias o con peligro potencial. El responsable debe adoptar las previsiones necesarias para que no ocasionen daños ni entrañen peligro a personas, predios linderos o vía pública (art. 5.2.2.4).
Cuando se efectúen excavaciones junto a edificios o estructuras linderas deben adoptarse todas la medidas indicadas en el art. 5.2.2.6, además de dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por los arts. 5.3.2.1. y siguientes.
En síntesis, tratándose de una responsabilidad objetiva, para su constitución sólo requiere la prueba de la existencia de un daño en cuyo acaecimiento ejerció influencia causal decisiva el riesgo o vicio de la cosa, de modo que proviniendo el perjuicio de la cosa misma, no procede la prueba exonerativa de inculpabilidad. Sólo se acepta la demostración de la causa extraña, de suerte tal que se elimina la responsabilidad por no haber causalidad (Conf. Goldenberg, Isidoro, “La relación de causalidad en la responsabilidad civil”, p. 227).
Y aunque no se considerare que concurrió el riesgo o vicio de la cosa, cabe preguntarse si puede entenderse que la parte demandada estaba realizando una actividad riesgosa.
Se ha sostenido que la responsabilidad no surge, sin más, por el daño causado por una actividad cualquiera, sino por la que es riesgosa. El riesgo no puede quedar reducido a una simple relación de causalidad, ciega y mecanicista, entre cierto elemento y un perjuicio. El riesgo es un factor de atribución y, por ello, es una razón especial para responder. El fundamento de la responsabilidad es un riesgo creado, un peligro que la actividad genera, fincando el factor atributivo en un poder-deber relativo a esa fuente de peligro que domina o controla el obligado, de manera expresa o virtual. Se hallan comprometidas todas las personas que, por haber generado la actividad, introducen en el medio social el riesgo que es anexo a ella y tienen, por lo tanto, un deber de fiscalización, supervisión y control, a fin de evitar que ese peligro se actualice en daño (Conf. Zavala de González, Matilde, “Responsabilidad por riesgo”, págs. 195 y sigs.).
Una actividad se considera riesgosa cuando por su propia naturaleza, es decir, por sus características propias, ordinarias y normales, o por las circunstancias de su realización, por ejemplo, algún accidente de lugar, tiempo o modo, genera un riesgo o peligro para terceros (Conf. Pizarro, Ramón, “La responsabilidad civil por actividades riesgosas”, en LL, 1989-C-941).
IV. En el caso ha quedado debidamente acreditado que los demandados decidieron emprender la elevación de un edificio. Para ello, contrataron a un profesional, se realizó la demolición de la construcción preexistente y luego se llegó a la etapa de la ejecución de una excavación con el fin de hacer de asentar los cimientos y la estructura de nivel de la planta baja.
La actividad en sí misma no es riesgosa, pero se convirtió como tal al omitirse adoptar las medidas adecuadas para evitar el desplome de la pared, lo que hizo que perdiera sustentación, generando graves deterioros en el inmueble ocupado por los actores.
En consecuencia, la sentencia debe ser confirmada en el aspecto vinculado con la responsabilidad.
V. El daño aunque ocupa el último lugar en la cronología temporal de los acontecimientos, es desde el punto de vista lógico el primer elemento de la responsabilidad civil, ya que sin él no puede siquiera pensarse en la pretensión resarcitoria. Sin perjuicio no hay ni puede haber responsabilidad civil, por ausencia de interés (Conf. Trigo Represas, Félix, “Responsabilidad civil del abogado”, en Bueres-Highton, Código Civil…, Tomo 4-B, pág. 572).
El problema de la responsabilidad del agente comienza a plantearse sólo cuando existe un daño causado. En presencia de este daño el juez tiene que preguntarse luego si ha sido causado ilícitamente (antijuricidad) y culpablemente (culpabilidad). A la inversa, si no hay daño alguno, es superfluo indagar la existencia o inexistencia de esos otros dos elementos (Conf. Orgaz, Alfredo, “El daño resarcible”, pág. 17).
Constituye un principio básico en materia de reparación de daños, que quien los alega tiene a su cargo no sólo la prueba de su existencia, sino también la del monto del perjuicio efectivamente experimentado. Esa carga probatoria se funda en que la indemnización no debe importar un lucro para quien la recibe, ni tampoco redundar en desmedro del responsable.
La existencia material del daño es irrelevante si no se lo comprueba apropiadamente: un daño improbado no existe para el derecho. Es de prueba indispensable, no pudiendo otorgarse indemnización alguna, si falta esa comprobación. En cambio, la prueba de la cuantía del daño puede ser suplida por la prudente estimación judicial conforme a lo dispuesto en el art. 165 del Cód. Procesal (Conf. Llambías, Jorge, «Código Civil anotado», t. II-A, p. 159, núm. 19, art. 519).
Igualmente, recae sobre el actor el “onus probandi” en lo atinente a la relación de causalidad entre el hecho y el daño.
Es necesaria su demostración, pues de otro modo se estaría atribuyendo a una persona el daño causado por otro o por la cosa de otro. Por ello la relación causal es un elemento del acto ilícito que vincula el daño directamente con el hecho, e indirectamente con el elemento de imputación subjetiva o de atribución objetiva. “Es el factor aglutinante que hace que el daño y la culpa, o en su caso el riesgo, se integren en la unidad del acto que es fuente de la obligación de indemnizar” (Conf. Bustamante Alsina, “Teoría General de la Responsabilidad Civil”, 1997, LexisNexis – Abeledo-Perrot, Lexis Nº 1123/002124).
El juez comenzará por establecer si el daño probado por el demandante reconoce su causa eficiente en el hecho imputado al responsable. Si así fuera, tendrá por existente un nexo de causalidad material entre el hecho del responsable y el daño producido. Sin embargo ello, si bien indispensable, no basta para admitir la obligación de resarcir el daño producido. Todavía se requiere que ese nexo de causalidad material, sea asimismo jurídicamente relevante, es decir, que encuadre en algunos de los tipos de causalidad que la ley toma en cuenta en la teoría de la responsabilidad. Esa causalidad jurídica es lo que importa en la tarea de medir la extensión del resarcimiento (Conf, Llambías, Jorge J. – Raffo Benegas, Patricio J. (Actualizador), “TRATADO DE DERECHO CIVIL. OBLIGACIONES”, 2005, LexisNexis, Lexis Nº 7006/003563).
A su vez, acreditado el hecho, el daño causado y la relación de causalidad entre este último y el ilícito, corresponde al demandado causante del daño la carga de demostrar que el daño reclamado por el actor resulta excesivo o que aquél no guarda estricta relación con el ilícito o que el importe de las reparaciones no resulta ajustado al precio vigente en plaza al tiempo en que fueron practicadas.
VI. En base a tales pautas, anticipo que el pronunciamiento también deberá ser confirmado en lo atinente a los rubros indemnizatorios y sus respectivos montos, por cuanto los actores han cumplido holgadamente con las pruebas indicadas en el considerando anterior, mientras que los demandados ni siquiera contestaron la demanda, siendo declarados rebeldes.
El importe correspondiente a la reparación de los daños materiales es el estimado por el perito, careciendo de relevancia las apreciaciones vertidas por los accionados en su débil y frustrado intento de restarle mérito en la impugnación del dictamen y en los agravios.
Por lo tanto, debe desestimarse la queja, restando analizar sólo el referente a la procedencia y cuantía del daño moral.
Comienzo por recordar a los apelantes, en atención al tenor de sus dichos contenidos en la pieza recursiva, que en el ámbito de la responsabilidad extracontractual el daño moral no requiere prueba, se acredita por el solo hecho de la acción antijurídica y la titularidad del derecho del accionante, es decir que surge inmediatamente de los hechos mismos, toda vez que se trata de lo que se ha dado en llamar una prueba «re ipsa» (Conf. CNCivil, Sala A, 11/09/1996, LL, 1997-F, 70; id. Sala E, 14/05/1996, LL, 1996-E, 63; id. sala H, 04/12/2009, LLO, AR/JUR/62898/2009; id. esta sala G, 18/12/2007, LLO, AR/JUR/10149/2007).
Además, la reparación de este daño en los términos del art. 1078 del Código Civil, está dirigida a compensar los padecimientos, molestias e inseguridades, únicamente desde el plano espiritual, cobrando especial importancia la índole de las lesiones y el grado de las secuelas que dejaren, para mostrar en qué medida ha quedado afectada la personalidad y el sentimiento de autovaloración (conf. esta sala, 22/06/1992, “Chanquia, Ramona B. c. Pérez, Mario H.”).
Si bien se trata de un perjuicio que no requiere de una demostración expresa, no es fácil traducir en una suma de dinero la valoración de las molestias, angustias, incertidumbres o temores padecidos por el afectado. Sólo él puede saber cuánto sufrió, pues están en juego sus vivencias personales. Para estimar pecuniariamente la reparación del daño moral falta toda unidad de medida, pues los bienes espirituales no son mensurables en dinero. Sin embargo, al reconocerse una indemnización por este concepto, no se pone un precio al dolor o a los sentimientos, sino que se trata de suministrar una compensación a quien ha sido injustamente herido en sus afecciones íntimas (Conf. Orgaz, Alfredo, «El daño resarcible», pág. 187).
Si la indemnización en metálico no puede por sí restablecer el equilibrio perturbado del bienestar de la víctima, puede sin embargo, procurarle la adquisición de otros bienes que mitiguen el daño (Conf. Fischer, Hans A., «Los daños civiles y su reparación», pág. 228).
Por otra parte, la determinación del daño moral no se halla sujeta a parámetros objetivos, pues las aflicciones se producen en el ámbito espiritual de la víctima, por lo que su valoración debe efectuarse según la cautelosa discrecionalidad del juzgador ceñido a considerar la situación personal de aquélla (arts.163, inc. 5°, 165, 386, 456, 477 y concs., Cód. Procesal Civil y Comercial; arts.1078, 1083 y concs., Cód. Civil) (conf. esta sala, 18/10/2002, Suraniti, Juan S. c. Ranz, Mónica A. y otro, DJ 2003-1, 247; id. 07/11/2007, Conti, María Elvira c. Autopistas del Sol S.A. y otro s/daños y perjuicios, LLO, id. “Mora de Zabala, Ana c. Lucero, Alberto s/daños y perjuicios”, 18/07/2008, ED Digital, (23/09/2008, nro 18251; id. “Martínez, Adriana Edith c. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/daños y perjuicios”, 23/06/2008, ED Digital, (04/09/2008, nro 04/09/2008).
Además, la indemnización por este concepto tiene carácter autónomo y no tiene por qué guardar proporción con los daños materiales (conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala III, 15/07/1997, LL, 1997-F, 158; CNCiv., esta Sala, 01/03/2000, “Zalazar, Mario A. c. Transporte Metropolitanos General Roca S. A.”).
No tengo dudas acerca de la afección espiritual que debieron padecer los actores a partir del momento en que en esa aciaga madrugada del 24 de febrero de 2006 escucharon el ruido emanado del derrumbe de la pared divisoria, seguido de la exposición a la intemperie, de la violación de su derecho a la intimidad, de la inseguridad generada en la ausencia de muros de cerramiento.
Por todo ello, propongo confirma la sentencia apelada también en lo relacionado con la cuantía de la indemnización para atender al daño moral.
A análogo resultado arribo con respecto a los intereses, ya que linda con lo absurdo sostener, tanto que no se deben porque no está probado el perjuicio -que sí lo está y ampliamente- y que en todo caso deben correr hasta que se reconstruyó la pared, porque en ese momento habría cesado el perjuicio.
VII. Las costas de alzada se imponen a los demandados vencidos (art. 68 del Código Procesal).
Los Señores Jueces de Cámara Doctores Bellucci y Carranza Casares votaron en igual sentido por análogas razones a las expresadas en su voto por la Dra. Areán. Con lo que terminó el acto.
BEATRIZ AREÁN
CARLOS ALFREDO BELLUCCI
CARLOS CARRANZA CASARES
Buenos Aires, de Febrero de 2013.-
Y VISTOS:
Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se resuelve: I. Confirmar la sentencia apelada en todas sus partes. II. Costas de alzada a cargo de la parte vencida. Los honorarios de los profesionales intervinientes serán regulados una vez fijados los de primera instancia. Vueltos los autos, se arbitrará lo conducente para el logro del ingreso del tributo de justicia, y se recuerda la personal responsabilidad que impone la ley 23.898. Se deja constancia de que la publicación de esta sentencia se encuentra sujeta a lo establecido por el art. 164, segundo párrafo del Código Procesal. Notifíquese, regístrese y devuélvase. BEATRIZ AREÁN – CARLOS ALFREDO BELLUCCI- CARLOS CARRANZA CASARES-
Castillo López, José Daniel c/Grupo Brunetta s/daños y perjuicios – Cám. Nac. Civ. – Sala F – 20/09/2011
Aguirre, Reyes c/Elías, Eliana Marian s/daños y perjuicios – Cám. Nac. Civ. – Sala H – 13/10/2011
Cita digital:
